LOCALES- Ete lunes, en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, brindó una conferencia de prensa en la que repasó distintas políticas impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Entre los principales ejes, sobresalió la política de baja de impuestos Santa Fe, junto a avances en educación, seguridad y salud.

En materia tributaria, la funcionaria destacó que, al cumplirse un año del régimen de devoluciones de saldos a favor de Ingresos Brutos, se tramitaron cerca de 2.000 solicitudes entre abril de 2025 y marzo de 2026. Esto derivó en reintegros por un total de 5.320 millones de pesos para contribuyentes santafesinos.

“La baja de impuestos en la provincia es moneda corriente”, afirmó Coudannes, al remarcar que se trata de una política que busca consolidarse como política de Estado. Según explicó, el objetivo es acompañar el desarrollo económico-productivo con incentivos y una menor carga impositiva.

Además, indicó que estas medidas se complementan con créditos fiscales y beneficios como la deducción de salarios de nuevos empleados y el costo de la energía eléctrica. “Las actividades productivas necesitaban oxígeno y una política pública que las impulse a salir adelante”, sostuvo.

Educación: regreso progresivo en San Cristóbal

En relación con el sistema educativo, Coudannes informó que la Justicia autorizó la reapertura del edificio de la Escuela Normal Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, tras el grave episodio ocurrido el pasado 30 de marzo.

El regreso a clases será progresivo y escalonado. Durante lunes y martes se realizarán tareas de limpieza, organización y reparación del edificio, mientras que desde el miércoles 15 comenzará la vuelta gradual de los distintos niveles educativos.

La funcionaria también remarcó que se continuará trabajando en dispositivos de convivencia y en la asistencia tanto a la familia del menor fallecido como a las víctimas y a toda la comunidad educativa.

Subasta récord de bienes recuperados del delito

Otro de los puntos destacados fue la quinta subasta de bienes recuperados del delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

En esta oportunidad, se registró un récord de 5.400 inscriptos para participar del evento, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario. La convocatoria incluye cerca de 150 lotes, entre automóviles, motocicletas, tecnología, un fondo de comercio y hasta una aeronave.

Los precios base varían desde los 45.000 pesos hasta los 50 millones. “Es un paso más en el plan de seguridad, que apunta a debilitar las estructuras del delito y recuperar activos para el Estado”, destacó Coudannes.

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Vacunación antigripal y programa innovador

Finalmente, la funcionaria se refirió a la campaña de vacunación antigripal 2026, que comenzó el pasado 10 de marzo y ya registra la aplicación de 149.351 dosis en toda la provincia.

Además, informó que continúan llegando nuevas partidas, que alcanzarían las 83.040 dosis comprometidas por el Gobierno nacional, lo que permitirá sostener el operativo sanitario.

En ese marco, destacó la implementación del programa Vaxteam, una iniciativa conjunta entre los ministerios de Salud y Educación que busca mejorar el control de carnets y completar los esquemas de vacunación.

Como novedad, adelantó que las familias recibirán a través de las escuelas un “álbum de figuritas”, pensado como herramienta de seguimiento del calendario de vacunación. Se trata de una propuesta inédita en la provincia, que apunta a reforzar la prevención y el cuidado de la salud.

Ley de Glaciares: una sesión clave con alta tensión política

La Cámara de Diputados debate este miércoles la modificación de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por fuertes cruces políticos, protestas en la calle y advertencias sobre el impacto ambiental de la iniciativa.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca redefinir las áreas protegidas para habilitar actividades económicas en zonas periglaciares. Desde el oficialismo aseguran que permitirá impulsar el desarrollo productivo, mientras que la oposición y organizaciones ambientalistas alertan sobre posibles consecuencias graves.

La Ley de Glaciares se convirtió así en uno de los debates más sensibles del año, al involucrar recursos estratégicos como el agua dulce.

Ambientalistas alertan por el impacto en el agua

En medio del debate por la Ley de Glaciares, la licenciada en gestión ambiental Nadia Lavroff advirtió que la reforma podría tener consecuencias directas sobre el acceso al agua en Argentina.

“La reforma afectaría el agua de siete millones de argentinos”, aseguró en diálogo con Cadena 3, al tiempo que cuestionó que las provincias queden a cargo de decisiones clave.

Según explicó, “las provincias no están preparadas técnica ni científicamente para tomar decisiones” de este tipo, lo que podría generar errores con consecuencias irreversibles.

Lavroff remarcó que la actual Ley de Glaciares fue elaborada con criterios científicos y defendió su vigencia: “Fue pensada desde la gente para la gente, con expertos en glaciares y producción”.

Críticas por posible inconstitucionalidad

La especialista también sostuvo que la modificación de la Ley de Glaciares podría ser inconstitucional, al vulnerar principios del derecho ambiental.

Además, advirtió que el cambio podría generar conflictos entre provincias: “La naturaleza no entiende de fronteras provinciales; lo que se contamina en una provincia afecta a las demás”.

En ese sentido, anticipó que, en caso de aprobarse la reforma, el tema podría trasladarse a la Justicia. “Ya hay amparos en marcha”, aseguró.

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Fuerte rechazo opositor y cruces en el recinto

Durante la sesión, distintos bloques opositores cuestionaron con dureza la reforma de la Ley de Glaciares, al considerar que implica un retroceso.

Miguel Ángel Pichetto anticipó su voto negativo y calificó la iniciativa como “algo negativo”, mientras que Myriam Bregman denunció que el Gobierno busca avanzar con un “saqueo rápido”.

También desde Unión por la Patria, Germán Martínez pidió evitar “falsas antinomias” y planteó la necesidad de equilibrar desarrollo y protección ambiental.

El oficialismo defiende la reforma

Desde La Libertad Avanza, los legisladores defendieron la modificación de la Ley de Glaciares y rechazaron las acusaciones de daño ambiental.

El diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que “no hay riesgo ecológico”, mientras que José Peluc aseguró que el proyecto no pone en peligro la existencia de glaciares.

Ambos insistieron en que la iniciativa busca promover un desarrollo sustentable y respetar la autonomía de las provincias.

Incidentes y protestas en las calles

Mientras se desarrollaba el debate de la Ley de Glaciares, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Al menos una persona fue detenida en el marco de las protestas encabezadas por organizaciones ambientalistas que rechazan la reforma.

Además, Lavroff cuestionó el proceso de participación ciudadana: “Más de 100.000 personas se inscribieron en la audiencia pública y no fueron escuchadas”.

Ley de Glaciares: una discusión de fondo

El debate por la Ley de Glaciares vuelve a poner en agenda la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.

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“La ley actual protege solo el 0,36% del territorio. ¿Cuánto más se quiere producir sin respetar un mínimo límite para algo tan esencial como el agua?”, planteó Lavroff.

La votación se perfila ajustada y con final abierto, en una jornada que podría marcar un antes y un después en la política ambiental argentina.

Ley de Glaciares: minuto a minuto en desarrollo

La sesión continúa con exposiciones cruzadas, en un clima cada vez más tenso tanto dentro del recinto como en las calles.

En las próximas horas se definirá el futuro de la Ley de Glaciares, una decisión clave que impactará directamente en el manejo de los recursos naturales del país.

🟣 AHORA | Hay quórum en la Cámara de Diputados para tratar las modificaciones a la Ley de Glaciares. pic.twitter.com/fKyWXJxUZ8

— Corta (@somoscorta) April 8, 2026

Policiales– El impacto todavía resuena en los pasillos de la escuela y en cada rincón de San Cristóbal. Lo que comenzó como una jornada escolar terminó en una escena que nadie imaginaba: disparos, desesperación y la muerte de un adolescente de 13 años. Ahora, a pocos días del hecho, la Justicia tomó una decisión que abre un nuevo capítulo en el caso: el tirador fue imputado, pero también sobreseído, y quedó bajo medidas “confidenciales”.

El caso del tirador en San Cristóbal no solo conmociona por la violencia del episodio, sino también por el vacío legal que deja expuesto. ¿Cómo se actúa cuando el autor de un crimen tan grave no puede ser penalmente condenado?

Se adjunta el audio de los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra, quienes brindaron declaraciones a la prensa tras la audiencia realizada este viernes por la mañana en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal, en el marco de la causa que investiga el crimen de Ian Cabrera.

San Cristóbal tirador: imputación sin castigo penal

Este viernes 3 de abril, en los tribunales de San Cristóbal, se desarrolló una audiencia clave. Allí, los fiscales atribuyeron formalmente el homicidio de Ian Cabrera al adolescente acusado. Sin embargo, la resolución judicial determinó su sobreseimiento.

La razón no es menor: el joven tiene 15 años. Aunque existe una ley que baja la edad de punibilidad a los 14, la misma aún no fue implementada. Por lo tanto, rige la normativa anterior, que establece la responsabilidad penal recién a partir de los 16 años.

“El código prevé medidas de protección personal y de terceros”, explicaron desde Fiscalía.

Este punto deja en evidencia una tensión estructural: la ley reconoce la gravedad del hecho, pero no habilita una sanción penal.

Medidas confidenciales: qué implica el seguimiento

Ante este escenario, la Justicia optó por una vía alternativa. Se dispuso un conjunto de medidas confidenciales para realizar un seguimiento del adolescente. No se dieron detalles públicos, justamente para preservar la intervención.

Según explicaron los fiscales, estas medidas fueron construidas de manera conjunta con organismos de Niñez y áreas del Poder Ejecutivo.

¿Qué significa esto en la práctica?

• Supervisión constante del menor
• Intervención de equipos interdisciplinarios
• Protección tanto del joven como de terceros
• Posibles restricciones y controles específicos

El carácter “confidencial” busca evitar la exposición del menor, pero también genera interrogantes en la sociedad sobre el alcance real de estas acciones.

El crimen que marcó un antes y un después

El hecho ocurrió el pasado 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno. El adolescente ingresó armado con una escopeta y efectuó varios disparos.

El resultado fue devastador:

• Ian Cabrera, de 13 años, falleció
• Ocho estudiantes resultaron heridos
• Dos debieron ser hospitalizados de urgencia

El atacante fue reducido por un portero del establecimiento, en una acción que evitó una tragedia aún mayor.

“Fue una escena de caos absoluto”, relataron fuentes cercanas al caso.

Un vacío legal que reabre el debate

El caso del San Cristóbal tirador vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en Argentina aparece cíclicamente: la edad de imputabilidad.

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Mientras algunos sectores reclaman una reforma urgente, otros advierten sobre los riesgos de criminalizar a menores sin abordar las causas de fondo.

Claves del debate:

• ¿Debe bajar la edad de imputabilidad?
• ¿Qué rol cumplen las políticas de prevención?
• ¿Cómo intervenir antes de que ocurra la violencia?

Este caso funciona como un ejemplo concreto de una problemática estructural: cuando el sistema legal no logra dar respuestas claras ante hechos extremos.

Conclusión: una decisión que deja más preguntas que respuestas

La resolución judicial busca equilibrar protección, responsabilidad y límites legales. Sin embargo, el resultado deja una sensación incómoda: el crimen está probado, pero no hay castigo penal.

El caso del San Cristóbal tirador no termina con esta audiencia. Recién empieza una etapa silenciosa, marcada por el seguimiento del menor y la expectativa social.

El próximo paso será clave: evaluar si estas medidas logran prevenir nuevos hechos o si, una vez más, el sistema llega tarde.

Porque detrás de cada expediente, hay una pregunta que sigue abierta: ¿cómo evitar que esto vuelva a pasar?