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Nacionales

Incendios en el Delta: quienes están imputados o son acusados de prender los fuegos

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Los dueños del Fuego titularon periodistas activistas en relación a los incendios en el delta del Paraná que une Santa Fe y Entre Ríos. Lo que plantean a través de sus redes sociales es la teoría que los incendios se realizan de forma intencional para expandir la actividad agropecuaria en el delta.

Datos de los incendios en el Delta

Juan Chiummiento, periodista del diario La Capital recopilo datos para un articulo periodístico y concluyo que el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos agropecuarios en las islas. Esta información fue brindada desde el «Senasa«, al medio en que trabaja, a propósito de la actividad en la zona del Delta en el distrito de Victoria.

Según la clasificación que realiza el Senasa, un establecimiento es la unidad territorial donde se desarrolla la actividad productiva. Ahora bien, «unidad productiva» refiere a los distintos titulares que poseen diferentes actividades agrícolo-ganaderas dentro del mismo establecimiento. Cada una de ellas se identifica por un número de Renspa (sigla correspondiente a Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

El mapa a continuación permite visualizar la ubicación precisa de cada uno de esos establecimientos, así como también cotejar el nombre con el que figuran ante el Senasa, el área que ocupan, la cantidad de unidades productivas asociadas y las cabezas de ganado registradas.

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Por otra parte, la periodista Soledad Barruti, Autora de los libros Malcomidos y MalaLeche, en su cuenta de Instagram publicó:

Quienes están imputados o son acusados de prender los fuegos y/o trabajan arduamente para que no haya ley de humedales:

Familia Passaglia, la del intendente de San Nicolás.
Familia Baggio, la de los juguitos.
Domingo Maiocco, intendente de Victoria.
Gustavo Bordet, Gobernador de Entre Ríos (el 80 % de las islas del Delta están en esa provincia, el gobierno tiene 76 establecimientos productivos y una cantidad de tierra entregada a amichis con vacas).
José Antonio Aranda (hacendado y accionista del grupo Clarin)
Jorge Soros (sí, tambien es ganadero x Santa Fe y Corrientes).
Esteban Hernández, La Carolina SA.
Sergio Massa (super ministro x Nordelta)
Antonio Pazzaglia, productor.
Alberto Samid, el rey de la carne.
Enrique Ezquenazi, empresario.
Víctor Gualtieri, empresario que además le robó las tierras que ahora quema a pequeños productores.
La familia Pou, herederos del ex presidente del Banco Nación.
Nicolás Franco Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Rogelio Frigerio (diputado y ex min de obras públicas dueño de muchos emprendimientos inmobiliarios en la zona)
José Luis Gioja (ex gob de San Juan x defender a las mineras que tienen explotaciones o intereses en otros humedales donde hay x ej litio).
Alfredo de Angeli (senador rural)
Juan Cabandie (Ministro de ambiente, presentó una ley «alternativa» que en vez de defender a los humedales, los entrega).
Todos los ministros de Agricultura.
La lista de empresarios es demencial. El periodista Juan Chiummiento hizo un mapeo espectacular que dejo en hisotrias. X lo demás algunos de los que figuran en causas son: Enzo Federico Vignales, Raúl Alvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti.

 

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Denunciaron penalmente a Juan Cabandié por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”

En relación a esto, en la ciudad de Rosario la concejala de Rosario Verónica Irízar, del Partido Socialista, denunció a Juan Cabandié (Ministro de ambiente) en los tribunales de Comodoro Py , por «por impericia en la prevención y manejo del fuego en los humedales del Paraná» y afirmó: «Ser funcionario no es ocupar un cargo, es hacerse cargo».

La presentación contra el funcionario nacional es por acción tardía, extemporánea e inconexa ante el sostenido avance de los incendios en las Islas del Delta del Paraná, que provocan nubes gigantes de humo en la provincia de Santa Fe y alrededores.

La parlamentaria explicó que la querella, basada en fundamentos y leyes nacionales e internacionales, solicita que se lo condene en los términos del artículo 248 del Código Penal de la Nación. “En síntesis, exhibe una sumatoria de omisiones, ausencias y negligencias en el cumplimiento de sus funciones y en la ejecución de las leyes que le incumben, el incumplimiento del deber de preservar el ecosistema del Delta del Paraná, y la violación de derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud”

Irizar además sostuvo que, Cabandié inclumplió sus funciones de ejecutar las leyes que le incumben, tales como el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley N° 26.815 de creación del Sistema Federal de Manejo de Fuego, la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y la Ley 22.421, de Preservación y Defensa de la Fauna Silvestre, entre otras, omitiendo:

  • Proveer a la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.
  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales
  • Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria
  • Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente
  • Minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales
  • Prevención y combate de incendios forestales.

Fuente Ayuda: LaCapital

 

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ANSES le pedirá a Cristina Kirchner que devuelva $1.000 millones tras el rechazo judicial a su reclamo por la pensión de Néstor

La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la expresidenta, que buscaba reactivar el pago de su asignación mensual vitalicia. El Gobierno reclamará la devolución de los montos ya percibidos.

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Fallo adverso para Cristina Kirchner, donde ANSES le pedirá a Cristina Kirchner que devuelva $1.000 millones. La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que se le restituyera de manera anticipada la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, suspendida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La decisión, emitida por el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, se dio en el marco de la causa “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de Acto Administrativo”, donde la exmandataria cuestiona las resoluciones que dieron de baja tanto la pensión correspondiente a su esposo como la suya propia por haber sido presidenta.

ANSES reclamará la devolución de los fondos

Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno nacional, a través de la ANSES —organismo que depende del Ministerio de Capital Humano—, exigirá a Fernández de Kirchner la devolución de los pagos realizados previamente, una suma estimada en 1.000 millones de pesos.

El organismo previsional argumentó que la pensión establecida por la Ley 24.018 para expresidentes, vicepresidentes y sus viudas constituye una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no deriva de aportes previsionales, sino del honor y desempeño en el cargo. Por ello, consideró que la medida cautelar solicitada por la exvicepresidenta se confundía con el objeto principal del juicio y que no existían los requisitos legales para suspender el acto administrativo que dispuso la baja.

Los argumentos del fallo

La jueza Alonso Candis fundamentó su decisión en que las medidas cautelares no pueden anticipar el resultado del proceso principal. Señaló que la determinación de la verosimilitud del derecho requiere un análisis más profundo de los hechos y las normas aplicables, lo cual excede el marco de una medida provisional.

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Asimismo, destacó que los actos administrativos de la ANSES gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, según la Ley 19.549, por lo que no pueden suspenderse sin una norma específica. Citó además jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que este tipo de medidas no procede frente a actos administrativos o legislativos válidos.

Otro de los puntos centrales del fallo fue que el pedido de la expresidenta coincidía con el objeto de la demanda principal, algo expresamente prohibido por el artículo 3 inciso 4 de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional.

Contexto judicial y penal

La ANSES también recordó que la cuestión resulta abstracta por la condena penal firme dictada en la causa “Fernández de Kirchner Cristina Elisabet y otros s/ infracción a los artículos 173, 174 y 210 del Código Penal”, que prevé la suspensión del goce de beneficios previsionales para quienes fueron inhabilitados penalmente, salvo que existan parientes con derecho a pensión, situación que no aplica en este caso.

La jueza, no obstante, aclaró que no era necesario analizar en esta etapa ese punto, ya que el rechazo de la cautelar se sustentaba en otros fundamentos jurídicos.

Próximos pasos

Con esta resolución, Cristina Kirchner no podrá cobrar por ahora la pensión como viuda del expresidente ni la correspondiente a su propio mandato. Además, deberá enfrentar el reclamo de devolución de los montos ya percibidos, mientras la causa principal continúa su curso judicial.

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El fallo representa un nuevo revés judicial para la exvicepresidenta, que había argumentado que la suspensión del beneficio afectaba su derecho a la seguridad social y su subsistencia, invocando el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La magistrada dispuso que las costas se paguen por su orden, considerando la naturaleza del conflicto y que la parte actora pudo estimar que su planteo estaba respaldado por derecho suficiente.

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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner y 86 acusados frente al Tribunal Oral Federal N°7

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Este jueves a las 9.30 comenzará uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia argentina: el juicio oral por la Causa Cuadernos.  La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada junto a 86 imputados, entre ex funcionarios y empresarios. El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Según la fiscal general Fabiana León, quien encabezará la acusación junto a su equipo de fiscales Nicolás Codromaz, Guido Ambrosio y Claudio Nimis, se trata de “la investigación por corrupción más extensa en la historia judicial argentina y una de las más grandes del mundo”.

La causa cuadernos es emblemática

El caso se originó a partir de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, quien registró supuestos traslados de dinero de empresarios a funcionarios públicos durante los gobiernos kirchneristas. La investigación sostiene que existió una asociación ilícita dentro del Poder Ejecutivo destinada a recaudar fondos ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública, energía y transporte.

Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y coautora de cohecho pasivo en 204 hechos. Cumple prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111, donde deberá seguir las audiencias por videoconferencia, debido a la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema.

Los principales imputados

Entre los ex funcionarios acusados figuran Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José López (ex secretario de Obras Públicas), Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación), Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (ex secretarios de Transporte).

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Del lado empresarial se destacan nombres como Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Enrique Pescarmona, Néstor Otero, Armando Loson y Alberto Padoan, entre otros. En total, se juzgarán 540 hechos de presuntos sobornos.

El chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos, también será juzgado en calidad de imputado colaborador. De los ocho cuadernos originales, seis se recuperaron y permanecen bajo custodia judicial, mientras que dos continúan desaparecidos.

Los delitos y las penas previstas

Los delitos que se juzgarán incluyen asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según los roles atribuidos a cada acusado.

  • La asociación ilícita prevé penas de hasta 10 años de prisión.

  • El cohecho (pago o cobro de sobornos) contempla hasta 6 años.

La fiscalía también analizará la responsabilidad de los empresarios en el cohecho activo, es decir, el pago de las presuntas coimas a funcionarios públicos. Muchos de ellos firmaron acuerdos de imputado colaborador conforme a la Ley 27.304.

Etapas del proceso

Durante el primer mes, las audiencias se desarrollarán todos los jueves de 9.30 a 13.30 con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del caso principal y sus causas conexas. A partir de marzo de 2026, se agregará un segundo día semanal de sesiones.

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Las declaraciones indagatorias de los acusados se realizarán a fin de año o tras la feria judicial de enero, momento en el que el Tribunal decidirá si las audiencias continuarán de forma virtual o presencial.

Contexto y alcance del juicio

El expediente principal, con más de 12 mil fojas, se elevó a juicio por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en 2019. Incluye además tres causas conexas: los sobornos de la obra pública, las irregularidades en contratos ferroviarios y la cartelización de empresas viales.

El Ministerio Público Fiscal rechazó las ofertas de “reparación integral” presentadas por varios empresarios que pretendían evitar el juicio mediante el pago de sumas millonarias. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, sostuvo la fiscal León en audiencia pública.

El proceso, que podría extenderse al menos tres años, se perfila como uno de los juicios más complejos y simbólicos de la historia judicial argentina, no solo por la magnitud de los hechos investigados, sino por el impacto político que puede tener su desenlace.

La Causa Cuadernos, iniciada hace más de siete años, marcará un punto de inflexión en la relación entre el poder político, el empresariado y la Justicia. Mientras el país observa expectante, este juicio representa el cierre de una era y el comienzo de otra en la historia reciente de la Argentina.

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Milei impulsa una coalición para las reformas y apuesta al consenso tras su victoria electoral

Tras un triunfo histórico en las urnas, el presidente busca tender puentes con gobernadores y sectores opositores para garantizar gobernabilidad y avanzar con su agenda de transformación económica y política.

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Una nueva etapa política, Fortalecido por una victoria contundente en las elecciones, Javier Milei comenzó a delinear lo que definió como una “coalición para las reformas”, convocando a 20 de los 24 gobernadores del país en un gesto de apertura y diálogo político.
El mandatario libertario, que sorprendió al imponerse incluso en la provincia de Buenos Aires por más de 17 puntos sobre el kirchnerismo, transmitió un mensaje claro: la nueva etapa se basará en el consenso y la cooperación institucional.

La reunión, celebrada en la Casa Rosada, buscó mostrar fortaleza y unidad ante la sociedad, el sector empresario y también ante el exterior, especialmente los Estados Unidos de Donald Trump, uno de los referentes internacionales más cercanos a la gestión de Milei.

Reconciliaciones y señales de apertura

Uno de los gestos más comentados del encuentro fue el abrazo entre Milei y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Meses atrás, ambos habían protagonizado tensiones públicas durante la campaña. La foto de la reconciliación simbolizó el tono de esta nueva etapa política: menos confrontación y más diálogo.

También sorprendió el acercamiento con figuras del peronismo tradicional. Milei saludó efusivamente a Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y a Sergio Ziliotto (La Pampa), dos gobernadores que hasta hace poco integraban el bloque más reacio a las reformas libertarias. Su apoyo podría resultar decisivo en el Senado, donde el kirchnerismo aún conserva poder de veto.

Mientras tanto, en la residencia de Cristina Kirchner, se tomó nota de los movimientos: el liderazgo de la expresidenta enfrenta cuestionamientos internos y un futuro incierto dentro del peronismo.

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Flexibilidad y acuerdos para las reformas

La cumbre de gobernadores tuvo una puesta en escena cuidadosamente planificada. De un lado, los mandatarios provinciales; del otro, el gabinete nacional completo, con Milei al centro. Participaron Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Luis “Toto” Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios clave.

Los temas sobre la mesa fueron concretos: Presupuesto 2026, reforma laboral y tributaria, modernización del Código Penal y financiamiento provincial. Según fuentes oficiales, prevaleció un tono constructivo. No hubo reproches, sino elogios mutuos y coincidencias en torno a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y destrabar la economía.

Uno de los puntos centrales fue la discusión sobre la transferencia del impuesto a los combustibles y el compromiso del Gobierno nacional de agilizar el envío de fondos a las provincias, en línea con el principio de “Presupuesto Base Cero”.

El desafío del peronismo y el nuevo mapa político

El peronismo enfrenta ahora una encrucijada decisiva: desprenderse de la conducción de Cristina Kirchner y renovarse como fuerza competitiva o resignarse a un papel testimonial. Gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), presentes en la cumbre, representan un sector que busca adaptarse a los nuevos tiempos políticos.

Con la mirada puesta en el 10 de diciembre, cuando asumirá el nuevo Congreso, Milei busca consolidar una base de acuerdos duradera que le permita avanzar con su plan de reformas estructurales.

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Por ahora, la foto de unidad es solo el comienzo. Pero el Presidente confía en que el voto popular y la necesidad de gobernabilidad abrirán el camino hacia una Argentina más estable, moderna y libre de los bloqueos que durante décadas frenaron su desarrollo.

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