Este miércoles, miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias saldrán a las calles de todo el país en una Marcha Federal Universitaria convocada en «defensa de la universidad pública y el sistema científico nacional». La principal consigna de la movilización es rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que ha generado una ola de indignación y malestar en el sector educativo.

La marcha principal se llevará a cabo a las 17 en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires, y contará con réplicas en las principales ciudades de todas las provincias. En Santa Fe la concentración será en Rectorado UNL. La comunidad educativa se unió bajo el lema: “La universidad no es el problema, es parte de la solución”, una frase que sintetiza el sentimiento de frustración ante lo que consideran un ataque directo al acceso a la educación pública.

ES HOY – MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA 🇦🇷

La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el presente y el futuro del país.

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— F.U.A. (@laFUA) October 2, 2024

La UNL adhiere a la marcha en defensa de la universidad pública

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) respaldó por unanimidad la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa del financiamiento universitario. En una sesión realizada este jueves, se decidió sumarse a la marcha federal del 2 de octubre, que en Santa Fe se concentrará en el Rectorado de la UNL a las 17:30. La declaración expresa la preocupación por la situación crítica del sistema universitario y científico, debido al desfinanciamiento y a la situación salarial del personal docente y no docente.

Además, la UNL destacó que la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario había generado esperanzas, pero estas se ven amenazadas por la posible decisión del gobierno nacional de vetar dicha ley. La movilización busca reclamar un presupuesto adecuado para las universidades públicas, motor clave de la movilidad social y el desarrollo del país.

El veto presidencial: ¿decisión técnica o política?

El conflicto se desató luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento de Universidades, sancionada recientemente por el Congreso. Según el Ejecutivo, las universidades nacionales presentan irregularidades en sus presupuestos y «exageran» la cantidad de alumnos matriculados para aumentar sus ingresos. Carlos Torrendell, secretario de Educación, acusó a varias casas de estudio de «inventar alumnos» para justificar fondos que, según el gobierno, no son necesarios. Esta afirmación ha provocado una fuerte respuesta de los sectores educativos, quienes la consideran una estrategia para desprestigiar a las universidades y justificar los recortes.

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Sin embargo, la polémica no se detiene en las declaraciones. El ajuste que viene sufriendo el sector educativo es evidente: los gremios docentes han denunciado que más del 60% de los trabajadores universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. La propuesta del gobierno de un incremento salarial del 5,8% en octubre fue rechazada por los gremios, calificándola de “insuficiente” y «lejos de las necesidades reales». El paro de 48 horas llevado a cabo por docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires la semana pasada fue solo una muestra del creciente descontento.

Una movilización que va más allá de la educación

El clima de descontento resono en otros sectores sociales, con la Confederación General del Trabajo (CGT) respaldando la movilización en defensa de la educación pública. «No estamos marchando solo por los salarios o los presupuestos. Estamos marchando por el futuro de nuestras universidades y por el derecho de los trabajadores y sus hijos a acceder a una educación de calidad», expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a la juventud a participar activamente en la marcha, advirtiendo que se está jugando no solo el presente de la educación pública, sino el futuro del país. «Es un ataque directo a uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad», aseguró en sus redes sociales, provocando una ola de apoyo y reacciones en el espectro político.

La respuesta del gobierno: acusaciones y desinformación

Lejos de calmar las aguas, el gobierno ha endurecido su postura en los últimos días. El presidente Milei y varios de sus ministros, como José Luis Espert, han criticado abiertamente a las universidades y han acusado a los manifestantes de distorsionar los hechos. Espert llegó a decir que los “docentes millonarios” estaban manipulando la realidad para obtener mayores fondos, lo que fue inmediatamente desmentido por los gremios, que señalaron que la gran mayoría de los trabajadores universitarios lucha por salarios dignos.

El gobierno, por su parte, ha acusado a sectores opositores de “politizar” la marcha y de utilizar la defensa de la educación como una herramienta para desacreditar la gestión de Milei. “No es una movilización genuina. Están utilizando a los estudiantes como excusa para atacar a nuestro gobierno”, declaró el ministro de Educación, tratando de desinflar la masiva convocatoria que se espera para hoy.

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Un enfrentamiento de largo aliento

Lo cierto es que la disputa entre el gobierno y las universidades se ha vuelto un conflicto de gran magnitud. Las declaraciones cruzadas, el descontento creciente y las movilizaciones que se han sucedido en todo el país han marcado un antes y un después en el debate sobre la educación pública en Argentina. La marcha de hoy es solo el último episodio en una serie de enfrentamientos que, según los protagonistas, no tiene visos de resolverse a corto plazo.

Hoy, miles de personas saldrán a las calles en defensa de lo que consideran uno de los derechos fundamentales de la sociedad: el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno atenderá estos reclamos o si el conflicto seguirá escalando en un contexto de profunda crisis social y económica.