Nacionales
La Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la venta de tierras a extranjeros
La Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. Qué cambia para los compradores extranjeros y qué no resolvió el máximo tribunal.
NACIONALES- La venta de tierras rurales a extranjeros vuelve a quedar sin los límites establecidos por la Ley 26.737, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
La decisión del máximo tribunal deja nuevamente operativo el artículo del decreto firmado durante el inicio del gobierno de Javier Milei, que había derogado la denominada Ley de Tierras Rurales.
Sin embargo, el fallo tiene un punto central: la Corte no declaró constitucional el DNU ni analizó de fondo si el Poder Ejecutivo podía derogar la ley mediante ese decreto. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara ese análisis.
Venta de tierras: qué cambió con el fallo de la Corte
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en manos de extranjeros.
Entre sus principales restricciones se encontraba un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales. También establecía límites por nacionalidad y fijaba un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, además de restricciones específicas para determinados inmuebles ubicados en zonas de frontera o vinculados con cuerpos de agua.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de esa normativa.
La aplicación de esa medida había quedado judicialmente frenada luego de que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucional el artículo del decreto y ordenara mantener vigente la Ley de Tierras.
Ahora, la Corte Suprema dejó sin efecto aquella sentencia.
En términos prácticos, vuelve a regir la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/2023, por lo que dejan de aplicarse las restricciones previstas específicamente por esa ley.
Cómo comenzó el conflicto judicial
El conflicto comenzó después de la publicación del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional. La organización sostuvo que la derogación afectaba cuestiones vinculadas con la soberanía territorial y pidió que el artículo 154 fuera declarado inconstitucional.
En enero de 2024, durante la feria judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak había dictado una medida cautelar que restablecía temporalmente la vigencia de la ley.
Luego, al retomar su puesto, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto esa medida y rechazó la presentación al considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar el reclamo.
El CECIM apeló.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata adoptó posteriormente una posición diferente: admitió la demanda, consideró que existía legitimación para llevar adelante el planteo colectivo y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
El Estado Nacional llevó entonces el expediente ante la Corte Suprema.
Qué dijo la Corte Suprema
El máximo tribunal concentró su decisión en una cuestión procesal.
Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que el CECIM no estaba legitimado para promover la demanda en los términos planteados.
La Corte sostuvo que la soberanía territorial no podía ser considerada un «bien colectivo» en el sentido utilizado por la Cámara Federal de La Plata para habilitar la acción colectiva.
Según el fallo, la soberanía constituye uno de los elementos del Estado y se relaciona con la facultad estatal de manifestar y hacer ejecutar su voluntad dentro de un determinado territorio.
Por ese motivo, el tribunal entendió que no estaba configurado un derecho de incidencia colectiva que permitiera a la asociación promover el reclamo.
La Corte también remarcó los límites que tiene el Poder Judicial para intervenir cuando no existe un caso concreto o una controversia judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional.
La Corte no declaró constitucional al DNU de Milei
Este es uno de los aspectos más importantes del fallo.
Aunque la decisión deja nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, la Corte Suprema no afirmó que el artículo 154 del DNU 70/2023 sea constitucional.
El propio tribunal aclaró que su decisión se limita al rechazo de la demanda por la falta de legitimación de la parte actora y por la ausencia de un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
Por lo tanto, el máximo tribunal no realizó un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737.
La diferencia es relevante: la Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154, pero no reemplazó ese fallo por una declaración de constitucionalidad del decreto.
Qué límites había antes para los extranjeros
La Ley de Tierras establecía un conjunto de restricciones para evitar una concentración ilimitada de tierras rurales en manos extranjeras.
El principal límite establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o departamental.
A su vez, dentro de ese porcentaje existían restricciones vinculadas con la concentración por nacionalidad y límites individuales de superficie.
En la zona núcleo, por ejemplo, un mismo titular extranjero no podía superar las 1.000 hectáreas, o la superficie equivalente que correspondiera según la normativa.
La ley también contemplaba restricciones particulares para determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera o relacionados con cuerpos de agua de relevancia.
Con la derogación de esa legislación, esos límites específicos dejan de funcionar como marco general de la Ley 26.737.
El Gobierno había intentado modificar la normativa en el Congreso
El fallo de la Corte se conoce después de otro capítulo político relacionado con la venta de tierras.
El Gobierno había intentado avanzar durante agosto con una modificación de las restricciones sobre tierras rurales dentro de un proyecto que debía ser tratado por el Senado.
Sin embargo, el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue retirado del proyecto antes de su tratamiento.
La iniciativa había generado resistencia de distintos sectores políticos y sociales y también cuestionamientos de gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, según informó LA NACION.
Con ese retiro, el debate legislativo sobre la normativa quedó abierto.
Ahora, la decisión judicial modifica nuevamente el escenario porque deja operativo el artículo 154 del DNU 70/2023.
Qué significa desde ahora
La resolución de la Corte Suprema deja sin efecto el fallo que había repuesto judicialmente la Ley de Tierras y permite que vuelva a operar la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.
Por eso, las restricciones específicas que establecía la Ley 26.737 dejan de ser el marco vigente para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Pero el alcance del fallo debe leerse con precisión.
La Corte no resolvió definitivamente la discusión constitucional sobre el artículo 154. Lo que determinó fue que la demanda presentada por el CECIM no podía prosperar porque la organización no tenía legitimación suficiente y porque no existía, según el tribunal, un caso o controversia que habilitara el tratamiento judicial de fondo.
De esta manera, la decisión del máximo tribunal vuelve a colocar en el centro del debate el régimen de venta de tierras a extranjeros, mientras permanece abierta la discusión sobre el alcance constitucional de la derogación de la Ley 26.737 y sobre el rol que pueda tener el Congreso en una eventual regulación futura.
Nacionales
Cristina Kirchner vuelve a la carga ante la ONU para intentar ser candidata
La defensa de Cristina Kirchner prepara un nuevo paso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para cuestionar la condena en la causa Vialidad y buscar que se suspenda la inhabilitación que le impide competir electoralmente
NACIONALES- La defensa de Cristina Kirchner volverá a poner este martes el foco sobre su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindarán una conferencia de prensa para informar novedades sobre el trámite iniciado el 29 de julio, cuando la expresidenta recurrió al organismo internacional después de agotar las instancias de la Justicia argentina.
El objetivo central de la estrategia internacional es mantener abierta la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda volver a competir electoralmente. Para eso, su defensa pidió como medida cautelar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que forma parte de la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.
Cristina Kirchner y la estrategia ante la ONU
La presentación fue realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano que analiza denuncias individuales vinculadas con posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Argentina reconoce la competencia del Comité para recibir este tipo de comunicaciones desde 1986. El procedimiento internacional exige, entre otras condiciones, que se hayan agotado los recursos disponibles dentro del país.
Ese requisito es precisamente uno de los argumentos que utiliza la defensa para justificar el nuevo planteo. La Corte Suprema confirmó en junio de 2025 la condena de Cristina Kirchner, dejando firme la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A partir de ese escenario, el equipo jurídico encabezado por Beraldi e integrado por los especialistas extranjeros Rafael Valim y Javier Borrego decidió trasladar el reclamo al ámbito internacional.
El objetivo político: volver a ser candidata
Uno de los puntos más importantes de la presentación es la inhabilitación perpetua.
La defensa considera que esa sanción no solo tiene consecuencias jurídicas sino también políticas, porque impide que la expresidenta pueda presentarse como candidata a un cargo electivo.
Por eso, uno de los pedidos realizados ante el Comité consiste en suspender cautelarmente esa inhabilitación mientras se analiza el fondo de la denuncia. Según los abogados, una eventual medida favorable podría mantener abierta la posibilidad de una candidatura en las elecciones de 2027.
Rafael Valim explicó en la presentación de julio que el objetivo era conseguir la suspensión de la sanción hasta que el organismo internacional pudiera analizar el reclamo de fondo. Javier Borrego, por su parte, estimó que la cuestión cautelar podría comenzar a definirse durante octubre.
Qué cuestiona la defensa de Cristina Kirchner
El planteo internacional no se limita a discutir la condena en términos políticos. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se produjeron violaciones a garantías reconocidas por tratados internacionales.
Entre los cuestionamientos aparecen el supuesto incumplimiento del debido proceso, la imparcialidad de los tribunales, la valoración de la prueba y las condiciones en las que se desarrolló el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Los abogados también cuestionaron aspectos de las pericias realizadas durante el expediente y plantearon objeciones sobre la forma en que fueron analizadas las obras investigadas.
La defensa sostiene además que determinadas decisiones vinculadas con la obra pública correspondían a competencias institucionales y que no podían ser utilizadas, por sí mismas, para atribuir responsabilidad penal a la entonces presidenta.
Desde esa perspectiva, el equipo jurídico busca que el Comité analice si el Estado argentino respetó las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El argumento de la “proscripción”
La propia Cristina Kirchner presentó la inhabilitación como una forma de proscripción política.
La expresidenta sostiene que su condena tiene como consecuencia concreta apartarla de la competencia electoral y que el proceso judicial estuvo atravesado por una supuesta persecución política.
En una columna publicada en medios europeos, Kirchner afirmó que el objetivo de su presentación internacional es someter el proceso al análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y cuestionó lo que considera una utilización política de la Justicia.
La defensa también incorporó el argumento de que se trata de una dirigente que fue elegida dos veces presidenta y que su exclusión de futuras elecciones tendría consecuencias sobre el funcionamiento democrático.
El antecedente de Lula
La incorporación de Rafael Valim a la defensa internacional tampoco es casual.
El abogado brasileño participó de la estrategia jurídica vinculada con Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso derivado del caso Lava Jato. La defensa de Cristina Kirchner considera que aquel antecedente puede resultar relevante para sostener sus argumentos ante Naciones Unidas.
En el caso brasileño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a considerar que se habían vulnerado derechos de Lula durante el proceso judicial, aunque posteriormente las condenas fueron anuladas por la Justicia brasileña.
Para el equipo de Cristina Kirchner, ese antecedente demuestra que una condena firme dentro de un país puede ser analizada posteriormente desde la perspectiva de los compromisos internacionales asumidos por ese Estado.
El límite jurídico: la ONU no es una cuarta instancia
Sin embargo, existe un límite fundamental para entender qué puede ocurrir con el reclamo de Cristina Kirchner.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU no funciona como una cuarta instancia judicial argentina ni reemplaza a la Corte Suprema. Su función es analizar posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El propio procedimiento de Naciones Unidas establece que las comunicaciones individuales pueden presentarse cuando una persona considera que sus derechos fueron vulnerados y después de haber agotado los recursos internos disponibles.
Por eso, una eventual decisión favorable al planteo de la expresidenta no significa automáticamente que la Corte Suprema deba anular la condena ni que quede habilitada de manera inmediata para competir en una elección.
La defensa, de todos modos, considera que una eventual resolución favorable podría ser utilizada posteriormente en la Justicia argentina para intentar abrir una instancia de revisión.
Qué puede pasar ahora
La presentación ante Naciones Unidas abre un proceso que puede extenderse durante meses e incluso años.
La defensa espera, en lo inmediato, una definición sobre las medidas cautelares solicitadas. Entre ellas se encuentra la que apunta directamente a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En julio, los abogados habían señalado que octubre podía ser un momento importante para el tratamiento de esas medidas.
Mientras tanto, el caso mantiene una fuerte dimensión política. La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir en 2027 es uno de los elementos que atraviesan la discusión dentro del peronismo y que explica buena parte de la relevancia que adquirió la estrategia internacional.
La conferencia de sus abogados prevista para este martes buscará precisamente actualizar el estado del trámite y explicar cuáles serán los próximos pasos.
Una batalla judicial que también es política
El nuevo movimiento de Cristina Kirchner combina dos escenarios.
Por un lado, existe una estrategia estrictamente jurídica destinada a cuestionar el proceso de la causa Vialidad y reclamar que se revisen las garantías que, según su defensa, fueron vulneradas.
Por otro, hay una consecuencia política directa: intentar recuperar la posibilidad de ser candidata.
La Corte Suprema ya dejó firme la condena en la Argentina. Ahora, la defensa apuesta a que el sistema internacional de derechos humanos abra una nueva vía para discutir las consecuencias de esa sentencia.
El resultado está lejos de estar definido. Pero el planteo ante la ONU mantiene vigente una pregunta que atraviesa la política argentina: ¿podrá Cristina Kirchner volver a competir electoralmente en 2027?
Por ahora, la respuesta depende de un trámite internacional que recién comienza a mostrar sus próximos movimientos.
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27 Abr 2026 a las 08:17
Decomiso a Cristina Kirchner: el mapa completo de un patrimonio bajo la lupa judicial
El decomiso a Cristina Kirchner, es un golpe que no es solo simbólico. No es solo político. Es económico, concreto y medible: propiedades, hoteles, terrenos y complejos enteros que ahora pasan a manos del Estado. La decisión judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad abre una etapa distinta: la de recuperar activos para cubrir un daño estimado en casi $685.000 millones.
“La pena no es completa si no se recupera el dinero”, sostienen los jueces.
Este decomiso no apunta solo a castigar, sino a reconstruir —al menos parcialmente— el perjuicio económico al Estado. Y en ese camino, también quedan alcanzados sus hijos y el empresario Lázaro Báez, pieza clave del entramado investigado.
Los bienes de Cristina Kirchner: pocos, pero estratégicos
A diferencia de lo que muchos creen, los bienes directamente a nombre de Cristina son pocos, pero altamente significativos:
- Un terreno de más de 6.000 m² en El Calafate
- Propiedades vinculadas a su residencia histórica en Río Gallegos
Aunque el volumen es menor, su valor simbólico y patrimonial es alto: son activos ligados a su historia personal y política.
Gran parte del patrimonio fue transferido en vida a sus hijos, lo que explica por qué el decomiso impacta más fuerte sobre ellos.
Máximo y Florencia Kirchner: el núcleo del patrimonio familiar
Los hijos de la expresidenta concentran una porción importante de los bienes alcanzados:
- 10 departamentos en calle Mitre al 500 (Río Gallegos)
- Viviendas en 25 de Mayo al 200 y Av. Néstor Kirchner al 400
- Terrenos en el departamento Lago Argentino
- El emblemático Hotel Los Sauces
Este último es uno de los activos más relevantes del entramado.
“No se castiga a los herederos, se recupera patrimonio afectado por el delito.”
El hotel, que durante años generó ingresos millonarios, quedó en el centro de varias investigaciones por presunto alquiler a empresas vinculadas a la obra pública.
Lázaro Báez: el mayor impacto del decomiso
Si hay un gran perdedor patrimonial en esta etapa, es Báez.
- 84 propiedades decomisadas
- Casas, estancias y departamentos en Santa Cruz
- La emblemática Chacra 39 en Río Gallegos
- Estancias como “Los Gurises”
La Chacra 39 no es solo una propiedad:
- Más de 14.000 m²
- Quinchos, gimnasio, cancha de fútbol iluminada
- Bodega de vinos y espacios de lujo
Fue, durante años, un símbolo del poder económico construido al calor de la obra pública.
Empresas y estructura económica bajo decomiso
El fallo también alcanza activos vinculados a empresas clave:
- Austral Construcciones
- Kank y Costilla
- Gotti Hnos.
- Loscalzo y Del Curto
Estas firmas fueron centrales en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Dato fuerte:
No se exige “trazabilidad perfecta” del dinero ilícito.
Basta con demostrar una relación económica razonable entre los bienes y el delito.
Subtítulo: El criterio judicial que cambia las reglas del juego
La decisión de la Cámara de Casación marca un precedente importante en causas de corrupción compleja.
Antes:
✔ Se exigía seguir el rastro exacto del dinero
Ahora:
✔ Se acepta reconstrucción económica indirecta
Esto amplía enormemente la capacidad del Estado para recuperar activos.
¿Qué pasa si no alcanza el dinero?
El decomiso es solo el primer paso.
Si los bienes no cubren el total:
- Se avanzará contra otros condenados
- Entre ellos, José López
- Exfuncionarios de Vialidad Nacional
Esto convierte al proceso en una recuperación patrimonial en cadena.
El destino final: quién administra lo recuperado
Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema.
Posibles destinos:
- Subastas públicas
- Asignación a programas estatales
- Uso social o institucional
“El objetivo no es castigar, sino reparar.”
El poder político al patrimonio en disputa
La causa Vialidad entra en una fase decisiva. Ya no se trata solo de condenas, sino de consecuencias reales y tangibles.
El decomiso redefine el alcance de la justicia en Argentina:
- Convierte sentencias en recuperación económica
- Impacta directamente en estructuras de poder
- Sienta precedentes para futuras causas
Siguiente paso clave: la ejecución efectiva de los bienes y su monetización. Ahí se jugará si el fallo logra algo más que un efecto simbólico.
Nacionales
Hallazco histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación inglesa de las Malvinas
Un documento de cuatro hojas, más precisamente una carta de 1833, enviado por el gobernador de Buenos Aires Juan Ramón Balcarce a su par tucumano Alejandro Heredia, se recuperó casi dos siglos después por el Archivo Histórico de Tucumán. La carta permite reconstruir cómo las autoridades argentinas recibieron y comunicaron la noticia de la ocupación británica de las Islas Malvinas.
Hay documentos que cuentan la historia y otros que permiten casi escucharla. Una carta fechada en 1833, se recuperó recientemente en Tucumán, pertenece a esa segunda categoría: escrita en los días posteriores a la usurpación inglesa de las Malvinas y muestra cómo aquella noticia llegó desde Buenos Aires hasta una de las provincias con mayor peso político de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata.
El documento tiene cuatro hojas y lo envió Juan Ramón Balcarce, gobernador de Buenos Aires, al gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia. Su recuperación estuvo a cargo de integrantes del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, que trabajan en la conservación y puesta en valor del patrimonio documental.
“Un documento inédito y fundamental” para reconstruir la memoria histórica de Tucumán y de la Argentina.
Una carta escrita tras la ocupación británica
El oficio está fechado en un momento especialmente sensible. El 2 de enero de 1833, fuerzas británicas tomaron el control de las Islas Malvinas, que se encontraban bajo administración argentina.
La carta permite conocer algo que muchas veces queda fuera de los grandes relatos históricos: cómo se transmitió la noticia entre las autoridades de la época.
El destinatario tampoco se elegió al azar. Tucumán ocupaba entonces un lugar destacado dentro de la organización política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo que Heredia recibió uno de los primeros partes oficiales sobre lo ocurrido.
El director del Archivo Histórico, Javier Critto, explicó que la importancia política de Tucumán ayuda a comprender por qué la provincia se informó tempranamente.
La pieza recuperada funciona como una fotografía administrativa de aquel momento: registra el episodio desde la perspectiva de las autoridades que debían comunicarlo y procesar sus consecuencias.
Casi 200 años después, el documento vuelve a hablar
La particularidad del hallazgo no está solamente en su antigüedad. Su verdadero valor reside en que se trata de un testimonio contemporáneo a los hechos, elaborado cuando la noticia de la ocupación británica todavía estaba llegando a distintos puntos del territorio.
Durante décadas, el documento permaneció dentro del patrimonio documental tucumano hasta que se identificó el equipo encargado de las tareas de recuperación y conservación.
Para los especialistas, cada hoja aporta información sobre las formas de comunicación oficial, las relaciones entre las provincias y la manera en que un acontecimiento ocurrido en el extremo sur del territorio se incorporó rápidamente a la agenda política.
Malvinas en un país que todavía estaba en construcción
La carta también obliga a mirar el episodio desde el contexto político de 1833. La Argentina no tenía todavía la estructura institucional del Estado nacional que se consolidaría décadas después. Las provincias formaban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y mantenían una compleja relación política.
En ese escenario, la comunicación entre gobernadores adquiría una importancia estratégica. El oficio enviado por Balcarce a Heredia demuestra que la ocupación de las Malvinas se consideró un acontecimiento que debía ser informado formalmente a las autoridades provinciales.
Dato clave: el documento se redactó en el mismo período en que ocurrió la ocupación británica, por lo que constituye una fuente primaria para estudiar la reacción oficial ante aquel episodio.
Un documento para preservar la memoria
El hallazgo se presentó en el marco de actividades impulsadas por el Archivo Histórico de Tucumán para recuperar documentos y generar espacios de reflexión sobre acontecimientos fundamentales del pasado provincial y nacional.
El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, resaltó la necesidad de convertir estos materiales en herramientas para el conocimiento de la comunidad.
La recuperación de esta carta permite, de este modo, volver sobre un episodio central de la historia argentina desde una fuente directa. Casi dos siglos después de haber sido escrita, sus cuatro hojas recuperan una noticia que atravesó las fronteras provinciales y quedó registrada en la memoria documental del país.
El próximo paso será profundizar su estudio y facilitar el acceso a este tipo de materiales para que nuevas generaciones puedan conocer, a través de los propios documentos de la época, cómo se contó la historia de las Malvinas cuando todavía estaba sucediendo.
Nacionales
Milei enviará al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones por la explotación petrolera en Malvinas
Milei endurece la estrategia por Malvinas y apunta contra las empresas petroleras
El conflicto por los recursos del Atlántico Sur vuelve a ocupar el centro de la agenda del Gobierno argentino. Esta vez, el foco no está solamente en el reclamo histórico de soberanía: está puesto sobre una actividad concreta y millonaria, la explotación petrolera en Malvinas.
El presidente Javier Milei firmó los decretos que había anticipado durante su cadena nacional y prepara ahora un proyecto de ley que enviará al Congreso la próxima semana. La iniciativa buscará endurecer las sanciones contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El Gobierno decidió concentrar las principales medidas en un mismo proyecto y no dividirlas en diferentes iniciativas. Allí estarán incluidos el endurecimiento del régimen sancionatorio y la creación de un nuevo esquema de Seguridad Nacional.
El Gobierno busca transformar el reclamo de soberanía en una política que combine herramientas diplomáticas, económicas y de Defensa.
La primera parte del paquete ya está vigente a través de los decretos publicados en el Boletín Oficial. La segunda dependerá del tratamiento legislativo.
Un procedimiento más rápido para sancionar a las empresas
Uno de los puntos centrales es el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
La norma establece un procedimiento específico para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas marítimas vinculadas con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El mecanismo incorpora plazos concretos.
Los organismos públicos que detecten posibles infracciones deberán comunicarlo dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, las personas o empresas investigadas tendrán diez días para presentar su descargo.
El cambio apunta, en los hechos, a reducir los tiempos administrativos frente a posibles operaciones vinculadas con la extracción de hidrocarburos.
Pero el Gobierno también busca cerrar otras puertas.
Las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o conseguir permisos, concesiones y habilitaciones petroleras deberán presentar declaraciones juradas en las que garanticen que ellas y sus socios no participan ni participarán de las actividades prohibidas por la legislación argentina.
Cancillería tendrá además intervención antes de aprobar determinadas solicitudes.
Del petróleo a la Defensa: el segundo frente del Gobierno
La estrategia no termina en las sanciones económicas. El Ejecutivo también modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto 867/2026, un DNU que refuerza partidas para distintas áreas, entre ellas Defensa, inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
En el caso de las Fuerzas Armadas, el objetivo declarado es financiar la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento.
Hay dos proyectos especialmente vinculados con la estrategia del Gobierno en el Atlántico Sur: la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones.
La intención oficial es convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y mejorar la capacidad de proyección argentina hacia la Antártida.
El Gobierno vincula Malvinas, Atlántico Sur y Antártida dentro de una misma estrategia de seguridad nacional.
El DNU también deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
El proyecto que llegará al Congreso amplía las sanciones
El futuro proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tendrá un alcance mayor que el de los decretos.
La propuesta pretende modificar la Ley 26.659 para incrementar las sanciones y extenderlas a proveedores de empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
Además, el Gobierno plantea impedir que quienes infrinjan la normativa puedan contratar con organismos públicos y también con empresas privadas en la Argentina.
Otro de los puntos previstos es la posibilidad de aplicar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.
La iniciativa también busca ampliar el régimen para abarcar otras actividades desarrolladas en las islas que puedan afectar recursos naturales argentinos. De esta manera, la estrategia oficial no quedaría limitada exclusivamente al petróleo.
Sea Lion, el proyecto petrolero que está en el centro de la disputa
Uno de los principales focos de preocupación del Gobierno es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa está vinculada con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, compañías que avanzan con un proyecto de explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.
Para la Casa Rosada, el avance de la actividad petrolera vuelve urgente la implementación de nuevas herramientas legales.
El objetivo declarado es que las sanciones puedan alcanzar no solamente a quienes extraigan directamente los recursos, sino también a quienes participen de manera indirecta en las operaciones.
La discusión adquiere así una dimensión económica además de territorial: el Gobierno busca evitar que compañías vinculadas con proyectos en las islas puedan operar normalmente dentro del mercado argentino.
Reino Unido respondió al anuncio de Milei
La respuesta británica no tardó en llegar.
El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, cuestionó las declaraciones de Milei y sostuvo que el mensaje del Presidente argentino dice más sobre la política interna argentina que sobre las Islas Malvinas.
Streeting defendió además la posición británica sobre el archipiélago y mencionó el referéndum realizado en 2013, en el que el 99,83% de los votantes se pronunció a favor de continuar bajo administración británica.
El funcionario concluyó reafirmando el compromiso británico con las islas.
La respuesta deja en evidencia que las nuevas medidas argentinas no ocurren en un vacío diplomático. Cada paso de Buenos Aires puede generar una reacción de Londres, especialmente cuando involucra recursos naturales y actividad petrolera.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto que llegará al Congreso también incorporará una estructura destinada a coordinar distintas áreas del Estado.
El Gobierno propone crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
La idea es establecer una política transversal para abordar amenazas consideradas estratégicas y proteger sectores sensibles de la Argentina.
El texto también contempla mecanismos para la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de la vigilancia aeroespacial y marítima.
Además, Milei buscará que el organismo tenga herramientas económicas y diplomáticas para responder frente a actores estatales y privados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
De esta manera, Malvinas aparece como parte de una agenda mucho más amplia que incluye recursos naturales, comunicaciones, defensa, Atlántico Sur y Antártida.
Dos tiempos para una misma estrategia
El Gobierno dividió su estrategia en dos etapas.
La primera ya comenzó: los decretos fueron firmados y publicados en el Boletín Oficial, con nuevas reglas para acelerar los procedimientos sancionatorios y reforzar los recursos destinados a Defensa.
La segunda tendrá que atravesar el Congreso. Allí se discutirá el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que pretende ampliar las sanciones, incorporar nuevas prohibiciones y crear el Consejo de Seguridad Nacional.
El resultado legislativo será clave.
Mientras tanto, el avance de la explotación petrolera en Malvinas mantiene abierta una disputa que combina soberanía, intereses económicos y estrategia geopolítica.
El próximo paso será concreto: el Gobierno enviará el proyecto al Congreso durante la próxima semana. A partir de ese momento comenzará una nueva batalla política, esta vez dentro del Parlamento, para determinar hasta dónde llegará la nueva estrategia argentina sobre Malvinas.
Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026
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