La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentará juicio oral por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, relacionado con el atentado a la AMIA en 1994. Este caso surgió en 2015 a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien sostuvo que el acuerdo buscaba garantizar impunidad a los ciudadanos iraníes acusados del atentado.

Argumentos de la Corte Suprema

La defensa de Fernández de Kirchner planteó que el memorándum era una decisión política no judicializable. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento, señalando que las acusaciones incluyen presuntas negociaciones paralelas al tratado oficial, las cuales podrían haber tenido fines ilícitos. En su fallo, los jueces indicaron que un debate oral es necesario para esclarecer la veracidad de estas hipótesis.

Otros implicados

Además de Fernández de Kirchner, otros acusados incluyen a figuras como Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Andrés Larroque y Luis D’Elía, entre otros. El ex canciller Héctor Timerman, también involucrado, falleció durante el curso del proceso.

Contexto de la denuncia

La denuncia inicial fue desestimada en 2015. La misma se reactivó tras la incorporación de nuevas pruebas, incluyendo grabaciones que vinculaban a funcionarios con supuestos intentos de encubrimiento. En 2017, el juez Claudio Bonadio procesó a varios acusados, aunque las prisiones preventivas no se sostuvieron debido a razones legales y de salud.

En 2021, el Tribunal Oral Federal 8 dictó el sobreseimiento de los implicados, argumentando que el memorándum era un acto político. Sin embargo, las apelaciones de la DAIA y de familiares de las víctimas llevaron a la Cámara de Casación a ordenar que el caso avanzara hacia un juicio oral, decisión que ahora ha sido respaldada por la Corte Suprema.

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Próximos pasos

El tribunal encargado del juicio estará compuesto por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes ya han emitido fallos en casos previos contra la exmandataria. Este proceso, altamente politizado y controvertido, seguirá generando amplio debate en el ámbito judicial y político de Argentina.

Política-Este miércoles 4 de diciembre, el dólar blue retrocedió $5 respecto a su cotización previa y ahora se posiciona en $1085 para la venta y $1060 para la compra en el mercado informal. Este descenso consolida la tendencia bajista que inició ayer, cuando perforó el umbral de los $1100, una cifra que no se veía desde mayo.

Por su parte, el dólar oficial se mantiene en $1042,35 para la venta y $983,73 para la compra, según los valores del Banco Central, mientras que el dólar mayorista, utilizado principalmente en transacciones comerciales, opera en $1012,50.

Cotizaciones financieras y alternativas

En el ámbito financiero, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1075,65, mientras que el contado con liquidación (CCL), que permite obtener divisas en el exterior, se encuentra en $1107,92. Estas opciones continúan siendo herramientas legales para dolarizarse en medio de las restricciones cambiarias.

En cuanto a los tipos de cambio para viajes y compras en el extranjero, el dólar tarjeta y el dólar turista, que incluyen impuestos como el PAIS y percepciones a cuenta de Ganancias, se posicionan en $1667,76.

Criptomonedas y contexto

Además de las opciones tradicionales, las criptomonedas siguen ganando terreno como alternativas para protegerse de la volatilidad. Actualmente, el bitcoin cotiza a US$96.403,55 y se mantiene como la criptomoneda más utilizada a nivel global.

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El mercado cambiario se encuentra en un contexto de fuerte emisión monetaria y demanda estacional de divisas, lo que presiona las distintas cotizaciones. La baja del dólar blue, aunque leve, refleja cierta estabilización en el mercado paralelo tras semanas de alta volatilidad.

Expectativas

Con una brecha cambiaria que sigue siendo alta respecto al dólar oficial, las políticas del Banco Central para contener las fluctuaciones serán clave en los próximos días. La evolución del dólar blue, que sigue siendo un referente para las transacciones informales, será observada de cerca tanto por ahorristas como por inversores.

En este escenario, la posibilidad de nuevos movimientos dependerá de factores como la liquidación de exportaciones, la demanda de pesos hacia fin de año y las expectativas sobre la economía para 2025.

Dolar Blue / Dolar Libre:
Compra: $ 1070
Venta: $ 1090

04/12/2024 – 10:05 pic.twitter.com/9ewpXuuZBT

— DolarHoy (@dolarhoy) December 4, 2024

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La tensión entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) se intensifica tras la decisión del rector Ricardo Gelpi de recurrir a la Justicia para bloquear una auditoría impulsada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En la Casa Rosada anticipan que no solo responderán ante cualquier fallo adverso sino que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema para sostener la medida.

Disputa por la interpretación legal

El enfrentamiento se centra en la interpretación de la Ley de Administración Financiera 24.156 y la normativa 24.521. Desde la UBA sostienen que la SIGEN carece de competencias para auditar sus cuentas, ya que las universidades nacionales gozan de autonomía financiera y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En contraste, el oficialismo argumenta que los fondos que recibe la UBA del Tesoro Nacional justifican la intervención del organismo de control.

Miguel Blanco, titular de la SIGEN, asegura que la auditoría busca «transparencia en el uso de los recursos públicos» y que no se trata de una interferencia en la educación gratuita. Según fuentes del organismo, se han identificado $8.000 millones en gastos no rendidos vinculados a programas como FUNDAR, lo que motivó la auditoría.

Plan de acción: ¿Camino a la Corte?

El Gobierno planea apelar cualquier fallo judicial que favorezca a la UBA y sostiene que la SIGEN continuará con la auditoría mientras avanza el proceso legal. La estrategia incluye posibles medidas cautelares para evitar la interrupción del control. «Donde hay fondos públicos, debe haber auditorías», aseguran desde la Procuración del Tesoro.

Objetivos y alcance de la auditoría

La SIGEN ya notificó a la UBA sobre el inicio de la auditoría y espera que la universidad entregue documentación sobre transferencias, convenios y rendición de gastos. El análisis abarcará desde el origen de los fondos hasta su ejecución, con especial atención a compras de materiales y contrataciones de servicios.

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Si bien la UBA es auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), el Gobierno considera que esos controles son insuficientes y busca realizar una revisión más exhaustiva. Desde la universidad, sin embargo, denuncian que la medida constituye una virtual intervención que vulnera su autonomía.

El conflicto podría terminar definiéndose en la Corte Suprema, mientras la SIGEN acelera la designación del equipo de auditores para comenzar con el control de las cuentas universitarias.