El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 absolvió este miércoles a Marcelo Corazza en la causa que investigó durante años una presunta estructura vinculada con abusos sexuales contra menores, corrupción de menores y trata de personas.

La decisión marca un giro definitivo para el ex ganador de Gran Hermano, quien llegó al juicio acusado por distintos hechos investigados a partir de una denuncia presentada en 2022.

El tribunal entendió que los delitos atribuidos a Marcelo Corazza estaban prescriptos en algunos casos y que, en otros, las pruebas reunidas durante la investigación no resultaban suficientes para sostener una condena.

La resolución fue firmada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni.

Pero el fallo no solo determinó la absolución de Marcelo Corazza. También ordenó dejar sin efecto varias de las medidas restrictivas que pesaban sobre él desde el inicio del proceso.

Sin tobillera y sin prohibición para viajar

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la decisión de quitarle a Marcelo Corazza la tobillera electrónica.

El dispositivo formaba parte de las condiciones que debía cumplir desde su excarcelación en 2023. A partir del fallo, esa medida quedó anulada.

El tribunal también levantó la prohibición que le impedía salir del país. De esta manera, el ex productor televisivo recuperó la posibilidad de viajar al exterior sin esa restricción judicial.

A esto se suma otra decisión de impacto económico: los jueces dejaron sin efecto el embargo de bienes que había sido dispuesto durante la investigación.

Así, la absolución produjo consecuencias concretas en distintas áreas de la vida de Marcelo Corazza.

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Sin embargo, el caso todavía no puede considerarse completamente cerrado. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 22 de octubre. A partir de ese momento, las partes tendrán la posibilidad de analizar el fallo y eventualmente recurrirlo.

No todos los acusados fueron absueltos

El juicio tuvo distintos resultados para los cuatro acusados.

Mientras Marcelo Corazza fue absuelto, Francisco Angelotti recibió una condena de 22 años de prisión.

El tribunal consideró que Angelotti fue responsable de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso infantil.

La sentencia señala que esos delitos fueron cometidos contra al menos cuatro víctimas identificadas durante la investigación.

Además, Raúl Mermet recibió una pena de 10 años de prisión. Los jueces lo consideraron partícipe necesario del delito de trata de personas agravada respecto de una de las víctimas.

El tribunal también estableció que Angelotti y Mermet deberán pagar una reparación económica a las víctimas por los hechos por los cuales fueron condenados.

Dos acusados recuperaron la libertad

La resolución también alcanzó a Leandro Aguiar y Andrés Charpenet.

Ambos fueron absueltos y el tribunal dispuso su inmediata libertad.

Por otra parte, ninguno de los acusados fue condenado por el delito de asociación ilícita. El cargo había sido impulsado durante el proceso por la querella, pero finalmente el TOF 3 decidió absolver a todos los imputados en ese punto.

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El resultado muestra que el tribunal analizó de manera diferenciada la situación de cada acusado y los hechos atribuidos a cada uno.

Cómo comenzó la investigación

La causa que involucró a Marcelo Corazza comenzó después de una denuncia presentada en octubre de 2022.

A partir de esa presentación intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, conocida como PROTEX, y la investigación pasó por distintas instancias judiciales hasta llegar al fuero federal.

La acusación fiscal sostuvo que los imputados habrían formado parte de una estructura destinada a captar adolescentes varones mediante distintos mecanismos de acercamiento.

Según la hipótesis planteada durante la investigación, el objetivo habría sido someter a los jóvenes a prácticas sexuales con adultos.

Los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano sostuvieron que los hechos investigados se extendieron desde 1999 hasta marzo de 2023 y señalaron distintos lugares donde presuntamente se habrían producido.

Dentro de esa acusación, Angelotti aparecía señalado como el supuesto líder de la estructura.

Corazza siempre negó las acusaciones

Durante el proceso, Marcelo Corazza rechazó las acusaciones.

Antes del comienzo del juicio había afirmado públicamente que era inocente y sostuvo que quería contar su versión ante la Justicia.

“Soy inocente”, había expresado el ex ganador de Gran Hermano al referirse a la causa.

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Corazza también había señalado que no se estaba preparando de una manera especial para el juicio y que simplemente iba a contar su vida.

Ahora, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 establece su absolución.

La decisión representa un punto de inflexión en una causa que tuvo una fuerte repercusión pública desde que comenzó la investigación.

Qué puede pasar después del fallo

Aunque Marcelo Corazza fue absuelto, todavía resta conocer los fundamentos completos de la sentencia.

El tribunal anunció que los dará a conocer el 22 de octubre. Ese documento permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados para considerar prescriptos determinados delitos y por qué entendió que no existían pruebas suficientes para sostener otras acusaciones.

También será una instancia clave para las partes, ya que podrán evaluar la posibilidad de presentar recursos.

Por ahora, el efecto inmediato es claro: Marcelo Corazza quedó absuelto y se levantaron las principales medidas restrictivas que condicionaban su situación desde 2023.

La tobillera electrónica dejó de ser parte de su rutina. También quedó sin efecto la prohibición para salir del país y se levantó el embargo de bienes.

El juicio terminó con condenas para Angelotti y Mermet, absoluciones para Corazza, Aguiar y Charpenet, y una decisión unánime de absolver a todos por el delito de asociación ilícita.

El próximo capítulo dependerá de los fundamentos y de las eventuales apelaciones que puedan presentar las partes.

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3 Sep 2025 a las 13:40

Marcelo Corazza lloró en la segunda jornada del juicio por corrupción de menores

La segunda jornada del juicio contra Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano en Argentina, volvió a tener un clima cargado de tensión y dramatismo. Este miércoles, en los tribunales federales de Comodoro Py, se procedió a la lectura formal de las acusaciones contra el ex participante televisivo, quien no pudo evitar quebrarse en medio del debate.

El proceso es seguido de cerca tanto por la prensa como por allegados a las víctimas y familiares de los acusados. Corazza, de 53 años, está imputado por asociación ilícita y corrupción de menores, delitos que la Justicia considera de una gravedad extrema debido al contexto de captación y explotación de niños y adolescentes.

Nervios y lágrimas en la sala

Durante la lectura de la acusación, Corazza se mostró visiblemente nervioso: se apretaba el pulgar con insistencia, respiraba agitadamente y, en más de una oportunidad, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sus hermanas, presentes en la sala, intentaban transmitirle apoyo desde las filas traseras, repitiendo un gesto común de negar con la cabeza, como intentando desmentir lo que escuchaban.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 está presidido por el juez Javier Ríos, mientras que sus colegas Andrés Basso y Fernando Machado Peloni participan de manera remota. En esta segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso los cargos que pesan contra los cinco acusados.

Los hechos imputados

La investigación comenzó en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Según la acusación, los imputados integraban una red criminal que desde 1999 hasta marzo de 2023 se habría dedicado a reclutar menores en situación de vulnerabilidad, principalmente en la provincia de Misiones, para someterlos sexualmente a cambio de dinero en Buenos Aires y el Conurbano.

La organización habría estado liderada por Francisco Angelotti Notarbartolo (48), y contaba con la participación de Fernando Charpenet (55), Raúl Mermet (47), Leandro Aguiar (27) y el propio Corazza. Los fiscales señalan que varios de los hechos ocurrieron en hoteles, departamentos y casas privadas, y que algunos de los acusados mantenían roles diferenciados en la captación, traslado y corrupción de los menores.

Una acusación con nombres y episodios concretos

En la lectura se detallaron tres ejes clave:

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• Un abuso cometido contra un niño en el año 2001.

• La participación activa dentro de la llamada banda de Los Misioneros, que habría reclutado y explotado a varios menores de edad.

• La corrupción de un joven futbolista de divisiones inferiores.

La enumeración de los hechos generó un fuerte impacto en la sala. Corazza, al escuchar la referencia directa a su nombre en relación a los delitos, bajó la cabeza y no pudo contener el llanto.

Qué se espera del juicio

La causa contempla un extenso listado de testigos, incluidos sobrevivientes que brindarán su testimonio en los próximos días. El juicio podría extenderse varias semanas debido a la complejidad del caso, la cantidad de imputados y la gravedad de los cargos.

Por ahora, la defensa de Corazza insiste en su inocencia y sostiene que no existen pruebas directas que lo vinculen con los hechos. Sin embargo, la fiscalía asegura contar con testimonios, registros y pruebas suficientes para sostener la acusación.

El desarrollo de este juicio marca un precedente no solo por la notoriedad pública de uno de los acusados, sino también porque expone el funcionamiento de redes organizadas de explotación infantil en la Argentina, un delito que las autoridades buscan erradicar con especial énfasis.

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POLICIALES-Una investigación conjunta entre fiscales provinciales y federales sacudió este martes a la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Danilo Grossi y Brian Duclo, jefe y subjefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto, fueron detenidos bajo sospecha de haber brindado protección a un traficante que operaba en el sur de la provincia.

La causa apunta directamente a los responsables de un área policial creada para combatir la venta de drogas. La principal hipótesis que expuso públicamente el fiscal regional de la Tercera Circunscripción del MPA, Mauricio Clavero, sostiene que los dos policías habrían facilitado la actividad de un traficante investigado por la Justicia Federal.

“Entendemos, presumiblemente, la protección del jefe y del subjefe para que este traficante pudiera no solamente traficar, sino también luego distribuir la droga en el sur de la provincia de Santa Fe”, explicó Clavero durante la conferencia de prensa.

La investigación continúa abierta y todavía resta conocer la imputación formal que recibirán los dos detenidos.

Una investigación que unió al MPA y la Justicia Federal

El procedimiento se concretó a partir de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que permitió coordinar información y medidas entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La estrategia resulta clave para entender el alcance de la investigación. La pesquisa comenzó a encontrar conexiones entre hechos que correspondían a diferentes competencias judiciales.

Según explicó Clavero, el trabajo conjunto permitió reunir información de ambos fueros y avanzar sobre una estructura que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podía involucrar a integrantes de la propia fuerza policial.

El fiscal regional destacó además el vínculo generado con la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

“Generamos canales de comunicación, esquemas de trabajo y también compartir información”, señaló Clavero al explicar el proceso que terminó desembocando en los operativos.

Seis allanamientos y celulares secuestrados

Los arrestos se produjeron durante una serie de procedimientos realizados en Venado Tuerto, General Lagos y Carreras.

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En total se realizaron seis allanamientos. Cuatro tuvieron lugar en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras.

Además de los domicilios vinculados con Grossi y Duclo, los investigadores avanzaron sobre los restantes integrantes de la División Microtráfico de la PDI.

Uno de los principales elementos secuestrados fueron los teléfonos celulares.

Los investigadores retiraron los dispositivos de los dos jefes policiales y también los teléfonos de todos los integrantes de la división. El análisis de esos equipos podría aportar información para determinar cómo funcionaba la presunta relación investigada.

Las autoridades tampoco descartan que aparezcan nuevos involucrados.

Investigan a un traficante en paralelo

Mientras avanzaba la investigación provincial sobre los policías, la Justicia Federal llevó adelante procedimientos relacionados con un traficante que ya contaba con antecedentes.

Durante esos operativos se secuestraron estupefacientes, armas y dispositivos electrónicos.

La identidad del sospechoso no fue difundida oficialmente porque esa parte de la causa continúa bajo la órbita federal.

El punto de conexión entre ambas investigaciones constituye uno de los aspectos centrales del expediente. La Fiscalía provincial busca determinar si Grossi y Duclo utilizaron sus posiciones dentro de la División Microtráfico para favorecer la actividad del presunto traficante.

La hipótesis todavía debe ser demostrada durante el proceso judicial.

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La Fiscalía no descarta más detenidos

Durante la conferencia, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, confirmó que la investigación podría ampliarse.

“Puede haber más gente o más personas que pudieran quedar detenidas. En el transcurso de la investigación no descartamos esa situación”, sostuvo.

Clavero también fue contundente al referirse a la posibilidad de nuevos arrestos.

“Si hay más personas vinculadas, no tenga ninguna duda que van a ir con el mismo destino”, afirmó el fiscal.

La situación podría definirse a partir del análisis de los teléfonos y del resto de la evidencia secuestrada durante los allanamientos.

También revisarán otras investigaciones

El alcance de la causa podría superar los hechos que originaron las detenciones.

Durante la conferencia, Clavero fue consultado sobre la posibilidad de revisar otras investigaciones en las que hayan intervenido los policías ahora detenidos.

La respuesta fue afirmativa.

El fiscal explicó que recibieron nueva información que será analizada para determinar si existen otros episodios relacionados con el accionar de los agentes.

Este punto abre una nueva línea de investigación. Si aparecen elementos que comprometan la actuación de los policías en otros procedimientos, la Fiscalía podría avanzar sobre esos expedientes.

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Analizan delitos vinculados con el narcotráfico y el encubrimiento

Por el momento, la Fiscalía no informó las calificaciones jurídicas definitivas.

La audiencia imputativa de Grossi y Duclo está prevista para los próximos días. Allí los fiscales deberán presentar la evidencia reunida y explicar concretamente qué delitos atribuyen a cada uno.

Sin embargo, Clavero adelantó que se analizan figuras de especial gravedad.

Entre las posibilidades aparecen delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes, la participación dentro de una estructura de microtráfico, la confabulación prevista en la legislación de drogas y el encubrimiento agravado.

El fiscal también explicó que la responsabilidad podría analizarse teniendo en cuenta el rol funcional que ocupaban los policías dentro de la estructura.

“Tal vez haya, dependiendo del compromiso y también del cargo funcional, personas vinculadas hasta con una participación necesaria en el microtráfico o en el tráfico”, señaló.

El impacto dentro de la Policía de Investigaciones

La detención de los responsables de la División Microtráfico generó un fuerte impacto dentro de la fuerza.

Clavero remarcó durante la conferencia que siente un profundo dolor por la situación debido a su vínculo con la institución policial y a su experiencia como docente de la Escuela de Policía.

Sin embargo, sostuvo que la investigación debe avanzar sin distinciones cuando existen sospechas sobre personas encargadas precisamente de combatir el delito.

El fiscal explicó que los vecinos del sur santafesino reclamaban avanzar “por todos” y sin ningún tipo de distinción.

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La investigación, en ese sentido, busca determinar si algunos integrantes de la estructura policial dejaron de perseguir el delito para convertirse presuntamente en parte del mismo.

Reorganizarán la División Microtráfico

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad anticiparon que ahora deberán reorganizar la División Microtráfico para garantizar la continuidad de las investigaciones que se encontraban en marcha.

Angelini explicó que antes de concretar las detenciones no podían realizar movimientos internos porque cualquier cambio podía alertar a los sospechosos.

Una vez realizados los arrestos, el Ministerio comenzó a trabajar en una nueva estructura que permita continuar con las tareas de investigación contra el narcotráfico.

La prioridad será evitar que la causa afecte el funcionamiento general de la PDI en el sur provincial.

Una causa que recién comienza

La detención de Grossi y Duclo representa uno de los golpes más fuertes contra una estructura policial encargada de combatir el microtráfico en el sur santafesino.

Pero la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial.

Los teléfonos secuestrados deberán ser peritados. También deberán analizarse los restantes elementos obtenidos durante los allanamientos y establecerse si existen otras personas involucradas.

La audiencia imputativa será el próximo momento clave de la causa. Allí se conocerán con mayor precisión las acusaciones contra el jefe y el subjefe de la División Microtráfico.

Hasta entonces, las sospechas forman parte de una investigación en curso y los detenidos mantienen todas las garantías correspondientes al proceso judicial.

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Lo que ya quedó expuesto públicamente es la principal hipótesis fiscal: quienes estaban al frente de una división policial destinada a perseguir la venta de drogas son investigados por una presunta protección a un traficante que habría operado y distribuido estupefacientes en el sur de Santa Fe.

La causa continúa y no se descartan nuevas detenciones.

POLICIALES- La investigación por la muerte de Mauro Daniel González sumó una nueva imputación. Una médica que presta funciones en la Policía de Santa Fe quedó acusada de homicidio culposo por su actuación durante la revisión del hombre, horas antes de que muriera en la Comisaría Octava de Santa Fe.

La profesional, identificada como María M., tenía 26 años cuando ocurrió el hecho. Su intervención se produjo después de la detención de González y antes de su traslado a la dependencia policial de avenida General Paz al 7300.

Para la querella, su actuación resulta relevante dentro de la cadena de hechos que terminó con la muerte del hombre. El abogado querellante Rodolfo Mingarini explicó que la acusación contra la médica no se relaciona con la agresión que, según la investigación, sufrió González durante el traslado.

El planteo apunta a una posible omisión en la atención médica.

AUDIO del abogado querellante Rodolfo Mingarini

Qué cuestiona la querella sobre la revisión médica

Mingarini sostuvo que la médica debía aplicar el protocolo vigente para personas detenidas que presentan signos compatibles con consumo de sustancias o un estado de vulnerabilidad.

Según explicó el abogado, la profesional tenía que evaluar de manera integral el estado de González y, si advertía determinadas condiciones, disponer su traslado a un centro sanitario.

La querella considera que eso no ocurrió.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que González presentaba signos evidentes de haber sufrido lesiones. De acuerdo con lo expuesto por Mingarini, el examen médico consignó siete lesiones, mientras que posteriormente se identificaron 22 lesiones visibles.

Para el abogado, esa diferencia resulta significativa al momento de analizar si la revisión fue completa y si permitió determinar el verdadero estado de salud del detenido.

Mingarini también remarcó que González no podía caminar ni hablar con normalidad y que presentaba un cuadro que debía generar una respuesta médica diferente.

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“Lo que le imputó el fiscal fue homicidio culposo”, explicó el abogado querellante al referirse a la acusación contra la médica.

El protocolo que, según la querella, debía aplicarse

Uno de los puntos centrales del planteo de la querella es la existencia de un protocolo obligatorio de actuación para las personas detenidas.

Mingarini señaló que ese procedimiento fue establecido mediante una resolución de 2019 y que debía ser tenido en cuenta por la profesional.

Según explicó, si la médica advirtió o recibió información sobre un posible consumo de estupefacientes por parte de González, debía adoptar medidas específicas frente a esa situación.

La querella entiende que una persona que atraviesa un cuadro de intoxicación, desorientación o vulnerabilidad requiere una evaluación distinta y puede necesitar atención hospitalaria.

Por eso, el abogado considera que la decisión de no derivar a González a un centro de salud constituye uno de los aspectos centrales de la imputación.

La médica quedó vinculada por una posible omisión

La situación de la profesional tiene una diferencia importante respecto de la acusación que pesa sobre los policías que participaron de la detención y el traslado.

Mingarini explicó que la médica no forma parte de la cadena inicial de hechos que, según la investigación, comenzó con el procedimiento del Comando Radioeléctrico.

La querella sostiene que su responsabilidad se analiza desde otro lugar: el de una posible omisión posterior, cuando González ya estaba bajo custodia estatal y pasó por una revisión médica.

El abogado puso el foco justamente en esa diferencia.

Los policías investigados habrían tenido una conducta activa durante la detención y el traslado. En cambio, en el caso de la médica, la Fiscalía analiza si no cumplió con una obligación profesional que podía modificar el desenlace.

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González murió dentro de la Comisaría Octava

Mauro Daniel González fue detenido el 17 de enero en el barrio Yapeyú. Según la acusación fiscal, atravesaba una crisis subjetiva vinculada con el consumo de estupefacientes.

Tras la intervención del Comando Radioeléctrico, fue trasladado hacia la Comisaría Octava.

Durante ese recorrido, los investigadores sostienen que sufrió una serie de agresiones. En el trayecto, los agentes también pasaron por Medicina Legal, donde González fue revisado por la médica ahora imputada.

Luego ingresó a la Comisaría Octava y quedó alojado en una celda.

Horas más tarde, cuando el fiscal de turno dispuso su libertad, los agentes fueron a notificarlo. Fue entonces cuando descubrieron que González estaba muerto.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por broncoaspiración de sus propios fluidos.

Ocho policías fueron imputados

La causa ya había avanzado contra ocho agentes policiales. Cuatro permanecen detenidos con prisión preventiva.

Se trata de Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinalli.

La situación de los cuatro será revisada en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones prevista para el 3 de septiembre.

Otros cuatro policías permanecen en libertad: Sabrina Petitón, integrante del Comando Radioeléctrico, y Juan Cruz Barros, Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, pertenecientes al Cuerpo Guardia Infantería.

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Según la acusación, Amarillo, Aranda, Díaz, Bardinalli y Petitón fueron imputados por tortura seguida de muerte.

Barros enfrenta cargos por presuntas vejaciones, mientras que a Ibarra y Altamirano se les atribuye encubrimiento.

La incorporación de la médica policial abre ahora una nueva línea de análisis dentro del expediente.

El planteo de la querella y el momento de la revisión

Para Mingarini, la intervención médica debe analizarse dentro de todo el contexto de la detención.

El abogado sostuvo que el estado de González al momento de la revisión era determinante. Si una persona llega con lesiones visibles, dificultades para comunicarse y signos compatibles con consumo de sustancias, la atención médica no puede limitarse a una constatación superficial.

La querella entiende que la obligación profesional exigía evaluar si podía permanecer bajo custodia policial o si necesitaba ser trasladado a un hospital.

En ese sentido, el abogado destacó que la médica expresó sus condolencias a los hermanos de González durante la audiencia imputativa.

Sin embargo, aclaró que la profesional sostuvo que había realizado correctamente su trabajo y no declaró durante la audiencia imputativa.

La discusión judicial deberá determinar ahora si existió una omisión relevante y si esa conducta tuvo relación causal con el desenlace fatal.

Una causa que vuelve a poner el foco en la custodia estatal

La muerte de Mauro González generó una investigación compleja que involucra distintos momentos: la detención, el traslado, la revisión médica, el ingreso a la comisaría y las horas posteriores.

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La nueva imputación coloca nuevamente bajo análisis el papel del Estado cuando una persona permanece detenida.

Para la querella, no alcanza con determinar quiénes realizaron las agresiones denunciadas. También debe establecerse si quienes tenían obligaciones específicas de cuidado actuaron de acuerdo con los protocolos.

En el caso de la médica policial, la Fiscalía sostiene que esa eventual omisión puede configurar el delito de homicidio culposo.

La investigación deberá establecer ahora qué información recibió la profesional, qué observó durante la revisión, qué lesiones consignó, qué medidas tomó y si correspondía disponer una derivación hospitalaria.

El punto será clave para determinar si su intervención fue simplemente una revisión médica dentro del procedimiento o si, por el contrario, existió una omisión que tuvo incidencia en la muerte de Mauro González.