En un contexto donde la relación entre la sociedad y el Poder Judicial suele estar marcada por la distancia, el lenguaje técnico y la desconfianza, una iniciativa impulsada por organizaciones periodísticas y civiles busca mostrar que existen caminos concretos para transformar el sistema.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red Federal de Periodismo Judicial, presentó el micrositio “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia”, un proyecto que reúne diez investigaciones sobre experiencias exitosas que buscan mejorar el funcionamiento de la Justicia argentina.

La iniciativa no solo expone problemáticas, sino que pone el foco en soluciones reales que ya están funcionando en distintas jurisdicciones del país, con el objetivo de que puedan replicarse en otros distritos. El proyecto cuenta además con el apoyo de la Embajada Británica.

De las 45 propuestas recibidas desde diferentes provincias, se seleccionaron diez casos que demuestran que es posible fortalecer la Justicia argentina mediante prácticas innovadoras, transparencia institucional y mejores canales de comunicación con la sociedad.

Diez experiencias para fortalecer la Justicia argentina

Las investigaciones abordan diferentes áreas del sistema judicial y muestran cómo diversas iniciativas lograron mejorar la calidad del servicio de justicia.

Entre los temas analizados aparecen experiencias vinculadas a:

• Perspectiva de género en el contexto del microtráfico de drogas.

• Resolución más eficiente de pequeñas causas judiciales.

• Acceso a la justicia en zonas alejadas de los tribunales.

• Uso de lenguaje claro en resoluciones de familia.

• Sistemas de acompañamiento a víctimas.

• Métodos para profesionalizar investigaciones de delitos complejos.

• Prevención de la trata de personas en escuelas.

• Digitalización de datos y apertura institucional.

• Reformas para agilizar adopciones de niños y adolescentes.

Estas experiencias, documentadas por periodistas especializados, muestran que existen herramientas concretas para mejorar el funcionamiento de la Justicia argentina y generar mayor confianza en la ciudadanía.

El caso de Santa Fe: capacitación para periodistas y fuentes judiciales

Entre las investigaciones destacadas aparece la experiencia santafesina, presentada como caso número 7, titulada “Capacitar a periodistas y a fuentes judiciales para construir información confiable”.

El trabajo fue realizado por la periodista Ileana Hotschewer, con aportes del jefe de Prensa y Comunicación del Poder Judicial de Santa Fe, Martín Ortiz, y de colegas que participaron del curso o fueron disertantes.

La propuesta se basa en una capacitación especializada que busca acercar el mundo judicial al periodismo y mejorar la calidad de la información pública sobre tribunales.

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La idea central es brindar herramientas a los periodistas para comprender mejor los procesos judiciales, evitando errores técnicos o interpretaciones incorrectas, mientras que también se prepara a magistrados y funcionarios para comunicarse con los medios de manera clara y responsable.

Un curso con más de 20 años de historia

Santa Fe desarrolla desde 2006 una política institucional que promueve la transparencia judicial: el Curso de Periodismo Judicial.

La formación técnica busca reducir las barreras entre magistrados y periodistas y generar un espacio de intercambio que permita mejorar la comunicación pública de la Justicia argentina.

En más de dos décadas, la iniciativa logró resultados concretos:

• Más de 3.500 participantes, entre periodistas, jueces, fiscales y empleados judiciales.

• 105 horas de formación especializada.

• Incorporación de contenidos actuales como inteligencia artificial, Ley Micaela, derechos humanos y transparencia institucional.

• Reconocimiento oficial mediante puntaje en la carrera judicial, otorgado por la Corte Suprema de Santa Fe.

Uno de los hallazgos más relevantes del curso fue que el silencio de muchos magistrados ante la prensa no respondía a falta de interés, sino al temor a ser malinterpretados por el desconocimiento técnico del sistema judicial.

Al capacitar tanto a periodistas como a funcionarios, se logró reducir errores, sensacionalismo y opacidad institucional, fortaleciendo la confianza en la Justicia argentina.

Un modelo que ya se replicó en otros países

El impacto de la experiencia santafesina incluso trascendió las fronteras del país.

El modelo sirvió de base para el primer curso de Comunicación Judicial en Iberoamérica, dictado en República Dominicana, lo que demuestra el potencial de esta práctica para mejorar la relación entre tribunales y medios.

Según destaca la investigación, el periodismo cumple un rol clave como “intérprete necesario” entre el sistema judicial y la sociedad, mientras que los funcionarios judiciales deben asumir la importancia de comunicar sus decisiones en un lenguaje accesible.

El resultado final beneficia al ciudadano, que puede acceder a información judicial más clara, rigurosa y comprensible.

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Presentación del proyecto

Los resultados del proyecto “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia” serán debatidos en un encuentro híbrido previsto para el 18 de marzo de 2026 a las 16 horas, en la Residencia Británica de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento contará con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de FOPEA, permitiendo la participación de periodistas, académicos, abogados y representantes de organizaciones civiles de todo el país.

El micrositio con las investigaciones puede consultarse en:
https://buenaspracticasjudiciales.fopea.org/

Nacionales– La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió a sacudir el escenario político argentino. Con la publicación del decreto 138/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que reduce la edad mínima para ser penalmente responsable de 16 a 14 años.

La iniciativa había sido uno de los proyectos centrales impulsados por el presidente Javier Milei durante las sesiones extraordinarias del Congreso y logró finalmente su aprobación en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

El nuevo marco legal introduce cambios profundos en el sistema judicial juvenil, estableciendo sanciones diferenciadas según la edad y el delito cometido, además de un enfoque orientado a la educación, la reinserción social y la responsabilidad progresiva de los adolescentes.

“La privación de la libertad será el último recurso y por el tiempo más breve posible”, establece la nueva normativa.

La decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre la edad de imputabilidad, un tema que durante décadas generó divisiones entre especialistas, organizaciones sociales y sectores políticos.

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Ley: Cómo funcionará el nuevo régimen penal juvenil

Uno de los principales cambios que introduce la ley es la creación de un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos.

A diferencia del régimen anterior, el nuevo esquema establece que las sanciones deben estar orientadas principalmente a la educación y la resocialización, con el objetivo de evitar la reincidencia y favorecer la reintegración del menor a la sociedad.

Entre los puntos centrales del sistema se destacan:

• Prohibición de penas perpetuas o indefinidas para adolescentes.

• Ausencia de antecedentes penales permanentes para delitos cometidos durante la minoría de edad.

• Centros de detención especializados, separados de los establecimientos para adultos.

• Personal capacitado en justicia juvenil para el tratamiento de los menores.

Además, la ley establece que los procesos judiciales deberán desarrollarse con mayor rapidez, especialmente en los casos en los que el adolescente permanezca detenido durante la investigación.

La normativa también contempla sanciones disciplinarias para magistrados si se detectan demoras injustificadas en los procesos.

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La edad de imputabilidad en comparación con otros países

El debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina suele compararse con los estándares internacionales.

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En América Latina, varios países ya establecen edades similares o incluso más bajas para la responsabilidad penal juvenil.

Por ejemplo:

• 14 años: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana.

• 12 años: Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

En la mayoría de estos países, el sistema penal juvenil se basa en medidas socioeducativas, priorizando la reinserción antes que el castigo.

Dato clave: El proyecto original del Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero el Congreso acordó fijarla en 14 tras negociaciones políticas.

Este cambio permitió obtener el apoyo de bloques aliados como el PRO y la UCR, que consideraban que ese límite representaba un punto de equilibrio dentro del debate legislativo.

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Los derechos de las víctimas en el nuevo sistema

Otro aspecto central de la ley es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.

El texto establece que las personas afectadas podrán:

• Ser informadas sobre el avance de la causa.

• Participar en las distintas etapas del proceso judicial.

• Solicitar medidas de protección.

• Acceder a mecanismos de reparación por daños.

También se contempla la posibilidad de instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima otorgue su consentimiento y que la naturaleza del delito lo permita.

En los casos en que se determine responsabilidad civil por los daños causados, la justicia podrá exigir resarcimientos económicos a los padres o responsables legales del menor.

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Un debate que seguirá abierto

La reducción de la edad de imputabilidad fue uno de los debates más intensos de la agenda legislativa reciente.

Para algunos sectores, la medida busca responder a una preocupación social creciente por la participación de menores en delitos graves. Para otros, el desafío principal sigue siendo fortalecer políticas de inclusión, educación y prevención.

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Lo cierto es que el nuevo régimen penal juvenil cambia de forma significativa la forma en que el sistema judicial argentino abordará los delitos cometidos por adolescentes.

El impacto real de la ley recién podrá evaluarse con el paso del tiempo, cuando comiencen a aplicarse sus mecanismos en los tribunales y en las instituciones de justicia juvenil.

(más…)

La dirigencia del fútbol argentino enfrenta una semana decisiva, indagan a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino deberán presentarse ante la Justicia en el marco de una investigación por presunta retención indebida de aportes y tributos que supera los $19.300 millones.

La causa, que se tramita en el fuero penal económico, fue impulsada por la denuncia de la agencia recaudadora del Estado y pone bajo la lupa el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Los importes retenidos pertenecen al Estado desde el momento de la retención”, sostuvo el organismo denunciante.

El expediente se convirtió en uno de los casos judiciales más sensibles que enfrenta la conducción del fútbol argentino en los últimos años.

El cronograma de indagatorias que sacude a la dirigencia

El juez Diego Amarante programó una serie de declaraciones indagatorias que se desarrollarán a lo largo de la semana.

El calendario judicial incluye a varios dirigentes del fútbol argentino:

• Lunes: Cristian Malaspina

• Lunes: Víctor Blanco

• Miércoles: Pablo Toviggino

• Jueves: Claudio Tapia

Las indagatorias son un paso clave dentro del proceso penal: permiten que los acusados conozcan formalmente los cargos y presenten su defensa.

“Es el momento procesal donde se define si el caso avanza hacia un procesamiento”, explican especialistas en derecho penal económico.

La denuncia que inició el conflicto

La investigación comenzó a partir de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.

Según el organismo, la AFA habría retenido tributos y aportes previsionales pero no los habría transferido al Estado dentro del plazo legal.

Los impuestos involucrados incluyen:

• IVA

• Impuesto a las Ganancias

• Contribuciones a la seguridad social

La legislación establece que un agente de retención tiene 30 días para transferir esos fondos al fisco.

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Si no lo hace, puede configurarse el delito de apropiación indebida de tributos.

Los montos que investiga la Justicia

La causa tomó mayor dimensión cuando se conocieron los montos bajo investigación.

Inicialmente, la denuncia hablaba de $7.593 millones.

Posteriormente se detectaron nuevos períodos y el monto total se elevó a más de $19.300 millones.

Los períodos investigados abarcan:

• Marzo de 2024

• Septiembre de 2025

“Los fondos retenidos no son del contribuyente, sino del Estado”, remarcaron desde ARCA.

Esto implica que, desde el punto de vista legal, la retención sin depósito puede ser considerada apropiación de recursos públicos.

Las pruebas financieras que analiza el juez

Para justificar el llamado a indagatoria, el juez Amarante analizó un informe técnico sobre el movimiento financiero de la AFA.

Los números muestran la magnitud económica de la entidad:

• Ingresos en diciembre de 2024: más de $45.072 millones

• Ingresos durante 2025: más de $453.449 millones

Además, el expediente incluye documentación bancaria que evidencia:

• acreditaciones en cuentas institucionales

• constitución de plazos fijos en pesos y dólares

Estos elementos fueron considerados por la Justicia para evaluar si la entidad tenía capacidad financiera para cumplir con las obligaciones fiscales.

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El testimonio clave dentro de la AFA

Uno de los testimonios que influyó en el avance del expediente fue el de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA.

Según su declaración, las principales decisiones administrativas recaen en tres autoridades:

• el Presidente

• el Secretario

• el Tesorero

También explicó el procedimiento interno para el pago de impuestos.

“Los vencimientos se informan por mail y luego se envía un cuadro con la deuda acumulada”, declaró.

Según su testimonio, las instrucciones de pago se transmiten posteriormente desde la conducción de la entidad.

La defensa de Tapia y los dirigentes

Desde el entorno de Tapia sostienen que no existió delito.

La estrategia defensiva se apoya en un argumento central:

La deuda fiscal ya habría sido cancelada.

Por ese motivo, los abogados pidieron la nulidad del llamado a indagatoria, aunque el juez rechazó ese planteo.

La investigación continúa y ahora el proceso entra en una etapa clave.

Qué puede pasar ahora en la causa

Tras las indagatorias, el juez deberá decidir cómo continúa el expediente.

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Las posibilidades incluyen:

1. Procesamiento de los dirigentes

2. Falta de mérito (la causa sigue investigándose)

3. Sobreseimiento si no encuentra delito

Si el juez considera acreditada la figura penal, el delito investigado prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Un caso que puede impactar en el poder del fútbol argentino

Más allá del aspecto judicial, el caso tiene implicancias políticas dentro del fútbol argentino.

La conducción de la AFA, liderada por Tapia, consolidó en los últimos años un fuerte control institucional y deportivo, coronado con el éxito de la selección argentina.

Sin embargo, la causa judicial abre un nuevo frente de conflicto que podría afectar la estabilidad dirigencial del organismo.

El desenlace dependerá de lo que ocurra esta semana en los tribunales.

Porque después de las indagatorias llegará la pregunta que puede cambiar todo:

si la Justicia considera que hubo delito, el fútbol argentino podría enfrentar su mayor escándalo institucional en años.