El plan para ayudar a escapar a Alvarado incluía un helicóptero, adquirido en el extranjero
Lindor Alvarado, líder de la banda narco de Rosario, intentó fugarse de la cárcel de Ezeiza en helicóptero. Las Fuerzas Federales lo evitaron este viernes.
Así lo informó el Ministerio de Seguridad. Interceptaron un helicóptero que lo estaba yendo a buscar a la cárcel con cuatro cómplices, que quedaron detenidos.
La Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Federal desplegaron un operativo de seguridad en el que detectaron y frustraron el escape del narcotraficante. El mismo cumple una condena a prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Unidad Residencial 3, Pabellón «E».
Según fuentes policiales, los investigadores obtuvieron información del plan de fuga que llevaba más de seis meses de planificación. Entre otras cosas implicó la compra de un helicóptero en el extranjero, mediante maniobras de lavado de activos.
Las cuatro personas, pertenecían a la banda de Alvarado. Se llevaron a cabo diversos allanamientos en varias provincias y en un aeródromo privado. Se requisaron celdas del penal de Ezeiza y se secuestraron armas, autos, equipos tecnológicos y una gran cantidad de dinero en efectivo.
el juez federal Ernesto Kreplak y los fiscales federales Diego Iglesias y Cecilia Incardona.
La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, en colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia Penitenciaria del SPF, y la PROCUNAR, detectaron y frustraron el plan de fuga
Los detalles del operativo se mantuvieron en estricta reserva para garantizar su éxito y la seguridad de todos los integrantes de las fuerzas intervinientes.
Andrés Alcides Donet, piloto y lo aprendieron en el aeródromo de la ciudad entrerriana.
Gianluca Orpianessi, lo encontraron en la vía pública de esa ciudad , pero domiciliado en la ciudad de Rosario.
A través de tareas de investigación criminal, lograron establecer la existencia de un plan de fuga ideado por el rosarino Alvarado para este viernes por a tarde. El cual consistía en la extracción desde un patio interno de la cárcel, denominado zona de recreo, utilizando un helicóptero marca Robinson 44, enmascarado con matrícula adulterada LV-ZXN.
Con esos datos, las autoridades policiales, implementaron una operación interprovincial entre la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal, coordinado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia de la Nación.
La mecánica del rescate, consistía en el despegue del helicóptero desde el aeródromo ubicado en al ciudad de Gualeguaychú. Una vez en el lugar arribaría encubierto en el horario previsto y coordinado por los autores del plan, a la zona de recreo del penal de Ezeiza en el que estaba Alvarado.
Esteban Lindor Alvarado condenado en junio de 2020 a prisión perpetua por liderar una asociación ilícita dedicada a realizar atentados, lavar activos y cometer homicidios.
Señalado por los investigadores como una pieza clave dentro de la trama criminal que azota a Rosario desde hace más de una década. Enemigo de la banda “Los Monos” y apuntado por un ex miembro de su propia organización como “el asesino serial más grande de Argentina”.
En 2012 lo condenaron a seis años de prisión por el robo de autos de alta gama. Pero Alvarado continuó manejando su organización desde las sombras. Obtuvo la libertad condicional en junio de 2017.
El homicidio del prestamista Lucio Maldonado (37), secuestrado y acribillado en noviembre de 2018, expuso los movimientos de Alvarado. Por tal motivo es condenado por ser el instigador de ese feroz ataque.
En febrero de 2019, la policía lo apresó en un camping de Córdoba.
Un iPhone 7 arrojado al agua y recuperado por los agentes fue determinante para avanzar en la causa. El aparato fue enviado a Estados Unidos para lograr obtener evidencia sensible. De allí se recuperaron audios donde el ahora condenado impartía órdenes para planificar distintos delitos.
Una votación ajustada tras una sesión cargada de tensión
Luego de más de once horas de debate intenso, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei, con el respaldo de bloques aliados. La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una jornada marcada por cruces políticos y fuerte presencia oficialista.
Uno de los datos que llamó la atención fue la presencia de Karina Milei en uno de los palcos del recinto, siguiendo de cerca el desarrollo de una votación clave para la agenda económica del Ejecutivo.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 9, 2026
La reforma introduce modificaciones en los criterios de protección ambiental sobre glaciares y zonas periglaciales. En concreto:
El oficialismo sostiene que estos cambios permitirán impulsar inversiones, generar empleo y dinamizar economías regionales, especialmente en provincias cordilleranas con fuerte presencia minera.
El proyecto logró avanzar gracias a una alianza amplia encabezada por el oficialismo. Además de La Libertad Avanza, acompañaron:
Incluso, el Gobierno consiguió sumar votos de legisladores de la oposición, como dos diputados de Unión por la Patria provenientes de San Juan, lo que resultó clave para alcanzar la mayoría.
Del otro lado, la resistencia fue liderada por:
Las críticas se centraron en el impacto ambiental de la reforma y en el riesgo de afectar reservas estratégicas de agua dulce.
Las abstenciones, en tanto, provinieron de legisladores del MID y de espacios provinciales, reflejando posiciones intermedias en un debate altamente polarizado.
La reforma de la Ley de Glaciares no solo divide al arco político, sino que también abre un debate más amplio:
Se trata de un tema sensible en Argentina, donde los glaciares son considerados reservas clave de agua y patrimonio ambiental.
Con la ley ya sancionada, el foco se traslada a su implementación y a posibles reacciones:
El impacto real de la reforma se verá en los próximos meses, cuando comiencen a aplicarse los cambios aprobados.
La aprobación de esta reforma marca un hito en la política ambiental y productiva del país. Para el Gobierno, representa un avance hacia un modelo más abierto a la inversión. Para sus críticos, implica un retroceso en materia de protección ambiental.
El debate, lejos de cerrarse, recién empieza.
La desinformación ya no entra por la puerta: se filtra como noticia. Se publica, se comparte, se viraliza… y cuando alguien duda, ya es tarde. Eso es lo que revela una investigación explosiva: una campaña atribuida a un entramado ruso habría infiltrado más de 250 artículos en medios argentinos para desacreditar al gobierno de Javier Milei.
No hablamos de bots en redes sociales. Hablamos de contenido periodístico publicado, con formato profesional, distribuido en más de 20 medios digitales y con una inversión que superaría los 280.000 dólares.
“La operación no buscaba parecer propaganda. Buscaba parecer periodismo”.
La investigación —basada en 76 documentos internos filtrados— describe el funcionamiento de una estructura conocida como “La Compañía”, vinculada a redes de influencia rusas y heredera del esquema del Grupo Wagner.
Los contenidos mezclaban información real con datos manipulados. No eran burdos: abordaban temas sensibles como salarios, educación o protestas sociales.
Uno de los hallazgos más inquietantes es el mecanismo de infiltración.
Los artículos:
Al analizar las biografías de los supuestos autores, los investigadores detectaron:
Esto plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas veces consumimos contenido sin saber quién lo escribió realmente?
“No era necesario hackear medios. Bastaba con ofrecer contenido listo para publicar”.
La operación comenzó poco después de la asunción de Milei en diciembre de 2023, en un momento clave de alineamientos internacionales.
La cercanía inicial del gobierno argentino con Volodímir Zelenski y su postura frente a la guerra con Rusia colocaron al país en el radar.
Sin embargo, el escenario cambió con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025, lo que derivó en un enfriamiento del apoyo occidental a Ucrania.
Según los documentos, la campaña perdió entonces su objetivo central y fue desactivada.
El Gobierno argentino aseguró que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ya había detectado la maniobra en 2025 y la había llevado a la justicia.
Por su parte:
Desde la embajada rusa, en tanto, calificaron la investigación como “material antirruso” sin pruebas concluyentes.
Aunque el foco fue el gobierno de Milei, los documentos sugieren objetivos más amplios:
El mismo esquema habría operado en países como Bolivia y Venezuela, adaptando el mensaje a cada contexto.
Esta historia no termina en tribunales ni en desmentidas diplomáticas. Empieza en algo mucho más cotidiano: lo que leemos todos los días.
Porque la próxima campaña no necesariamente va a apuntar a un presidente. Puede apuntar a cualquier tema que importe.
“En la era digital, la influencia no se impone: se disfraza”.
El siguiente paso es claro: exigir mayor transparencia editorial y desarrollar una audiencia crítica.
Porque si la noticia puede ser fabricada, la defensa empieza por cómo la leemos.
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Muerte por propofol. La escena es inquietante: un médico joven, formado para salvar vidas, aparece sin vida en su departamento, con una vía conectada y drogas anestésicas a su lado. No hay signos de violencia. Solo silencio. Pero detrás de esa muerte hay algo más profundo: una trama que sacude los cimientos del sistema sanitario.
El fallecimiento de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 31 años, no solo conmocionó a sus colegas. Encendió una alarma que ahora apunta a una red de sustracción y uso recreativo de fármacos hospitalarios altamente peligrosos como el propofol y el fentanilo.
“Una administración indebida puede provocar apnea y muerte en minutos”.
Zalazar fue hallado el 20 de febrero en su departamento en Palermo. La autopsia fue clara: sobredosis de propofol y fentanilo. Ambos son medicamentos de uso estrictamente controlado, utilizados en quirófanos y procedimientos complejos.
El dato clave surgió después: los fármacos encontrados en su casa provenían de un hospital.
A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó rápidamente y reveló algo aún más preocupante: un posible circuito interno de robo y distribución de anestésicos.
La trazabilidad llevó directamente a una institución: el Hospital Italiano de Buenos Aires. Allí, tras una denuncia interna, se detectó el faltante de estas sustancias.
Dos profesionales fueron señalados:
Ambos fueron apartados y están bajo investigación judicial.
La hipótesis principal no apunta al narcotráfico tradicional. Aquí no hay venta en la calle ni redes criminales externas. Se trata de algo más complejo: un circuito cerrado dentro del propio sistema de salud.
“No se comercializan en farmacias ni son de venta libre”.
Esto cambia el enfoque legal. No es tráfico, sino presunta administración fraudulenta o hurto de insumos médicos.
Entre testimonios y audios filtrados, apareció un término que generó impacto: “Propo Fest”.
Se trataría de reuniones privadas donde profesionales de la salud utilizaban propofol y fentanilo con fines recreativos.
Aunque estas versiones aún no están judicialmente confirmadas, muestran un patrón preocupante: la normalización del uso indebido de anestesia.
“Había alguien listo para ‘ambucear’ si algo salía mal”.
Este caso no es un hecho aislado. De hecho, el propio hospital reconoció que se trata de una problemática que también ha sido reportada en otras instituciones.
Esto abre preguntas incómodas:
El acceso privilegiado a estos fármacos convierte a los propios profesionales en un grupo de riesgo.
El anestesiólogo es uno de los perfiles médicos más expuestos al estrés extremo. Jornadas largas, alta responsabilidad y contacto constante con drogas potentes.
En muchos países, existe evidencia de tasas elevadas de adicción en esta especialidad.
Zalazar, según trascendió, podría haber estado vinculado a este entorno. Aunque esto aún forma parte de líneas de investigación.
La muerte de Zalazar dejó de ser un caso individual para convertirse en un espejo incómodo del sistema.
“No es solo un problema legal. Es un problema de salud dentro del sistema de salud”.
La causa judicial sigue en curso y podría derivar en imputaciones más graves. Pero más allá de lo penal, el desafío es institucional.
La pregunta no es solo quién robó los fármacos.
Es cómo el sistema permitió que esto ocurriera.
Porque cuando quienes deben cuidar la vida quedan expuestos —o caen—, el problema ya no es individual. Es estructural.
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