LOCALES-Santa Fe dio un paso importante en su estrategia de prevención y combate de incendios. La Provincia ya cuenta con una flota aérea propia para intervenir ante emergencias y las primeras pruebas sobre el río Paraná mostraron cómo funcionará el nuevo esquema.

El dispositivo combina dos aeronaves con capacidades diferentes: un avión hidrante Air Tractor Fire Boss, adquirido por el Gobierno provincial, y un helicóptero Helibras AS 350 B2, que fue recuperado y equipado con un helibalde.

La incorporación representa un cambio en la capacidad de respuesta santafesina. Hasta ahora, la provincia dependía en buena medida del apoyo de medios aéreos de otras jurisdicciones o de Nación para enfrentar incendios de gran magnitud.

Ahora tendrá recursos propios y personal provincial capacitado para utilizarlos.

La nueva flota aérea no reemplazará a los bomberos ni a los equipos terrestres. El objetivo es sumar una herramienta rápida para atacar el fuego en sus primeras horas, cuando todavía existe una mayor posibilidad de controlarlo.

Un avión pensado para aprovechar los ríos y lagunas de Santa Fe

Uno de los puntos más importantes del nuevo esquema es el Air Tractor Fire Boss.

Se trata de un avión anfibio con capacidad para transportar hasta 3.000 litros de agua. Su principal ventaja está en el sistema que le permite cargar agua directamente desde un espejo de agua mientras realiza una maniobra sobre la superficie.

Las primeras pruebas permitieron comprobar justamente esa capacidad.

El avión descendió sobre el Paraná, tomó agua sin detenerse y volvió a elevarse para realizar la descarga frente a la costa de Rosario. La operación puede repetirse en pocos minutos y permite reducir considerablemente los tiempos entre cada lanzamiento.

Para Santa Fe, este sistema tiene una ventaja estratégica evidente.

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La provincia cuenta con una extensa red de ríos, lagunas, arroyos y otros cuerpos de agua. El Paraná, el Salado y numerosas lagunas pueden convertirse en puntos de abastecimiento para una aeronave preparada para cargar agua en movimiento.

Eso permite pensar en una respuesta aérea más rápida y con menor dependencia de infraestructura terrestre.

El Air Tractor Fire Boss fue adquirido por la Provincia mediante una inversión superior a los $5.500 millones, según la información oficial.

El helicóptero suma otra capacidad clave

La segunda pieza de la flota aérea es el Helibras AS 350 B2.

La aeronave volvió a estar operativa después de un proceso de recuperación que demandó casi tres años. Ahora incorpora un helibalde que permite recoger agua y descargarla directamente sobre un foco.

Su función es diferente a la del avión.

Mientras el Air Tractor puede realizar grandes descargas y cubrir rápidamente un área, el helicóptero ofrece mayor capacidad de maniobra. Puede trabajar en sectores donde el acceso terrestre resulta complicado y llegar a zonas donde una aeronave de mayor tamaño tiene mayores limitaciones.

Esa combinación es uno de los aspectos más importantes del nuevo sistema.

No se trata simplemente de sumar dos aeronaves. Se busca que ambas puedan trabajar de manera coordinada.

Durante las pruebas realizadas sobre el Paraná, el avión y el helicóptero alternaron sus maniobras. Mientras una aeronave cargaba agua o se alejaba del sector de descarga, la otra ingresaba para continuar con el operativo.

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La clave estará en llegar antes que el incendio

El impacto de esta flota aérea no debería medirse solamente por la cantidad de litros de agua que puede transportar.

La verdadera diferencia estará en el tiempo de respuesta.

En un incendio rural o forestal, los primeros momentos resultan determinantes. Un foco pequeño puede crecer rápidamente cuando aparecen viento, vegetación seca y condiciones de baja humedad.

La posibilidad de enviar una aeronave provincial permite acortar los tiempos de despliegue.

El jefe de pilotos, Gustavo González, destacó que ambos equipos pueden cargar y lanzar agua rápidamente y que se complementan. Incluso planteó que, si el fuego se detecta a tiempo, el trabajo aéreo podría contribuir a controlarlo en aproximadamente una hora.

Por supuesto, ese resultado dependerá de cada incendio, de las condiciones meteorológicas, del terreno y de la disponibilidad de los equipos terrestres.

Pero el concepto es claro: atacar el fuego antes de que se transforme en un incendio de grandes dimensiones.

Una respuesta especialmente importante para las islas

La nueva capacidad también tiene una lectura particular para Rosario y el corredor del Paraná.

En los últimos años, los incendios en las islas frente a la ciudad generaron enormes dificultades para los equipos de emergencia. El acceso terrestre resulta limitado y obliga a desplegar recursos por agua o depender de medios aéreos.

En ese escenario, contar con una aeronave que pueda cargar agua directamente desde el Paraná representa una ventaja operativa.

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El propio gobernador Maximiliano Pullaro vinculó la decisión de incorporar estos recursos con los incendios registrados en las islas de Entre Ríos frente a Rosario y con otros episodios ocurridos en territorio santafesino.

La nueva flota aérea también puede tener utilidad en otras zonas de la provincia, especialmente en áreas rurales, forestales y sectores donde los caminos dificultan el ingreso de vehículos.

Más autonomía para Santa Fe

Otro aspecto relevante es la autonomía.

Tener aeronaves propias significa que la Provincia puede organizar su respuesta de acuerdo con sus propias necesidades y prioridades. La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Protección Civil, junto con Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios.

Además, las aeronaves serán operadas por personal provincial especialmente capacitado.

La Provincia también avanzó en acuerdos de formación y colaboración con Córdoba para fortalecer la capacitación de pilotos dentro de la Región Centro.

Esto permite pensar el nuevo sistema como algo más amplio que la compra de un avión.

La apuesta es construir una estructura permanente de respuesta ante incendios.

Una inversión que busca anticiparse al próximo incendio

La presentación de la flota aérea llega después de varios episodios que expusieron las dificultades para controlar incendios de grandes dimensiones.

La decisión provincial apunta justamente a cambiar esa lógica: no esperar a que el incendio crezca para pedir ayuda, sino disponer desde el comienzo de herramientas capaces de intervenir.

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Las primeras pruebas sobre el Paraná funcionaron como una demostración concreta de esa estrategia.

El Air Tractor Fire Boss cargó agua directamente del río. El helicóptero hizo lo propio mediante su helibalde. Ambos lanzaron agua y trabajaron de manera coordinada.

Ahora comienza una etapa todavía más importante: convertir esa capacidad técnica en un sistema operativo permanente.

Para Santa Fe, la diferencia puede estar en algo tan simple como llegar a tiempo.

Porque frente a un incendio, cada minuto cuenta. Y desde ahora, la provincia tendrá una flota aérea propia para intentar ganarle esa carrera al fuego.

FUENTE: Gobierno de Santa Fe

La investigación por las condiciones en las que vivían adultos mayores en una residencia ilegal de barrio Nuevo Horizonte sumó este martes una definición judicial clave: la dueña del asilo ilegal de Santa Fe quedó en prisión preventiva, luego de una audiencia en la que se analizaron los riesgos procesales y la evidencia reunida hasta el momento.

La audiencia comenzó poco después de las 8.20 en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y estuvo encabezada por el juez José Luis García Troyano. Participaron el fiscal Manuel Cecchini y el abogado defensor Claudio Torres Del Sel.

La mujer está imputada por el delito de abandono de persona, una acusación que debe ser definida durante el avance del proceso judicial.

La decisión de mantenerla detenida se fundamentó, entre otros aspectos, en la escala penal prevista para el delito y en el riesgo de fuga que, según planteó la Fiscalía, quedó evidenciado después de que la imputada permaneciera prófuga durante los días posteriores a los hechos investigados.

La Justicia dictó la prisión preventiva y la causa podría resolverse mediante un juicio abreviado si avanzan las negociaciones entre las partes.

Qué pruebas presentó la Fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal Cecchini expuso parte de los elementos incorporados al expediente.

Entre las pruebas mencionadas aparecen testimonios vinculados con denuncias anteriores, además de informes elaborados por organismos públicos como PAMI, ANSES y la Municipalidad de Santa Fe.

También se incorporó la declaración de la subsecretaria de Salud de la Municipalidad, Lorena Massari, y distintos peritajes médicos realizados a los residentes.

Los estudios estuvieron a cargo de los cuerpos médicos policial y municipal y forman parte de los elementos utilizados por la Fiscalía para reconstruir las condiciones en las que se encontraban las personas alojadas en el establecimiento.

El fiscal también hizo referencia a las entrevistas realizadas recientemente a los residentes afectados.

De acuerdo con la acusación presentada en esta instancia, los hechos investigados están encuadrados provisoriamente como abandono de persona.

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La Fiscalía, además, incorporó información sobre presentaciones y denuncias previas relacionadas con el funcionamiento del establecimiento.

Por qué el juez decidió mantenerla con prisión preventiva

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue determinar si la imputada podía continuar el proceso en libertad.

Finalmente, el juez García Troyano resolvió dictar la prisión preventiva, al considerar que existen riesgos procesales que justifican la medida.

Entre los argumentos mencionados se encuentra la escala penal en expectativa, que contempla penas de entre uno y seis años de prisión, y especialmente el comportamiento de la imputada luego de los hechos investigados.

Según se expuso durante la audiencia, la mujer permaneció prófuga durante varios días.

Ese antecedente fue considerado por la Justicia como un indicador del riesgo de fuga y uno de los fundamentos para disponer que permanezca detenida mientras avanza la causa.

La prisión preventiva no implica una condena: se trata de una medida cautelar adoptada durante el proceso y vinculada a los riesgos que podrían afectar su desarrollo.

La prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una sentencia condenatoria.

La defensa confirmó negociaciones por un juicio abreviado

Mientras la Fiscalía sostiene la acusación y la querella reclama que las denunciantes sean escuchadas. La defensa confirmó que existe una alternativa para intentar cerrar el proceso sin llegar a un juicio oral.

El abogado Claudio Torres Del Sel informó que las partes mantienen conversaciones avanzadas para tramitar un procedimiento abreviado.

La estrategia permitiría evitar la prolongación del proceso y alcanzar una resolución definitiva mediante un acuerdo que deberá cumplir con los requisitos legales y contar con la correspondiente intervención judicial.

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Antes de avanzar, sin embargo, resta analizar de manera completa el legajo probatorio.

Consultada por el juez sobre la posibilidad de avanzar en esa dirección, la imputada manifestó que comprendía los alcances de su situación procesal y prestó su consentimiento.

Por el momento, las negociaciones continúan abiertas y su eventual concreción dependerá del análisis de las pruebas y de las condiciones que se acuerden dentro del marco legal.

La querella pidió que se escuche a las denunciantes

En la previa de la audiencia, uno de los abogados querellantes puso el foco en la situación de las personas que denunciaron lo ocurrido en la residencia.

Martín Risso Patrón, representante de una de las denunciantes, sostuvo que existe preocupación ante la posibilidad de que la imputada pueda recuperar la libertad.

El abogado destacó que su representada ya había declarado en distintas oportunidades y que la semana anterior había prestado una declaración ante la Fiscalía durante aproximadamente dos horas.

Según explicó, en esa presentación aportó información y documentación relacionada con el funcionamiento de la residencia y con el modo en que, según su denuncia, se realizaban determinados cobros mediante tarjetas de débito.

Risso Patrón también sostuvo que los hechos investigados no se habrían limitado al inmueble de barrio Nuevo Horizonte.

Según su relato, las situaciones denunciadas habrían comenzado cuando la residencia funcionaba en un inmueble ubicado sobre Salvador del Carril y posteriormente continuaron en la sede de Nuevo Horizonte.

Las denuncias sobre presiones y el temor de las afectadas

Otro de los aspectos planteados por la querella está relacionado con el temor expresado por algunas de las denunciantes.

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Risso Patrón afirmó que su representada manifestó haber sufrido situaciones que describió como violentas y episodios de presión vinculados con la intervención de organismos públicos.

El abogado sostuvo que, según el relato de su representada, en determinadas oportunidades se habría utilizado la referencia a la Policía para presionarla a realizar trámites.

Estas afirmaciones forman parte de los elementos que deben ser analizados dentro de la investigación y contrastados con el resto de la evidencia incorporada al expediente.

La incorporación de testimonios, documentación y peritajes permitirá a la Fiscalía y a la Justicia determinar el alcance de las responsabilidades que eventualmente correspondan.

También incorporaron el contrato de alquiler del inmueble

Después de la audiencia, el fiscal Cecchini confirmó otro elemento incorporado recientemente al expediente: el contrato de alquiler del inmueble donde funcionaba la residencia de barrio Nuevo Horizonte.

Según explicó, el documento ya forma parte de la causa.

El inmueble, en tanto, se restituyó a su propietaria en carácter de depositario judicial, una medida que se suma a las actuaciones realizadas desde que se conoció la situación de los adultos mayores alojados en el establecimiento.

La documentación sobre la titularidad y el alquiler del inmueble puede resultar relevante para establecer quiénes están vinculados con la administración y explotación del lugar y bajo qué condiciones funcionaba la residencia.

Qué puede pasar ahora con la causa

Con la prisión preventiva ya resuelta, el proceso entra en una nueva etapa.

La Fiscalía continuará con el análisis de las pruebas y de los testimonios incorporados, mientras la defensa sigue evaluando la posibilidad de alcanzar un acuerdo mediante un juicio abreviado.

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La eventual salida abreviada no significa que la causa quede automáticamente cerrada. Para que pueda concretarse, deberán cumplirse las condiciones previstas por la legislación y el acuerdo deberá ser sometido al control judicial correspondiente.

Mientras tanto, la situación de los adultos mayores que residían en el establecimiento continúa siendo uno de los ejes centrales de la investigación.

El caso expone, además, la importancia de determinar cómo funcionaba la residencia, qué controles había recibido y qué ocurrió con las denuncias o advertencias que, según surge de la investigación, ya habían sido realizadas con anterioridad.

El próximo capítulo de la causa estará marcado por dos caminos: el avance de la investigación y la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado.

Una causa que todavía tiene preguntas por responder

La prisión preventiva marca un punto de inflexión en la investigación sobre la dueña del asilo ilegal de Santa Fe, pero no representa el final del caso.

La Justicia deberá establecer qué ocurrió dentro de la residencia, cuál fue el alcance de las responsabilidades y qué valor tienen las distintas pruebas incorporadas al expediente.

También deberá determinarse si las denuncias previas pudieron haber advertido sobre la situación del establecimiento y qué controles realizaron los organismos correspondientes.

Por ahora, la imputación es por abandono de persona. Mientras tanto la mujer permanece detenida por decisión judicial.

El eventual juicio abreviado puede llegar a acelerar una definición. Las partes asimismmo, deben completar el análisis de la evidencia y alcanzar un acuerdo.

El próximo paso será seguir de cerca las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa y conocer si finalmente se concreta el procedimiento abreviado o si la causa continúa hacia una instancia de juicio.

En conferencia de prensa Sebastián Outeyral: Manuel Cecchini – Fiscal de la causa

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LOCALES- Santa Fe se prepara para vivir un evento deportivo de enorme magnitud. En septiembre, los Juegos Suramericanos tendrán tres sedes en la provincia: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Pero detrás de las competencias, los atletas y las delegaciones aparece otro protagonista: la economía.

Un informe técnico analiza el impacto económico que tendrán los Juegos en la ciudad de Santa Fe y su área de influencia. La estimación contempla tres grandes componentes: la inversión en infraestructura, el gasto turístico y el efecto en cadena que tendrá el evento sobre la economía local.

El cálculo preliminar marca una cifra contundente: el impacto económico podría alcanzar los 60 millones de dólares en Santa Fe y la región.
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ENTREVISTA DE SEBASTIAN OUTETRAL CON EDUARDO ALFARO Y PACO GARIBALDI

Obras, turismo y consumo: las tres patas del impacto económico

Según explicaron Paco Garibaldi y Eduardo Alfaro, el objetivo es cuantificar cuánto movimiento generará el evento.

El estudio toma tres variables principales.

La primera es el gasto en infraestructura. Las obras vinculadas con los Juegos representan una inversión cercana a los 40 millones de dólares.

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Ese desembolso tiene un efecto directo sobre la construcción y otros sectores vinculados a la obra pública.

Además, el movimiento genera empleo.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante la entrevista, el departamento La Capital registró un incremento de alrededor de 500 puestos de trabajo vinculados con la construcción. Si se amplía la mirada a Santa Fe y la región, la generación supera los 1.000 puestos de trabajo.

El dato muestra que el impacto económico comenzó incluso antes de que los deportistas lleguen a la ciudad.

Miles de visitantes y más consumo

El segundo componente del informe apunta al gasto turístico.

Durante septiembre, Santa Fe recibirá atletas, entrenadores, equipos técnicos, trabajadores vinculados a la organización y visitantes.

Todos ellos necesitarán alojamiento, alimentación, transporte y distintos servicios.

Ahí aparece una cadena económica que puede beneficiar directamente a hoteles, restaurantes, comercios y emprendedores.

La llegada de delegaciones también genera demanda sobre otros rubros. Desde gastronomía hasta movilidad. Desde comercios hasta servicios turísticos.

Por eso, el análisis no busca medir solamente cuánto dinero gastarán los visitantes.

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También intenta determinar cuánto de ese dinero volverá a circular dentro de la economía local.

El efecto multiplicador

El tercer eje del informe es quizás el más interesante.

Se trata del efecto en cadena de la economía local.

Un visitante que llega a Santa Fe no solamente paga un hotel.

También consume en un restaurante, utiliza transporte, compra productos, visita comercios y puede contratar distintos servicios.

Ese dinero vuelve a circular.

Por eso, el impacto económico de los Juegos Suramericanos puede ser mayor que la suma de los gastos realizados directamente por atletas y delegaciones.

El objetivo del estudio es precisamente medir ese efecto multiplicador.

Una provincia con tres sedes

Los Juegos Suramericanos tendrán una característica particular: la competencia se distribuirá entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Las tres ciudades serán protagonistas durante septiembre.

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Esto permitirá que el movimiento generado por el evento se distribuya en distintos puntos de la provincia y alcance a sectores vinculados al turismo, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios.

Santa Fe, por su parte, tendrá una oportunidad especial para mostrar su capacidad de organización y su infraestructura.

¿De dónde salen los 60 millones de dólares?

La cifra proyectada surge de sumar los distintos componentes analizados.

Por un lado aparecen los aproximadamente 40 millones de dólares destinados a infraestructura.

A eso se agrega el movimiento turístico y comercial que generarán las delegaciones y los visitantes.

El informe busca cuantificar además el efecto indirecto sobre la economía.

Con esa metodología, la estimación preliminar ubica el impacto económico total en torno a los 60 millones de dólares para Santa Fe y la región.

Es decir, el evento no solamente tendrá un resultado deportivo.

También puede convertirse en un importante motor económico.

Santa Fe se juega otra competencia

Los Juegos Suramericanos plantean así una segunda competencia, mucho menos visible pero clave para la ciudad: convertir la llegada de miles de personas en actividad económica.

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Hoteles, restaurantes, comercios, emprendedores, transportistas y trabajadores de distintos sectores estarán entre los principales beneficiados por el movimiento.

A eso se suma el impacto de las obras y la generación de empleo.

El desafío será aprovechar ese impulso y lograr que una parte del movimiento generado durante septiembre permanezca después de la competencia.

Porque cuando los atletas se vayan, las medallas queden en las vitrinas y las delegaciones regresen a sus países, quedará una pregunta clave:

¿Cuánto de esos 60 millones de dólares habrá logrado quedarse en Santa Fe?

Ese será, en definitiva, uno de los grandes indicadores para medir el verdadero legado económico de los Juegos Suramericanos.