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Política

Comenzó el debate por la Ley de Glaciares en Diputados

Un debate político y ambiental de alto voltaje

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La discusión por la Ley de Glaciares entró en una etapa clave este miércoles con el inicio de la audiencia pública en la Cámara de Diputados. El tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo, que ya cuenta con media sanción del Senado, abre uno de los debates más sensibles del año por su impacto ambiental, social y constitucional.

La jornada comenzó a las 10 en la Sala 2 del Anexo C, con participación presencial y transmisión oficial. En total, se prevén más de 28 horas de exposiciones entre este miércoles y el jueves, en un proceso que reúne a miles de voces de todo el país.


Ley de Glaciares: participación récord y fuerte interés social

Uno de los datos más impactantes del proceso es la magnitud de la convocatoria. Más de 102 mil personas se inscribieron para participar en la audiencia pública por la Ley de Glaciares, una cifra inédita en el Congreso.

Durante la primera jornada se desarrollan alrededor de 180 exposiciones presenciales, mientras que un número similar se realizará de forma virtual. Además, miles de participantes enviaron ponencias escritas o en video que quedarán como antecedente formal del debate legislativo.

El mecanismo de selección priorizó a los primeros inscriptos de cada provincia, buscando garantizar representación federal. Sin embargo, este criterio fue cuestionado por sectores opositores y organizaciones ambientales.


Advertencias por el impacto de la reforma

La posible modificación de la Ley de Glaciares genera fuertes críticas a nivel nacional e internacional. Incluso desde organismos vinculados a Naciones Unidas se advirtió que los cambios podrían poner en riesgo el acceso al agua de millones de personas.

El eje del cuestionamiento está en la intención de habilitar actividades extractivas en zonas periglaciares, áreas clave para la regulación hídrica. De avanzar la reforma tal como fue aprobada en el Senado, las provincias tendrían mayor poder para definir qué zonas proteger.

Especialistas, organizaciones socioambientales y sectores académicos alertan que esto podría debilitar los controles actuales y abrir la puerta a explotaciones mineras en áreas sensibles.


Un debate político y ambiental de alto voltaje

El tratamiento de la Ley de Glaciares también expone tensiones políticas. Mientras el oficialismo busca avanzar rápidamente hacia el dictamen, la oposición reclama mayor debate y advierte sobre posibles inconstitucionalidades.

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En paralelo, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ya había manifestado diferencias internas sobre el proyecto, reflejando la división entre provincias, especialmente aquellas con intereses mineros.

Las audiencias públicas, si bien no son vinculantes, se convirtieron en un espacio clave para canalizar el reclamo social y podrían influir en el desenlace legislativo.


Qué puede pasar ahora con la Ley de Glaciares

Una vez finalizadas las audiencias, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen en la primera semana de abril. Luego, el proyecto de la Ley de Glaciares podría ser llevado al recinto de Diputados para su votación definitiva.

Se trata de una discusión que no solo involucra recursos naturales, sino también derechos fundamentales como el acceso al agua, el cuidado del ambiente y el cumplimiento de acuerdos internacionales.

El resultado marcará un precedente clave para el futuro de la política ambiental en Argentina.

Advertencia internacional por la Ley de Glaciares

A las críticas locales se sumó una fuerte advertencia internacional que eleva la tensión sobre la Ley de Glaciares. Relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaron su “preocupación” por las posibles consecuencias de la reforma, especialmente en relación al acceso al agua potable y al impacto sobre el cambio climático. Según señalaron, modificar la normativa podría afectar directamente a comunidades cordilleranas y también a millones de personas que dependen de las cuencas hídricas aguas abajo.

El informe remarca que la iniciativa podría entrar en conflicto con compromisos asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y ambientales, incluyendo el derecho a un ambiente sano y el acceso al agua como derecho fundamental. Además, advierte que habilitar actividades extractivas en zonas periglaciares podría comprometer ecosistemas estratégicos clave para la regulación hídrica.

En ese sentido, especialistas sostienen que la Ley de Glaciares no solo protege hielo, sino reservas naturales de agua dulce esenciales para el país. Por eso, la posible flexibilización de sus alcances no solo abre un debate económico, sino también un escenario de posibles judicializaciones a nivel nacional e internacional.

Política

Benegas Lynch quedó en el centro de la polémica por defender su voto pese a dirigir una empresa que vende tierras

El senador libertario rechazó las acusaciones de conflicto de interés y comparó su situación con la de médicos, abogados y otros profesionales que votan leyes relacionadas con su actividad.

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El senador nacional Joaquín Benegas Lynch quedó envuelto en una fuerte controversia luego de defender públicamente su derecho a votar un proyecto que modificaba la Ley de Tierras, pese a ser fundador y director de una empresa dedicada al asesoramiento e intermediación en operaciones inmobiliarias rurales para inversores argentinos y extranjeros.

La discusión estalló durante la sesión en la que el oficialismo intentó avanzar con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo referido a la Ley de Tierras finalmente fue retirado por falta de respaldo político.

La polémica surgió cuando distintos sectores cuestionaron la participación del legislador en la votación por considerar que existía un posible conflicto de interés debido a su actividad privada.

La frase que generó el debate

Durante su defensa, Benegas Lynch negó que existiera incompatibilidad alguna y lanzó una comparación que rápidamente se viralizó.

«Si yo no puedo votar una ley por tener una empresa del sector, entonces un médico no podría votar leyes de salud y un abogado no podría votar un Código Procesal», planteó el senador.

Además sostuvo que fue elegido precisamente para representar al sector privado.

«Represento al sector privado. Todo lo que hago desde que asumí esta banca es público y no hay conflicto de interés», afirmó.

Sus declaraciones dividieron opiniones tanto dentro como fuera del Congreso.

La empresa que alimentó la controversia

El eje de la discusión gira alrededor de Glocal Terra, la firma fundada y dirigida por Benegas Lynch.

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Según la información publicada en el sitio web de la empresa, Glocal Terra se especializa en:

  • Administración integral de campos.
  • Asesoramiento para inversiones agropecuarias.
  • Compra y venta de tierras.
  • Gestión de propiedades rurales para clientes extranjeros.
  • Operaciones en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

La empresa incluso sostiene haber participado en operaciones vinculadas con más de tres millones de hectáreas en distintos mercados de América Latina.

Ese dato fue utilizado por los sectores opositores para sostener que el senador posee un interés económico directo en una eventual flexibilización de la normativa sobre tierras rurales.

El oficialismo tuvo que retirar el capítulo

La controversia coincidió con otro golpe para el Gobierno.

Ante la falta de votos suficientes en el Senado, el oficialismo decidió retirar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras.

Entre los cambios previstos figuraban:

  • elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras;
  • flexibilizar distintas restricciones establecidas por la legislación vigente.

Para Benegas Lynch, la decisión representó una derrota política.

«La izquierda furiosa nos llevó a no poder votar este capítulo, que era bueno para los argentinos», aseguró durante su exposición.

Las críticas apuntan al conflicto de interés

Quienes cuestionan al senador sostienen que un legislador debería abstenerse cuando una decisión parlamentaria puede beneficiar de manera directa la actividad económica que desarrolla en el ámbito privado.

Desde el oficialismo rechazan esa interpretación.

Benegas Lynch insistió en que la iniciativa no otorgaba ventajas particulares para su empresa.

«Mi empresa forma parte del sector. Un beneficio general no constituye un privilegio particular», escribió también en sus redes sociales.

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Un debate que excede esta ley

La discusión volvió a instalar un tema recurrente en la política argentina: los límites entre la actividad privada y la función pública.

Mientras algunos consideran que la experiencia empresarial aporta conocimiento técnico para legislar, otros sostienen que cuando existen intereses económicos vinculados a una ley determinada deberían aplicarse mecanismos de excusación para evitar cualquier sospecha sobre la imparcialidad del voto.

La polémica quedó instalada y promete seguir generando repercusiones, especialmente después de que las declaraciones de Benegas Lynch se viralizaran en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si la comparación con médicos y abogados resulta válida o si, por el contrario, se trata de un caso de posible conflicto de interés que debería analizarse con mayor profundidad.

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Política

Miles de personas coparon el Congreso y la Policía respondió con una fuerte represión

La movilización convocada por centrales obreras y organizaciones sociales terminó con un fuerte operativo policial mientras el Senado debatía el proyecto. Hubo heridos, detenidos y denuncias por el accionar de las fuerzas de seguridad.

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NACIONALES- La jornada de protesta frente al Congreso de la Nación terminó con imágenes de alta tensión. Mientras el Senado debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las fuerzas de seguridad avanzaron para desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta y camiones hidrantes.

La movilización había sido convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas bajo la consigna «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja». Durante varias horas la concentración transcurrió sin incidentes, pero el escenario cambió por completo cuando comenzó el operativo de despeje.

La represión Congreso se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la jornada debido a la magnitud del despliegue y las imágenes registradas por manifestantes y trabajadores de prensa.

El operativo policial desató los incidentes

Pasadas las 17, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes. La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de la Ciudad aplicaron el protocolo antipiquetes. Los efectivos utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma. El objetivo fue despejar la zona del Congreso.

Los momentos de mayor tensión ocurrieron sobre la avenida Callao, Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen. Muchos manifestantes intentaban retirarse cuando comenzó el avance policial. Las corridas se extendieron hasta la avenida 9 de Julio.

Hubo 12 detenidos y varios heridos

El operativo terminó con 12 personas detenidas. La Policía Federal arrestó a tres personas por atentado y resistencia a la autoridad. La Policía de la Ciudad concretó las otras nueve detenciones.

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Una fotoperiodista sufrió una grave lesión en la cabeza. El impacto le provocó un sangrado en los oídos. Personal médico la asistió en el lugar y luego la trasladó al Hospital Argerich.

Cinco efectivos también resultaron con contusiones. Los médicos los derivaron al Hospital Churruca para realizarles estudios.

Qué reclamaban los manifestantes

La movilización rechazó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo eliminó el capítulo sobre la Ley de Tierras antes del debate. Sin embargo, organizaciones sociales, sindicales y de inquilinos mantuvieron la convocatoria.

Los manifestantes cuestionan los cambios vinculados a los desalojos y a la Ley de Manejo del Fuego. También advierten que la iniciativa puede acelerar procesos judiciales y reducir garantías para quienes enfrentan un desalojo.

El operativo complicó el tránsito

El despliegue policial modificó la circulación en gran parte del centro porteño. Las autoridades cortaron varias calles alrededor del Congreso. Además, desviaron 22 líneas de colectivos y cerraron la estación Congreso de la Línea A.

La protesta también tuvo réplicas en Rosario, Córdoba, Mendoza, La Plata y Salta.

Una jornada marcada por la tensión

Mientras el Senado debatía el proyecto, afuera crecía la tensión. La represión frente al Congreso reavivó el debate sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones.

Las imágenes de gases, balas de goma e hid

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Política

Cae la imagen de Milei: una nueva encuesta revela su peor momento desde que llegó al poder

Un nuevo relevamiento nacional reflejó un marcado crecimiento de la desaprobación hacia el Gobierno. La economía, el poder adquisitivo y las expectativas a futuro aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos

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POLÍTICA-La encuesta Milei elaborada por AtlasIntel volvió a encender las alarmas en la Casa Rosada. La consultora, reconocida por haber anticipado con precisión los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, difundió un nuevo relevamiento que expone un marcado deterioro de la imagen del mandatario y un creciente pesimismo sobre la situación económica del país.

El estudio fue realizado entre el 30 de julio y el 3 de agosto sobre una muestra nacional de 1.120 personas. Los resultados muestran que el 62,4% desaprueba la gestión presidencial, mientras que solo el 37,1% mantiene una evaluación positiva.

 

Se trata de uno de los peores registros obtenidos por Javier Milei desde que asumió la Presidencia y consolida una tendencia descendente que distintas consultoras vienen detectando durante los últimos meses.

La economía aparece como la principal preocupación

Más allá de la imagen del Presidente, el informe refleja un fuerte malestar económico.

El 70% de los consultados considera que la situación económica es mala, mientras que el 56% cree que empeorará durante los próximos seis meses.

Aunque la inflación dejó de ser el principal tema de conversación para muchos argentinos, el relevamiento muestra que las preocupaciones cambiaron de eje. Hoy aparecen con mayor fuerza la corrupción, el desempleo y la incertidumbre sobre el futuro económico.

Sin embargo, AtlasIntel también detectó que la inflación volvió a ganar terreno entre las principales inquietudes, con un crecimiento de 16 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

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La evaluación del Gobierno también cae

La encuesta refleja que el desgaste no se limita únicamente a la figura presidencial.

Más de la mitad de los consultados calificó la gestión nacional como «mala» o «muy mala».

Los datos muestran el siguiente escenario:

  • 54,7% considera que el Gobierno tiene una gestión mala o muy mala.
  • 30,1% la califica como buena o excelente.
  • 15,1% la define como regular.

Estos números consolidan una evaluación negativa de la administración nacional y muestran un clima de creciente descontento social.

Patricia Bullrich lidera el ranking de imagen

Pese al retroceso del oficialismo, el estudio también evaluó la imagen de los principales dirigentes políticos del país.

La ministra Patricia Bullrich aparece como la dirigente con mejor valoración relativa del relevamiento.

Su imagen alcanza:

  • 44% positiva.
  • 51% negativa.
  • 5% sin opinión.

Detrás se ubica Javier Milei con un 39% de imagen positiva frente a un 59% de negativa.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof completa el podio con 38% de imagen positiva y 58% de negativa.

La encuesta deja un dato llamativo: ninguno de los principales referentes nacionales logra tener un saldo favorable entre opiniones positivas y negativas.

La relación con Estados Unidos también genera debate

Otro de los capítulos del informe analizó cómo perciben los argentinos el vínculo entre Argentina y Estados Unidos.

Los resultados muestran una mirada mayoritariamente crítica.

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Entre los principales datos aparecen:

  • El 57% tiene una imagen negativa de Donald Trump.
  • El 48,5% considera negativa la relación actual entre ambos países.
  • El 47,8% cree que Argentina debería mantener una relación más distante con Estados Unidos.
  • El 66,3% sostiene que Trump ejerce mucha influencia sobre la política argentina.

Otras encuestas muestran una tendencia similar

Los números de AtlasIntel no aparecen como un caso aislado.

En las últimas semanas también se conocieron estudios de distintas consultoras que reflejan un deterioro en la percepción pública del Gobierno.

Un informe de Zubán Córdoba & Asociados indicó que el 64% considera que el rumbo del Gobierno es incorrecto y que más de la mitad de los argentinos asegura estar peor que un año atrás.

Por su parte, el Monitor de Opinión Pública de Zentrix ubicó a Javier Milei con una imagen negativa superior al 58%, marcando una caída sostenida durante los últimos meses.

Un escenario político abierto

La nueva encuesta Milei confirma que el Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de opinión pública.

El aumento del rechazo, las malas expectativas económicas y la falta de dirigentes con imagen ampliamente positiva configuran un escenario político de alta incertidumbre.

Aunque todavía falta tiempo para las próximas elecciones nacionales, los sondeos comienzan a mostrar un mapa diferente al de los primeros meses de gestión. El desafío para el oficialismo será revertir una tendencia que, según distintas consultoras, viene profundizándose medición tras medición.

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