SOCIEDAD- Una conversación con ChatGPT terminó desencadenando una investigación policial en Argentina después de que un adolescente de Quilmes manifestara su intención de realizar un ataque contra sus compañeros de colegio. El caso llegó a manos del FBI y, posteriormente, derivó en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en el domicilio del menor.

La investigación comenzó el 19 de agosto, luego de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina remitiera una alerta a las autoridades. El reporte estaba vinculado con un usuario de correo electrónico que habría mantenido conversaciones con ChatGPT en las que expresó intenciones violentas contra un establecimiento educativo.

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena una pregunta cada vez más presente: ¿qué ocurre cuando una persona utiliza una herramienta de inteligencia artificial para expresar amenazas concretas?

ChatGPT, una conversación y una alerta que llegó hasta la Policía Federal

De acuerdo con la información difundida por Infobae, el adolescente habría manifestado durante sus conversaciones su intención de llevar adelante un tiroteo en una institución educativa y matar a compañeros.

Según los elementos incorporados a la investigación, el ataque habría sido pensado inicialmente para 2027, aunque también habría considerado la posibilidad de adelantarlo.

La información recibida por las autoridades estadounidenses permitió iniciar tareas para determinar quién estaba detrás de las conversaciones y dónde se encontraba.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Los agentes realizaron tareas digitales y de campo y recurrieron a técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, con el objetivo de identificar al usuario.

Finalmente, pudieron establecer que se trataba de un adolescente que residía en el partido bonaerense de Quilmes.

El allanamiento en Quilmes y los elementos secuestrados

Con los datos reunidos durante la investigación, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo del fiscal Walter Bruno.

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Luego, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, ordenó el allanamiento del domicilio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, además de distintos elementos que llamaron la atención de los investigadores.

Entre ellos había dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro pasamontañas camuflado y gafas de protección táctica negras.

Los objetos quedaron a disposición de la Justicia para ser analizados en el marco de la causa.

Sin embargo, un dato resulta especialmente importante: no se informó el hallazgo de armas de fuego ni municiones durante el procedimiento.

Por eso, la investigación busca determinar el alcance real de las amenazas y qué grado de preparación existía detrás de las expresiones realizadas por el adolescente.

Qué pasó con el adolescente después del operativo

Tras el allanamiento, tanto el adolescente como sus padres fueron citados para presentarse ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

La identidad del menor y cualquier otro dato que pueda permitir su identificación permanecen bajo reserva debido a su condición de adolescente.

El caso, además, no implica que se haya concretado un ataque. La investigación judicial busca establecer precisamente cuáles eran las intenciones, el nivel de planificación y la existencia o no de elementos que pudieran representar un riesgo concreto.

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El antecedente que ya había encendido las alarmas

El episodio de Quilmes tiene un antecedente reciente.

A comienzos de febrero, la Policía Federal Argentina había intervenido en otra investigación relacionada con presuntos planes de ataques contra establecimientos educativos.

En aquella oportunidad, dos adolescentes de 15 y 16 años, residentes en Jujuy y Buenos Aires, habían quedado bajo investigación por presuntos planes de ataques masivos y de carácter racial.

Esa investigación también se había iniciado a partir de información remitida por el FBI.

Según la información publicada sobre aquel caso, el organismo estadounidense había enviado un informe en julio de 2025 relacionado con conversaciones en redes sociales que contenían mensajes de odio, antisemitismo y referencias a una posible masacre escolar.

Las tareas de inteligencia digital y OSINT permitieron entonces identificar a los titulares de las cuentas investigadas.

Durante los procedimientos se habían encontrado dispositivos electrónicos, municiones, un cuchillo de caza, material con simbología nazi y libros vinculados con la extrema derecha.

El nuevo escenario que plantea la inteligencia artificial

El caso de Quilmes agrega un elemento diferente: la conversación con ChatGPT como punto de partida de una alerta que terminó llegando a las autoridades.

Las herramientas de inteligencia artificial se utilizan diariamente para estudiar, trabajar, escribir, programar o simplemente conversar. Pero también pueden convertirse en espacios donde algunas personas expresan pensamientos o intenciones que despiertan mecanismos de seguridad.

Eso abre un debate complejo sobre privacidad, prevención y responsabilidad.

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En este caso, la información que aportó ChatGPT no terminó directamente en un operativo policial: según la reconstrucción que se publico, la alerta la recibio el FBI y luego se transmitio a las autoridades argentinas, que realizaron su propia investigación para identificar al usuario y determinar dónde se encontraba.

La posterior intervención de la PFA incluyó tareas de inteligencia digital y presencial antes de que la Justicia autorizara el allanamiento.

Por eso, detrás de la espectacularidad del caso existe también una cuestión de fondo: cómo detectar a tiempo una amenaza sin confundir una expresión, una fantasía o una conversación con un ataque inminente.

La Justicia deberá determinar ahora qué significado tuvieron las expresiones realizadas por el adolescente, cuál era su verdadero nivel de planificación y si existía una intención concreta de llevarlas a cabo.

Mientras tanto, el procedimiento dejó una escena inédita: una conversación mantenida con ChatGPT, una alerta internacional, una investigación de inteligencia y finalmente un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

El caso vuelve a demostrar que la inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta tecnológica. También forma parte de un nuevo escenario en el que las autoridades buscan anticiparse a posibles situaciones de violencia antes de que ocurran.

SOCIEDAD- Un caso de violencia digital conmociona a la localidad santafesina de San Justo. Al menos seis adolescentes, de entre 15 y 16 años, fueron víctimas de imágenes falsas creadas mediante inteligencia artificial que alteraron fotografías reales de las jóvenes y las mostraron desnudas.

Las imágenes luego comenzaron a circular por WhatsApp.

El caso llegó al Ministerio Público de la Acusación y quedó bajo investigación del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. La denuncia fue presentada por las familias de las víctimas, que además recibieron acompañamiento psicológico.

La investigación intenta determinar quiénes participaron en la creación y posterior difusión del material.

Y hay un dato que vuelve todavía más complejo el expediente: el principal adolescente señalado tendría 14 años.

“Es un hecho muy perjudicial para las que lo están sufriendo”.

Con esa frase, el abogado Martín Durando, representante de las familias de las adolescentes víctimas, resumió la gravedad de un caso de violencia digital que conmueve a San Justo, en la provincia de Santa Fe.

La denuncia llegó al Ministerio Público de la Acusación y el caso quedó bajo investigación del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Pero detrás del expediente judicial hay familias que, según relató Durando, atraviesan una situación de enorme angustia.

“El daño es inconmensurable”

Durante una entrevista, Durando explicó que las imágenes utilizaron fotografías reales de las adolescentes.

“Son fotos reales en su imagen, en su físico, en su contexto”, explicó el abogado.

La inteligencia artificial fue utilizada para modificar esas fotografías y eliminar digitalmente la ropa de las chicas.

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El resultado fue posteriormente difundido.

Para las familias, el problema no terminó con la creación de las imágenes.

Empezó allí.

“Eso provoca un daño inconmensurable”, sostuvo Durando al describir las consecuencias que comenzaron a sufrir las víctimas.

El abogado contó que algunas adolescentes directamente manifestaron que no querían regresar a la escuela.

“Todo una situación muy angustiante”, describió.

Entre seis y siete chicas serían víctimas

Uno de los datos que aportó Durando durante su testimonio fue la cantidad de adolescentes afectadas.

“Estamos hablando entre seis y siete chicas víctimas”, precisó.

Las jóvenes tendrían entre 15 y 16 años y, según el abogado, serían conocidas del adolescente que aparece inicialmente señalado en la investigación.

El caso habría comenzado con fotografías tomadas de distintos medios y publicaciones disponibles en internet.

Luego esas imágenes fueron procesadas mediante inteligencia artificial.

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Finalmente, el material empezó a circular entre otros adolescentes a través de WhatsApp.

“Aparentemente habría más de un autor”

La investigación todavía intenta determinar quiénes participaron.

En un primer momento, el principal señalado sería un adolescente de 14 años que tendría relación con las víctimas y pertenecería al mismo ámbito educativo.

Sin embargo, Durando dejó abierta una posibilidad que podría ampliar considerablemente el expediente.

“Aparentemente habría más de un autor”, señaló.

La Justicia deberá establecer quién creó las imágenes, quién las difundió y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.

El abogado también explicó que uno de los adolescentes señalados habría reconocido parte de lo ocurrido y pedido disculpas, aunque aclaró que ese aspecto forma parte de la investigación.

El relato de las familias: angustia y miedo

Más allá de la discusión jurídica, Durando puso el foco en lo que viven las víctimas.

Según contó, algunas chicas pudieron retomar progresivamente sus actividades habituales, mientras que otras continúan profundamente afectadas.

“Algunas no quisieron retomar la actividad escolar”, explicó.

Ese impacto es uno de los principales motivos por los cuales las familias decidieron acudir a la Justicia.

No se trata solamente de una imagen falsa.

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Se trata de la utilización de la identidad y la imagen de una adolescente para fabricar contenido sexual y después ponerlo en circulación.

El MPA recibió a las familias

Durando destacó especialmente la respuesta que recibieron por parte del Ministerio Público de la Acusación.

Según explicó, las familias fueron recibidas rápidamente y el fiscal mantuvo contacto con ellas.

Además, las víctimas y sus familiares recibieron acompañamiento psicológico.

“La respuesta del Ministerio Público de la Acusación fue muy buena”, sostuvo el abogado.

También confirmó que ya se tomaron declaraciones y que la investigación continúa.

Para las familias, ese acompañamiento representa un primer paso frente a una situación que, según el abogado, generó un enorme impacto emocional.

El problema legal: ¿cómo encuadrar una agresión creada con IA?

Uno de los mayores obstáculos que plantea el caso aparece en el terreno jurídico.

La inteligencia artificial permitió crear un contenido que hasta hace algunos años era mucho más difícil de producir.

Pero la legislación no siempre avanzó al mismo ritmo.

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Durando explicó que encontrar el encuadre legal preciso para este tipo de hechos puede resultar complejo.

“Buscarle el marco es por ahí la tarea más complicada”, señaló.

El abogado mencionó distintas posibilidades, entre ellas conductas vinculadas con el acceso y divulgación no autorizada de datos, injurias y contravenciones previstas en la legislación provincial.

También podría existir responsabilidad civil.

Y en el caso de menores de edad, el análisis puede alcanzar a sus responsables parentales según las circunstancias que determine la Justicia.

La edad del adolescente y otro punto clave

El expediente tiene además una particularidad relacionada con la edad del principal señalado.

El adolescente tendría 14 años.

Los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil mencionado durante la entrevista.

Por esa razón, Durando remarcó que la nueva legislación no puede aplicarse retroactivamente.

“Una cuestión es la tipificación de la conducta en el marco del derecho penal”, explicó. “Para que una conducta sea punible tiene que estar exactamente subsumida en un tipo que contempla la ley”.

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A eso se suma otro principio fundamental: una ley penal posterior no puede utilizarse para sancionar hechos anteriores si eso perjudica al acusado.

El escenario jurídico, por lo tanto, resulta particularmente complejo.

WhatsApp y la dificultad de detener la viralización

Para el abogado, otro de los problemas centrales está relacionado con la circulación del material.

Las imágenes habrían sido viralizadas principalmente mediante WhatsApp.

Eso vuelve extremadamente difícil determinar hasta dónde llegó el contenido.

“Reviste mucha complejidad determinar hasta dónde ocurrió el daño, la extensión del daño y demás”, explicó Durando.

Cada reenvío puede generar una nueva copia.

Cada copia puede volver a circular.

Y cada persona que recibe el contenido puede convertirse, consciente o inconscientemente, en un nuevo eslabón de la cadena de difusión.

“Nunca sabemos cuáles pueden ser las consecuencias”

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de prevenir la violencia digital.

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En Santa Fe ya está vigente la denominada Ley Ema, que establece un sistema provincial para prevenir y abordar de manera integral la violencia digital en el ámbito educativo.

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente que murió por suicidio luego de atravesar una situación de violencia digital.

Para Durando, episodios como el ocurrido en San Justo muestran por qué el problema requiere respuestas rápidas.

Porque el daño puede aparecer mucho antes que cualquier decisión judicial.

La advertencia del abogado

El testimonio de Martín Durando deja una conclusión contundente.

La inteligencia artificial puede crear una imagen que nunca existió.

Pero las consecuencias de esa imagen pueden ser completamente reales.

En San Justo, las familias de al menos seis adolescentes recurrieron a la Justicia después de que fotografías de sus hijas fueran manipuladas y convertidas en contenido sexual falso.

Ahora el MPA intenta determinar quiénes participaron.

Mientras tanto, las víctimas deben enfrentar las consecuencias de una agresión digital que, según su abogado, ya alteró su vida cotidiana.

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“Algunas no querían ir a la escuela”, relató Durando.

Esa frase resume el verdadero alcance del caso.

No se trata solamente de lo que una inteligencia artificial puede fabricar.

Se trata de lo que una persona puede hacer con esa tecnología cuando decide utilizarla para lastimar a otra.

Martin Durando -Entrevista completa con nuestro notero Sebastian Outeyral

INTERNACIONALES- Jacob Coxon no es un crítico que observa la revolución de la inteligencia artificial desde lejos.

Tiene 27 años y pasó los últimos tres años trabajando en investigación de preentrenamiento de modelos de IA, primero en OpenAI y luego en Anthropic. El martes anunció su renuncia a Anthropic y explicó públicamente por qué decidió abandonar la compañía y, según sus propias palabras, la industria.

Su mensaje fue directo y difícil de ignorar.

Coxon sostuvo que tanto OpenAI como Anthropic están avanzando hacia una superinteligencia auto-mejorante y que ninguna de las dos compañías está actuando de manera responsable frente al riesgo.

Su frase más inquietante fue todavía más contundente: quienes desarrollan estos sistemas, según él, creen sinceramente que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad antes de que termine la década.

No habló de una película.

Habló desde adentro.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.

— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

¿Qué es una superinteligencia?

La expresión puede sonar a ciencia ficción, pero detrás existe una discusión real dentro de la comunidad tecnológica.

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Una superinteligencia sería un sistema capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en prácticamente todos los ámbitos intelectuales.

El escenario que preocupa a investigadores como Coxon agrega otra variable: que esos sistemas puedan mejorar sus propias capacidades.

Ahí aparece el verdadero temor.

Una IA que escribe código es una herramienta poderosa. Una IA que puede escribir código, investigar, descubrir vulnerabilidades, diseñar nuevas estrategias y utilizar esas capacidades para mejorar sus propios sistemas representa un escenario completamente diferente.

Coxon sostiene que la industria se está acercando rápidamente a ese punto sin haber resuelto previamente cómo garantizar que esos sistemas permanezcan bajo control humano.

“Están apostando con nuestras vidas”

El investigador resumió su decisión de abandonar Anthropic con una acusación demoledora.

Según Coxon, los grandes laboratorios están atrapados en una carrera competitiva: si una compañía desacelera, teme que otra continúe y termine consiguiendo una ventaja decisiva.

Ese mecanismo puede generar una paradoja.

Todos conocen los riesgos, pero nadie quiere ser el primero en frenar.

Y cuando todos aceleran al mismo tiempo, la seguridad puede quedar relegada.

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Coxon llegó a plantear que podría ser necesario alcanzar acuerdos entre los principales laboratorios para limitar el ritmo de desarrollo e incluso considerar una pausa temporal en el aumento de capacidades de los modelos.

Lo más incómodo: un investigador de Anthropic le dio la razón

La historia tomó todavía más fuerza después de la reacción de Evan Hubinger, investigador especializado en alineamiento dentro de Anthropic.

Hubinger respaldó públicamente la preocupación de Coxon y afirmó que personalmente considera que existe una probabilidad superior al 10% de que la IA pueda provocar la extinción humana durante la próxima década.

Pero hubo una segunda parte todavía más incómoda.

Hubinger reconoció que Anthropic todavía no tiene un plan capaz de resolver de manera satisfactoria el problema del alineamiento de una superinteligencia.

Es decir: conseguir que una inteligencia artificial extremadamente poderosa mantenga sus objetivos compatibles con los intereses humanos.

Ese reconocimiento cambia el tono de la discusión.

Porque una cosa es que un investigador externo advierta sobre un peligro.

Otra muy distinta es que alguien que trabaja dentro de uno de los principales laboratorios de IA reconozca que el problema todavía no está resuelto.

Por qué renunció Jacob Coxon?

Coxon decidió abandonar Anthropic porque considera que tanto esa compañía como OpenAI están avanzando demasiado rápido hacia sistemas de superinteligencia auto-mejorante.

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Su acusación es directa: las empresas saben que existen riesgos enormes, pero continúan compitiendo porque ninguna quiere quedarse atrás.

“Están corriendo directamente hacia una superinteligencia auto-mejorante y apostando con nuestras vidas”, sostuvo Coxon al explicar su decisión.

Pero su advertencia fue todavía más fuerte.

Coxon aseguró que muchas de las personas que trabajan en el desarrollo de IA creen sinceramente que estos sistemas podrían terminar con la humanidad antes de que termine la década. Y aclaró que, según su experiencia, no se trata de una estrategia de marketing ni de una exageración destinada a llamar la atención.

La pregunta ahora es inevitable:

Si quienes construyen la inteligencia artificial tienen miedo de lo que están creando, ¿por qué siguen avanzando?

Y mientras tanto, la carrera continúa

Anthropic no es la única empresa que acelera.

OpenAI, Google, Anthropic y otros gigantes tecnológicos compiten por construir modelos cada vez más capaces.

La carrera ya no se limita a responder preguntas o generar imágenes.

Los nuevos sistemas pueden programar, utilizar herramientas, investigar, interactuar con servicios externos y realizar tareas durante períodos cada vez más largos.

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Coxon sostiene que subestimar la velocidad de estos avances sería un error.

En su visión, los próximos sistemas podrían superar a los humanos en áreas críticas, encontrar vulnerabilidades informáticas, transformar industrias y adquirir recursos y capacidad de acción de manera cada vez más autónoma.

El mercado también está haciendo su propia apuesta

Mientras los investigadores discuten cómo controlar la inteligencia artificial, existe otra señal llamativa.

En Polymarket, un mercado de predicción sobre la aprobación en Estados Unidos de una ley federal con determinadas medidas de seguridad para IA antes del final de 2026 mostraba aproximadamente un 91% de probabilidad de que no ocurriera, frente a cerca de un 9% para el escenario contrario.

El dato necesita contexto.

No significa que “el 91% de los expertos piense que no habrá una ley”. Son cotizaciones de un mercado de predicción, donde los participantes compran y venden contratos según sus expectativas.

Pero la señal resulta llamativa.

Mientras algunos investigadores piden acelerar la regulación, el mercado está reflejando un escenario en el que una legislación federal integral de seguridad de IA difícilmente llegue antes de fin de año.

El verdadero dilema no es si la IA ya es peligrosa

La discusión más profunda quizá no sea si una inteligencia artificial puede destruir a la humanidad mañana.

No hay evidencia que permita afirmar eso.

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El verdadero problema es otro:

¿Estamos construyendo sistemas cada vez más poderosos antes de saber exactamente cómo controlarlos?

Esa es la pregunta que deja abierta la renuncia de Coxon.

Y es también la parte más inquietante de su denuncia.

Porque si tiene razón, el problema no sería que las empresas no sepan que existen riesgos.

El problema sería que los conocen y continúan avanzando porque ninguna quiere quedarse atrás.

El fantasma de 2030

Coxon no predijo que la humanidad vaya a desaparecer en 2030.

Su advertencia es más perturbadora precisamente porque plantea otra cosa: que dentro de la propia industria existen investigadores y ejecutivos que consideran seriamente posible un escenario de consecuencias catastróficas durante esta década.

Y eso vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa.

¿Quién decide hasta dónde puede avanzar una inteligencia artificial?

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¿Los gobiernos?

¿Los científicos?

¿Las empresas que invierten miles de millones?

¿O simplemente la compañía que consiga llegar primero?

La carrera por la IA continúa.

Y Jacob Coxon decidió bajarse.

No porque crea que la tecnología carezca de futuro.

Todo lo contrario.

Se fue porque cree que puede tener demasiado futuro, demasiado poder y demasiado poco control.

La advertencia ahora está afuera.

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La pregunta es qué hará la industria con ella.