Nacionales
Cayó Ficha Limpia: el pacto Milei-Kirchnerismo se salvó gracias a los senadores de Misiones
Los votos de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce fueron decisivos para bloquear la ley y sostener el acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo. Cristina podrá ser candidata.
POLITICA– En una jugada inesperada que expone las complejas alianzas que recorren el Congreso, el Senado rechazó la ley de Ficha Limpia. Pese a haber obtenido mayoría simple (36 votos a favor y 35 en contra), la iniciativa no alcanzó la mayoría absoluta requerida para modificar el Código Electoral. El dato decisivo: los votos negativos de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, alineados con Carlos Rovira. El resultado: Cristina Kirchner podrá ser candidata.
El revés legislativo fue un duro golpe para Juntos por el Cambio y los sectores que impulsaban la norma como un símbolo contra la corrupción. La maniobra, sin embargo, tuvo actores de peso tras bambalinas: la Casa Rosada operó silenciosamente para evitar que la ley prosperara, al tiempo que mantenía una puesta en escena de respaldo junto a sus socios del PRO y la UCR.
Una puesta en escena libertaria para contener a la tribuna propia
Durante todo el día, desde el oficialismo se mostraron alineados con la sanción del proyecto de ficha limpia, e incluso buscaron convencer a radicales indecisos para pedir cambios que devolvieran el expediente a Diputados y dilataran el proceso. La estrategia era clara: trabar la ley sin aparecer directamente como responsables de su caída.
Un caso emblemático fue el del senador santacruceño José María Carambia. Según confirmó un legislador oficialista, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, lo visitó en su despacho pocas horas antes de la sesión para intentar convencerlo de votar en contra. Sin embargo, Carambia y su compañera de bloque, Andrea Gadano, terminaron votando afirmativamente, desarticulando esa alternativa.
Misiones activó el “plan B” del Gobierno
Con el fracaso de la presión sobre Carambia, el Gobierno activó otra carta: los senadores misioneros. En una jugada de último momento, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce votaron en contra, inclinando la balanza. Ambos responden a Carlos Rovira, un viejo aliado del peronismo que mantiene fuertes vínculos con el subsecretario General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
La relación entre Menem y Rovira no es nueva: en abril de 2024, LPO reveló un acuerdo político sellado entre ambos, con el aval del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La intervención del Gobierno nacional habría tenido como objetivo central salvar el pacto con el kirchnerismo y evitar la interpelación de Karina Milei en el Congreso por el escándalo Libra.
Una victoria del peronismo y un bochorno para la oposición
La caída de la ley fue celebrada entre líneas por senadores como José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, quienes nunca dieron por perdida la votación. Los tres se habían reunido el día anterior con Cristina Kirchner en el Instituto Patria, anticipando una jugada que pocos imaginaban.
Mientras tanto, en los estudios de televisión, los impulsores de la ley, como Silvia Lospennato, preparaban un festejo que terminó siendo un papelón televisado. El mensaje de fondo fue claro: la política tradicional aún tiene resortes para imponer sus propias reglas, más allá del discurso anticasta.
Nacionales
Milei enviará al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones por la explotación petrolera en Malvinas
Milei endurece la estrategia por Malvinas y apunta contra las empresas petroleras
El conflicto por los recursos del Atlántico Sur vuelve a ocupar el centro de la agenda del Gobierno argentino. Esta vez, el foco no está solamente en el reclamo histórico de soberanía: está puesto sobre una actividad concreta y millonaria, la explotación petrolera en Malvinas.
El presidente Javier Milei firmó los decretos que había anticipado durante su cadena nacional y prepara ahora un proyecto de ley que enviará al Congreso la próxima semana. La iniciativa buscará endurecer las sanciones contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El Gobierno decidió concentrar las principales medidas en un mismo proyecto y no dividirlas en diferentes iniciativas. Allí estarán incluidos el endurecimiento del régimen sancionatorio y la creación de un nuevo esquema de Seguridad Nacional.
El Gobierno busca transformar el reclamo de soberanía en una política que combine herramientas diplomáticas, económicas y de Defensa.
La primera parte del paquete ya está vigente a través de los decretos publicados en el Boletín Oficial. La segunda dependerá del tratamiento legislativo.
Un procedimiento más rápido para sancionar a las empresas
Uno de los puntos centrales es el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
La norma establece un procedimiento específico para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas marítimas vinculadas con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El mecanismo incorpora plazos concretos.
Los organismos públicos que detecten posibles infracciones deberán comunicarlo dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, las personas o empresas investigadas tendrán diez días para presentar su descargo.
El cambio apunta, en los hechos, a reducir los tiempos administrativos frente a posibles operaciones vinculadas con la extracción de hidrocarburos.
Pero el Gobierno también busca cerrar otras puertas.
Las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o conseguir permisos, concesiones y habilitaciones petroleras deberán presentar declaraciones juradas en las que garanticen que ellas y sus socios no participan ni participarán de las actividades prohibidas por la legislación argentina.
Cancillería tendrá además intervención antes de aprobar determinadas solicitudes.
Del petróleo a la Defensa: el segundo frente del Gobierno
La estrategia no termina en las sanciones económicas. El Ejecutivo también modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto 867/2026, un DNU que refuerza partidas para distintas áreas, entre ellas Defensa, inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
En el caso de las Fuerzas Armadas, el objetivo declarado es financiar la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento.
Hay dos proyectos especialmente vinculados con la estrategia del Gobierno en el Atlántico Sur: la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones.
La intención oficial es convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y mejorar la capacidad de proyección argentina hacia la Antártida.
El Gobierno vincula Malvinas, Atlántico Sur y Antártida dentro de una misma estrategia de seguridad nacional.
El DNU también deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
El proyecto que llegará al Congreso amplía las sanciones
El futuro proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tendrá un alcance mayor que el de los decretos.
La propuesta pretende modificar la Ley 26.659 para incrementar las sanciones y extenderlas a proveedores de empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
Además, el Gobierno plantea impedir que quienes infrinjan la normativa puedan contratar con organismos públicos y también con empresas privadas en la Argentina.
Otro de los puntos previstos es la posibilidad de aplicar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.
La iniciativa también busca ampliar el régimen para abarcar otras actividades desarrolladas en las islas que puedan afectar recursos naturales argentinos. De esta manera, la estrategia oficial no quedaría limitada exclusivamente al petróleo.
Sea Lion, el proyecto petrolero que está en el centro de la disputa
Uno de los principales focos de preocupación del Gobierno es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa está vinculada con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, compañías que avanzan con un proyecto de explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.
Para la Casa Rosada, el avance de la actividad petrolera vuelve urgente la implementación de nuevas herramientas legales.
El objetivo declarado es que las sanciones puedan alcanzar no solamente a quienes extraigan directamente los recursos, sino también a quienes participen de manera indirecta en las operaciones.
La discusión adquiere así una dimensión económica además de territorial: el Gobierno busca evitar que compañías vinculadas con proyectos en las islas puedan operar normalmente dentro del mercado argentino.
Reino Unido respondió al anuncio de Milei
La respuesta británica no tardó en llegar.
El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, cuestionó las declaraciones de Milei y sostuvo que el mensaje del Presidente argentino dice más sobre la política interna argentina que sobre las Islas Malvinas.
Streeting defendió además la posición británica sobre el archipiélago y mencionó el referéndum realizado en 2013, en el que el 99,83% de los votantes se pronunció a favor de continuar bajo administración británica.
El funcionario concluyó reafirmando el compromiso británico con las islas.
La respuesta deja en evidencia que las nuevas medidas argentinas no ocurren en un vacío diplomático. Cada paso de Buenos Aires puede generar una reacción de Londres, especialmente cuando involucra recursos naturales y actividad petrolera.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto que llegará al Congreso también incorporará una estructura destinada a coordinar distintas áreas del Estado.
El Gobierno propone crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
La idea es establecer una política transversal para abordar amenazas consideradas estratégicas y proteger sectores sensibles de la Argentina.
El texto también contempla mecanismos para la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de la vigilancia aeroespacial y marítima.
Además, Milei buscará que el organismo tenga herramientas económicas y diplomáticas para responder frente a actores estatales y privados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
De esta manera, Malvinas aparece como parte de una agenda mucho más amplia que incluye recursos naturales, comunicaciones, defensa, Atlántico Sur y Antártida.
Dos tiempos para una misma estrategia
El Gobierno dividió su estrategia en dos etapas.
La primera ya comenzó: los decretos fueron firmados y publicados en el Boletín Oficial, con nuevas reglas para acelerar los procedimientos sancionatorios y reforzar los recursos destinados a Defensa.
La segunda tendrá que atravesar el Congreso. Allí se discutirá el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que pretende ampliar las sanciones, incorporar nuevas prohibiciones y crear el Consejo de Seguridad Nacional.
El resultado legislativo será clave.
Mientras tanto, el avance de la explotación petrolera en Malvinas mantiene abierta una disputa que combina soberanía, intereses económicos y estrategia geopolítica.
El próximo paso será concreto: el Gobierno enviará el proyecto al Congreso durante la próxima semana. A partir de ese momento comenzará una nueva batalla política, esta vez dentro del Parlamento, para determinar hasta dónde llegará la nueva estrategia argentina sobre Malvinas.
Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026
Nacionales
Una alarma que crece: aumentaron los suicidios en Argentina y los jóvenes están en el centro de la preocupación
La Argentina registró en 2025 el mayor número de suicidios de la serie oficial. Fueron 5.209 casos, un 22,6% más que en 2024. Los últimos datos desagregados por edad muestran que el grupo de 15 a 34 años concentra una parte importante de las víctimas.
NACIONALES– Los suicidios en Argentina alcanzaron un récord durante 2025. Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad, durante el año pasado se registraron 5.209 muertes por suicidio.
La cifra representa un aumento del 22,6% respecto de 2024, cuando se contabilizaron 4.249 casos. También marca el número más alto de toda la serie estadística que comienza en 2017.
El crecimiento adquiere todavía mayor dimensión al observar el período completo. Entre 2017 y 2025, los casos aumentaron 57,6%. Si se contempla además el crecimiento de la población durante esos años, el incremento alcanza el 43,9%.
La tasa también marcó un fuerte salto. En 2025 llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a los 9,7 registrados en 2024.
Los jóvenes, en el centro de la preocupación
Aunque el informe del SNIC correspondiente a 2025 todavía no presenta el detalle de las víctimas por edad, los últimos datos completos permiten observar una situación preocupante entre adolescentes y jóvenes.
Durante 2024, 4.249 personas murieron por suicidio. De ese total, el 45,3% correspondió a personas de entre 15 y 34 años.
El desglose muestra 432 víctimas entre los adolescentes de 15 a 19 años; 561 entre quienes tenían entre 20 y 24; 567 en el grupo de 25 a 29; y 486 entre los 30 y 34 años.
En conjunto, esos grupos representan casi la mitad de las muertes registradas durante ese año.
El Observatorio de Política Criminal, a partir de estos datos, advierte que el suicidio pasó a ocupar el primer lugar entre las causas de muerte dentro del grupo de 15 a 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito.
El dato vuelve a poner el foco sobre una problemática que afecta de manera especialmente fuerte a una población que atraviesa etapas vinculadas con los estudios, el ingreso al mercado laboral, la construcción de proyectos personales y la independencia económica.
Una tendencia que preocupa
La evolución de los últimos años muestra un crecimiento sostenido.
En 2017 se registraron 3.304 suicidios. En 2018 fueron 3.903 y en 2019, 3.647. Durante 2020 se contabilizaron 3.262 casos.
La tendencia volvió a crecer después de ese período: 3.648 casos en 2021, 3.959 en 2022, 4.205 en 2023 y 4.249 en 2024.
Finalmente, en 2025 la cifra trepó hasta 5.209 víctimas.
El salto entre 2024 y 2025 es particularmente significativo porque implica 960 casos más en apenas un año.
Suicidios y homicidios: un cambio en el mapa de la violencia
Otro de los aspectos que destaca el Observatorio de Política Criminal es la diferencia entre suicidios y homicidios.
Durante 2025, la tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de homicidios fue de 3,6 cada 100.000.
Es decir, la tasa de suicidios fue más de tres veces superior a la de homicidios.
A partir de esta comparación, el organismo plantea una transformación en la manera en que se manifiesta la violencia social.
El abogado Ariel Larroude, director del Observatorio, definió este proceso como una transformación de una violencia predominantemente interpersonal hacia una violencia de carácter personal.
La lectura no implica que quienes antes cometían homicidios ahora sean quienes se quitan la vida. Se trata, en cambio, de observar cómo evolucionaron dos fenómenos diferentes dentro de las estadísticas de violencia.
Entre Ríos, San Luis y Salta, entre las provincias con mayores tasas
Los números tampoco se distribuyen de manera uniforme en todo el país.
Según los datos analizados por el Observatorio de Política Criminal, Entre Ríos registró en 2025 una tasa de 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional.
En segundo lugar aparece San Luis, con 18,9 casos cada 100.000 habitantes. Luego se ubican Salta, con 17,4; Santa Cruz, con 16; y Catamarca, con 14,2.
En el otro extremo aparecen Río Negro, con 6,5; Neuquén, con 7,8; Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, ambas con 8; y Misiones, con 8,7.
La diferencia entre jurisdicciones vuelve a mostrar que el fenómeno necesita ser analizado de acuerdo con las características sociales, económicas, demográficas y sanitarias de cada territorio.
La situación de la salud mental
El aumento de los suicidios también vuelve a poner bajo la lupa las políticas de prevención y atención de la salud mental.
El Observatorio cuestionó el nivel de ejecución presupuestaria destinado al área durante 2025 y señaló que alcanzó el 31,2%.
Desde el organismo reclaman declarar la emergencia en salud mental y fortalecer los recursos disponibles para la prevención y la atención.
Entre los factores que pueden aparecer asociados a situaciones de vulnerabilidad, los especialistas mencionan la ansiedad, la depresión y el aislamiento, aunque remarcan que no existe una única causa capaz de explicar una conducta suicida.
También aparecen otras problemáticas que atraviesan especialmente a determinados sectores de la población joven, como el consumo problemático de sustancias, la ludopatía, las dificultades para acceder a un empleo formal y los problemas de endeudamiento.
Estos factores no permiten establecer por sí solos una relación causal con el suicidio. Sin embargo, forman parte de un contexto social que puede incrementar la vulnerabilidad de algunas personas.
Un problema que exige prevención
Los 5.209 suicidios registrados en Argentina durante 2025 representan una cifra que obliga a reforzar la mirada sobre la prevención.
El crecimiento estadístico no puede reducirse a un número. Cada muerte tiene consecuencias sobre familiares, amigos, compañeros de trabajo, instituciones educativas y comunidades enteras.
La situación de adolescentes y jóvenes genera una preocupación adicional. Los últimos datos disponibles muestran que casi la mitad de las víctimas de 2024 tenía entre 15 y 34 años y que, dentro de esa franja, el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte.
Por eso, especialistas y organismos vinculados con la problemática reclaman fortalecer las políticas públicas, mejorar los sistemas de información y facilitar el acceso temprano a profesionales de salud mental.
También resulta fundamental evitar la estigmatización y generar espacios donde una persona pueda pedir ayuda sin sentirse juzgada.
Los suicidios en Argentina dejaron una señal de alarma que ya no puede ignorarse. El récord de 2025 obliga a profundizar las políticas de prevención y, especialmente, a mirar qué está ocurriendo entre los adolescentes y jóvenes.
Si vos o alguien cercano atraviesa una crisis o tiene pensamientos de hacerse daño, buscá ayuda inmediata en un servicio de salud o comunicándote con emergencias de tu localidad. Pedir ayuda es un paso importante y no es necesario atravesar una situación así en soledad.
Nacionales
Buque inglés atracó en Tierra del Fuego: por qué llegó a Ushuaia y cuál es la polémica
El VS Promise mide unos 228,6 metros y puede transportar más de 500.000 barriles de petróleo.
Un buque inglés, petrolero con bandera británica atracó en el puerto de Ushuaia y volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de una disputa política entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego. El episodio ocurrió en una terminal que permanece bajo intervención nacional y que la propia Nación considera estratégica por su ubicación en el extremo sur del país.
La embarcación es el VS Promise, un petrolero que había operado previamente en la zona de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, vinculada a la actividad hidrocarburífera. Luego llegó al puerto de Ushuaia para realizar una escala de aprovisionamiento. Permaneció allí durante unas horas y posteriormente continuó su navegación por el canal Beagle.
La presencia del buque generó un fuerte rechazo del Gobierno fueguino, que cuestionó que una embarcación registrada bajo bandera británica pudiera amarrar en la capital provincial mientras continúa la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
El VS Promise, el buque inglés, mide unos 228,6 metros y puede transportar más de 500.000 barriles de petróleo.
Por qué el buque llegó a Ushuaia
El dato central para entender el episodio es que el VS Promise no llegó directamente desde las Islas Malvinas.
La embarcación había estado vinculada a operaciones petroleras en la zona de Río Cullen. Según los registros difundidos, posteriormente se dirigió hacia Ushuaia y permaneció aproximadamente 14 horas en el puerto.
Desde el Gobierno nacional explicaron que se trató de una operación logística y que el buque llegó para aprovisionarse.
La Casa Rosada también sostuvo que la embarcación ya había trabajado en territorio argentino y que la operación no implicaba una violación de la normativa provincial.
Este punto es fundamental porque la discusión no gira únicamente alrededor de la bandera del barco, sino de qué actividad desarrollaba, de dónde provenía y qué legislación resulta aplicable al caso.
[PLACEHOLDER – Enlace interno: Cómo funciona el Puerto de Ushuaia y por qué es estratégico para Argentina]
La respuesta de Tierra del Fuego
El Gobierno de Gustavo Melella cuestionó duramente el amarre y pidió explicaciones a la Nación.
Para la Provincia, la situación resulta especialmente sensible porque Ushuaia pertenece a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, jurisdicción que constitucionalmente incluye los territorios cuya soberanía Argentina reclama.
El Ejecutivo fueguino sostuvo que resulta inadmisible que un barco de bandera británica opere en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene el control de las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.
Pero detrás del reclamo existe además otra cuestión política: quién controla actualmente el puerto de Ushuaia.
La terminal fue intervenida por el Gobierno nacional en enero de 2026 y su administración quedó bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Esa intervención había sido justificada por Nación en razones vinculadas con la gestión, la infraestructura y el carácter estratégico del puerto.
La polémica no es solamente por un barco británico: también reabre la disputa por el control de uno de los puertos estratégicos del extremo sur argentino.
Qué dice Nación sobre la legalidad del amarre
La explicación del Gobierno nacional se apoya en una interpretación diferente de la denominada Ley Gaucho Rivero.
El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el accionar del buque no viola ninguna ley y sostuvo que la normativa provincial no establece una prohibición general para todos los barcos vinculados con el Reino Unido.
Según esa interpretación, la restricción alcanza a embarcaciones relacionadas con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.
Como el VS Promise había trabajado en la zona de Río Cullen y no provenía de las Islas Malvinas, Nación considera que la prohibición no resulta aplicable en este caso.
La Provincia, en cambio, considera que el episodio merece explicaciones políticas y administrativas más amplias.
El petróleo fueguino, otro elemento de la controversia
La historia del VS Promise tampoco puede separarse de la producción hidrocarburífera de Tierra del Fuego.
El petrolero estuvo relacionado con operaciones en la zona de la monoboya de Río Cullen, una instalación utilizada para la carga de crudo producido en la región. El buque tiene una capacidad superior a los 500.000 barriles, por lo que su presencia forma parte de una cadena logística vinculada al transporte de hidrocarburos.
Así, el episodio combina tres cuestiones particularmente sensibles para Argentina:
- La explotación y transporte de recursos naturales.
- La presencia de empresas y embarcaciones vinculadas al Reino Unido.
- La disputa histórica por la soberanía de las Islas Malvinas.
Por eso, lo que en términos estrictamente portuarios podría ser una escala de aprovisionamiento terminó transformándose en un conflicto político.
Una contradicción que Tierra del Fuego quiere llevar a Nación
El reclamo provincial apunta especialmente a una aparente contradicción.
Por un lado, el Gobierno nacional justificó la intervención del puerto de Ushuaia destacando su importancia estratégica para Argentina, su ubicación sobre el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida.
Por otro, bajo esa misma administración nacional se autorizó el ingreso de un petrolero registrado bajo bandera británica.
Tierra del Fuego exige conocer cuáles fueron los criterios utilizados para aprobar la operación y qué organismos intervinieron en la autorización.
La Provincia también volvió a reclamar que finalice la intervención de la terminal y que su administración sea restituida a las autoridades fueguinas.
El próximo capítulo de la disputa
El VS Promise, el buque inglés, finalmente dejó Ushuaia y continuó su navegación por el canal Beagle. Pero su paso por la capital fueguina dejó abierta una discusión que excede ampliamente la llegada de un barco.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el complejo equilibrio entre actividad económica, explotación de recursos, legislación provincial, administración portuaria y política exterior.
Mientras Nación sostiene que el amarre fue legal y responde a una operación logística, Tierra del Fuego reclama explicaciones y considera que la presencia de un buque británico en Ushuaia tiene una dimensión política y soberana que no puede ser ignorada.
El próximo paso será conocer qué respuesta dará el Gobierno nacional al reclamo provincial y si la controversia llegará a nuevos ámbitos institucionales.
Por ahora, el buque inglés que atracó en Tierra del Fuego ya se fue de Ushuaia. La discusión sobre quién decide qué puede entrar al puerto, bajo qué condiciones y qué lugar ocupa la cuestión Malvinas en esas decisiones, recién comienza.
El ingreso del VS PROMISE al puerto de Ushuaia es jurisdicción provincial. Fue el propio gobierno de Tierra del Fuego que permitió su ingreso. De todos modos, el accionar del buque no viola ninguna ley porque no trabaja desde la cuenca Malvinas. pic.twitter.com/0peUE9Hamc
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 25, 2026
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