Nacionales
Extranjeros no residentes deberán pagar por la atención en hospitales públicos
Cómo funcionará el nuevo sistema
El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema para la atención sanitaria de los extranjeros no residentes en los hospitales administrados por el Estado nacional. Desde este miércoles, quienes no tengan residencia permanente deberán acreditar un seguro de salud que cubra la prestación requerida o pagar previamente el arancel correspondiente.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El nuevo mecanismo introduce un sistema de cobro para las prestaciones médicas que no sean consideradas emergencias.
El cambio alcanza a los extranjeros que no puedan acreditar residencia permanente en Argentina. En cambio, quienes tengan esa categoría migratoria conservarán el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos.
Para acreditar la residencia permanente, deberán presentar el DNI para extranjeros vigente, donde figure expresamente la categoría «RESIDENTE PERMANENTE». Los extranjeros no residentes deberán contar con seguro de salud o pagar la prestación, pero las emergencias continuarán siendo atendidas sin pago previo.
Quiénes deberán pagar y quiénes quedan exceptuados
La reglamentación establece una diferencia central entre quienes poseen residencia permanente y quienes no.
Los extranjeros con residencia permanente quedan fuera del esquema de cobro y mantienen el acceso al sistema público sanitario bajo las mismas condiciones que un ciudadano argentino.
En cambio, quienes no tengan esa condición deberán demostrar que cuentan con una cobertura de salud válida para la prestación solicitada. Si poseen seguro, el hospital podrá gestionar el cobro directamente con la compañía aseguradora.
Cuando la cobertura no alcance a cubrir la totalidad de la atención, el paciente deberá abonar la diferencia correspondiente o, según el caso, el valor completo de la prestación.
Para quienes no tengan seguro, el mecanismo será diferente: deberán afrontar el costo de la atención médica.
En las consultas, estudios o intervenciones programadas, el paciente deberá pasar previamente por el área de Facturación, donde se determinará el valor de la prestación de acuerdo con el nomenclador vigente de cada institución.
Luego deberá abonar el 100% del presupuesto antes de recibir la atención.
Esto significa que no existe un precio único establecido por la resolución. El monto dependerá de la prestación solicitada y del nomenclador que utilice cada hospital.
Las emergencias seguirán siendo atendidas gratis
Uno de los puntos más importantes de la reglamentación es que ningún extranjero no residente podrá quedar sin atención frente a una emergencia médica por no contar con seguro o dinero para pagarla.
La normativa determina que las prestaciones destinadas a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición que represente un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función deberán brindarse sin pago previo.
Además, si existe una duda sobre la gravedad del cuadro cuando la persona ingresa al hospital, deberá prevalecer el criterio de brindar atención inmediata.
Los trámites administrativos no podrán retrasar la evaluación médica ni la asistencia inicial.
Entre las situaciones contempladas aparecen los cuadros cardíacos graves, accidentes cerebrovasculares, traumatismos severos, hemorragias importantes, sepsis, emergencias obstétricas, emergencias pediátricas y neonatales, entre otras.
EMERGENCIAS: la falta de seguro o de dinero no podrá impedir la atención inmediata de un extranjero no residente.
Qué enfermedades y situaciones están consideradas una emergencia
La resolución incluye un listado de situaciones consideradas de riesgo vital. Entre ellas se encuentran:
- Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria grave.
- Obstrucción aguda de la vía aérea.
- Shock cardiogénico, hipovolémico, séptico, distributivo, obstructivo o anafiláctico.
- Síndrome coronario agudo e infarto de miocardio.
- Accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos.
- Estado epiléptico o convulsiones persistentes con compromiso de conciencia.
- Traumatismos graves y politraumatismos.
- Lesiones de médula con riesgo vital.
- Hemorragias masivas o activas.
- Quemaduras extensas, profundas, eléctricas o químicas.
- Sepsis y shock séptico.
- Abdomen agudo quirúrgico.
- Ruptura de aneurisma u otras patologías quirúrgicas graves.
- Emergencias obstétricas, como parto inminente, hemorragia obstétrica o embarazo ectópico.
- Emergencias pediátricas y neonatales.
- Cualquier otra situación que, según el criterio profesional, implique un riesgo inminente para la vida.
El principio es sencillo: primero se estabiliza al paciente y después se resuelve la cuestión administrativa y económica.
Qué ocurre después de una emergencia
La gratuidad de la atención no significa necesariamente que toda la internación posterior quede sin costo.
Una vez superada la situación de emergencia y estabilizado el paciente, comenzará a contabilizarse el costo de las prestaciones posteriores, según el procedimiento establecido.
El área de Facturación deberá consolidar los gastos generados hasta el alta clínica y comunicar la deuda al paciente o a su representante legal.
De esta manera, la reglamentación diferencia dos momentos: la atención urgente e inmediata, que no puede demorarse por cuestiones económicas, y las prestaciones posteriores, que pueden quedar sujetas al nuevo esquema de cobro.
Esta distinción resulta especialmente relevante para casos en los que una persona ingresa en una situación crítica y luego necesita permanecer internada o continuar con tratamientos, estudios o procedimientos.
Cómo funcionará el cobro cuando existe un seguro de salud
El sistema también establece un procedimiento específico para los extranjeros no residentes que tengan seguro médico.
En esos casos, el hospital podrá reclamar directamente a la compañía aseguradora el costo de las prestaciones realizadas.
El establecimiento deberá comunicar el ingreso del paciente a la empresa dentro de las primeras 24 horas y solicitar el número de caso o la autorización correspondiente.
Después se realizará la valorización de las prestaciones y se emitirá la factura.
La aseguradora tendrá un plazo de 45 días corridos para efectuar el pago.
Si el dinero no ingresa dentro de ese período, el procedimiento contempla la posibilidad de iniciar acciones judiciales para reclamar la deuda.
45 días: es el plazo previsto para que las aseguradoras paguen al hospital las prestaciones correspondientes.
Un nuevo esquema basado en residencia, seguro y pago
La nueva normativa establece, en definitiva, tres situaciones diferentes.
Primero, los extranjeros con residencia permanente mantienen el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos.
Segundo, los extranjeros que no tengan residencia permanente deberán contar con un seguro que cubra la atención solicitada o pagar las prestaciones correspondientes.
Tercero, las emergencias médicas deberán ser atendidas inmediatamente, sin exigir previamente dinero ni seguro.
El Gobierno busca así diferenciar el acceso al sistema sanitario según la condición migratoria y establecer mecanismos para recuperar el costo de determinadas prestaciones brindadas a personas que no tienen residencia permanente en el país.
El cambio no elimina la obligación de los hospitales de atender una emergencia. Por el contrario, la resolución establece expresamente que la prioridad será preservar la vida y estabilizar al paciente.
Qué deben tener en cuenta los extranjeros no residentes
Para quienes ingresen al país sin residencia permanente, el nuevo esquema implica que contar con seguro médico adquiere una importancia central frente a una eventual necesidad de atención hospitalaria que no sea considerada una emergencia.
Antes de solicitar una prestación programada en un hospital alcanzado por la medida, deberán verificar si cuentan con una cobertura válida y si esta contempla específicamente el tratamiento, estudio o intervención requerida.
En caso de no contar con seguro, deberán consultar previamente el costo de la prestación y cumplir con el mecanismo de pago establecido por la institución.
En una situación de urgencia, en cambio, la prioridad será siempre la atención médica inmediata. La falta de documentación, seguro o dinero no deberá impedir la evaluación y estabilización de una persona que presente un riesgo vital.
El nuevo sistema, por lo tanto, no establece un cobro indiscriminado por toda atención médica. La diferencia fundamental está entre residentes permanentes y no residentes, y entre prestaciones programadas y emergencias.
El próximo paso
La entrada en vigencia de la Resolución 1066/2026 abre una nueva etapa en el esquema de atención sanitaria para extranjeros en hospitales nacionales.
A partir de ahora, quienes no tengan residencia permanente deberán contemplar el costo de las prestaciones no urgentes o contar con un seguro que las cubra.
Para los hospitales, el desafío será implementar correctamente los controles administrativos y de facturación sin que estos interfieran con la atención médica.
Y para los pacientes, la regla más importante queda clara: ante una emergencia, primero está la vida; después, el trámite y el pago.
Después de más de diez horas de debate, negociaciones de último momento y una jornada marcada por fuertes tensiones tanto dentro como fuera del Congreso, el Senado otorgó media sanción al proyecto de Ley de Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo para modificar el régimen de desalojos, expropiaciones y protección del derecho de propiedad.
La aprobación llegó con un costo político para el Gobierno: antes de la votación debió retirar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto, entre ellos las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, ante la falta de respaldo de bloques provinciales y aliados.
El texto en general se aprobó por 37 votos a favor y 34 en contra, tras una sesión que comenzó por la tarde y concluyó durante la madrugada, en medio de un fuerte operativo de seguridad y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.
«El oficialismo logró la media sanción, pero tuvo que eliminar los artículos más resistidos para reunir los votos necesarios.»
Una negociación que cambió el proyecto original
La versión que llegó al recinto era distinta a la presentada inicialmente por el Poder Ejecutivo. Durante las últimas 48 horas de negociaciones, el oficialismo resignó dos capítulos clave para garantizar el respaldo de sectores dialoguistas.
El primero en quedar afuera fue el referido a la extranjerización de tierras, luego de las críticas de gobernadores, legisladores provinciales y organizaciones sociales.
Horas más tarde también fue eliminado el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, cuestionado especialmente por representantes de provincias patagónicas y del norte del país.
La decisión fue anunciada por el senador Agustín Coto, miembro informante del oficialismo, quien propuso retirar ese apartado antes de la votación en general, medida que fue celebrada por gran parte de la oposición.
De esta manera, la iniciativa quedó concentrada en tres ejes principales:
- Nuevas reglas para los desalojos.
- Cambios en el régimen de expropiaciones.
- Regularización dominial de inmuebles rurales.
Desalojos más rápidos: uno de los puntos centrales de la ley
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto establece modificaciones al procedimiento judicial para recuperar inmuebles ocupados.
La propuesta incorpora el juicio sumarísimo como mecanismo para tramitar desalojos tanto urbanos como rurales, con el objetivo de reducir los tiempos de resolución judicial.
Entre las novedades más importantes figura la posibilidad de que el propietario solicite la restitución inmediata del inmueble ocupado por intrusos o tenedores precarios, incluso durante el desarrollo del proceso judicial.
En los casos de alquileres con deuda, el texto fija una intimación previa de 10 días hábiles para regularizar la situación antes de avanzar con el desalojo.
La notificación podrá realizarse mediante el domicilio electrónico constituido en el contrato.
Uno de los cambios centrales establece un plazo de 10 días para intimar el pago antes del inicio del proceso de desalojo por deuda.
No obstante, durante el debate se incorporó una modificación impulsada por bloques dialoguistas para reforzar la protección de personas vulnerables.
Cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos que requieran asistencia especial, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos competentes y garantizar, durante un plazo máximo de diez días, una alternativa habitacional antes de concretar el desalojo.
Cambios en las expropiaciones
Otro de los capítulos aprobados modifica la normativa vigente sobre expropiaciones realizadas por el Estado.
La propuesta establece que toda declaración de utilidad pública deberá justificarse mediante criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad, restringiendo los supuestos en los que el Estado podrá avanzar sobre bienes privados.
Además, redefine la forma de calcular las indemnizaciones.
Según el texto, se reconocerá el valor objetivo del inmueble y los daños directos ocasionados, mientras que el lucro cesante solo podrá reclamarse cuando exista prueba suficiente y tendrá un límite equivalente al 30 % del daño emergente, salvo demostración de un perjuicio superior.
También se fijan nuevos criterios para actualizar los montos indemnizatorios utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés correspondiente a depósitos a plazo fijo del Banco Nación.
En cuanto a las ocupaciones temporales de inmuebles, la iniciativa limita su duración a 90 días, con posibilidad de una única prórroga en circunstancias excepcionales.
Con 37 votos afirmativos y 33 votos negativos queda aprobado en general el proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 7, 2026
Cruces políticos dentro y fuera del Congreso
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos entre oficialismo y oposición.
Desde Unión por la Patria cuestionaron especialmente las modificaciones vinculadas a los desalojos y las expropiaciones, al considerar que reducen las herramientas del Estado para intervenir en situaciones de interés público y afectan a sectores vulnerables.
El senador Mariano Recalde sostuvo que el proyecto podría acelerar desalojos de inquilinos con dificultades económicas, mientras que Martín Soria criticó las restricciones incorporadas al régimen de expropiaciones.
En respuesta, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa argumentando que busca fortalecer la seguridad jurídica, brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario y proteger el derecho de propiedad.
La tensión también se trasladó al exterior del Congreso, donde una manifestación contra el proyecto terminó con incidentes entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad luego de finalizada la movilización.
Qué falta para que la ley entre en vigencia
Con la aprobación en el Senado, el proyecto obtuvo media sanción, pero todavía debe completar el trámite legislativo para convertirse en ley.
La iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde podrían producirse nuevas modificaciones debido a las diferencias políticas que aún persisten sobre algunos de sus artículos.
El debate que viene será decisivo para definir el alcance definitivo de una norma que promete modificar aspectos centrales del régimen de propiedad privada, los procesos de desalojo y las facultades del Estado para expropiar bienes.
Nacionales
Aerolíneas Argentinas pagará Ganancias por primera vez en su historia tras cerrar 2025 con ganancias récord
Por primera vez en su historia obtiene una utilidad neta de $238.000 millones durante 2025.
Después de casi dos décadas de pérdidas millonarias, subsidios estatales y fuertes debates sobre su futuro, Aerolíneas Argentinas acaba de marcar un hito sin precedentes. Por primera vez desde su creación, la empresa abonará el Impuesto a las Ganancias, un hecho que refleja el cambio financiero más importante desde su reestatización en 2008.
La compañía de bandera registró una ganancia neta de $238.000 millones durante 2025, resultado que no solo le permitió recuperar patrimonio positivo, sino también convertirse en contribuyente del tributo nacional con un pago estimado en $6.000 millones.
La aprobación de la memoria y los estados contables por parte de la Asamblea de Accionistas, junto con la validación de la consultora KPMG y la Auditoría General de la Nación (AGN), consolidó un escenario que hasta hace pocos años parecía improbable.
«Por primera vez en su historia, Aerolíneas Argentinas pagará el Impuesto a las Ganancias.»
Este resultado representa un cambio de paradigma para una empresa que durante años fue uno de los principales focos de discusión sobre el gasto público y la eficiencia del Estado.
Un cambio histórico: de recibir subsidios a convertirse en contribuyente
El dato sobresaliente del balance es que 2025 fue el segundo año consecutivo con resultados positivos, aunque el primero en generar utilidades suficientes para tributar Ganancias.
Además del beneficio neto de $238.000 millones, Aerolíneas Argentinas logró:
- Recuperar un patrimonio neto positivo de $18.000 millones.
- Obtener un superávit operativo (EBIT) de USD 120,7 millones.
- Reducir en un 52% su deuda bancaria y financiera, que quedó en USD 170,5 millones.
- No requerir aportes del Tesoro Nacional durante todo 2025.
Este último punto resulta especialmente significativo. Desde que el Estado recuperó el control de la compañía en 2008, todos los ejercicios habían requerido asistencia económica para sostener la operación.
Según datos oficiales, entre 2008 y 2023 la empresa recibió más de USD 8.000 millones en transferencias estatales, con pérdidas operativas promedio cercanas a USD 400 millones por año.
Las medidas que cambiaron las cuentas de la empresa
Gran parte del resultado financiero responde a un profundo proceso de reestructuración iniciado durante 2024.
Las principales decisiones fueron:
- Eliminación de rutas con baja rentabilidad.
- Reducción del 13% de la plantilla laboral.
- Eliminación de 85 cargos jerárquicos.
- Revisión integral de los costos operativos.
- Adecuación del esquema comercial a estándares internacionales.
A estas medidas se sumaron nuevos ingresos derivados de cambios en la política comercial.
Entre ellos aparecen:
- Cobro del equipaje de cabina (carry on) en las tarifas promocionales.
- Venta anticipada de selección de asientos.
- Incorporación de la categoría Economy Plus para vuelos internacionales.
Estas modificaciones permitieron mejorar el rendimiento económico sin reducir significativamente el nivel de actividad.
Dato destacado: En 2025 Aerolíneas Argentinas mantuvo cerca de 300 vuelos diarios, transportando 12,78 millones de pasajeros con un 83% de ocupación promedio.
Eficiencia operativa y mejores indicadores
Más allá del resultado económico, el balance muestra mejoras operativas que explican parte del crecimiento.
La empresa informó un índice de cumplimiento del 99,4% de sus operaciones, uno de los más altos de los últimos años.
Al mismo tiempo, el indicador internacional de satisfacción de clientes (Net Promoter Score) alcanzó 55 puntos, reflejando una percepción positiva del servicio.
Estos datos permiten observar que el ajuste financiero no estuvo acompañado por una caída en la calidad operacional, sino por un incremento en los niveles de eficiencia.
Renovación de la flota con recursos propios
Otro de los anuncios destacados es el inicio del mayor plan de renovación de aeronaves de la última década.
Entre 2027 y 2031, Aerolíneas Argentinas incorporará 20 nuevos aviones financiados con recursos propios.
El programa contempla:
- 6 Airbus A330neo para vuelos internacionales.
- 14 Boeing 737 MAX (versiones MAX 8 y MAX 10).
La renovación permitirá mejorar la eficiencia en consumo de combustible, reducir costos operativos y ampliar la capacidad de la compañía para competir en el mercado regional e internacional.
La privatización sigue en pausa
A pesar de los buenos resultados financieros, el Gobierno nacional mantiene su intención de avanzar con una eventual privatización de la empresa.
Sin embargo, el proyecto permanece suspendido debido a la falta de apoyo legislativo.
Hasta el momento:
- La privatización fue retirada de la Ley Bases.
- El proyecto específico perdió estado parlamentario.
- El oficialismo no cuenta con los votos necesarios para impulsarla.
Mientras tanto, la empresa continuará bajo control estatal, aunque sin requerir asistencia económica del Tesoro.
Un frente judicial que aún preocupa
El escenario financiero positivo convive con un conflicto internacional que sigue abierto.
El Estado argentino mantiene un litigio en Estados Unidos por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas ocurrida hace 18 años.
Actualmente, el Gobierno busca revertir una sentencia que obliga al país a pagar USD 390 millones al fondo Titan Consortium, titular de los derechos de litigio.
Desde la Procuración del Tesoro sostienen que todavía existen herramientas legales para intentar modificar el fallo y reducir su impacto económico.
Un punto de inflexión para la aerolínea de bandera
El pago del Impuesto a las Ganancias representa mucho más que una obligación tributaria: simboliza el cambio más profundo en la historia reciente de Aerolíneas Argentinas.
Tras años marcados por déficits, subsidios y debates políticos, la empresa logró cerrar dos ejercicios consecutivos con ganancias, recuperar patrimonio positivo y proyectar inversiones con fondos propios.
Ahora, el desafío será sostener estos resultados en un mercado aerocomercial cada vez más competitivo, mientras continúa la discusión sobre el futuro de la compañía y su eventual privatización.
Nacionales
Convocan a una movilización en defensa de Vaca Muerta y cuestionan el acuerdo del Gobierno con el FMI
Diversos sectores políticos, sindicales y sociales impulsan una convocatoria para el 6 de agosto frente al Congreso Nacional. La protesta cuestiona el vínculo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y advierte sobre el futuro de Vaca Muerta, uno de los principales activos energéticos del país.
En medio del creciente debate por la política económica nacional, organizaciones sociales, sindicales y referentes políticos lanzaron una convocatoria para movilizarse el próximo 6 de agosto frente al Congreso Nacional, bajo la consigna de defender la soberanía sobre Vaca Muerta y rechazar las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La convocatoria comenzó a viralizarse en redes sociales con mensajes que sostienen que el organismo internacional tendría una fuerte influencia sobre las decisiones energéticas del país. Entre las publicaciones más difundidas aparece una frase que resume el eje del reclamo: «El FMI va a manejar Vaca Muerta como un negocio propio. Este gobierno vino para entregarlo todo. Defendamos nuestra soberanía el 6 de agosto en el Congreso».
Aunque se trata de una consigna política difundida por los organizadores y no de un hecho confirmado, el mensaje volvió a poner en el centro de la escena el futuro de Vaca Muerta, considerada una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del mundo.
EL FMI VA A MANEJAR VACA MUERTA COMO UN NEGOCIO PROPIO. ESTE GOBIERNO VINO PARA ENTREGARLO TODO. DEFENDAMOS NUESTRA SOBERANÍA EL 6 DE AGOSTO EN EL CONGRESO
— malena pichot (@malepichot) July 30, 2026
Vaca Muerta, en el centro del debate político
El desarrollo de Vaca Muerta se convirtió en uno de los pilares de la estrategia económica del Gobierno nacional por su potencial para incrementar las exportaciones de energía y generar el ingreso de divisas.
Sin embargo, sectores opositores sostienen que las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei podrían favorecer una mayor participación de intereses extranjeros en la explotación de los recursos naturales. Desde esos espacios aseguran que las exigencias del FMI condicionan decisiones económicas que impactan directamente sobre áreas estratégicas como la energía.
Desde el oficialismo, en cambio, rechazan esas acusaciones y sostienen que el objetivo es atraer inversiones, aumentar la producción y consolidar a la Argentina como un proveedor energético de escala mundial.
La convocatoria del 6 de agosto
Los organizadores llaman a concentrarse frente al Congreso Nacional para expresar su rechazo a las políticas económicas actuales y reclamar una mayor protección de los recursos naturales del país.
Entre las consignas que circulan en redes sociales aparecen referencias a la defensa de la soberanía energética, el rechazo a nuevas condiciones del FMI y la necesidad de mantener el control nacional sobre los recursos estratégicos.
Si bien todavía no se confirmó el listado definitivo de organizaciones que participarán de la movilización, se espera la presencia de sectores gremiales, movimientos sociales y agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y la izquierda.
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Un nuevo capítulo en la discusión sobre la soberanía energética
La convocatoria se suma a una serie de manifestaciones que en los últimos meses tuvieron como eje la política económica del Gobierno nacional.
El rol del FMI, las inversiones extranjeras y el futuro de Vaca Muerta continúan generando fuertes posiciones enfrentadas dentro del escenario político argentino. Mientras el oficialismo sostiene que la apertura económica permitirá potenciar la producción y atraer capitales, sectores opositores advierten sobre los riesgos de perder capacidad de decisión sobre recursos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
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Con ese escenario de fondo, la movilización del 6 de agosto promete convertirse en un nuevo punto de tensión dentro del debate político, con la soberanía energética y el futuro de Vaca Muerta como ejes centrales de la discusión.
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