En medio de tensiones laborales en Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció una recomposición salarial histórica para el personal de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario, con una garantía de ingresos mínimos y nuevos pluses por destino y funciones. La medida —que será aplicada desde febrero y abonada en marzo— busca responder al reclamo salarial del sector y consolidar la carrera en áreas de mayor riesgo.

📊 “Ningún policía ni penitenciario va a percibir menos de $1.350.000 mensuales,” aseguró Pullaro en conferencia de prensa.

A partir de ahora, ningún policía ni agente del servicio penitenciario de nuestra provincia percibirá un sueldo inferior a $1.350.000.

Este aumento es en reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo y, sobre todo, a los resultados que estamos logrando con nuestro Plan de… pic.twitter.com/wh5vmI2HPI

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 12, 2026

¿Cómo queda el salario policial tras el anuncio?

Según detalló el gobierno provincial, la estructura salarial quedó segmentada para reconocer la operatividad y la exposición al riesgo de funciones específicas.

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Garantías y mínimos

• Piso garantizado: $1.350.000 para todo el personal —incluye técnicos, administrativos y operadores del 911—.

• Operativos de calle: con adicionales por canasta básica y tarjeta alimentaria, el mínimo supera los $1.438.835.

Pluses por destino y función

• Zonas de alta conflictividad como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Santo Tomé: +$500.000 → $1.938.835.

• Conducción de móviles policiales: +$250.000 → $2.188.835.

• Secciones especiales (Comando Radioeléctrico, BOU, Guardia de Infantería): hasta $2.084.000 sin móvil y $2.334.535 con conducción.

📌 Estos montos representan aumentos estructurales sobre escalas que antes oscilaban entre $960.000 y $1.200.000.

Datos claves

🔥 Más de $2,3 millones: los ingresos más altos para efectivos operativos con pluses completos.
📍 Rosario, Santa Fe y Gran Rosario: zonas con reconocimiento mayor por riesgo y conflictividad.

Tras el anuncio: ¿qué impacto tuvo en la fuerza?

La decisión gubernamental surgió en el marco de una protesta policial que incluyó movilizaciones y sirenazos frente a la Jefatura de Rosario por reclamos salariales y condiciones laborales. Tras los anuncios, las protestas fueron levantadas, y varios sectores plantearon que la recomposición fue un paso clave para “normalizar el servicio y reconocer la tarea operativa”.

Además del aumento, Pullaro anunció medidas complementarias para el bienestar del personal, como la ampliación de frecuencias de transporte, refuerzos en gabinete psicológico y boleto específico para agentes —todos planteados como parte de una política integral para mejorar condiciones de trabajo.

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Análisis del contexto salarial en seguridad

El desafío principal del gobierno provincial ha sido compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de alta inflación nacional, sin crecimiento económico sostenido. Según Pullaro, el esfuerzo presupuestario responde no solo a la presión de reclamos sino también a la necesidad de sostener la carrera policial como herramienta de seguridad pública efectiva.

Economistas y analistas han destacado que la recomposición salarial en fuerzas de seguridad es una tendencia en varias provincias argentinas ante reclamos similares, aunque Santa Fe se posiciona con una de las estructuras salariales más altas del país. (Hipervínculo a análisis interno sobre salarios públicos en Argentina) [ENLACE INTERNO PLACEHOLDER]

Conclusiones y pasos a seguir

• 🎯 Relevancia: La recomposición salarial impacta en una base histórica de personal y apunta a retener talento operativo.

• 📈 Incrementos reales: El esquema variable según destino y función presenta montos por encima de la inflación actual.

• 🔎 Desafíos pendientes: Coordinación con gremios para garantizar condiciones de trabajo, descanso y salud mental, elementos que formaron parte del conflicto inicial.

Cierre: ¿qué sigue ahora?

El gobierno de Santa Fe promulgó formalmente el decreto salarial que garantiza nuevos mínimos y pluses para policías y penitenciarios. El siguiente paso será monitorizar la implementación efectiva de estos cambios en los recibos de sueldo del personal a partir de marzo, y evaluar cómo influye esta recomposición en los indicadores de seguridad pública y en la estabilidad laboral de las fuerzas

Policiales- Una protesta policial que escaló y dejó a la fuerza en el centro del conflicto.La provincia de Santa Fe atraviesa horas de alta tensión institucional luego de que una protesta salarial encabezada por policías activos y retirados derivara en enfrentamientos entre los propios efectivos, cortes de calles y una fuerte respuesta del Gobierno provincial, que anunció la separación de al menos 20 agentes por acciones consideradas “violentas y antijurídicas”.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde familiares de policías iniciaron una manifestación que luego fue acompañada por efectivos que se encontraban en servicio. La situación se replicó también en la ciudad de Santa Fe, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno en señal de protesta.

🚨 ATENCIÓN. La Policía de Santa Fe amenaza con TOMAR LA CASA DE GOBIERNO de Santa Fe. Hay acefalía en toda la provincia y policías parados de forma intimidante frente a Casa de Gobierno pic.twitter.com/TVRt3Bst2k

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 10, 2026

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Los policías de Santa Fe se acuartelaron para reclamar un aumento salarial. Las autoridades de la misma fuerza los desalojaron. Se vivieron horas de tensión. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/tDESqaPcYn

— TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 10, 2026

Reclamo salarial y condiciones laborales

El eje central de la movilización fue el pedido de una recomposición salarial urgente y mejoras estructurales en las condiciones laborales. Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) señalaron que el reclamo incluye un haber inicial que no sea inferior a la canasta básica total, liquidaciones salariales claras y auditables, y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquías.

Además, los efectivos remarcaron la necesidad de un abordaje integral que contemple la salud mental y física, el régimen de licencias, el alojamiento y el transporte, aspectos que —según sostienen— impactan directamente en el desempeño diario de la fuerza.

Enfrentamientos y momentos de máxima tensión en Rosario

Con el correr de las horas, la situación se volvió más compleja en Rosario. En medio de la protesta, se ordenó el avance de la fuerza para despejar la zona, lo que derivó en enfrentamientos entre policías. Hubo sirenas encendidas, patrulleros y motos atravesando calles, cortes de tránsito y escenas que quedaron registradas por celulares de testigos.

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Desde el Gobierno provincial aseguraron que no hubo un acuartelamiento formal, aunque reconocieron que algunos efectivos abandonaron el servicio o intentaron impedir la salida de móviles policiales.

La respuesta del Gobierno: sanciones y separación de efectivos

Horas después, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en la que calificó el reclamo salarial como “legítimo y atendible”, pero marcó un límite claro respecto a los métodos utilizados.

“El patrullaje en Rosario no se resintió, pero hubo un grupo reducido que instigó acciones violentas, abandonó el servicio e intentó bloquear la salida de móviles”, afirmó el funcionario. En ese sentido, anunció que al menos 20 policías serán separados de la fuerza, aunque advirtió que el número podría aumentar a medida que avance la investigación administrativa.

Cococcioni apuntó además contra la participación de ex policías desplazados por esta gestión, algunos de ellos con causas por corrupción, a quienes acusó de difundir fake news y buscar desestabilizar la política de seguridad provincial.

“El reclamo es legítimo, pero se cruzó una línea”

“El solo hecho de manifestarse no es una falta. Estamos hablando de hechos graves: abandono del servicio, intento de bloqueo de patrulleros y acciones violentas”, remarcó el ministro, quien defendió la actual política de seguridad y aseguró que “los índices del delito están bajando”.

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Mientras tanto, el Gobierno recordó que días atrás se anunció un plan integral para las fuerzas de seguridad, con ejes en mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte, y con la promesa de sostener un diálogo permanente con el personal policial.

Un conflicto abierto y con impacto político

Las protestas comenzaron la semana pasada en distintas localidades como Vera, Reconquista y Rosario, y el clima de tensión continúa. Desde los sectores movilizados también reclaman el cese de sanciones administrativas contra quienes participaron de las primeras manifestaciones.

El conflicto deja a la Policía de Santa Fe en el centro de una discusión sensible: salarios, condiciones laborales y límites institucionales, en un contexto donde la seguridad es uno de los principales ejes políticos de la gestión provincial.

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El crimen de Jeremías Monzón no solo dejó una herida profunda en su familia: la viralización del video que registra el asesinato volvió a exponer el dolor de una manera brutal y constante. Cada reenvío, cada reproducción, es —según sus seres queridos— una forma de revictimización que impide atravesar el duelo.

Por ese motivo, la familia del adolescente asesinado en diciembre pasado en un predio cercano a la cancha de Colón decidió dar un paso más y recurrir a la Justicia. Este lunes presentarán una cautelar para frenar la difusión del video del crimen, especialmente en medios de comunicación y plataformas digitales.

“Es volver a abrir la herida todo el tiempo”, expresó Romina Monzón, madre de Jeremías.

La cautelar como acción preventiva del daño

Los abogados Bruno Rugna y Diego Martini explicaron que el pedido judicial no apunta —al menos por ahora— contra personas o medios específicos, sino que busca una prohibición general de difusión de imágenes, fotos y videos vinculados al crimen.

El planteo será presentado ante el juez que resulte competente en la causa y se encuadra como una acción preventiva del daño. La cautelar pretende poner un límite legal a la circulación de un material que, según remarcaron, carece de interés informativo y solo genera morbo.

“Sabemos que en lo digital es difícil frenar todo, pero necesitamos un freno institucional”, señalaron los abogados.

La sospecha de una filtración grave

Durante la conferencia de prensa, la familia también denunció que el video volvió a circular luego de que la Justicia ya había intervenido en el caso. Por ese motivo, se presentó una denuncia penal para investigar una posible filtración dentro de la cadena de custodia.

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Según explicaron los letrados, el material tenía una circulación limitada en un primer momento, pero su viralización masiva posterior hace sospechar que alguien que no debía acceder al contenido lo difundió.

“La crueldad del crimen se agrava cuando falla el sistema que debería proteger a las víctimas”, remarcaron.

La cautelar, en este contexto, también busca sentar un precedente sobre el tratamiento de material sensible en causas judiciales.

El dolor de una madre y el pedido de respeto

Romina Monzón habló desde un lugar profundamente humano. Dijo que la viralización permanente del video hace imposible cerrar el duelo y expone a toda la familia a un sufrimiento constante, incluso a personas mayores que consumen noticias y redes sociales.

“Por favor, no lo compartan. Es cruel. Es doloroso”, pidió.

También cuestionó la morbosidad social y mediática: “La perversión con la que actuaron los asesinos y la perversión con la que parte de la sociedad lo divulga es terrible”.

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La madre de Jeremías insistió en que la cautelar no busca censurar, sino preservar la dignidad de su hijo y de quienes lo aman.

Imputabilidad, vacío legal y reclamos al Congreso

Más allá del pedido judicial, la familia volvió a reclamar una discusión profunda sobre el régimen penal juvenil. Confirmaron que mantienen contactos con legisladores nacionales y que participan de comisiones donde se analiza la baja de la edad de imputabilidad.

Reconocieron que ninguna reforma tendrá efecto retroactivo, pero insistieron en que el objetivo es evitar nuevas tragedias. “Esto es para que otras familias no pasen por lo mismo”, afirmaron.

Incluso advirtieron que la falta de debate político también genera responsabilidades futuras.

Marcha, firmas y un pedido de humanidad

La familia convocó a una marcha este viernes a las 19.30 en Santo Tomé, con concentración en Plaza Libertad y recorrido hasta el puente carretero. Allí también se recolectarán firmas para impulsar la denominada Ley Jeremías.

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El mensaje final fue claro y directo: respeto, humanidad y límites.

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