Nacionales
Incendios en Córdoba: negocios inmobiliarios y recortes presupuestarios detrás del desastre ambiental
Entre leyes, presupuestos, intereses y negligencias, Córdoba enfrenta la peor catástrofe ambiental
En Córdoba, los incendios forestales son una amenaza recurrente, pero este año, la situación es aún más crítica. Las llamas arrasaron unas 40.000 hectáreas, afectando áreas protegidas y poniendo en riesgo vidas humanas y ecosistemas enteros. Si bien factores climáticos como la sequía y los vientos calurosos empeoran el panorama, el verdadero catalizador de este desastre son las decisiones políticas que han desmantelado las estructuras de protección ambiental, combinadas con la negligencia en la ejecución de fondos públicos.
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El gobernador Martín Llaryora, quien intento mostrar preocupación al pedir ser querellante en la causa de dos detenidos por los incendios en Punilla, enfrenta críticas por apoyar medidas que han debilitado la protección de los recursos naturales. En paralelo, prácticas negligentes durante entrenamientos militares en La Calera también encendieron nuevas alarmas, sumando otra dimensión a la crisis que vive la provincia.
Córdoba bajo fuego: palos en la rueda
A nivel nacional, el problema es aún más grave. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, promulgado por el presidente Javier Milei, ha profundizado la crisis al desregular el manejo de tierras y facilitar su venta a capitales extranjeros, mientras que se desmantelan leyes clave para la protección del medio ambiente. La derogación de la Ley de Tierras, que limitaba la posesión de terrenos rurales por parte de extranjeros, y el desfinanciamiento de fondos como el FODIS (Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables) ponen en peligro el futuro de los bosques nativos y los ecosistemas.
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Ley de Manejo del Fuego
Entre las principales víctimas de estos recortes está la Ley de Manejo del Fuego (LMF – N°26.815), que fue desfinanciada. Aunque Milei no la derogó directamente, la falta de recursos ha dejado a la ley casi sin efecto práctico. Solo se ha ejecutado el 26,7% del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego durante la primera mitad del año, una cifra alarmante si la comparamos con años anteriores, cuando se ejecutaban porcentajes mucho mayores (45% en 2021, 70% en 2022, 78% en 2023).
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Este desinterés estatal por el manejo del fuego no es nuevo. En 2017, el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, eliminó el fondo especial que financiaba el Plan Provincial de Manejo del Fuego, cortando una fuente vital de recursos. Estos fondos, que provenían de un aporte especial cobrado a través de la factura de EPEC, estaban destinados a comprar aviones hidrantes y a financiar programas de prevención y educación ambiental. La falta de estos recursos deja desprotegida a la provincia frente a los incendios.
Los números hablan por sí solos: en 2010, cuando el plan provincial estaba activo, hubo 210 incendios que afectaron 10.200 hectáreas. Este año, en un solo incendio, se perdieron 12.000 hectáreas. Mientras tanto, el actual gobierno provincial y nacional parecen más interesados en facilitar negocios inmobiliarios que en proteger el medio ambiente.
Ley Nacional de Bosques Nativos
La Ley Nacional de Bosques Nativos también ha sido víctima de recortes. Esta norma, sancionada en 2007, debería garantizar fondos suficientes para la protección y restauración de los bosques. Sin embargo, el presupuesto propuesto para 2025 es apenas una fracción de lo que exige la ley: en lugar de los $352.664 millones que deberían asignarse, solo se destinarán $9.090 millones.
Mientras tanto, el gobierno nacional se resiste a declarar la «emergencia nacional» solicitada por Córdoba, y la ayuda ha llegado principalmente desde otras provincias, como Buenos Aires, Chubut y Santa Fe. A pesar de la gravedad de la situación, las soluciones parecen venir más de la solidaridad entre provincias y la entrega incansable de los bomberos y brigadistas, que del accionar de las autoridades.
Córdoba está en llamas, pero lo que realmente arde es la negligencia y el desinterés político que han dejado a la provincia sin herramientas para enfrentar el fuego.
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