Policiales- El horror del hallazgo de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela sumó en las últimas horas una pieza inquietante: según la investigación judicial y especialistas consultados por medios, los acusados habrían utilizado la aplicación Zangi —de origen armenio— para transmitir en vivo parte del crimen y evitar dejar rastros en servidores tradicionales.

¿Qué es Zangi y por qué preocupa a los investigadores?

Zangi es un mensajero que se promociona como una herramienta de comunicación privada: permite llamadas de voz y video, mensajes y transferencia de archivos, y destaca por no almacenar el historial en “la nube” y por usar cifrados de alta robustez. La compañía responsable presenta la app como diseñada para minimizar la recolección de datos y funcionar con conexiones lentas. Varias notas periodísticas y especialistas en seguridad señalan que, por esas características —registro anónimo posible, cifrado de extremo a extremo y transferencia directa equipo a equipo— la aplicación resulta difícil de rastrear para la justicia cuando se usa con fines delictivos.

El origen de Zangi se remonta a desarrollos vinculados a Armenia; la app existe desde la década pasada y se difundió en mercados internacionales. Sus fichas en tiendas y sitios oficiales describen su política: “no data collection” y “military grade encryption”, términos que explican por qué, ante la sospecha de una transmisión delictiva, las autoridades enfrentan complicaciones técnicas para acceder a contenidos que no están en servidores centrales.

Cómo funciona (a grandes rasgos) y las limitaciones para investigar

Expertos en ciberseguridad consultados por la prensa explican que hay varias arquitecturas técnicas que hacen difícil la trazabilidad: algunas apps almacenan mensajes en servidores intermedios (lo que facilita pedidos judiciales); otras, como describen fuentes, operan de forma más descentralizada o peer‑to‑peer, con cifrado que impide la lectura incluso si se intercepta la comunicación. Además, si el registro de la cuenta se realiza con datos anónimos o sin asociación a un número telefónico verificable, la pesquisa criminal pierde pistas elementales sobre quién abrió la sesión.

No obstante, las fuentes judiciales admiten que el rastro digital nunca es totalmente inexistente: metadatos del dispositivo, análisis forense del hardware (teléfonos, chips, cuentas vinculadas), y la investigación tradicional (vehículos, testigos, cámaras) siguen siendo herramientas clave para reconstruir qué ocurrió y quiénes participaron. En el caso de Varela, la hipótesis de transmisión en vivo —si se confirmara plenamente— sería una agravante de la barbarie y, además, abriría una investigación sobre la circulación del video entre espectadores.

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Uso criminal de aplicaciones “seguras”: un fenómeno global

No es novedosa la utilización de plataformas con cifrado por parte de organizaciones delictivas: desde redes de narcotráfico hasta bandas carcelarias han recurrido a herramientas que ofrecen anonimato y cifrado para coordinar y documentar delitos. La tensión entre la protección de la privacidad y la prevención del delito es hoy un debate vigente: legisladores, tecnólogos y defensores de derechos civiles discuten hasta qué punto es posible garantizar privacidad sin crear “espacios intocables” para el crimen.

Qué buscan ahora los investigadores

Según las fuentes públicas de la causa y la prensa, la pesquisa se concentra en: 1) peritajes forenses a los teléfonos secuestrados; 2) rastrear la cadena de contactos y los posibles espectadores o replicadores del material; 3) cruzar pruebas técnicas con la investigación convencional (domicilios, vehículos y testigos) para reconstruir la mecánica del hecho. Las autoridades deberán además evaluar si existió difusión del material y la responsabilidad de quienes compartieron o no denunciaron lo ocurrido.

Policiales– La búsqueda internacional llegó a su fin en la madrugada del martes: Tony Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue capturado en la ciudad de Pucusana, a 70 kilómetros de Lima, mientras intentaba ocultarse dentro de un camión que transportaba pescado. El joven, de 23 años según la policía peruana, es señalado como autor intelectual del brutal asesinato de tres mujeres argentinas en Florencio Varela, un caso que sacudió al país por la violencia con la que se cometió.

Un operativo internacional

La captura de Valverde fue el resultado de seis días de un trabajo conjunto entre la Policía Bonaerense, Interpol y la Dirección Antidrogas del Perú. Según detalló el general Zenón Loayza, las autoridades siguieron el rastro de su teléfono desde Argentina hasta Perú, logrando anticipar sus movimientos.

El sospechoso planeaba reunirse en Lima con otros presuntos narcos para luego trasladarse a Trujillo, su ciudad natal. Sin embargo, los investigadores interceptaron sus comunicaciones y montaron una emboscada en Pucusana, donde terminó detenido sin resistencia.

El triple crimen que conmocionó al país

El 19 de septiembre fueron hallados en Florencio Varela los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Las jóvenes habían sido engañadas y llevadas hasta una vivienda, donde fueron asesinadas y luego enterradas en el jardín de la propiedad.

De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo como represalia por el supuesto robo de droga a la organización de Valverde. Lo más estremecedor es que la tortura previa al asesinato fue transmitida en vivo por redes sociales en un grupo cerrado.

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La caída de la banda

Hasta ahora, nueve personas fueron detenidas en relación con el caso, entre ellas Matías Agustín Ozorio, considerado la mano derecha de “Pequeño J”. También fueron arrestados otros cómplices que habrían participado en el traslado de las víctimas, la limpieza de la escena y el entierro de los cuerpos.

Valverde, señalado como un criminal de “tercera generación” —su abuelo y su padre también estuvieron vinculados al narcotráfico—, quedó bajo custodia de las autoridades peruanas. En las próximas horas se iniciará el proceso de extradición solicitado por la Justicia argentina.

“El que las hace, las paga”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la captura en redes sociales:

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los prófugos del triple crimen. Cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga”.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas esperan que la extradición se concrete rápidamente para que “Pequeño J” sea juzgado en la Argentina por uno de los crímenes más atroces de los últimos años.

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

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Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Con los recientes arrestos del Pequeño Jota y su ladero, Matías Ozorio, el caso ya registra un saldo de nueve detenidos.

NACIONALES-La comunidad educativa de La Paz, Mendoza sigue en shock tras el violento episodio ocurrido el miércoles en la Escuela Marcelino Blanco, cuando una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego, realizó disparos y se mantuvo atrincherada durante más de cinco horas. Aunque la situación terminó sin víctimas fatales, los testimonios que se conocieron en las últimas horas pintan un panorama aún más alarmante.

🚨 «DEJÁ EL ARMA EN EL PISO, ASÍ PODEMOS HABLAR», EL PEDIDO DE LA POLICÍA A UNA MENOR ARMADA Y ATRINCHERADA EN UN COLEGIO pic.twitter.com/GT5MOYvquL

— Vía Szeta (@mauroszeta) September 10, 2025

Una compañera de la agresora reveló que la menor ingresó decidida a atacar a su profesora de matemáticas. “Iba decidida a matar a la profe Raquel y también a un compañerito”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

“Le puso el arma en la cabeza a un compañero”

El relato de la testigo describe el momento más dramático: “Ella entró al aula y decía que si no le traían a la profesora se podía matar. A un compañerito le puso el arma en la cabeza porque le hacía bullying. Yo escuché tres tiros, estaba perdida y no sabía a quién apuntar”.

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La menor, además, habría llevado consigo dos cuchillos, que llegó a blandir en medio de la situación. “Los empezó a revolear”, agregó la estudiante, confirmando que el nivel de peligro fue extremo.

Testimonios de pánico y desesperación

“Cuando ella entró, muchos se desmayaron, otros empezaron a convulsionar. Yo entré llorando a mi aula, todos gritaban. La policía nos ordenó agacharnos porque ella apuntaba a las puertas”, relató otra alumna.

Un audio enviado por una estudiante a su madre, en plena crisis, expuso el terror vivido: “Mami, la puta que me parió, está tirando tiros, está reloca la pendeja. Acá están todos llorando”.

En el mismo mensaje se confirmaba que la profesora de matemáticas era el objetivo directo de la atacante. “La minita quiere matar a la profe, que justamente está con nosotros”, contó la joven refugiada con sus compañeros.

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El trasfondo: bullying y soledad

En medio del caos, una de las compañeras de la adolescente apuntó al bullying como un factor desencadenante: “Muchos niños le hacen bullying en la escuela, a ella y a mí también. Es por el tema del físico. Mi familia se quejó pero no hicieron nada”.

También describió la existencia de un grupo de chicas apodadas “las populares”, que solían burlarse de otros compañeros. “Siempre se ríen de alguien, nunca me sentí protegida”, lamentó.

La agresora, según el testimonio, era una alumna retraída, con pocas amistades y comentarios discriminatorios a sus espaldas: “A ella le decían que tenía retraso mental y que se trababa al hablar”.

La resolución del caso

El operativo desplegado por el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) fue clave. La negociación se extendió desde las 11:30 hasta las 15 horas, momento en que la menor finalmente entregó el arma. Según fuentes judiciales, la pistola calibre 9 mm podría pertenecer a su padre, policía en San Luis.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que la adolescente será derivada a un centro de salud para un tratamiento especializado en salud mental. “Físicamente está bien, pero se requiere un abordaje integral”, señaló.

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Una comunidad marcada para siempre

El día después, La Paz amanece con heridas abiertas. Padres, docentes y alumnos coinciden en que la escena fue desesperante y dejó una marca imborrable. “Había niños desvanecidos, madres llorando, era una escena horrible”, resumió una madre que llegó al colegio en medio del operativo.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación de la provincia habilitó líneas de asistencia psicológica y un protocolo especial para atender a la comunidad educativa. Sin embargo, la pregunta que resuena es qué llevó a una niña de 14 años a tomar un arma y entrar dispuesta a matar a su profesora frente a sus compañeros.

El relato de una preceptora

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Fabiana Montón, preceptora del colegio, quien describió los momentos de tensión vividos:

“Tuve miedo, no bajaba el arma. Fui hasta el curso y le pregunté si traía un arma. No me respondía, ni con gestos. Le propuse que fuéramos a la dirección y que me la entregara, pero no quiso”, recordó en diálogo con la prensa.

Su intervención, junto a la de otros docentes, buscó calmar a la adolescente hasta la llegada de la Policía de Mendoza y los cuerpos especiales que se desplegaron en el lugar.

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La familia y el entorno

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que conoce a la familia y aseguró que se trata de “gente común y trabajadora”. “El padre es policía y la chica siempre fue retraída, tímida, pero nunca conflictiva. Nos tomó a todos de sorpresa”, señaló.

📌 Fernando Ubieta, intendente de La Paz, dio detalles sobre la personalidad de la alumna que fue armada a una escuela de Mendoza.

🔹 En +Info a la tarde, con @deboraplager. pic.twitter.com/uqlyHgTGaX

— La Nación Más (@lanacionmas) September 10, 2025

Además, aclaró que no existen antecedentes de problemas psiquiátricos en la familia ni registros de violencia o conductas similares en la escuela.

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Investigación y medidas judiciales

El fiscal a cargo destacó que el procedimiento fue “exitoso” y que la rápida acción policial evitó una tragedia mayor. “La menor está bien y la situación quedó controlada sin heridos”, declaró a Canal 7 de Mendoza.

El Poder Judicial emitió un comunicado donde prohíbe la difusión de imágenes, videos o cualquier dato que permita identificar a la adolescente involucrada, resguardando así su identidad por tratarse de una menor de edad.

Una comunidad en shock

La Paz, con poco más de 10 mil habitantes, es una localidad tranquila, reconocida por su producción de aceitunas y aceite de oliva. La irrupción de un hecho de estas características conmocionó no solo a la comunidad educativa, sino a toda la población.

Por el momento, las autoridades trabajan en el abordaje psicológico de los estudiantes y docentes que estuvieron presentes durante el episodio, mientras que la investigación judicial intentará determinar cómo la menor accedió al arma de fuego y cuáles fueron los motivos que la llevaron a protagonizar semejante situación.

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