Nacionales- Mendoza vivió una noche decisiva con respecto a la megaminería. Con la Legislatura completamente vallada y miles de manifestantes rodeando el edificio, el Senado provincial aprobó hoy martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita el avance de la minería en Uspallata y en Malargüe, incluido el polémico proyecto PSJ Cobre Mendocino —ex San Jorge—.

La votación fue acompañada por el Gobierno provincial, los principales bloques políticos y el respaldo explícito del presidente Javier Milei. Pero la decisión llegó en medio de un clima de máxima tensión social, advertencias científicas por los riesgos ambientales y un malestar creciente por el uso del agua, un recurso crítico en una provincia que atraviesa más de una década y media de sequía.

Advertencias del CONICET y la Universidad de Cuyo: más riesgos que certezas para el agua

Aunque el oficialismo insiste en que los estudios son “sólidos y rigurosos”, tanto el CONICET como la Universidad Nacional de Cuyo habían advertido sobre impactos potenciales en la salud humana, riesgos ambientales de largo plazo y afectación directa sobre el agua, especialmente en zonas donde el recurso es escaso y altamente demandado.

Investigadores señalaron que Mendoza tiene apenas el 4% de su superficie irrigada y que los proyectos mineros consumirían millones de litros diarios en regiones estratégicas. En un contexto hídrico crítico, alertaron que cualquier presión adicional puede comprometer la estabilidad del sistema productivo y la vida cotidiana de miles de familias.

A pesar de estas observaciones, los documentos no fueron incorporados como condicionantes en la resolución final.

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El Gobierno y la mayoría política apoyaron la aprobación

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la votación y afirmó que se trata de “un paso hacia la modernización productiva de Mendoza”. También ratificó que el uso del agua será “controlado y monitoreado en cada etapa”.

El presidente Milei, por su parte, había pedido públicamente a los senadores que aprobaran el proyecto y destacó que la minería es una “palanca clave para el crecimiento del país”.

En la Legislatura, radicales, libertarios y parte del peronismo sumaron los votos necesarios para avanzar.

Miles de personas en las calles: el agua como bandera histórica

Mientras los senadores debatían, afuera la movilización fue masiva. Organizaciones socioambientales, vecinos autoconvocados, ciclistas y familias completas se acercaron a la Legislatura para rechazar la aprobación.

Los manifestantes denunciaron represión policial, controles estrictos y un vallado que impidió el acercamiento al edificio. La consigna unificada fue la misma que marcó la historia reciente de la provincia: “El agua de Mendoza no se negocia”.

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El sonido de bombos, pancartas, fogones y cánticos acompañó toda la sesión. Para muchos, la jornada evocó el recuerdo de diciembre de 2019, cuando la sociedad mendocina logró frenar la modificación de la Ley 7722.

Megaminería: poca mano de obra y beneficios económicos cuestionados

Uno de los puntos más discutidos es el impacto económico real. Expertos y organizaciones sostienen que la megaminería genera muy poca mano de obra en comparación con los riesgos que implica.

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Además, señalan que el porcentaje de dinero que queda para la provincia es mínimo frente al volumen de recursos extraídos. En paralelo, los costos ambientales —especialmente sobre el agua— podrían ser irreversibles.

Por eso, una pregunta resonó fuerte en las calles y también en redes sociales:
¿Para quién son los negocios?

La desconfianza no es nueva: Mendoza ya ha visto proyectos extractivos que prometieron desarrollo local y terminaron dejando empleo escaso y beneficios concentrados.

Una aprobación que deja heridas abiertas

La votación del Senado no cerró el debate: lo profundizó. Para el Gobierno, es un avance estratégico. Para una parte importante de la sociedad mendocina, es una amenaza directa a su identidad productiva y a su relación histórica con el agua.

Con protestas anunciadas para los próximos días y un clima político en ebullición, el conflicto promete seguir en el centro de la agenda provincial.

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El Ministerio de Defensa oficializó este viernes la llegada al país de los primeros aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. Las aeronaves, que forman parte del lote acordado por el Gobierno para modernizar la flota de la Fuerza Aérea, iniciarán operaciones en la Argentina y tendrán una presentación pública con un sobrevuelo especial que podrá observarse en distintos sectores de Buenos Aires.

🇦🇷 Mañana es el día. 🇦🇷
Hoy, apenas un adelanto del viaje que ya está haciendo historia.
Nuestros F-16 vienen en camino y cada foto lo confirma. Esta es la Argentina grande que estamos construyendo, con capacidad supersónica para defender nuestro cielo.

Mañana aterrizan seis… pic.twitter.com/EYHUZ7jm1r

— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 4, 2025

Un despliegue que genera expectativa

Los F-16 arribaron luego de un proceso de compra que incluyó modernizaciones y adecuación técnica. Para su debut ante el público, el Ministerio confirmó un vuelo rasante programado para el domingo 7 de diciembre.
El operativo comenzará en la base aérea de Río Cuarto, Córdoba, y seguirá un itinerario que cruzará diversas localidades antes de ingresar al Área Metropolitana de Buenos Aires.

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La novedad despertó interés tanto entre especialistas en defensa como entre vecinos y turistas, que podrán ver el paso de las aeronaves desde varios puntos estratégicos de la ciudad.

Recorrido previsto: horario y lugares para observarlos

El sobrevuelo está programado entre las 8:00 y las 8:45, aunque el horario podría ajustarse por cuestiones climáticas o de coordinación aérea. Entre las zonas desde donde se espera que los F-16 sean visibles se destacan:

• Avenida 9 de Julio

• Alrededores de la Casa Rosada

• Microcentro porteño

• Sectores próximos al Obelisco

Las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales del Ministerio de Defensa para confirmar la hora exacta y posibles modificaciones del itinerario.

Un salto tecnológico para la Fuerza Aérea

La incorporación de los F-16 representa un avance significativo para la Fuerza Aérea Argentina, que llevaba años esperando la renovación de sus sistemas de defensa.
Las aeronaves adquiridas llegan con equipamiento actualizado y capacidades superiores que permitirán reemplazar unidades ya fuera de servicio.

Si bien la presentación consistirá en un sobrevuelo controlado, fuentes castrenses remarcan que se aplicarán protocolos estrictos y que no se brindarán detalles técnicos sobre maniobras, altitudes o cantidad exacta de aviones participantes.

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Recomendaciones para el público

Para quienes quieran presenciar el evento, se sugiere:

• Elegir espacios abiertos con buena visual al cielo.

• Llegar temprano por la posible concentración de público.

• Consultar canales oficiales por eventuales ajustes en el operativo.

El despliegue marcará la primera demostración pública de la nueva flota y un hito para la modernización del sistema de defensa nacional.

La Justicia profundiza la investigación sobre Sur Finanzas —la financiera relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia— por presunto lavado de dinero, y ahora se enfoca en un grupo de monotributistas de categorías bajas que habrían manejado cifras incompatibles con su nivel fiscal. Según la DGI, al menos diez contribuyentes realizaron operaciones multimillonarias que podrían encubrir a los verdaderos dueños de los fondos.

Este desprendimiento de la causa principal surge a partir de una denuncia de la DGI, que identificó una supuesta maniobra de lavado por $818.000 millones a través de empresas fantasma y monotributistas sin capacidad económica real. En este nuevo capítulo, los investigadores siguen de cerca a cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años, inscriptos en categorías A a D, que habrían movido $120.000 millones en los últimos dos años mediante billeteras virtuales asociadas a Sur Finanzas.

Los casos bajo la lupa

Ignacio M. (32 años)

Es el caso más llamativo. En 2024 facturó apenas $4.937.394, pero recibió comprobantes por $230.057.253, en su mayoría de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. A través de cuentas virtuales habría movido $87.000 millones en efectivo. En julio de 2024 compró un BMW M240i por $98.480.000.

Alejo A. O. (35 años, categoría C)

En solo seis meses operó $9.800 millones en billeteras digitales. Sus ingresos se dividen en depósitos en efectivo ($347 millones), transferencias bancarias ($1.100 millones) y movimientos virtuales por $8.900 millones.

Emilio V. (35 años, categoría A)

Manejó $14.500 millones mediante aplicaciones virtuales vinculadas a Sur Finanzas. A su nombre solo figura un vehículo modelo 2006. Según la denuncia, movió $670 millones en efectivo, $7.800 millones en transferencias bancarias y $13.000 millones en operaciones digitales.

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Brian A. (32 años)

Registró $390 millones en efectivo, $4.500 millones en transferencias bancarias y $6.400 millones en billetes digitales. Además, durante viajes al exterior realizó extracciones por $176 millones con tarjeta de débito y recibió facturación de Sur Finanzas por $322,7 millones en solo cuatro meses.

Además, la DGI señala movimientos sospechosos en otros seis monotributistas: Ana Lucía ($17.000 millones), Erica C. ($5.200 millones), Benjamín G. ($5.200 millones), Pilar Y. ($10.000 millones), Natalia C. ($1.980 millones) y Gonzalo R. ($13.000 millones).

Para el organismo, todos presentan el mismo patrón:
“Los contribuyentes no poseen sustancia económica que justifique los montos, por lo que se presume la interposición de personas para ocultar al verdadero titular de los fondos.”

Las causas que rodean a Sur Finanzas

La financiera dirigida por Ariel Vallejo —denunciado por el Gobierno por lavado y evasión— se encuentra implicada en múltiples expedientes:

• Causa PROCELAC (Penal Económico)
  Indaga maniobras de lavado en el sistema financiero informal y operaciones vinculadas al fútbol argentino.

• Denuncia de la DGI (Fiscalía Federal de Quilmes)
  Investiga movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas. Se detectaron empresas apócrifas que habrían actuado para evadir impuestos y monotributistas que realizaron operaciones incompatibles con su categoría. Según la DGI, estas firmas movieron $72.000 millones.

• Causa Capuchetti (2021)
  Analiza mecanismos para sortear el cepo cambiario mediante operatorias financieras fuera del circuito formal. La investigación avanza tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

• Expediente en el juzgado de María Servini (2024)
  También examina movimientos financieros irregulares, aunque aún no trascendieron los detalles.

Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, relacionado con presuntas coimas. Allí se investiga el uso de la app de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la empresa de Vallejo, para convertir parte de esos fondos. Este caso motivó recientes allanamientos en la financiera.

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