Nacionales
José Alperovich cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero en un lujoso complejo
El exsenador tucumano fue beneficiado con la prisión domiciliaria tras cumplir 70 años y por problemas de salud. Cumple la pena en un lujoso complejo en el que tuvo lugar al menos uno de los abusos.
El exgobernador y exsenador nacional José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado. Finalmente este miércoles lo trasladaron desde el penal de Ezeiza al departamento de Puerto Madero donde cumplirá su prisión domiciliaria.
La medida, dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, se concretó luego de que el exmandatario cumpliera 70 años y presentara deterioro en su estado de salud, incluyendo dolores crónicos de cadera y dificultades para caminar.
El lujoso departamento está ubicado en el complejo Zencity, en la Torre Zafiro, Dique 1 de Puerto Madero. Se trata del mismo inmueble que aparece mencionado en la causa judicial como uno de los lugares donde ocurrieron los abusos sexuales cometidos contra su sobrina segunda, quien además se desempeñaba como su asistente personal durante la campaña electoral de 2018-2019.
Las condiciones de la prisión domiciliaria
Alperovich deberá cumplir la pena con una tobillera electrónica, sin posibilidad de abandonar el domicilio sin autorización judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó el arresto domiciliario luego de que la defensa presentara informes médicos y tras el pago de una caución real de 400 millones de pesos.
Además:
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Se le retuvo el pasaporte.
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No puede tener ningún tipo de contacto, directo o indirecto, con la víctima ni con su familia.
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Deberá presentar informes mensuales sobre su estado de salud y condiciones de detención.
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No podrá hacer uso de los amenities del edificio como piscina, gimnasio o spa.
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Solo podrá permanecer en los departamentos C1 y C2 del cuarto piso, bajo vigilancia constante.
Sus cuatro hijos —Gabriel, Mariana, Sara y Daniel— se ofrecieron como garantes personales, incluso pusieron sus pasaportes a disposición de la Justicia y se comprometieron a acompañarlo en forma permanente para evitar cualquier riesgo de fuga.
Los fundamentos del juez
En la resolución, el juez Juan Ramos Padilla sostuvo que la prisión domiciliaria “no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones específicas”.
“Espero que José Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad”, declaró el magistrado, quien fue el mismo que lo condenó en junio de 2024.
La condena
José Alperovich sentenciado el 19 de junio de 2024 a 16 años de prisión por seis hechos de abuso sexual con acceso carnal y tres casos de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa. Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y el departamento de Puerto Madero en el que ahora cumple arresto.
Durante el juicio, la querella había solicitado 22 años de prisión, la fiscalía 16, y la defensa pidió la absolución. El exgobernador negó los cargos, asegurando que se trataba de una causa con “motivaciones políticas y económicas”, pero la Justicia consideró que “los indicios son graves, precisos y concordantes, y el testimonio de la denunciante se corroboró por pericias físicas y psicológicas, y otros testimonios clave”.
Alperovich además se lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
Repercusiones
La decisión judicial fue recibida con preocupación por organismos de derechos humanos y colectivos feministas, que exigen un estricto cumplimiento de las condiciones impuestas y recuerdan que el departamento autorizado es uno de los lugares donde se cometieron los abusos.
La Justicia advirtió que cualquier violación a las restricciones impuestas implicará el inmediato regreso al penal de Ezeiza. Mientras tanto, el proceso judicial sigue en marcha con apelaciones pendientes y posibilidad de revisión por la Corte Suprema de Justicia.
Nacionales
El Gobierno promulgó la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina
El nuevo régimen penal juvenil establece sanciones diferenciadas para adolescentes y prioriza la resocialización por sobre el castigo.
Nacionales– La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió a sacudir el escenario político argentino. Con la publicación del decreto 138/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que reduce la edad mínima para ser penalmente responsable de 16 a 14 años.
La iniciativa había sido uno de los proyectos centrales impulsados por el presidente Javier Milei durante las sesiones extraordinarias del Congreso y logró finalmente su aprobación en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El nuevo marco legal introduce cambios profundos en el sistema judicial juvenil, estableciendo sanciones diferenciadas según la edad y el delito cometido, además de un enfoque orientado a la educación, la reinserción social y la responsabilidad progresiva de los adolescentes.
“La privación de la libertad será el último recurso y por el tiempo más breve posible”, establece la nueva normativa.
La decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre la edad de imputabilidad, un tema que durante décadas generó divisiones entre especialistas, organizaciones sociales y sectores políticos.
Ley: Cómo funcionará el nuevo régimen penal juvenil
Uno de los principales cambios que introduce la ley es la creación de un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos.
A diferencia del régimen anterior, el nuevo esquema establece que las sanciones deben estar orientadas principalmente a la educación y la resocialización, con el objetivo de evitar la reincidencia y favorecer la reintegración del menor a la sociedad.
Entre los puntos centrales del sistema se destacan:
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Prohibición de penas perpetuas o indefinidas para adolescentes.
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Ausencia de antecedentes penales permanentes para delitos cometidos durante la minoría de edad.
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Centros de detención especializados, separados de los establecimientos para adultos.
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Personal capacitado en justicia juvenil para el tratamiento de los menores.
Además, la ley establece que los procesos judiciales deberán desarrollarse con mayor rapidez, especialmente en los casos en los que el adolescente permanezca detenido durante la investigación.
La normativa también contempla sanciones disciplinarias para magistrados si se detectan demoras injustificadas en los procesos.
La edad de imputabilidad en comparación con otros países
El debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina suele compararse con los estándares internacionales.
En América Latina, varios países ya establecen edades similares o incluso más bajas para la responsabilidad penal juvenil.
Por ejemplo:
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14 años: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana.
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12 años: Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá.
En la mayoría de estos países, el sistema penal juvenil se basa en medidas socioeducativas, priorizando la reinserción antes que el castigo.
Dato clave: El proyecto original del Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero el Congreso acordó fijarla en 14 tras negociaciones políticas.
Este cambio permitió obtener el apoyo de bloques aliados como el PRO y la UCR, que consideraban que ese límite representaba un punto de equilibrio dentro del debate legislativo.
Los derechos de las víctimas en el nuevo sistema
Otro aspecto central de la ley es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.
El texto establece que las personas afectadas podrán:
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Ser informadas sobre el avance de la causa.
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Participar en las distintas etapas del proceso judicial.
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Solicitar medidas de protección.
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Acceder a mecanismos de reparación por daños.
También se contempla la posibilidad de instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima otorgue su consentimiento y que la naturaleza del delito lo permita.
En los casos en que se determine responsabilidad civil por los daños causados, la justicia podrá exigir resarcimientos económicos a los padres o responsables legales del menor.
Un debate que seguirá abierto
La reducción de la edad de imputabilidad fue uno de los debates más intensos de la agenda legislativa reciente.
Para algunos sectores, la medida busca responder a una preocupación social creciente por la participación de menores en delitos graves. Para otros, el desafío principal sigue siendo fortalecer políticas de inclusión, educación y prevención.
Lo cierto es que el nuevo régimen penal juvenil cambia de forma significativa la forma en que el sistema judicial argentino abordará los delitos cometidos por adolescentes.
El impacto real de la ley recién podrá evaluarse con el paso del tiempo, cuando comiencen a aplicarse sus mecanismos en los tribunales y en las instituciones de justicia juvenil.
Nacionales
Indagan a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: semana clave en la causa por $19.300 millones contra la AFA
La dirigencia del fútbol argentino enfrenta una semana decisiva, indagan a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino deberán presentarse ante la Justicia en el marco de una investigación por presunta retención indebida de aportes y tributos que supera los $19.300 millones.
La causa, que se tramita en el fuero penal económico, fue impulsada por la denuncia de la agencia recaudadora del Estado y pone bajo la lupa el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino.
“Los importes retenidos pertenecen al Estado desde el momento de la retención”, sostuvo el organismo denunciante.
El expediente se convirtió en uno de los casos judiciales más sensibles que enfrenta la conducción del fútbol argentino en los últimos años.
El cronograma de indagatorias que sacude a la dirigencia
El juez Diego Amarante programó una serie de declaraciones indagatorias que se desarrollarán a lo largo de la semana.
El calendario judicial incluye a varios dirigentes del fútbol argentino:
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Lunes: Cristian Malaspina
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Lunes: Víctor Blanco
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Miércoles: Pablo Toviggino
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Jueves: Claudio Tapia
Las indagatorias son un paso clave dentro del proceso penal: permiten que los acusados conozcan formalmente los cargos y presenten su defensa.
“Es el momento procesal donde se define si el caso avanza hacia un procesamiento”, explican especialistas en derecho penal económico.
La denuncia que inició el conflicto
La investigación comenzó a partir de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.
Según el organismo, la AFA habría retenido tributos y aportes previsionales pero no los habría transferido al Estado dentro del plazo legal.
Los impuestos involucrados incluyen:
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IVA
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Impuesto a las Ganancias
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Contribuciones a la seguridad social
La legislación establece que un agente de retención tiene 30 días para transferir esos fondos al fisco.
Si no lo hace, puede configurarse el delito de apropiación indebida de tributos.
Los montos que investiga la Justicia
La causa tomó mayor dimensión cuando se conocieron los montos bajo investigación.
Inicialmente, la denuncia hablaba de $7.593 millones.
Posteriormente se detectaron nuevos períodos y el monto total se elevó a más de $19.300 millones.
Los períodos investigados abarcan:
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Marzo de 2024
-
Septiembre de 2025
“Los fondos retenidos no son del contribuyente, sino del Estado”, remarcaron desde ARCA.
Esto implica que, desde el punto de vista legal, la retención sin depósito puede ser considerada apropiación de recursos públicos.
Las pruebas financieras que analiza el juez
Para justificar el llamado a indagatoria, el juez Amarante analizó un informe técnico sobre el movimiento financiero de la AFA.
Los números muestran la magnitud económica de la entidad:
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Ingresos en diciembre de 2024: más de $45.072 millones
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Ingresos durante 2025: más de $453.449 millones
Además, el expediente incluye documentación bancaria que evidencia:
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acreditaciones en cuentas institucionales
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constitución de plazos fijos en pesos y dólares
Estos elementos fueron considerados por la Justicia para evaluar si la entidad tenía capacidad financiera para cumplir con las obligaciones fiscales.
El testimonio clave dentro de la AFA
Uno de los testimonios que influyó en el avance del expediente fue el de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA.
Según su declaración, las principales decisiones administrativas recaen en tres autoridades:
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el Presidente
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el Secretario
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el Tesorero
También explicó el procedimiento interno para el pago de impuestos.
“Los vencimientos se informan por mail y luego se envía un cuadro con la deuda acumulada”, declaró.
Según su testimonio, las instrucciones de pago se transmiten posteriormente desde la conducción de la entidad.
La defensa de Tapia y los dirigentes
Desde el entorno de Tapia sostienen que no existió delito.
La estrategia defensiva se apoya en un argumento central:
La deuda fiscal ya habría sido cancelada.
Por ese motivo, los abogados pidieron la nulidad del llamado a indagatoria, aunque el juez rechazó ese planteo.
La investigación continúa y ahora el proceso entra en una etapa clave.
Qué puede pasar ahora en la causa
Tras las indagatorias, el juez deberá decidir cómo continúa el expediente.
Las posibilidades incluyen:
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Procesamiento de los dirigentes
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Falta de mérito (la causa sigue investigándose)
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Sobreseimiento si no encuentra delito
Si el juez considera acreditada la figura penal, el delito investigado prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Un caso que puede impactar en el poder del fútbol argentino
Más allá del aspecto judicial, el caso tiene implicancias políticas dentro del fútbol argentino.
La conducción de la AFA, liderada por Tapia, consolidó en los últimos años un fuerte control institucional y deportivo, coronado con el éxito de la selección argentina.
Sin embargo, la causa judicial abre un nuevo frente de conflicto que podría afectar la estabilidad dirigencial del organismo.
El desenlace dependerá de lo que ocurra esta semana en los tribunales.
Porque después de las indagatorias llegará la pregunta que puede cambiar todo:
si la Justicia considera que hubo delito, el fútbol argentino podría enfrentar su mayor escándalo institucional en años.
Nacionales
Denuncia contra Augusto Fraschina: ocho años sin justicia y la sombra del poder en el caso
La relación entre jueces y funcionarios judiciales con los dirigentes de la AFA.
El caso que involucra al instructor de equitación Augusto Fraschina parece sacado de un guion oscuro: una joven promesa del deporte que denuncia abusos, un proceso judicial que se extiende durante años y un entramado de vínculos con figuras influyentes del fútbol argentino.
Lo que comenzó como una denuncia en 2018 hoy se transformó en una causa judicial que lleva casi ocho años sin llegar a juicio, mientras crece el temor de que todo termine en prescripción.
“La víctima termina escondiéndose para cuidarse mientras él sigue con su vida”, dijo una de las denunciantes.
El expediente expone no solo testimonios graves de abuso sexual, sino también demoras judiciales, decisiones polémicas y vínculos con dirigentes del fútbol argentino que generan sospechas sobre la falta de avances.
Una denuncia que comenzó cuando la víctima era menor
Candela —nombre utilizado públicamente en medios— contó que su historia con Augusto Fraschina comenzó cuando era apenas una adolescente dedicada a la equitación.
Había empezado a montar a los 3 años, y para los 14 y 15 ya representaba a la Argentina en competencias internacionales. Su familia buscó entonces un entrenador de alto nivel en el ambiente hípico.
Uno de los nombres más reconocidos en Pilar era el de Augusto Fraschina.
Según el relato de la denunciante, los abusos comenzaron cuando empezó a entrenar en el centro ecuestre Las Casuarinas, propiedad del instructor.
Los episodios se habrían iniciado con intentos de besos y tocamientos mientras ella se cambiaba para entrenar.
“Cada vez fueron incrementando los abusos”, relató la joven.
La dinámica, según su testimonio, era manipuladora: cuando ella accedía o no se resistía, el trato era cordial; cuando lo rechazaba, las clases empeoraban o directamente desaparecían.
Este patrón es conocido por especialistas en violencia sexual como “coerción psicológica en contextos de poder deportivo”.
El episodio que marcó el límite
Uno de los hechos más traumáticos relatados por la denunciante ocurrió cuando el entrenador organizó lo que parecía un cierre de año del club hípico.
Sin embargo, al llegar al lugar descubrió que no era una celebración sino un hotel.
Allí ocurrió el episodio que la llevó a cortar definitivamente la relación.
Las consecuencias psicológicas fueron profundas.
“Todas las noches después de comer me metía los dedos y vomitaba”, contó la denunciante.
El silencio se extendió durante años, hasta que finalmente decidió denunciar.
Pero lo que esperaba que fuera el inicio de la justicia se transformó en un proceso judicial interminable.
Otra denuncia y un patrón que se repite
Una segunda mujer denunció a Augusto Fraschina en 2023, relatando una agresión ocurrida cuando tenía entre 18 y 19 años.
Según su testimonio, todo comenzó con una situación aparentemente casual: un conocido del ambiente hípico le ofreció llevarla hasta una parada de colectivo.
En el camino pasaron por su casa.
Allí apareció Fraschina.
Según la denuncia, el jinete la arrastró a una habitación y abusó sexualmente de ella.
La reacción de la persona que la había llevado fue devastadora para la víctima.
“Le pedí ayuda y se rió”, recordó.
La mujer presentó testigos y nombres en la denuncia, pero afirma que la fiscalía pidió archivar el caso rápidamente.
“Ni siquiera se estaba investigando”, afirmó.
El vínculo con el poder del fútbol
El caso adquirió mayor repercusión cuando salieron a la luz los vínculos entre Augusto Fraschina y el dirigente del fútbol argentino Pablo Toviggino, uno de los hombres más influyentes dentro de la AFA.
El instructor:
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Entrenó a los tres hijos de Toviggino
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Compitió con caballos de su familia
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Ganó en 2024 el Gran Premio de la Federación Ecuestre Argentina con un caballo perteneciente a uno de los hermanos Toviggino.
Tras esa victoria, el propio Fraschina agradeció públicamente a la familia del dirigente.
“Nos dan la oportunidad de darnos este gustito”, dijo.
Estos vínculos no constituyen una prueba judicial directa, pero para las denunciantes refuerzan la sensación de impunidad.
Una decisión judicial que puede cerrar el caso
El punto más polémico del expediente ocurrió cuando el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires anuló una prueba psicológica clave.
La decisión generó un efecto dominó.
Un juez interpretó que, al invalidarse esa prueba, también se anulaba el llamado a indagatoria del acusado, que es lo que interrumpe el plazo de prescripción.
Si esa interpretación queda firme:
la causa podría considerarse prescripta tras 12 años.
Lo más controvertido es que dos de los magistrados que firmaron el fallo tienen vínculos con tribunales internos de la AFA.
Esto alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Un proceso que puede durar años más
El abogado de las denunciantes, Hugo Tomei, llevó el caso ante la Corte Suprema bonaerense con la esperanza de revertir la decisión.
Pero el panorama es incierto.
“Ni siquiera llegamos a la mitad del proceso”, afirmó el letrado.
En delitos de abuso sexual, la dilación judicial puede convertirse en una segunda forma de violencia.
No solo porque erosiona las pruebas, sino porque expone a las víctimas a años de desgaste emocional.
Qué revela este caso sobre la justicia y el deporte
El expediente Fraschina expone tres problemas estructurales que se repiten en casos de abuso en ámbitos deportivos:
1. Relación de poder entrenador-atleta
Los entrenadores controlan oportunidades deportivas, lo que puede generar dependencia psicológica.
2. Redes de influencia
Los vínculos con dirigentes o instituciones influyentes pueden generar sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
3. Demoras judiciales extremas
La lentitud en la justicia argentina hace que muchas causas de abuso terminen prescribiendo.
El siguiente paso clave
La decisión de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires será determinante.
Si revierte la interpretación de la prescripción, el caso podría finalmente llegar a juicio.
Si no lo hace, una denuncia que comenzó hace casi una década podría cerrarse sin sentencia.
Y entonces quedará una pregunta incómoda:
¿qué pasa cuando la justicia tarda tanto que termina pareciéndose a la impunidad?
(Fuente NT)
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