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Policiales

Muerte de Mauro González: el abogado querellante explicó por qué imputaron a una médica policial

El abogado querellante Rodolfo Mingarini explicó los motivos de la imputación por homicidio culposo contra la médica que revisó a Mauro González antes de su ingreso a la Comisaría Octava y cuestionó que no haya dispuesto su derivación a un centro de salud.

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POLICIALES- La investigación por la muerte de Mauro Daniel González sumó una nueva imputación. Una médica que presta funciones en la Policía de Santa Fe quedó acusada de homicidio culposo por su actuación durante la revisión del hombre, horas antes de que muriera en la Comisaría Octava de Santa Fe.

La profesional, identificada como María M., tenía 26 años cuando ocurrió el hecho. Su intervención se produjo después de la detención de González y antes de su traslado a la dependencia policial de avenida General Paz al 7300.

Para la querella, su actuación resulta relevante dentro de la cadena de hechos que terminó con la muerte del hombre. El abogado querellante Rodolfo Mingarini explicó que la acusación contra la médica no se relaciona con la agresión que, según la investigación, sufrió González durante el traslado.

El planteo apunta a una posible omisión en la atención médica.

AUDIO del abogado querellante Rodolfo Mingarini

Qué cuestiona la querella sobre la revisión médica

Mingarini sostuvo que la médica debía aplicar el protocolo vigente para personas detenidas que presentan signos compatibles con consumo de sustancias o un estado de vulnerabilidad.

Según explicó el abogado, la profesional tenía que evaluar de manera integral el estado de González y, si advertía determinadas condiciones, disponer su traslado a un centro sanitario.

La querella considera que eso no ocurrió.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que González presentaba signos evidentes de haber sufrido lesiones. De acuerdo con lo expuesto por Mingarini, el examen médico consignó siete lesiones, mientras que posteriormente se identificaron 22 lesiones visibles.

Para el abogado, esa diferencia resulta significativa al momento de analizar si la revisión fue completa y si permitió determinar el verdadero estado de salud del detenido.

Mingarini también remarcó que González no podía caminar ni hablar con normalidad y que presentaba un cuadro que debía generar una respuesta médica diferente.

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“Lo que le imputó el fiscal fue homicidio culposo”, explicó el abogado querellante al referirse a la acusación contra la médica.

El protocolo que, según la querella, debía aplicarse

Uno de los puntos centrales del planteo de la querella es la existencia de un protocolo obligatorio de actuación para las personas detenidas.

Mingarini señaló que ese procedimiento fue establecido mediante una resolución de 2019 y que debía ser tenido en cuenta por la profesional.

Según explicó, si la médica advirtió o recibió información sobre un posible consumo de estupefacientes por parte de González, debía adoptar medidas específicas frente a esa situación.

La querella entiende que una persona que atraviesa un cuadro de intoxicación, desorientación o vulnerabilidad requiere una evaluación distinta y puede necesitar atención hospitalaria.

Por eso, el abogado considera que la decisión de no derivar a González a un centro de salud constituye uno de los aspectos centrales de la imputación.

La médica quedó vinculada por una posible omisión

La situación de la profesional tiene una diferencia importante respecto de la acusación que pesa sobre los policías que participaron de la detención y el traslado.

Mingarini explicó que la médica no forma parte de la cadena inicial de hechos que, según la investigación, comenzó con el procedimiento del Comando Radioeléctrico.

La querella sostiene que su responsabilidad se analiza desde otro lugar: el de una posible omisión posterior, cuando González ya estaba bajo custodia estatal y pasó por una revisión médica.

El abogado puso el foco justamente en esa diferencia.

Los policías investigados habrían tenido una conducta activa durante la detención y el traslado. En cambio, en el caso de la médica, la Fiscalía analiza si no cumplió con una obligación profesional que podía modificar el desenlace.

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González murió dentro de la Comisaría Octava

Mauro Daniel González fue detenido el 17 de enero en el barrio Yapeyú. Según la acusación fiscal, atravesaba una crisis subjetiva vinculada con el consumo de estupefacientes.

Tras la intervención del Comando Radioeléctrico, fue trasladado hacia la Comisaría Octava.

Durante ese recorrido, los investigadores sostienen que sufrió una serie de agresiones. En el trayecto, los agentes también pasaron por Medicina Legal, donde González fue revisado por la médica ahora imputada.

Luego ingresó a la Comisaría Octava y quedó alojado en una celda.

Horas más tarde, cuando el fiscal de turno dispuso su libertad, los agentes fueron a notificarlo. Fue entonces cuando descubrieron que González estaba muerto.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por broncoaspiración de sus propios fluidos.

Ocho policías fueron imputados

La causa ya había avanzado contra ocho agentes policiales. Cuatro permanecen detenidos con prisión preventiva.

Se trata de Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinalli.

La situación de los cuatro será revisada en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones prevista para el 3 de septiembre.

Otros cuatro policías permanecen en libertad: Sabrina Petitón, integrante del Comando Radioeléctrico, y Juan Cruz Barros, Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, pertenecientes al Cuerpo Guardia Infantería.

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Según la acusación, Amarillo, Aranda, Díaz, Bardinalli y Petitón fueron imputados por tortura seguida de muerte.

Barros enfrenta cargos por presuntas vejaciones, mientras que a Ibarra y Altamirano se les atribuye encubrimiento.

La incorporación de la médica policial abre ahora una nueva línea de análisis dentro del expediente.

El planteo de la querella y el momento de la revisión

Para Mingarini, la intervención médica debe analizarse dentro de todo el contexto de la detención.

El abogado sostuvo que el estado de González al momento de la revisión era determinante. Si una persona llega con lesiones visibles, dificultades para comunicarse y signos compatibles con consumo de sustancias, la atención médica no puede limitarse a una constatación superficial.

La querella entiende que la obligación profesional exigía evaluar si podía permanecer bajo custodia policial o si necesitaba ser trasladado a un hospital.

En ese sentido, el abogado destacó que la médica expresó sus condolencias a los hermanos de González durante la audiencia imputativa.

Sin embargo, aclaró que la profesional sostuvo que había realizado correctamente su trabajo y no declaró durante la audiencia imputativa.

La discusión judicial deberá determinar ahora si existió una omisión relevante y si esa conducta tuvo relación causal con el desenlace fatal.

Una causa que vuelve a poner el foco en la custodia estatal

La muerte de Mauro González generó una investigación compleja que involucra distintos momentos: la detención, el traslado, la revisión médica, el ingreso a la comisaría y las horas posteriores.

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La nueva imputación coloca nuevamente bajo análisis el papel del Estado cuando una persona permanece detenida.

Para la querella, no alcanza con determinar quiénes realizaron las agresiones denunciadas. También debe establecerse si quienes tenían obligaciones específicas de cuidado actuaron de acuerdo con los protocolos.

En el caso de la médica policial, la Fiscalía sostiene que esa eventual omisión puede configurar el delito de homicidio culposo.

La investigación deberá establecer ahora qué información recibió la profesional, qué observó durante la revisión, qué lesiones consignó, qué medidas tomó y si correspondía disponer una derivación hospitalaria.

El punto será clave para determinar si su intervención fue simplemente una revisión médica dentro del procedimiento o si, por el contrario, existió una omisión que tuvo incidencia en la muerte de Mauro González.

Locales

Robo a Red Mutual en Santa Fe: se llevaron $60 millones tras ingresar por un galpón

La sede de la Asociación Mutual Unión Solidaria, ubicada en calle Urquiza al 3026, fue blanco de un robo durante la noche. Los delincuentes habrían ingresado por un galpón y escapado con una suma millonaria. La Policía investiga el hecho.

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POLICALES- Un importante robo sacudió a la ciudad de Santa Fe este viernes. Delincuentes ingresaron a la sede de Red Mutual, ubicada en Urquiza 3026, entre las calles Gobernador Crespo y Suipacha, y sustrajeron una suma que, según el reporte policial, rondaría los 60 millones de pesos.

El hecho fue advertido durante la mañana, cuando personal de la entidad tomó conocimiento de lo ocurrido y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, los autores habrían ingresado al establecimiento durante la noche y accedido a través de un galpón.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de los responsables. La investigación busca establecer cómo lograron entrar, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y cuáles fueron las circunstancias del robo.

Robo a Red Mutual: cómo ingresaron los delincuentes

Según los primeros datos del procedimiento policial, los autores del robo habrían entrado por un galpón y luego accedido a las instalaciones de la mutual.

Un informe inicial también señaló que los delincuentes habrían forzado una puerta para ingresar al establecimiento. Este punto deberá ser precisado a medida que avance la investigación y se reconstruya la secuencia del hecho.

La sede afectada pertenece a la Asociación Mutual Unión Solidaria, conocida como Red Mutual, y funciona en una zona céntrica de la capital provincial.

El monto denunciado representa una suma considerable. Sin embargo, al tratarse de información preliminar, resta conocer si los 60 millones de pesos corresponden al total definitivo del dinero sustraído o si la cifra será ajustada luego de las verificaciones correspondientes.

El robo fue advertido durante la mañana

La incidencia policial quedó registrada este viernes 9 de octubre, alrededor de las 8.05, con intervención de personal de la Unidad Regional I de Santa Fe.

De acuerdo con el reporte, Diego Papaelo, apoderado de la entidad, informó sobre lo ocurrido luego de que se detectara el robo.

Los primeros datos indican que el hecho se habría producido durante la noche anterior. Por esa razón, uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es el momento exacto en que ingresaron los delincuentes y las condiciones en las que pudieron acceder al edificio sin ser detectados.

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Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre personas detenidas ni sobre la identificación de sospechosos.

Qué se sabe sobre la investigación

El caso quedó bajo investigación policial para determinar las circunstancias del robo y reunir elementos que permitan identificar a los autores.

Entre los puntos que deberán esclarecerse se encuentran la modalidad de ingreso, el recorrido realizado dentro del inmueble y el monto definitivo del dinero sustraído.

También resta conocer si el establecimiento contaba con cámaras de seguridad u otros sistemas de vigilancia que puedan aportar imágenes o información útil para reconstruir lo sucedido.

Por ahora, la información disponible es preliminar y no permite establecer cómo se organizó el robo ni si los responsables contaron con información previa sobre el lugar.

Un golpe millonario en el centro de Santa Fe

El robo a Red Mutual vuelve a poner la atención sobre un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento ubicado en una zona transitada de la ciudad.

La cifra informada, cercana a los 60 millones de pesos, es uno de los datos más relevantes del caso. No obstante, será necesario esperar las confirmaciones oficiales para conocer el alcance definitivo del perjuicio económico.

La investigación continúa para determinar quiénes participaron y qué ocurrió durante las horas en que se habría producido el ingreso.

Puente de Noticias seguirá la evolución del caso y actualizará la información cuando se conozcan nuevos datos oficiales.

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Policiales

Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos y se define el futuro de los siete acusados

Comenzaron los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona. La fiscalía define qué responsabilidad atribuye a los siete acusados.

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POLICIALES- El juicio por la muerte de Maradona ingresó este jueves en una etapa decisiva. Después de meses de audiencias, declaraciones y exposición de pruebas, comenzaron los alegatos que permitirán conocer qué responsabilidad penal atribuye la fiscalía a los siete profesionales de la salud que llegaron al banquillo de los acusados.

Los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, son los primeros en presentar sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7. Después será el turno de los acusadores particulares que representan a integrantes de la familia del astro.

El debate comenzó el 14 de abril y reunió durante estos meses testimonios y declaraciones de los acusados. Se trata del segundo juicio por la muerte de Maradona, luego de que el primer proceso fuera declarado nulo en 2025 a raíz del escándalo que involucró a la entonces jueza Julieta Makintach.

Juicio por la muerte de Maradona: las cinco querellas familiares

Después de los fiscales llegará el turno de los abogados que representan a los familiares de Diego Maradona.

La acusación particular está dividida en cinco querellas, que representan a distintos integrantes de la familia del Diez. Cada una tendrá la posibilidad de exponer ante los jueces su interpretación de las pruebas y realizar sus pedidos de condena.

Diego Junior

El primero en alegar será Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior, el hijo italiano del Diez.

Su exposición está prevista inmediatamente después de los fiscales. Ramírez tendrá un máximo de dos horas para desarrollar la posición de su representado.

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Dieguito Fernando

Luego será el turno de Mario Baudry, abogado de Diego Fernando Maradona, hijo de Diego y Verónica Ojeda.

Su alegato está previsto para el martes 13 de octubre, junto con la exposición del abogado que representa a Jana Maradona.

Jana Maradona

También el martes 13 alegará Félix Linfante, representante de Jana Maradona.

La hija de Diego forma parte de las querellas que buscan establecer responsabilidades por lo ocurrido durante los últimos días de vida del exfutbolista.

Dalma y Gianinna

El miércoles 14 será el turno de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona.

Las dos hijas mayores del Diez fueron querellantes desde el comienzo de la investigación y tuvieron una participación activa durante el proceso.

Las hermanas de Maradona

Ese mismo día alegará Pablo Jurado, representante de las hermanas de Diego.

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La querella está integrada por Rita, Claudia y Ana Maradona, quienes también participaron del juicio y declararon durante el debate.

De esta manera, las cinco querellas familiares tendrán su oportunidad de plantear ante el tribunal qué responsabilidad atribuyen a cada uno de los acusados.

Qué pasó durante el juicio

El debate oral comenzó el 14 de abril y tuvo decenas de audiencias en las que declararon testigos, peritos y los propios imputados.

Las pruebas permitieron reconstruir el funcionamiento del equipo que atendió a Maradona durante la internación domiciliaria en una casa de Tigre.

Uno de los principales puntos discutidos fue el rol de Luque. Aunque el neurocirujano había planteado que se alejaba de la atención directa después de la operación de cabeza, distintas pruebas mostraron que continuó siguiendo la evolución de Maradona y mantuvo influencia sobre las decisiones.

Cosachov también quedó en el centro de la discusión por su participación en la internación domiciliaria y por su comunicación con los profesionales que trabajaban en la casa.

Forlini, Perroni, Almirón, Díaz y Di Spagna tuvieron distintos niveles de intervención y sus defensas buscaron remarcar durante el juicio cuáles eran sus funciones específicas.

La acusación, en cambio, intentará demostrar que esas responsabilidades no pueden analizarse de manera aislada.

Juicio por la muerte de Maradona: quiénes son los siete acusados

Los siete imputados llegaron al juicio acusados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Los acusados son:

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  • Leopoldo Luque, neurocirujano.
  • Agustina Cosachov, psiquiatra.
  • Carlos Díaz, psicólogo.
  • Nancy Forlini, coordinadora médica de la prepaga Swiss Medical.
  • Mariano Perroni, coordinador de enfermeros.
  • Ricardo Almirón, enfermero.
  • Pedro Di Spagna, médico clínico.

Durante el debate, la discusión giró principalmente alrededor de los roles que cada uno tenía dentro del equipo que atendía a Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre.

Una de las cuestiones centrales que surgieron en las audiencias fue determinar quién tenía capacidad para tomar decisiones y quién debía actuar frente al deterioro de la salud del exfutbolista.

Leopoldo Luque, uno de los principales señalados

El neurocirujano Leopoldo Luque fue uno de los acusados más mencionados durante el debate. Declaró en varias oportunidades y buscó responder a las acusaciones que pesan sobre él.

La acusación sostiene que Luque era el médico de confianza de Maradona y que mantenía un rol relevante en las decisiones vinculadas con su salud.

Sin embargo, durante el juicio también surgieron elementos utilizados por su defensa para sostener que Luque había decidido apartarse del manejo de la internación domiciliaria después de la operación de cabeza.

El punto que genera discusión es si realmente se alejó de ese rol o si continuó teniendo influencia sobre las decisiones vinculadas con Maradona.

Agustina Cosachov y el manejo de la internación

La psiquiatra Agustina Cosachov también ocupa un lugar central en el expediente.

Según las pruebas expuestas durante el juicio, Cosachov tuvo un papel importante en la internación domiciliaria y era una de las personas que recibía información sobre el estado de Maradona.

Los testimonios también pusieron el foco en lo ocurrido durante la mañana del 25 de noviembre de 2020. Según los relatos incorporados al debate, Cosachov ingresó a la habitación de Maradona alrededor de las 11 y posteriormente manifestó que el paciente no quería atenderla. Para ese momento, según la acusación, Diego ya había muerto.

La defensa de la psiquiatra sostiene que siempre actuó dentro de sus funciones y que buscó brindar la atención que consideraba adecuada.

Carlos Díaz, el psicólogo que tuvo menos protagonismo

El psicólogo Carlos Díaz aparece con menor frecuencia en los testimonios que otros acusados.

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Había ingresado al equipo médico aproximadamente un mes antes de la muerte de Maradona y su tarea estaba relacionada principalmente con el tratamiento de la adicción al alcohol.

Durante el juicio surgió que tuvo pocas intervenciones presenciales y que su trabajo consistía en realizar sesiones en el domicilio.

Uno de los elementos que lo comprometen, según el material presentado durante el debate, son algunos mensajes de WhatsApp en los que opinaba sobre la situación de Maradona y hacía comentarios sobre integrantes de su familia.

Su defensa sostiene que no tenía poder de decisión dentro del equipo médico.

Nancy Forlini y las fallas de comunicación

La coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, quedó vinculada principalmente con la organización de la internación domiciliaria.

De acuerdo con las pruebas analizadas, su función estaba relacionada con autorizar los pedidos realizados por los médicos tratantes y coordinar distintos aspectos del dispositivo de atención.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la comunicación con Cosachov y la interpretación de las responsabilidades que tenía cada profesional.

Incluso ambas protagonizaron un careo durante el juicio, debido a las diferencias existentes sobre lo que cada una entendía que debía hacerse durante la internación.

Las fallas de comunicación entre los integrantes del equipo aparecen así como uno de los puntos centrales que deberá analizar el tribunal.

Mariano Perroni y Ricardo Almirón

El coordinador de enfermeros Mariano Perroni tenía, según lo expuesto en el juicio, principalmente funciones administrativas. Recibía informes del personal que trabajaba en la casa y debía transmitir información a los responsables correspondientes.

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Uno de los elementos que lo complica es una acusación relacionada con la confección de la planilla de enfermería correspondiente al día de la muerte de Maradona.

Por su parte, Ricardo Almirón era uno de los enfermeros que cumplía funciones en la vivienda.

Los testimonios incorporados al expediente cuestionaron su actuación durante las últimas horas de la madrugada del 25 de noviembre. Almirón terminó su guardia alrededor de las 6 de la mañana y realizó el relevo con otra enfermera.

Según uno de los testimonios, antes de retirarse no habría ingresado nuevamente a la habitación para controlar a Maradona. Los peritos que declararon durante el juicio señalaron que para ese momento el futbolista podría haber comenzado a atravesar el proceso que terminó con su muerte.

Pedro Di Spagna, el médico clínico

El último de los siete acusados es Pedro Di Spagna.

Su participación en la atención de Maradona fue más limitada. Intervino como consultor durante la internación domiciliaria y, según lo expuesto durante el debate, en una oportunidad el propio Maradona no quiso recibirlo.

La acusación pone el foco, entre otros elementos, en su participación en un grupo de WhatsApp integrado por profesionales vinculados con la atención del exfutbolista.

Su defensa, en cambio, sostiene que no era el médico clínico designado para la internación y que no tenía capacidad para tomar decisiones sobre el tratamiento.

La fiscalía comienza a definir su posición

Con el comienzo de los alegatos, la fiscalía deberá explicar ante los jueces qué conclusiones extrae de toda la prueba producida durante el juicio y qué responsabilidad atribuye a cada uno de los acusados.

El proceso acumuló decenas de audiencias y más de un centenar de declaraciones entre testigos y acusados. Ahora, los argumentos de las partes serán determinantes para que el tribunal pueda avanzar hacia una decisión.

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El juicio por la muerte de Maradona también representa un momento clave para la familia del campeón mundial, que durante años reclamó que se esclarecieran las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

La causa busca determinar si existieron conductas profesionales que contribuyeron a la muerte de Diego Maradona y, en ese caso, quiénes deben responder penalmente por ellas.

¿Cuándo podría conocerse el veredicto?

Después de los alegatos de los fiscales y las querellas llegará el turno de los abogados defensores.

Las defensas comenzarán sus exposiciones el 20 de octubre y continuarán durante los días 21 y 22. Después, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal pase a deliberar.

El final del debate está previsto para el 22 de octubre. Luego los jueces deberán analizar las pruebas y los argumentos de todas las partes antes de emitir el veredicto.

El juicio por la muerte de Maradona entra así en su tramo definitivo. Después de años de investigación y dos debates orales, la Justicia deberá determinar si los siete profesionales acusados tuvieron responsabilidad penal en la muerte del ídolo argentino.

Por ahora, todos los imputados mantienen su postura de inocencia y sus defensas cuestionan que exista una relación directa entre sus actuaciones y el fallecimiento de Maradona.

La última palabra la tendrán los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

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Policiales

«NUEVA MODALIDAD»: los vieron intentando robar cables de un auto y terminaron detenidos

Un hombre de 23 años y una mujer de 22 fueron detenidos luego de que un testigo los señalara por un supuesto intento de sustraer cables de un automóvil en Santa Fe.

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POLICIALES- Una pareja fue detenida en la ciudad de Santa Fe luego de que un testigo alertara a la Policía sobre un supuesto intento de robar cables de un automóvil.

El procedimiento se produjo este lunes, alrededor de las 18:20, en inmediaciones de Vieyte al 4200. Hasta ese lugar fue comisionado personal del Comando Radioeléctrico (CRE) Santa Fe tras recibir un aviso sobre dos personas que estarían intentando retirar cables de un vehículo.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a un testigo que habría observado la situación. Según manifestó, un hombre y una mujer se encontraban junto al automóvil y aparentemente intentaban sustraer elementos del vehículo.

Tras la situación, la pareja se habría retirado rápidamente del lugar con dirección hacia el sur por calle Lamadrid.

Los buscaron y los encontraron a pocas cuadras

Con la descripción aportada por el testigo y la información sobre la dirección que habrían tomado, los agentes iniciaron una búsqueda por la zona.

El operativo permitió localizar a dos personas en inmediaciones de Hernandarias y Juan Díaz de Solís. Allí, los efectivos procedieron a detener a un hombre de 23 años y una mujer de 22.

Ambos quedaron vinculados a las actuaciones iniciadas a partir del supuesto intento de robar cables del automóvil.

La rápida intervención policial permitió localizar a los sospechosos luego de que se alejaran del lugar donde habría ocurrido el episodio.

Del lugar del hecho a la Comisaría 8.ª

Luego de las detenciones, una unidad policial colaboró con el procedimiento y trasladó a ambas personas para las correspondientes revisaciones médicas.

Posteriormente, fueron llevadas a la Comisaría 8.ª, donde continuaron las actuaciones vinculadas con el caso.

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La investigación quedó relacionada, en principio, con una presunta tentativa de hurto. La situación procesal de los involucrados deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente.

Hasta el momento, la información surge de las actuaciones policiales y del relato del testigo que alertó sobre el supuesto intento de robar cables del vehículo.

“Nueva modalidad”: qué se sabe del caso

El episodio vuelve a poner el foco sobre la sustracción de elementos de vehículos estacionados. En este caso puntual, el aviso de un testigo permitió que el personal policial llegara rápidamente al sector y comenzara la búsqueda de los presuntos involucrados.

Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho deberán establecerse durante la investigación. La expresión “nueva modalidad” surge como una referencia al modo en que habría ocurrido el episodio, pero no implica por sí misma que las autoridades hayan confirmado la existencia de una nueva modalidad delictiva.

Según la información disponible, el objetivo habría sido retirar cables de un automóvil. Tras ser observados, los sospechosos se alejaron por Lamadrid y posteriormente fueron localizados en otro sector de la zona.

Una alerta permitió el procedimiento

El llamado inicial resultó clave para activar el operativo. La información aportada por el testigo permitió orientar la búsqueda y localizar a las dos personas señaladas pocos minutos después.

El procedimiento terminó con un hombre de 23 años y una mujer de 22 detenidos y trasladados para las actuaciones correspondientes.

La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la que determine qué ocurrió frente al automóvil, qué elementos habrían intentado sustraer y cuál es la responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados.

Como en cualquier investigación de este tipo, la detención no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad deberá determinarse a partir de las pruebas y de las actuaciones judiciales.

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