A través del Decreto 196/2025, el Gobierno nacional oficializó una reforma profunda a la Ley Nacional de Tránsito con el objetivo de agilizar trámites, reducir la burocracia y modernizar el sistema de licencias de conducir en Argentina. Entre los principales cambios se destaca la validez nacional de la licencia digital y la posibilidad de renovar el carnet sin salir de casa.

Renovación digital y adiós al trámite presencial

Desde este año, las licencias particulares de tipo A, B y G podrán renovarse de manera completamente remota. Para ello, el conductor deberá presentar un certificado de aptitud psicofísica emitido por un médico habilitado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Estos chequeos pueden realizarse en centros médicos públicos o privados autorizados, sin necesidad de acudir a un centro municipal. Una vez cargados los datos, la licencia se actualiza automáticamente en la aplicación Mi Argentina, donde ya figura su versión digital, ahora con plena validez en todo el país. La versión física se vuelve opcional.

Cambios clave: se elimina la LiNTI

Otro punto fundamental de la reforma es la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, las licencias nacionales profesionales de tipo C, D y E —emitidas por jurisdicciones autorizadas por la ANSV— serán válidas para el transporte de cargas y pasajeros entre provincias. Esto pone fin a la duplicación de trámites y carnets, ya que hasta ahora se requería una licencia profesional local más una interjurisdiccional otorgada por Nación tras una capacitación adicional.

Plazos de vigencia por edad

La nueva normativa también modifica la vigencia del registro según la edad del conductor:

• Menores de 21 años: 5 años.

• Entre 21 y 65 años: 5 años para todas las categorías.

• Mayores de 65 años: cada 3 años para licencias A, B y G; cada 2 años para C, D o E.

• A partir de los 70 años: renovación obligatoria cada año, con aprobación de examen psicofísico.

En todos los casos, si el conductor acumula infracciones graves o es principiante y comete faltas dentro de los primeros dos años de emisión de su licencia, deberá rendir nuevamente los exámenes teórico y práctico para conservar el permiso.

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Más libertad y simplificación

La reforma también permite que el domicilio real del conductor no coincida necesariamente con el de emisión de la licencia, y facilita la actualización digital del domicilio. Asimismo, el nuevo esquema promueve la competencia entre prestadores médicos, ya que no se cobrará un canon y cualquier profesional que cuente con la aparatología requerida podrá registrarse para emitir los certificados psicofísicos.

Con esta serie de cambios, el Gobierno busca simplificar procesos, fomentar el uso de herramientas digitales y garantizar la seguridad vial mediante controles médicos descentralizados y más accesibles para los ciudadanos.

POLITICA– En una jugada inesperada que expone las complejas alianzas que recorren el Congreso, el Senado rechazó la ley de Ficha Limpia. Pese a haber obtenido mayoría simple (36 votos a favor y 35 en contra), la iniciativa no alcanzó la mayoría absoluta requerida para modificar el Código Electoral. El dato decisivo: los votos negativos de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, alineados con Carlos Rovira. El resultado: Cristina Kirchner podrá ser candidata.

El revés legislativo fue un duro golpe para Juntos por el Cambio y los sectores que impulsaban la norma como un símbolo contra la corrupción. La maniobra, sin embargo, tuvo actores de peso tras bambalinas: la Casa Rosada operó silenciosamente para evitar que la ley prosperara, al tiempo que mantenía una puesta en escena de respaldo junto a sus socios del PRO y la UCR.

Una puesta en escena libertaria para contener a la tribuna propia

Durante todo el día, desde el oficialismo se mostraron alineados con la sanción del proyecto de ficha limpia, e incluso buscaron convencer a radicales indecisos para pedir cambios que devolvieran el expediente a Diputados y dilataran el proceso. La estrategia era clara: trabar la ley sin aparecer directamente como responsables de su caída.

Un caso emblemático fue el del senador santacruceño José María Carambia. Según confirmó un legislador oficialista, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, lo visitó en su despacho pocas horas antes de la sesión para intentar convencerlo de votar en contra. Sin embargo, Carambia y su compañera de bloque, Andrea Gadano, terminaron votando afirmativamente, desarticulando esa alternativa.

Misiones activó el “plan B” del Gobierno

Con el fracaso de la presión sobre Carambia, el Gobierno activó otra carta: los senadores misioneros. En una jugada de último momento, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce votaron en contra, inclinando la balanza. Ambos responden a Carlos Rovira, un viejo aliado del peronismo que mantiene fuertes vínculos con el subsecretario General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

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La relación entre Menem y Rovira no es nueva: en abril de 2024, LPO reveló un acuerdo político sellado entre ambos, con el aval del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La intervención del Gobierno nacional habría tenido como objetivo central salvar el pacto con el kirchnerismo y evitar la interpelación de Karina Milei en el Congreso por el escándalo Libra.

Una victoria del peronismo y un bochorno para la oposición

La caída de la ley fue celebrada entre líneas por senadores como José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, quienes nunca dieron por perdida la votación. Los tres se habían reunido el día anterior con Cristina Kirchner en el Instituto Patria, anticipando una jugada que pocos imaginaban.

Mientras tanto, en los estudios de televisión, los impulsores de la ley, como Silvia Lospennato, preparaban un festejo que terminó siendo un papelón televisado. El mensaje de fondo fue claro: la política tradicional aún tiene resortes para imponer sus propias reglas, más allá del discurso anticasta.

Nacionales- Un plenario en Diputados definirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija la imputabilidad desde los 14 años y contempla medidas integrales para menores en conflicto con la ley.

Conformado por cuatro comisiones de la Cámara de Diputados debatirá este martes el dictamen de un proyecto de Régimen Penal Juvenil que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el PRO y otros aliados parlamentarios, cuenta con amplio consenso entre los bloques, aunque enfrenta una fuerte oposición del kirchnerismo, sectores de la izquierda, organismos de derechos humanos y de la Iglesia Católica.

El proyecto surge en medio de un fuerte clima social generado por casos de inseguridad protagonizados por menores de edad, como el trágico asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años arrastrada por dos delincuentes adolescentes tras el robo de un auto.

Pese a que hay más de 15 iniciativas presentadas, un texto elaborado a lo largo de ocho sesiones informativas —y con el aporte de especialistas de distintas disciplinas— logró reunir los mayores niveles de acuerdo. Participan en el plenario las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Presupuesto y Justicia, presididas por legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza.

Un nuevo régimen para reemplazar una ley obsoleta

El texto en discusión propone derogar la ley 22.278 —vigente desde la dictadura militar— por un nuevo marco legal de al menos 53 artículos distribuidos en once capítulos. No se trata únicamente de bajar la edad de imputabilidad, sino de instaurar un sistema penal juvenil integral, adaptado a estándares internacionales que Argentina ha suscripto, y que prioriza la educación, el acompañamiento interdisciplinario y la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley.

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La edad mínima para ser penalmente imputable se fijaría en 14 años, en línea con la mayoría de los países de América Latina. El nuevo régimen se aplicará a jóvenes entre 14 y 18 años y considerará la edad al momento de cometido el hecho.

Desde el oficialismo aclaran que no todos los adolescentes serán encarcelados por cometer delitos: la privación de libertad será el último recurso, reservado para los casos más graves y con fundamentos concretos. Se prevén alternativas como la amonestación, el monitoreo electrónico, servicios comunitarios, la reparación del daño, y programas de inclusión educativa, laboral o psicológica.

Un cambio estructural con medidas integrales

Entre las medidas complementarias que acompañarán a las sanciones se incluyen: tratamiento psicológico, programas de capacitación, prohibiciones de consumo de sustancias, y la obligatoriedad de continuar con la escolaridad. También se prohíbe expresamente el uso de la prisión perpetua y se fija un límite máximo al cumplimiento de penas.

En caso de detención, el proyecto establece que los adolescentes no se alojarán en cárceles comunes ni junto a adultos. Además, contempla modalidades como prisión domiciliaria o internación en institutos especializados, con seguimiento judicial y evaluaciones interdisciplinarias.

El respaldo del massismo y los cuestionamientos del kirchnerismo

Aunque Unión por la Patria expresó su rechazo al eje central del proyecto, el massismo —a través del diputado Ramiro Gutiérrez— presentó una iniciativa propia que también contempla la imputabilidad desde los 14 años.

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Desde el sector más duro del kirchnerismo, en cambio, se insiste en que la baja de edad no resolverá el problema estructural de la inseguridad. En esa línea, monseñor Dante Braida, presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, se pronunció en contra: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

Un debate clave con fuerte impacto político y social

Los impulsores del proyecto afirman que la reforma es necesaria para llenar un vacío legal que actualmente deja a menores involucrados en delitos graves en una zona gris, sin juicio formal ni garantías procesales, y en condiciones de internación ambiguas.

El nuevo régimen contempla principios como el debido proceso, la presunción a favor del menor (in dubio pro minoris), la proporcionalidad de las penas y el derecho del adolescente a ser oído. También se garantiza la intervención de defensores públicos y el acompañamiento de los padres.

La sesión de mañana podría definir el destino del dictamen. Si bien aún no hay anuncio oficial de votación en el recinto, el amplio respaldo político sugiere que el nuevo Régimen Penal Juvenil podría convertirse en una de las primeras reformas estructurales de la gestión Milei en el Congreso.

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