El gobierno de Javier Milei dio un paso significativo en su estrategia de privatizaciones al poner a la venta cuatro centrales hidroeléctricas clave en la matriz energética del país. Mediante un decreto, el Ejecutivo estableció un plazo de 180 días para concretar la privatización de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la estratégica región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro. Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre el futuro del sector energético en Argentina y las implicancias de transferir el control de estos activos a manos privadas. A través del decreto 718/2024, estableció un plazo de 180 días para publicar los pliegos que permitirán privatizar nuevamente la concesión, al igual que hizo en 1993 el gobierno de Carlos Menem.
Contexto y alcance del decreto
Las centrales hidroeléctricas en cuestión son operadas actualmente por empresas privadas bajo concesiones que se encuentran vencidas y en un período de transición. El decreto firmado por Milei ordena a la Secretaría de Energía llevar adelante un concurso público, tanto a nivel nacional como internacional, para la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de estas sociedades en un plazo de seis meses. Este movimiento se enmarca en la visión del gobierno de reducir la participación estatal en sectores estratégicos, buscando atraer inversión privada y mejorar la eficiencia operativa.
Represa: Piedra de Águila
Enarsa y NASA: De Gestores a Potenciales Privados
El decreto también asigna un rol activo a Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), dos empresas que anteriormente gestionaron las concesiones de estas centrales. Sin embargo, en una maniobra que ha sorprendido a muchos analistas, ambas empresas ahora están incluidas en el paquete de privatizaciones bajo la Ley de Bases, lo que implica que podrían pasar a manos privadas en el mismo proceso que supervisarán.
Esta decisión de excluir a un organismo estatal especializado para supervisar el proceso de venta ha generado críticas, particularmente en cuanto a la transparencia y el control que podría ejercerse sobre el proceso. Sin la intervención de una entidad independiente, las voces críticas temen que la venta de estos activos estratégicos pueda no asegurar las mejores condiciones para el país, y que el apuro por vender a los seis meses pueda favorecer intereses privados por encima del bien común.
Los Criterios de Venta: ¿Prioridad a la inversión o a la Soberanía Energética?
La Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía fueron designados como las autoridades competentes para establecer los criterios de venta. Sin embargo, la falta de detalles sobre estos criterios en el decreto ha levantado sospechas sobre las verdaderas prioridades del gobierno. Mientras que desde el oficialismo se insiste en que la venta permitirá modernizar las instalaciones y atraer inversiones necesarias para mantener la competitividad del sector, críticos advierten que se podría estar sacrificando la soberanía energética del país en pos de un beneficio económico inmediato.
Implicancias y Reacciones de privatizar estas centrales hidroeléctricas
La decisión de privatizar estas centrales hidroeléctricas, que juegan un rol crucial en la generación y distribución de energía en Argentina, ha generado una ola de reacciones. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que la privatización es necesaria para revitalizar un sector que ha sufrido de ineficiencias y falta de inversión bajo la gestión estatal. Por otro lado, opositores y expertos en energía advierten sobre el riesgo de perder el control sobre recursos estratégicos, lo que podría llevar a un aumento en los costos de la energía y una dependencia excesiva del sector privado.
Además, la decisión de avanzar con estas privatizaciones se da en un contexto de tensiones económicas y sociales, donde la población ya enfrenta desafíos significativos en términos de inflación y acceso a servicios básicos. La falta de un plan claro para asegurar que los beneficios de la venta se traduzcan en mejoras para el ciudadano promedio es un punto que se cuestiona fuertemente.
Conclusión
El gobierno de Javier Milei ha reavivado un viejo debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como el energético. Con la venta de estas centrales hidroeléctricas, se pone en juego no solo el control de recursos clave, sino también la dirección futura de la política energética en Argentina. La rapidez con la que se busca llevar adelante este proceso y la falta de claridad en los criterios de venta plantean interrogantes sobre quiénes serán los verdaderos beneficiados de esta operación. En medio de estas tensiones, el país se enfrenta a decisiones que podrían tener un impacto duradero en su soberanía y seguridad energética.
