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El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad se oficializó mediante el Decreto 84/2026, establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas y centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud. También se designaron nuevas autoridades en el área.
El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La medida quedó formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La ley, identificada como Ley N.º 27.793, había sido sancionada en 2025 y declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Su implementación había quedado suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, lo que derivó en una presentación judicial.
Un fallo obligó al Gobierno a reglamentar la ley
En diciembre de 2025, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo del decreto que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su puesta en marcha inmediata.
El magistrado sostuvo que el condicionamiento resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para personas con discapacidad.
Si bien el Gobierno apeló la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, el juez fijó como fecha límite el 4 de febrero para dictar la reglamentación. Finalmente, el Ejecutivo publicó el decreto dentro de ese plazo.
Qué establece el nuevo decreto
La reglamentación fija las reglas operativas para la aplicación de la ley y crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad.
Entre los principales puntos, el decreto:
Define los criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades de las pensiones.
Establece los procedimientos administrativos para la evaluación socioeconómica.
Dispone la realización de auditorías periódicas para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.
Determina que todas las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Esta conversión implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de miles de prestaciones vigentes.
Refuerzo del rol del Estado y centralización en Salud
El decreto refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud, y le encomienda la coordinación general de la política pública en la materia.
Además, ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y fija un plazo máximo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas.
También ratifica los mecanismos de participación institucional, como el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor.
En los considerandos, el Ejecutivo aclara que la reglamentación se dicta “sin reconocer hechos ni derechos ni consentir los fundamentos del fallo judicial”, aunque con el objetivo de dotar de reglas de aplicación y control al sistema.
Advertencia por las restricciones presupuestarias
La norma reconoce las limitaciones fiscales y establece que las acciones que se acuerden con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción.
Uno de los puntos más sensibles de la implementación será la revisión masiva de pensiones vigentes, necesaria para la transición al nuevo esquema.
Nuevas autoridades en el área de discapacidad
En paralelo a la reglamentación, el Gobierno oficializó la designación de nuevas autoridades dentro de la estructura de discapacidad del Ministerio de Salud.
Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad. El médico sanitarista se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Gianfranco Scigliano asumió como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, a cargo de la implementación normativa y de la validación de los certificados de discapacidad.
Esteban Rafael Giler fue designado subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, con funciones vinculadas a la inclusión social, laboral y educativa.
El Decreto 84/2026 lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Federico Sturzenegger, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
Nacionales
El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral y pasará a Diputados
Tras la media sanción en el Senado, la jefa del bloque libertario sostuvo que “la ley ya está” y presionó para que la Cámara baja la apruebe sin modificaciones. El proyecto fue aprobado en una jornada marcada por protestas y represión.
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El ministro de Seguridad de Córdoba probó un guante eléctrico en vivo y terminó recibiendo una descarga
Juan Pablo Quinteros se sometió al dispositivo durante una presentación oficial en la Jefatura de Policía. El video se viralizó y reabrió el debate sobre el uso de armas menos letales y los límites de las políticas de seguridad.
Durante una demostración oficial de nuevo equipamiento en la Jefatura de Policía de Córdoba, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se sometió en vivo a la descarga de un guante eléctrico que la Provincia evalúa incorporar a la fuerza.
El episodio ocurrió frente a efectivos policiales y cámaras de televisión, durante una salida en directo del programa El Show del Lagarto, y derivó en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Antes de activar el dispositivo, el funcionario intentó distender la situación con una frase del ilusionista Tusam —“puede fallar”— que generó risas entre los presentes. Segundos después, pidió que aplicaran la descarga sobre su propio brazo.
La reacción fue inmediata. Tras recibir el impacto, Quinteros expresó: “No se aguanta”, y comparó la sensación con “diez mil magiclicks al mismo tiempo”. Según señaló luego, le quedó una molestia leve en el brazo, aunque no presentó secuelas visibles.
Debate por el uso de armas menos letales
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el guante eléctrico forma parte de un conjunto de herramientas de control consideradas “no letales”, destinadas a tareas de prevención y a la reducción de personas en procedimientos regulados.
Sin embargo, especialistas en seguridad y derechos humanos advierten que este tipo de dispositivos requiere protocolos claros, capacitación permanente y una supervisión estricta, especialmente en contextos de alta tensión, para evitar abusos o errores operativos.
La difusión del video reavivó el debate público sobre la modernización del equipamiento policial y, al mismo tiempo, sobre los riesgos de incorporar este tipo de armas en intervenciones cotidianas, con un enfoque que distintos sectores califican como marcadamente represivo.
Un gesto político que terminó en papelón
Desde el entorno oficial interpretaron la escena como un gesto político de la conducción del Ministerio para mostrar que “ponen el cuerpo” al presentar el nuevo equipamiento.
No obstante, la demostración terminó siendo leída en redes sociales como un papelón institucional, más asociado al impacto mediático del momento que a una instancia técnica de evaluación del dispositivo.
El nuevo equipamiento y los protocolos de uso
La posible incorporación del guante eléctrico se enmarca en un paquete más amplio de herramientas presentadas por el Gobierno de Córdoba para reforzar el accionar policial en la vía pública.
Entre los anuncios se incluyen 300 cascos balísticos nivel RB3 para personal de investigaciones criminales, escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta de 85 mililitros.
El objetivo oficial es fortalecer la presencia policial y mejorar la respuesta en intervenciones de mayor complejidad. En particular, el guante eléctrico sería incorporado como una herramienta adicional dentro del protocolo de uso escalonado de la fuerza.
Fuentes del Ministerio aseguraron que actualmente el 100 % del personal de la Policía de Córdoba se encuentra capacitado y equipado con armamento menos letal, tanto de puño como largo. Aun así, dentro de la propia fuerza reconocen que el principal desafío es integrar estas tecnologías a prácticas reales de calle, donde el margen de error es mínimo.
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Reforma laboral de Milei y Bullrich la defendió como “la más importante en 50 años”
El Senado debate la reforma laboral del Presidente
El Senado debate la reforma laboral de Milei y Bullrich la defendió como “la más importante en 50 años”
Con cambios acordados con gobernadores y la CGT, el oficialismo busca aprobar el proyecto desde las 11 en la Cámara alta
El Senado comenzó este miércoles el debate del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una sesión clave en la que La Libertad Avanza y sus aliados confían en reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
En el ingreso al recinto, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguró que se trata de “la reforma más importante de los últimos 50 años” y destacó que el texto final es el resultado de un proceso de negociación con distintos sectores políticos, empresariales y sindicales.
La defensa de Bullrich
“Tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas. Es una reforma importantísima que ningún gobierno logró hacer en 50 años. Nosotros lo vamos a lograr”, afirmó la senadora.
Bullrich remarcó que el proyecto fue consensuado con al menos 44 senadores y que el oficialismo accedió a introducir 28 modificaciones para garantizar la aprobación en la Cámara alta.
El tango se baila de a dos.
Y esta Ley de Modernización Laboral es fruto de acuerdos para hacer a la Argentina grande otra vez.
Es la primera reforma en más de 50 años. Y la votamos mañana.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2026
Los cambios clave del proyecto
Luego de varias semanas de negociación con gobernadores y la CGT, el texto que se debate incluye una serie de modificaciones relevantes respecto de la versión original.
Entre los principales cambios se destacan:
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Se eliminó el artículo que reducía del 30% al 27% el Impuesto a las Ganancias para empresas, un punto objetado por las provincias por su impacto en la coparticipación.
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Se confirmó que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias y se descartó el uso de billeteras virtuales.
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Los estatutos y regímenes especiales se derogarán, pero con un plazo de 180 días para la adecuación.
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Se mantiene el aporte solidario a los sindicatos por dos años, con un tope del 2%.
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No se reducirá la alícuota de aportes patronales a obras sociales, que continuará en el 6%.
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Se permitirá el pago en cuotas de sentencias judiciales: hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas.
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Se amplía la lista de servicios esenciales, incluyendo el cuidado de menores, la educación en todos sus niveles, el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad.
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A partir del 1 de enero de 2028, los aportes a cámaras empresarias serán voluntarios, al igual que las cuotas sindicales, que requerirán consentimiento individual expreso.
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Desde 2028, el financiamiento del INCAA pasará a depender exclusivamente del Presupuesto nacional.
Fondo de Asistencia Laboral y aportes empresariales
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones.
El esquema establece:
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Aporte del 1% mensual para grandes empresas.
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Aporte del 2,5% mensual para micro, pequeñas y medianas empresas.
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Posibilidad de incrementar esos porcentajes por decisión del Poder Ejecutivo, con aval de la comisión bicameral correspondiente.
Otros puntos relevantes para las empresas
Desde la óptica empresarial, el proyecto también introduce cambios en:
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El cálculo de indemnizaciones, que se basará únicamente en la remuneración mensual, normal y habitual.
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La actualización de créditos laborales, que se ajustarán por IPC más un 3% anual.
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La registración laboral digital ante ARCA, que será suficiente y no podrá ser complementada con requisitos adicionales de otras autoridades.
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La habilitación de regímenes voluntarios de banco de horas.
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La posibilidad de fraccionar las vacaciones, con un mínimo de siete días.
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Nuevas reglas para juntas médicas en licencias por enfermedad.
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Un régimen de incentivo a la formación laboral y un régimen para promover inversiones productivas.
Negociación política y poroteo
La eliminación del artículo sobre Ganancias fue el principal gesto del Gobierno hacia los gobernadores. Bullrich confirmó que ese punto se postergará para un futuro proyecto de reforma fiscal integral que incluya a Nación, provincias y municipios.
El oficialismo espera reunir alrededor de 44 votos con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR y fuerzas aliadas. El bloque Convicción Federal votará de manera dividida, mientras que el bloque Justicialista y el Frente Cívico por Santiago ya anticiparon su rechazo.
De obtener la media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo prevé una negociación más compleja.
La calle y el rechazo sindical
Mientras se desarrolla la sesión, la CGT y sindicatos combativos realizan protestas y movilizaciones en rechazo a la iniciativa, a la que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.
Críticas de la oposición a la reforma laboral
En paralelo al debate, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza a los gobernadores que respaldan el proyecto.
“Si algunos gobernadores no dieran órdenes a los legisladores, no contarían con los votos suficientes. Tengo muchos años y creí que nunca iba a llegar un momento como este”, sostuvo en declaraciones radiales.
La sesión en el Senado se desarrolla desde las 11 y es considerada clave para el avance de una de las reformas estructurales más importantes del programa del Gobierno nacional.
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