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El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad se oficializó mediante el Decreto 84/2026, establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas y centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud. También se designaron nuevas autoridades en el área.
El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La medida quedó formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La ley, identificada como Ley N.º 27.793, había sido sancionada en 2025 y declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Su implementación había quedado suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, lo que derivó en una presentación judicial.
Un fallo obligó al Gobierno a reglamentar la ley
En diciembre de 2025, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo del decreto que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su puesta en marcha inmediata.
El magistrado sostuvo que el condicionamiento resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para personas con discapacidad.
Si bien el Gobierno apeló la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, el juez fijó como fecha límite el 4 de febrero para dictar la reglamentación. Finalmente, el Ejecutivo publicó el decreto dentro de ese plazo.
Qué establece el nuevo decreto
La reglamentación fija las reglas operativas para la aplicación de la ley y crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad.
Entre los principales puntos, el decreto:
Define los criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades de las pensiones.
Establece los procedimientos administrativos para la evaluación socioeconómica.
Dispone la realización de auditorías periódicas para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.
Determina que todas las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Esta conversión implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de miles de prestaciones vigentes.
Refuerzo del rol del Estado y centralización en Salud
El decreto refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud, y le encomienda la coordinación general de la política pública en la materia.
Además, ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y fija un plazo máximo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas.
También ratifica los mecanismos de participación institucional, como el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor.
En los considerandos, el Ejecutivo aclara que la reglamentación se dicta “sin reconocer hechos ni derechos ni consentir los fundamentos del fallo judicial”, aunque con el objetivo de dotar de reglas de aplicación y control al sistema.
Advertencia por las restricciones presupuestarias
La norma reconoce las limitaciones fiscales y establece que las acciones que se acuerden con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción.
Uno de los puntos más sensibles de la implementación será la revisión masiva de pensiones vigentes, necesaria para la transición al nuevo esquema.
Nuevas autoridades en el área de discapacidad
En paralelo a la reglamentación, el Gobierno oficializó la designación de nuevas autoridades dentro de la estructura de discapacidad del Ministerio de Salud.
Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad. El médico sanitarista se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Gianfranco Scigliano asumió como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, a cargo de la implementación normativa y de la validación de los certificados de discapacidad.
Esteban Rafael Giler fue designado subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, con funciones vinculadas a la inclusión social, laboral y educativa.
El Decreto 84/2026 lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Federico Sturzenegger, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.