POLICIALES- La investigación por la muerte de Mauro Daniel González sumó una nueva imputación. Una médica que presta funciones en la Policía de Santa Fe quedó acusada de homicidio culposo por su actuación durante la revisión del hombre, horas antes de que muriera en la Comisaría Octava de Santa Fe.

La profesional, identificada como María M., tenía 26 años cuando ocurrió el hecho. Su intervención se produjo después de la detención de González y antes de su traslado a la dependencia policial de avenida General Paz al 7300.

Para la querella, su actuación resulta relevante dentro de la cadena de hechos que terminó con la muerte del hombre. El abogado querellante Rodolfo Mingarini explicó que la acusación contra la médica no se relaciona con la agresión que, según la investigación, sufrió González durante el traslado.

El planteo apunta a una posible omisión en la atención médica.

AUDIO del abogado querellante Rodolfo Mingarini

Qué cuestiona la querella sobre la revisión médica

Mingarini sostuvo que la médica debía aplicar el protocolo vigente para personas detenidas que presentan signos compatibles con consumo de sustancias o un estado de vulnerabilidad.

Según explicó el abogado, la profesional tenía que evaluar de manera integral el estado de González y, si advertía determinadas condiciones, disponer su traslado a un centro sanitario.

La querella considera que eso no ocurrió.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que González presentaba signos evidentes de haber sufrido lesiones. De acuerdo con lo expuesto por Mingarini, el examen médico consignó siete lesiones, mientras que posteriormente se identificaron 22 lesiones visibles.

Para el abogado, esa diferencia resulta significativa al momento de analizar si la revisión fue completa y si permitió determinar el verdadero estado de salud del detenido.

Mingarini también remarcó que González no podía caminar ni hablar con normalidad y que presentaba un cuadro que debía generar una respuesta médica diferente.

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“Lo que le imputó el fiscal fue homicidio culposo”, explicó el abogado querellante al referirse a la acusación contra la médica.

El protocolo que, según la querella, debía aplicarse

Uno de los puntos centrales del planteo de la querella es la existencia de un protocolo obligatorio de actuación para las personas detenidas.

Mingarini señaló que ese procedimiento fue establecido mediante una resolución de 2019 y que debía ser tenido en cuenta por la profesional.

Según explicó, si la médica advirtió o recibió información sobre un posible consumo de estupefacientes por parte de González, debía adoptar medidas específicas frente a esa situación.

La querella entiende que una persona que atraviesa un cuadro de intoxicación, desorientación o vulnerabilidad requiere una evaluación distinta y puede necesitar atención hospitalaria.

Por eso, el abogado considera que la decisión de no derivar a González a un centro de salud constituye uno de los aspectos centrales de la imputación.

La médica quedó vinculada por una posible omisión

La situación de la profesional tiene una diferencia importante respecto de la acusación que pesa sobre los policías que participaron de la detención y el traslado.

Mingarini explicó que la médica no forma parte de la cadena inicial de hechos que, según la investigación, comenzó con el procedimiento del Comando Radioeléctrico.

La querella sostiene que su responsabilidad se analiza desde otro lugar: el de una posible omisión posterior, cuando González ya estaba bajo custodia estatal y pasó por una revisión médica.

El abogado puso el foco justamente en esa diferencia.

Los policías investigados habrían tenido una conducta activa durante la detención y el traslado. En cambio, en el caso de la médica, la Fiscalía analiza si no cumplió con una obligación profesional que podía modificar el desenlace.

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González murió dentro de la Comisaría Octava

Mauro Daniel González fue detenido el 17 de enero en el barrio Yapeyú. Según la acusación fiscal, atravesaba una crisis subjetiva vinculada con el consumo de estupefacientes.

Tras la intervención del Comando Radioeléctrico, fue trasladado hacia la Comisaría Octava.

Durante ese recorrido, los investigadores sostienen que sufrió una serie de agresiones. En el trayecto, los agentes también pasaron por Medicina Legal, donde González fue revisado por la médica ahora imputada.

Luego ingresó a la Comisaría Octava y quedó alojado en una celda.

Horas más tarde, cuando el fiscal de turno dispuso su libertad, los agentes fueron a notificarlo. Fue entonces cuando descubrieron que González estaba muerto.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por broncoaspiración de sus propios fluidos.

Ocho policías fueron imputados

La causa ya había avanzado contra ocho agentes policiales. Cuatro permanecen detenidos con prisión preventiva.

Se trata de Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinalli.

La situación de los cuatro será revisada en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones prevista para el 3 de septiembre.

Otros cuatro policías permanecen en libertad: Sabrina Petitón, integrante del Comando Radioeléctrico, y Juan Cruz Barros, Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, pertenecientes al Cuerpo Guardia Infantería.

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Según la acusación, Amarillo, Aranda, Díaz, Bardinalli y Petitón fueron imputados por tortura seguida de muerte.

Barros enfrenta cargos por presuntas vejaciones, mientras que a Ibarra y Altamirano se les atribuye encubrimiento.

La incorporación de la médica policial abre ahora una nueva línea de análisis dentro del expediente.

El planteo de la querella y el momento de la revisión

Para Mingarini, la intervención médica debe analizarse dentro de todo el contexto de la detención.

El abogado sostuvo que el estado de González al momento de la revisión era determinante. Si una persona llega con lesiones visibles, dificultades para comunicarse y signos compatibles con consumo de sustancias, la atención médica no puede limitarse a una constatación superficial.

La querella entiende que la obligación profesional exigía evaluar si podía permanecer bajo custodia policial o si necesitaba ser trasladado a un hospital.

En ese sentido, el abogado destacó que la médica expresó sus condolencias a los hermanos de González durante la audiencia imputativa.

Sin embargo, aclaró que la profesional sostuvo que había realizado correctamente su trabajo y no declaró durante la audiencia imputativa.

La discusión judicial deberá determinar ahora si existió una omisión relevante y si esa conducta tuvo relación causal con el desenlace fatal.

Una causa que vuelve a poner el foco en la custodia estatal

La muerte de Mauro González generó una investigación compleja que involucra distintos momentos: la detención, el traslado, la revisión médica, el ingreso a la comisaría y las horas posteriores.

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La nueva imputación coloca nuevamente bajo análisis el papel del Estado cuando una persona permanece detenida.

Para la querella, no alcanza con determinar quiénes realizaron las agresiones denunciadas. También debe establecerse si quienes tenían obligaciones específicas de cuidado actuaron de acuerdo con los protocolos.

En el caso de la médica policial, la Fiscalía sostiene que esa eventual omisión puede configurar el delito de homicidio culposo.

La investigación deberá establecer ahora qué información recibió la profesional, qué observó durante la revisión, qué lesiones consignó, qué medidas tomó y si correspondía disponer una derivación hospitalaria.

El punto será clave para determinar si su intervención fue simplemente una revisión médica dentro del procedimiento o si, por el contrario, existió una omisión que tuvo incidencia en la muerte de Mauro González.

POLICIALES- La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el avance hacia el juicio oral contra el gendarme Juan Alberto Ramón López Torales. A Torales, comandante de Gendarmería lo acusan de simular un atropello durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear sobre Panamericana en 2014.

El máximo tribunal rechazó un recurso que presentó la defensa, que buscaba cerrar el expediente al considerar que la acción penal se encontraba prescripta. Con esa decisión, quedó habilitada la continuidad del proceso ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 de San Martín, que deberá determinar la responsabilidad penal del acusado.

López Torales llegará al debate imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por comeerse con violencia y falso testimonio.

El episodio que quedó registrado en video

El hecho ocurrió el 30 de julio de 2014, durante una protesta vinculada al conflicto laboral de la autopartista Lear, sobre la Panamericana, en la zona de General Pacheco, partido de Tigre.

En medio del operativo de seguridad, López Torales se dirigió hacia un Chevrolet Corsa conducido por Cristian Romero, quien participaba de una caravana vinculada a la manifestación.

Las imágenes tomadas por periodistas que se encontraban cubriendo la protesta se convirtieron posteriormente en una pieza central para reconstruir lo sucedido.

En los registros puede observarse al gendarme aproximarse al vehículo y arrojarse sobre el capó mientras el automóvil se encontraba en movimiento. La secuencia contradijo la versión inicial según la cual había sido embestido por el conductor.

Tras el episodio, otros integrantes de Gendarmería rodearon el vehículo de Romero, lo obligaron a bajar y lo detuvieron.

El video tuvo una fuerte repercusión pública y el efectivo comenzó a ser mencionado en distintos medios como el “gendarme carancho”, en referencia a la simulación del supuesto accidente.

La investigación contra Juan López Torales

La causa judicial avanzó a partir de la reconstrucción del operativo y de las imágenes registradas durante la protesta.

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La Justicia investigó no solamente la maniobra sobre el automóvil, sino también las circunstancias en las que a Cristian Romero privaron de su libertad después del supuesto atropello.

En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales por los delitos de falso testimonio y privación ilegal de la libertad agravada.

La investigación continuó durante los años siguientes y atravesó distintas instancias judiciales hasta quedar en condiciones de llegar al debate oral.

Uno de los puntos centrales será determinar si la maniobra atribuida al jefe del operativo estuvo vinculada directamente con la posterior detención de Romero y si existió una declaración falsa destinada a justificar ese procedimiento.

La defensa planteó que la causa estaba prescripta

Antes del inicio del juicio, la defensa del Gendarme intentó obtener el cierre del expediente mediante un planteo de prescripción.

El pedido fue rechazado inicialmente por el Tribunal Oral Federal N.º 5 de San Martín. Posteriormente, el planteo llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que tampoco hizo lugar a la pretensión de la defensa.

El caso terminó entonces ante la Corte Suprema.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación, por lo que quedó firme la continuidad del proceso penal.

La resolución no implica una condena contra López Torales ni establece todavía su responsabilidad penal. Esa cuestión deberá resolverse durante el juicio oral, donde serán analizaran las pruebas que se incorporaron al expediente y los argumentos de las partes.

Un caso que vuelve a la escena judicial más de una década después

El episodio de Panamericana tuvo una amplia repercusión en 2014 debido, principalmente, a la existencia de registros audiovisuales que permitieron observar la secuencia prácticamente desde el momento en que comenzó.

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Más de una década después, la causa entra ahora en una nueva etapa.

Con el rechazo del último planteo de la defensa, el Tribunal Oral Federal N.º 5 de San Martín podrá avanzar con el debate destinado a establecer qué responsabilidad penal tuvo López Torales en la detención de Cristian Romero y en los hechos ocurridos durante aquel operativo de Gendarmería.

La acusación sostiene que el comandante tuvo participación en una privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y que posteriormente incurrió en falso testimonio.

Será el tribunal oral el encargado de analizar las pruebas, escuchar a las partes y determinar finalmente si corresponde o no una condena.

LOCALES- Un chofer de la Línea 8 fue asaltado a mano armada durante la mañana de este martes en la punta de línea ubicada sobre calle Sarmiento al 8900, en la ciudad de Santa Fe. El trabajador se encontraba por iniciar una nueva vuelta cuando un hombre subió a la unidad y lo amenazó con un revólver.

El hecho ocurrió a las 6.41 de la mañana y generó preocupación entre los trabajadores. Luego del asalto, los choferes realizaron una asamblea y decidieron interrumpir temporalmente el servicio.

La prestación se retomó desde las 12, aunque la normalización del recorrido fue progresiva debido al tiempo que necesita cada unidad para completar su vuelta.

“Me apuntaron con un revólver”: el relato del chofer de la Línea 8

Marcelo, el conductor asaltado, contó cómo fue la secuencia. Según explicó, todo ocurrió cuando se disponía a retomar el servicio desde la punta de línea.

“Tenemos el gesto de subir a nuestros pasajeros en nuestra punta de línea. Cuando estoy por subir a la unidad, veo que se sube y me apuntaron con un revólver pidiéndome las pertenencias”, relató.

El delincuente le exigió el bolso y el teléfono celular. El trabajador aseguró que la situación ocurrió en cuestión de segundos y que no tuvo posibilidad de reaccionar.

El chofer explicó que el asaltante lo tomó desprevenido porque ingresó a la unidad como si fuera un pasajero más.

“Pensaba que era un pasajero más. Me agarró desprevenido”, contó.

El trabajador también señaló que ahora esperan las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la empresa para intentar determinar quién fue el autor del robo.

“Creemos que es el mismo de siempre. Estamos esperando las imágenes de la empresa para ver”, afirmó.

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El chofer no llegó a activar el botón antipánico

La rapidez con la que ocurrió el robo impidió que el conductor pudiera activar el sistema de emergencia.

El delincuente sacó el arma, apuntó directamente contra el trabajador y le pidió sus pertenencias. Ante esa situación, el chofer decidió entregar el bolso y el celular para evitar que el episodio terminara con consecuencias más graves.

Según relató, tampoco tuvo tiempo de pedir ayuda.

La situación volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad que enfrentan los trabajadores del transporte urbano, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Asamblea y suspensión del servicio de la Línea 8

Después del asalto, los trabajadores de la Línea 8 decidieron realizar una asamblea para analizar lo ocurrido.

La medida derivó en la interrupción temporal del servicio durante la mañana. Los choferes reclamaron mayores condiciones de seguridad en la zona de la punta de línea y plantearon su preocupación por la reiteración de episodios delictivos.

Finalmente, los trabajadores resolvieron retomar la prestación a partir de las 12.

Sin embargo, el servicio no volvió a funcionar de manera inmediata con normalidad. Cada colectivo necesita completar su recorrido para regresar a determinados puntos, por lo que los trabajadores estimaron que la situación comenzaría a normalizarse progresivamente durante las primeras horas de la tarde.

Una zona que ya sufrió otros robos

La parada de la Línea 8 ubicada en Sarmiento al 8900 ya fue escenario de otros episodios de inseguridad.

En enero de este año, delincuentes ingresaron durante la madrugada a la casilla utilizada por los choferes y provocaron destrozos. En aquella oportunidad se llevaron un televisor, una pava eléctrica y otros elementos que los trabajadores utilizaban durante sus descansos.

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Los antecedentes alimentan el reclamo de los conductores, que consideran que el problema de seguridad en el sector no es nuevo.

Los trabajadores describen la zona como un sector aislado y rodeado de descampados. Además, remarcan que algunos servicios comienzan durante la madrugada, cuando todavía hay poca circulación de personas.

Para los choferes, esa situación aumenta la vulnerabilidad tanto de quienes conducen las unidades como de los trabajadores que esperan para iniciar sus turnos.

Los trabajadores piden más seguridad

Tras el nuevo asalto, los choferes volvieron a reclamar medidas concretas para proteger a quienes trabajan en la punta de línea.

Las unidades cuentan con cámaras de seguridad y sistema de botón antipánico. Sin embargo, los trabajadores sostienen que estas herramientas no siempre alcanzan para evitar que se produzcan los robos.

También remarcan que necesitan mayor presencia preventiva en la zona.

El reclamo se da en un contexto de reiterados episodios contra la Línea 8. En los últimos meses hubo robos en la propia parada y ataques contra unidades durante los recorridos. En mayo, por ejemplo, una unidad recibió piedrazos en barrio Coronel Dorrego y una de las piedras rompió el cristal de la puerta delantera.

Además, anteriormente se registraron asaltos a conductores de la línea en distintos sectores de la ciudad.

“Esta vez la sacamos barata”

El chofer asaltado sostuvo que el episodio podría haber terminado de una manera mucho más grave.

La presencia de un arma de fuego generó temor entre los trabajadores, especialmente porque el hecho ocurrió cuando el conductor se encontraba solo en la unidad.

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Para Marcelo, la prioridad fue entregar las pertenencias y evitar una reacción que pudiera desencadenar una situación todavía más peligrosa.

El trabajador ahora espera que las cámaras permitan identificar al responsable. Mientras tanto, los choferes volvieron a poner el foco en la seguridad de la punta de línea y reclamaron medidas para evitar que un nuevo episodio vuelva a interrumpir el servicio.

El asalto de este martes dejó, una vez más, a la Línea 8 en el centro de la discusión por la inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte público en Santa Fe.