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Sociedad

Quién es Noelia Castillo: el caso de eutanasia que conmueve al mundo

Noelia Castillo eutanasia: una decisión que marcó un debate global

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Sociedad- El caso de Noelia Castillo Ramos se convirtió en uno de los más impactantes del año. La joven de 25 años recibió la eutanasia este 26 de marzo en un hospital de Barcelona, luego de una extensa batalla judicial que llegó hasta las máximas instancias de la justicia española.

Su historia no solo generó conmoción, sino que también reavivó el debate sobre el derecho a morir dignamente, la autonomía personal y los límites legales y familiares en este tipo de decisiones.

Noelia Castillo eutanasia se transformó así en un caso emblemático que trascendió España y repercutió en todo el mundo.


Una lucha judicial contra su propia familia

El camino para acceder a la eutanasia no fue sencillo. El padre de Noelia se oponía a su decisión, lo que derivó en un conflicto judicial que escaló hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de España.

Finalmente, la justicia avaló el pedido de la joven, reconociendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Esta resolución fue clave para que el procedimiento pudiera concretarse.

El caso de Noelia Castillo eutanasia dejó en evidencia la tensión entre el derecho individual y el impacto emocional en el entorno familiar, uno de los puntos más discutidos en este tipo de situaciones.


La historia personal detrás de la decisión

La vida de Noelia estuvo marcada por situaciones extremadamente difíciles. Según relató en entrevistas, atravesó episodios de abuso sexual, tanto por parte de una pareja como en un hecho grupal que nunca denunció.

Estos hechos ocurrieron poco antes de un intento de suicidio que terminó en una caída desde un quinto piso. Como consecuencia, quedó parapléjica en 2022.

A partir de ese momento, su estado físico y emocional se deterioró aún más. La joven aseguró que el sufrimiento no solo era físico, sino también psicológico, con diagnósticos de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP).

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Noelia Castillo eutanasia se consolidó así como una decisión basada en años de padecimiento acumulado.


El dolor que la llevó a tomar la decisión

En su última entrevista, Noelia fue contundente: “No puedo más con los dolores”. Sus palabras reflejan el nivel de sufrimiento que atravesaba diariamente.

Contó que estaba en tratamiento psiquiátrico desde los 13 años, pero que nunca logró encontrar estabilidad ni motivación. “No tengo metas ni proyectos, siempre he visto mi mundo muy oscuro”, expresó.

Además, reconoció haber intentado quitarse la vida en varias oportunidades. Tras quedar parapléjica, aseguró que su decisión no cambió, sino que se fortaleció con el tiempo.

El caso de Noelia Castillo eutanasia expone una realidad compleja donde el dolor físico y mental se combinan de manera profunda.

Cómo es la práctica de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos: el paso a paso

La eutanasia es una práctica regulada que se realiza bajo protocolos estrictos y supervisión médica. El objetivo central es garantizar una muerte sin dolor ni sufrimiento.

En el caso de Noelia, el procedimiento seguirá un esquema estándar que dura aproximadamente 15 minutos.

1. Colocación de una vía intravenosa
El primer paso es colocar una vía en el brazo o la mano, que permitirá administrar los medicamentos de forma controlada.

2. Sedación inicial (midazolam)
Se aplica un sedante de acción rápida que reduce la ansiedad y genera un estado de relajación profunda. La persona comienza a dormirse de forma progresiva, sin angustia.

3. Anestesia profunda (propofol)
Luego se administra un anestésico potente, utilizado habitualmente en cirugías. En esta etapa, la persona ya está completamente inconsciente y no percibe ningún estímulo.

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4. Bloqueo respiratorio (curare)
Por último, se aplica un fármaco que detiene la actividad muscular responsable de la respiración. Al estar bajo anestesia profunda, este proceso no genera sensación de ahogo.

El fallecimiento ocurre de forma rápida, controlada y sin percepción de dolor.


Un caso que reabre el debate sobre la eutanasia

La eutanasia es legal en España desde 2021, pero casos como el de Noelia vuelven a poner el tema en el centro de la discusión.

Por un lado, están quienes defienden el derecho individual a decidir sobre el propio final. Por otro, quienes plantean dudas sobre el rol del Estado, la salud mental y la influencia del entorno en este tipo de decisiones.

Noelia Castillo eutanasia se convirtió en un símbolo de este debate global, donde no hay respuestas simples, pero sí una realidad que interpela a la sociedad.

Su historia, atravesada por el dolor y la lucha, deja una marca profunda y abre preguntas que aún siguen sin resolverse.

Sociedad

La Estación Policial avanza, pero la discusión por el Parque Federal recién empieza

La Estación Policial ya está en marcha, pero abrió una nueva discusión en Santa Fe: qué compensación recibirá el Parque Federal por los terrenos cedidos y qué destino tendrá la millonaria diferencia entre el presupuesto oficial y la adjudicación.

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SOCIEDAD- La construcción de la nueva Estación Policial Santa Fe Centro ya dejó de ser un proyecto para convertirse en una obra en marcha. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, su llegada al Parque Federal abrió un nuevo capítulo de la polémica: qué recibe el espacio verde a cambio de los terrenos cedidos y qué ocurrirá con el histórico galpón-fosa.

La Asociación Parque Federal reclama que la Provincia avance con la construcción del Espacio Comunitario de Usos Múltiples (ECUM), una propuesta pensada para recuperar la estructura ferroviaria abandonada y convertirla en un espacio comunitario.

El planteo llega después de la cesión de unos 5.500 metros cuadrados del Parque Federal para levantar la dependencia policial. La entidad vecinal sostiene que la pérdida de superficie verde debe tener una compensación concreta y que el ECUM puede convertirse en una de las principales obras de recuperación del predio.

La convocatoria ya tiene fecha: este sábado 19 de septiembre, a las 16, se realizará un “Abrazo Simbólico” al galpón-fosa.

El dato que encendió la discusión: más de $3.300 millones de diferencia

Uno de los principales argumentos de la Asociación Parque Federal es económico.

La Provincia había establecido para la licitación de la Estación Policial un presupuesto oficial de $18.057.185.501,15, con valores de febrero de 2026. Finalmente, la obra fue adjudicada a la UTE integrada por Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L. por $14.728.492.690,84.

La diferencia ronda los $3.329 millones.

Desde la organización vecinal sostienen que ese ahorro debería ser considerado para financiar las obras que necesita el Parque Federal, entre ellas la transformación del galpón-fosa en el ECUM.

Es importante aclarar que el hecho de que exista una diferencia entre el presupuesto oficial y la oferta adjudicada no significa automáticamente que ese dinero esté disponible para ser reasignado al parque. La Asociación plantea que existe una oportunidad financiera y reclama que el Gobierno provincial la utilice para compensar la intervención sobre el espacio verde.

Ahí aparece uno de los puntos centrales de la polémica.

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Una obra de seguridad dentro de un espacio verde

La nueva Estación Policial forma parte del plan provincial para modificar el sistema tradicional de comisarías y fortalecer la infraestructura destinada a la prevención y al despliegue policial.

El Gobierno provincial informó que la estación estará ubicada entre Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano y que tendrá una inversión superior a los $14.700 millones. El proyecto contempla un edificio de más de 4.800 metros cuadrados cubiertos, además de sectores semicubiertos, áreas operativas, atención al público, auditorio, estacionamiento para móviles y alojamiento para personal policial.

También se proyectaron intervenciones urbanas en el entorno: apertura de la calle Luciano Torrent, veredas, parquización, bicisendas, equipamiento deportivo y alumbrado.

Pero para la Asociación Parque Federal el debate no pasa únicamente por las obras que acompañan a la estación.

El eje es otro: cuánto espacio verde se pierde y qué obra comunitaria queda a cambio.

El galpón-fosa, en el centro de la disputa

En el corazón del reclamo aparece una estructura ferroviaria histórica que durante años permaneció abandonada.

Se trata del denominado galpón-fosa, una construcción vinculada al pasado ferroviario del predio que hoy presenta una situación muy diferente a la que podría tener si se concreta el proyecto comunitario.

Según la Asociación, actualmente existe una fosa a cielo abierto de aproximadamente 2,5 metros de profundidad, donde se acumulan agua y residuos y que representa un punto problemático dentro del parque.

La propuesta del ECUM busca darle una nueva función a ese sector.

La iniciativa fue trabajada junto al Programa URBAM de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, con la idea de transformar el lugar en un espacio de usos comunitarios.

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Por eso, para los vecinos, el galpón-fosa representa mucho más que una estructura abandonada: es la posibilidad de convertir una zona deteriorada del Parque Federal en un nuevo punto de encuentro.

El antecedente que suma tensión

La discusión tampoco comenzó con la adjudicación de la obra.

En diciembre de 2025, el Concejo Municipal autorizó la cesión de una fracción del Parque Federal a la Provincia para la construcción de la Estación Policial. La resolución contempló además la realización de estudios y gestiones para avanzar conjuntamente en obras de puesta en valor del parque.

Ese antecedente es utilizado ahora por la Asociación Parque Federal como parte de su argumento.

La entidad sostiene que la cesión del terreno no debería analizarse de manera aislada y que la llegada de una infraestructura policial debe estar acompañada por una intervención integral sobre el espacio público.

Por eso insiste en que la discusión ya no es si debe construirse o no la Estación Policial, sino qué obras deben ejecutarse para compensar el impacto sobre el parque.

“No cuestionamos el qué, sino el cómo”

Ese es uno de los conceptos que atraviesa el reclamo vecinal.

Desde la Asociación remarcan que no están planteando una oposición a la nueva infraestructura de seguridad. El cuestionamiento está dirigido al modo en que se intervino el Parque Federal y a la falta de un compromiso concreto sobre el ECUM.

La organización afirma que mantuvo reuniones con autoridades municipales y provinciales y que, ante la falta de una confirmación oficial sobre la ejecución del proyecto comunitario, decidió profundizar el reclamo.

El resultado fue la convocatoria al abrazo simbólico.

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La actividad se realizará este sábado 19 de septiembre a las 16, alrededor del histórico galpón-fosa.

La comparación con Rosario que plantean los vecinos

Otro de los argumentos de la Asociación apunta a la planificación urbana.

Según el planteo difundido por la entidad, las estaciones policiales construidas o proyectadas en Rosario no implicaron quitar superficie de parques consolidados, mientras que en Santa Fe la construcción de nuevas estaciones afectó sectores de espacios públicos.

Se trata de una comparación planteada por la propia organización vecinal y que forma parte de su argumento sobre la necesidad de una compensación territorial.

El Parque Federal, además, tiene un peso particular dentro de la estructura verde de la ciudad.

Para la Asociación, la cesión de más de media hectárea debe estar acompañada por obras capaces de mejorar de manera concreta el resto del predio.

La pregunta que queda sobre la mesa

La polémica, entonces, tiene varios frentes.

Por un lado está la necesidad de infraestructura de seguridad y la decisión de la Provincia de instalar allí una nueva Estación Policial.

Por otro, la discusión sobre el impacto de ocupar una parte de un espacio verde de uso público.

Y finalmente aparece el número que concentra buena parte del reclamo: los aproximadamente $3.300 millones de diferencia entre el presupuesto oficial y el monto por el que finalmente se adjudicó la obra.

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La Asociación Parque Federal sostiene que esa diferencia abre una posibilidad para financiar el ECUM y otras mejoras.

La Provincia, mientras tanto, deberá definir si ese planteo puede traducirse en un compromiso concreto y bajo qué mecanismo presupuestario y administrativo.

Porque la Estación Policial ya tiene ubicación, empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de ejecución: 540 días.

Lo que todavía está en discusión es qué sucederá con el espacio que queda alrededor.

Y, especialmente, si el histórico galpón-fosa seguirá siendo una estructura abandonada dentro del Parque Federal o finalmente se convertirá en el espacio comunitario que los vecinos vienen reclamando.

Este sábado, con el “Abrazo Simbólico”, esa discusión volverá al centro de la escena santafesina.

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Sociedad

Un adolescente de Quilmes le contó a ChatGPT que quería matar a sus compañeros y el FBI dio la alerta: allanaron su casa

Una conversación con ChatGPT activó una alerta del FBI que terminó en un allanamiento en Quilmes. La Justicia investiga las amenazas de un adolescente contra sus compañeros.

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SOCIEDAD- Una conversación con ChatGPT terminó desencadenando una investigación policial en Argentina después de que un adolescente de Quilmes manifestara su intención de realizar un ataque contra sus compañeros de colegio. El caso llegó a manos del FBI y, posteriormente, derivó en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en el domicilio del menor.

La investigación comenzó el 19 de agosto, luego de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina remitiera una alerta a las autoridades. El reporte estaba vinculado con un usuario de correo electrónico que habría mantenido conversaciones con ChatGPT en las que expresó intenciones violentas contra un establecimiento educativo.

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena una pregunta cada vez más presente: ¿qué ocurre cuando una persona utiliza una herramienta de inteligencia artificial para expresar amenazas concretas?

ChatGPT, una conversación y una alerta que llegó hasta la Policía Federal

De acuerdo con la información difundida por Infobae, el adolescente habría manifestado durante sus conversaciones su intención de llevar adelante un tiroteo en una institución educativa y matar a compañeros.

Según los elementos incorporados a la investigación, el ataque habría sido pensado inicialmente para 2027, aunque también habría considerado la posibilidad de adelantarlo.

La información recibida por las autoridades estadounidenses permitió iniciar tareas para determinar quién estaba detrás de las conversaciones y dónde se encontraba.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Los agentes realizaron tareas digitales y de campo y recurrieron a técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, con el objetivo de identificar al usuario.

Finalmente, pudieron establecer que se trataba de un adolescente que residía en el partido bonaerense de Quilmes.

El allanamiento en Quilmes y los elementos secuestrados

Con los datos reunidos durante la investigación, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo del fiscal Walter Bruno.

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Luego, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, ordenó el allanamiento del domicilio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, además de distintos elementos que llamaron la atención de los investigadores.

Entre ellos había dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro pasamontañas camuflado y gafas de protección táctica negras.

Los objetos quedaron a disposición de la Justicia para ser analizados en el marco de la causa.

Sin embargo, un dato resulta especialmente importante: no se informó el hallazgo de armas de fuego ni municiones durante el procedimiento.

Por eso, la investigación busca determinar el alcance real de las amenazas y qué grado de preparación existía detrás de las expresiones realizadas por el adolescente.

Qué pasó con el adolescente después del operativo

Tras el allanamiento, tanto el adolescente como sus padres fueron citados para presentarse ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

La identidad del menor y cualquier otro dato que pueda permitir su identificación permanecen bajo reserva debido a su condición de adolescente.

El caso, además, no implica que se haya concretado un ataque. La investigación judicial busca establecer precisamente cuáles eran las intenciones, el nivel de planificación y la existencia o no de elementos que pudieran representar un riesgo concreto.

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El antecedente que ya había encendido las alarmas

El episodio de Quilmes tiene un antecedente reciente.

A comienzos de febrero, la Policía Federal Argentina había intervenido en otra investigación relacionada con presuntos planes de ataques contra establecimientos educativos.

En aquella oportunidad, dos adolescentes de 15 y 16 años, residentes en Jujuy y Buenos Aires, habían quedado bajo investigación por presuntos planes de ataques masivos y de carácter racial.

Esa investigación también se había iniciado a partir de información remitida por el FBI.

Según la información publicada sobre aquel caso, el organismo estadounidense había enviado un informe en julio de 2025 relacionado con conversaciones en redes sociales que contenían mensajes de odio, antisemitismo y referencias a una posible masacre escolar.

Las tareas de inteligencia digital y OSINT permitieron entonces identificar a los titulares de las cuentas investigadas.

Durante los procedimientos se habían encontrado dispositivos electrónicos, municiones, un cuchillo de caza, material con simbología nazi y libros vinculados con la extrema derecha.

El nuevo escenario que plantea la inteligencia artificial

El caso de Quilmes agrega un elemento diferente: la conversación con ChatGPT como punto de partida de una alerta que terminó llegando a las autoridades.

Las herramientas de inteligencia artificial se utilizan diariamente para estudiar, trabajar, escribir, programar o simplemente conversar. Pero también pueden convertirse en espacios donde algunas personas expresan pensamientos o intenciones que despiertan mecanismos de seguridad.

Eso abre un debate complejo sobre privacidad, prevención y responsabilidad.

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En este caso, la información que aportó ChatGPT no terminó directamente en un operativo policial: según la reconstrucción que se publico, la alerta la recibio el FBI y luego se transmitio a las autoridades argentinas, que realizaron su propia investigación para identificar al usuario y determinar dónde se encontraba.

La posterior intervención de la PFA incluyó tareas de inteligencia digital y presencial antes de que la Justicia autorizara el allanamiento.

Por eso, detrás de la espectacularidad del caso existe también una cuestión de fondo: cómo detectar a tiempo una amenaza sin confundir una expresión, una fantasía o una conversación con un ataque inminente.

La Justicia deberá determinar ahora qué significado tuvieron las expresiones realizadas por el adolescente, cuál era su verdadero nivel de planificación y si existía una intención concreta de llevarlas a cabo.

Mientras tanto, el procedimiento dejó una escena inédita: una conversación mantenida con ChatGPT, una alerta internacional, una investigación de inteligencia y finalmente un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

El caso vuelve a demostrar que la inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta tecnológica. También forma parte de un nuevo escenario en el que las autoridades buscan anticiparse a posibles situaciones de violencia antes de que ocurran.

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Locales

“El daño es inconmensurable”: cómo avanza la causa por las imágenes creadas con IA que “desnudaron” a seis chicas

Martín Durando representa a las familias de las adolescentes afectadas y reveló detalles de una causa que ya investiga el MPA. “Algunas no querían volver a la escuela”, aseguró.

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SOCIEDAD- Un caso de violencia digital conmociona a la localidad santafesina de San Justo. Al menos seis adolescentes, de entre 15 y 16 años, fueron víctimas de imágenes falsas creadas mediante inteligencia artificial que alteraron fotografías reales de las jóvenes y las mostraron desnudas.

Las imágenes luego comenzaron a circular por WhatsApp.

El caso llegó al Ministerio Público de la Acusación y quedó bajo investigación del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. La denuncia fue presentada por las familias de las víctimas, que además recibieron acompañamiento psicológico.

La investigación intenta determinar quiénes participaron en la creación y posterior difusión del material.

Y hay un dato que vuelve todavía más complejo el expediente: el principal adolescente señalado tendría 14 años.

“Es un hecho muy perjudicial para las que lo están sufriendo”.

Con esa frase, el abogado Martín Durando, representante de las familias de las adolescentes víctimas, resumió la gravedad de un caso de violencia digital que conmueve a San Justo, en la provincia de Santa Fe.

La denuncia llegó al Ministerio Público de la Acusación y el caso quedó bajo investigación del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Pero detrás del expediente judicial hay familias que, según relató Durando, atraviesan una situación de enorme angustia.

“El daño es inconmensurable”

Durante una entrevista, Durando explicó que las imágenes utilizaron fotografías reales de las adolescentes.

“Son fotos reales en su imagen, en su físico, en su contexto”, explicó el abogado.

La inteligencia artificial fue utilizada para modificar esas fotografías y eliminar digitalmente la ropa de las chicas.

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El resultado fue posteriormente difundido.

Para las familias, el problema no terminó con la creación de las imágenes.

Empezó allí.

“Eso provoca un daño inconmensurable”, sostuvo Durando al describir las consecuencias que comenzaron a sufrir las víctimas.

El abogado contó que algunas adolescentes directamente manifestaron que no querían regresar a la escuela.

“Todo una situación muy angustiante”, describió.

Entre seis y siete chicas serían víctimas

Uno de los datos que aportó Durando durante su testimonio fue la cantidad de adolescentes afectadas.

“Estamos hablando entre seis y siete chicas víctimas”, precisó.

Las jóvenes tendrían entre 15 y 16 años y, según el abogado, serían conocidas del adolescente que aparece inicialmente señalado en la investigación.

El caso habría comenzado con fotografías tomadas de distintos medios y publicaciones disponibles en internet.

Luego esas imágenes fueron procesadas mediante inteligencia artificial.

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Finalmente, el material empezó a circular entre otros adolescentes a través de WhatsApp.

“Aparentemente habría más de un autor”

La investigación todavía intenta determinar quiénes participaron.

En un primer momento, el principal señalado sería un adolescente de 14 años que tendría relación con las víctimas y pertenecería al mismo ámbito educativo.

Sin embargo, Durando dejó abierta una posibilidad que podría ampliar considerablemente el expediente.

“Aparentemente habría más de un autor”, señaló.

La Justicia deberá establecer quién creó las imágenes, quién las difundió y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.

El abogado también explicó que uno de los adolescentes señalados habría reconocido parte de lo ocurrido y pedido disculpas, aunque aclaró que ese aspecto forma parte de la investigación.

El relato de las familias: angustia y miedo

Más allá de la discusión jurídica, Durando puso el foco en lo que viven las víctimas.

Según contó, algunas chicas pudieron retomar progresivamente sus actividades habituales, mientras que otras continúan profundamente afectadas.

“Algunas no quisieron retomar la actividad escolar”, explicó.

Ese impacto es uno de los principales motivos por los cuales las familias decidieron acudir a la Justicia.

No se trata solamente de una imagen falsa.

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Se trata de la utilización de la identidad y la imagen de una adolescente para fabricar contenido sexual y después ponerlo en circulación.

El MPA recibió a las familias

Durando destacó especialmente la respuesta que recibieron por parte del Ministerio Público de la Acusación.

Según explicó, las familias fueron recibidas rápidamente y el fiscal mantuvo contacto con ellas.

Además, las víctimas y sus familiares recibieron acompañamiento psicológico.

“La respuesta del Ministerio Público de la Acusación fue muy buena”, sostuvo el abogado.

También confirmó que ya se tomaron declaraciones y que la investigación continúa.

Para las familias, ese acompañamiento representa un primer paso frente a una situación que, según el abogado, generó un enorme impacto emocional.

El problema legal: ¿cómo encuadrar una agresión creada con IA?

Uno de los mayores obstáculos que plantea el caso aparece en el terreno jurídico.

La inteligencia artificial permitió crear un contenido que hasta hace algunos años era mucho más difícil de producir.

Pero la legislación no siempre avanzó al mismo ritmo.

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Durando explicó que encontrar el encuadre legal preciso para este tipo de hechos puede resultar complejo.

“Buscarle el marco es por ahí la tarea más complicada”, señaló.

El abogado mencionó distintas posibilidades, entre ellas conductas vinculadas con el acceso y divulgación no autorizada de datos, injurias y contravenciones previstas en la legislación provincial.

También podría existir responsabilidad civil.

Y en el caso de menores de edad, el análisis puede alcanzar a sus responsables parentales según las circunstancias que determine la Justicia.

La edad del adolescente y otro punto clave

El expediente tiene además una particularidad relacionada con la edad del principal señalado.

El adolescente tendría 14 años.

Los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil mencionado durante la entrevista.

Por esa razón, Durando remarcó que la nueva legislación no puede aplicarse retroactivamente.

“Una cuestión es la tipificación de la conducta en el marco del derecho penal”, explicó. “Para que una conducta sea punible tiene que estar exactamente subsumida en un tipo que contempla la ley”.

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A eso se suma otro principio fundamental: una ley penal posterior no puede utilizarse para sancionar hechos anteriores si eso perjudica al acusado.

El escenario jurídico, por lo tanto, resulta particularmente complejo.

WhatsApp y la dificultad de detener la viralización

Para el abogado, otro de los problemas centrales está relacionado con la circulación del material.

Las imágenes habrían sido viralizadas principalmente mediante WhatsApp.

Eso vuelve extremadamente difícil determinar hasta dónde llegó el contenido.

“Reviste mucha complejidad determinar hasta dónde ocurrió el daño, la extensión del daño y demás”, explicó Durando.

Cada reenvío puede generar una nueva copia.

Cada copia puede volver a circular.

Y cada persona que recibe el contenido puede convertirse, consciente o inconscientemente, en un nuevo eslabón de la cadena de difusión.

“Nunca sabemos cuáles pueden ser las consecuencias”

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de prevenir la violencia digital.

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En Santa Fe ya está vigente la denominada Ley Ema, que establece un sistema provincial para prevenir y abordar de manera integral la violencia digital en el ámbito educativo.

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente que murió por suicidio luego de atravesar una situación de violencia digital.

Para Durando, episodios como el ocurrido en San Justo muestran por qué el problema requiere respuestas rápidas.

Porque el daño puede aparecer mucho antes que cualquier decisión judicial.

La advertencia del abogado

El testimonio de Martín Durando deja una conclusión contundente.

La inteligencia artificial puede crear una imagen que nunca existió.

Pero las consecuencias de esa imagen pueden ser completamente reales.

En San Justo, las familias de al menos seis adolescentes recurrieron a la Justicia después de que fotografías de sus hijas fueran manipuladas y convertidas en contenido sexual falso.

Ahora el MPA intenta determinar quiénes participaron.

Mientras tanto, las víctimas deben enfrentar las consecuencias de una agresión digital que, según su abogado, ya alteró su vida cotidiana.

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“Algunas no querían ir a la escuela”, relató Durando.

Esa frase resume el verdadero alcance del caso.

No se trata solamente de lo que una inteligencia artificial puede fabricar.

Se trata de lo que una persona puede hacer con esa tecnología cuando decide utilizarla para lastimar a otra.

Martin Durando -Entrevista completa con nuestro notero Sebastian Outeyral

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