AHORA- El cantante L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, quedó formalmente imputado en una causa que investiga presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por una joven de 23 años que alquilaba una vivienda ubicada sobre la calle 25 de Octubre. Según declaró ante la Justicia, habría sido intimidada para abandonar el inmueble bajo el argumento de que la propiedad pertenecía al músico.
El expediente derivó en un fuerte operativo policial: durante las últimas horas se realizaron tres allanamientos en domicilios vinculados con L-Gante y personas de su entorno familiar.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y estuvieron a cargo de agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y efectivos policiales.
La denuncia que puso a L-Gante nuevamente bajo la lupa judicial
De acuerdo con la presentación realizada por la joven, el conflicto comenzó cuando un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de L-Gante, se habría presentado en el lugar y le habría exigido que abandonara la vivienda.
Según el relato incorporado a la investigación, el hombre habría sostenido que el inmueble pertenecía a L-Gante y habría utilizado amenazas para presionar a la inquilina.
La denunciante también habría mencionado al grupo conocido como “La Mafilia”, públicamente vinculado con el entorno del cantante, como parte de las intimidaciones que recibió.
Pero, siempre según la denuncia, la situación habría escalado días después.
El supuesto ingreso de L-Gante con un grupo de personas
La joven aseguró que L-Gante habría llegado al inmueble a bordo de una camioneta negra y acompañado por alrededor de diez personas.
De acuerdo con su declaración, el grupo habría ingresado al patio de la propiedad luego de abrir el portón y habría intimidado a las personas que se encontraban allí.
La denuncia sostiene que durante el episodio habrían exhibido armas de fuego y exigido nuevamente que los ocupantes abandonaran el lugar.
La Justicia investiga ahora si esas personas efectivamente participaron del hecho y cuál habría sido el rol de cada una.
La acusación, por el momento, forma parte de una investigación judicial y deberá ser acreditada mediante las pruebas incorporadas al expediente.
Tres allanamientos y una camioneta BMW X5 secuestrada
A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido mediante distintas tareas de campo.
Uno de los elementos centrales fueron las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron seguir los recorridos de vehículos presuntamente relacionados con el episodio e identificar domicilios vinculados con los investigados.
Con esa información, la Justicia autorizó tres allanamientos.
Los operativos se realizaron en dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y en otro domicilio particular de General Rodríguez.
Durante los procedimientos fue secuestrada una camioneta BMW X5, que los investigadores consideran de interés para determinar si fue utilizada durante el episodio denunciado.
También fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de peritajes tecnológicos.
El análisis de esos dispositivos podría aportar información sobre comunicaciones, ubicaciones y eventuales contactos entre las personas investigadas.
¿De qué delitos acusan a L-Gante?
La causa quedó bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano.
La carátula contempla amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real entre sí.
Durante los allanamientos, L-Gante fue notificado formalmente de su imputación. La misma medida alcanzó a otro hombre de 26 años, identificado judicialmente con las iniciales E. J. A. C.
Esto significa que ambos quedaron vinculados formalmente a una investigación penal, aunque la imputación no implica una condena ni determina por sí misma que los hechos denunciados hayan sido probados.
Ahora la fiscalía deberá analizar las pruebas reunidas y definir las próximas medidas procesales.
Un nuevo capítulo en el historial judicial del cantante
La nueva investigación vuelve a colocar a L-Gante frente a un expediente penal relacionado con amenazas y armas.
El cantante ya había atravesado una causa de alto impacto mediático por hechos ocurridos en 2022 y 2023.
En octubre de 2024, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. En ese mismo juicio también se analizaron acusaciones vinculadas con una presunta privación ilegítima de la libertad.
Por este último delito, el músico fue finalmente absuelto.
La nueva causa es independiente de aquel proceso y ahora deberá avanzar con el análisis de las pruebas obtenidas durante los allanamientos.
Qué puede pasar ahora con L-Gante
Con los teléfonos celulares secuestrados y la camioneta BMW X5 bajo análisis, la investigación entra en una etapa clave.
Los peritajes tecnológicos podrían determinar si existen comunicaciones relacionadas con el episodio denunciado. A su vez, el análisis de las cámaras de seguridad podría ayudar a establecer quiénes estuvieron presentes en el lugar y qué vehículos fueron utilizados.
La fiscalía también deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas imputaciones o solicitar otras medidas judiciales.
Por ahora, L-Gante permanece imputado y la causa continúa en investigación.
El expediente volvió a poner al cantante en el centro de una causa judicial de alto impacto, esta vez por una denuncia que combina un conflicto por una propiedad, presuntas amenazas y el supuesto uso de armas de fuego.
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¿L-Gante puede volver a la cárcel?
En una movida legal inesperada, los abogados de Gastón Torres, el denunciante en el caso, presentaron una apelación para revertir la liberación de Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Valenzuela, músico reconocido, estuvo detenido por tres meses en la DDI de Quilmes, enfrentando cargos por privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego.
En el escrito que presentaron, los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal cuestionaron la decisión del juez Gabriel Castro, alegando que hubo una clara intención de otorgar la libertad a Valenzuela, independientemente de las directrices previamente establecidas. Además, hicieron referencia a fallos previos de la Cámara de Apelaciones que revocaron una excarcelación extraordinaria.
La presentación de los abogados
Becerra y Sigal también pusieron bajo escrutinio los cuatro puntos esenciales que el juez consideró para otorgar la libertad de L-GANTE:
- La testigo principal presenta contradicciones en sus declaraciones.
- La exnuera del principal afectado afirma que nunca presenció el secuestro.
- Un miembro del centro de monitoreo de Moreno declaró que L-Gante no amenaza a los agentes, sino que solo pide «liberen a los pibes».
- Según el juez, existe una enemistad manifiesta por parte del denunciante Torres hacia L-Gante.
Horas antes, en declaraciones radiales, Becerra expresó su preocupación por el desarrollo del proceso legal y cuestionó la anticipación de la liberación por parte del abogado de L-Gante, Diego Storto, quien mostró optimismo al respecto. Según Becerra, la situación procesal es inusual, dado que existen dos incidentes pendientes en la Cámara de Casación sin resolver. Sin embargo, el juez Castro decidió liberar a L-Gante antes de que se tomaran decisiones sobre estos incidentes.
Gastón Torres, el denunciante, comparte la indignación de su abogado. Se siente atemorizado y dolido por el sistema de justicia y expreso preocupación sobre las acciones tanto del juez como de la otra parte involucrada en el caso.
En última instancia, Becerra concluyó con críticas hacia el juez Castro, señalando que previamente ha otorgado beneficios a L-Gante sin vacilar. La liberación ocurrió sin esperar a que la Cámara de Casación resolviera los asuntos pendientes relacionados con el caso.
Esta apelación plantea incertidumbre sobre el futuro legal de L-Gante y reabre el debate sobre la validez de su liberación. El caso continuará siendo seguido de cerca por la opinión pública y la comunidad legal.
Fuente: Mauro Szeta
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