El gobierno de Javier Milei, a través de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Lof Paillaco, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut. La medida se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/24, que derogó la Ley 26.160, la cual protegía a las comunidades indígenas de desalojos forzosos y exigía el relevamiento de sus territorios.

Se notifico a la comunidad fel 2 de enero y se le otorgó solo una semana para abandonar el predio, con la ejecución prevista para este jueves 9 de enero por parte de fuerzas federales. La Lof Paillaco lleva más de 25 años en un proceso de recuperación de tierras ancestrales en Esquel, donde preservan su cultura, lengua y forma de vida. Durante este tiempo, han enfrentado amenazas, denuncias falsas y disputas legales sobre la legitimidad de su presencia en el territorio.

Una medida cuestionada

Repudiaron el desalojo diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y representantes legales. Eduardo Suárez, miembro de la Gremial de Abogados, calificó la acción como «ilegal e inconstitucional», ya que existe un recurso pendiente ante la Corte Federal. Según Suárez, la medida debería esperar a que el juicio se resuelva.

“La presunción de inocencia no se está respetando. Si el juicio resultara a favor de la comunidad, ya no podrían regresar a sus tierras. Esto demuestra una clara violación a sus derechos”, afirmó Suárez. Además, señaló que se está aplicando un “derecho penal del enemigo”, en el que las comunidades indígenas son tratadas como adversarios, ignorando garantías básicas.

 

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El impacto del DNU 1083/24

El DNU firmado por Milei, además de derogar la Ley 26.160, busca proteger los intereses de quienes se autodenominan propietarios de las tierras, argumentando “inseguridad jurídica”. Esto se denuncion como un intento de facilitar el acceso de grandes monopolios a los recursos naturales estratégicos de la región, en perjuicio de las comunidades originarias.

Organizaciones sociales aseguran que esta política forma parte de un programa más amplio de avasallamiento contra los pueblos originarios, al tiempo que recuerdan los polémicos gestos del gobierno, como la conmemoración del Día de la Raza y el reconocimiento de figuras históricas relacionadas con el despojo de tierras indígenas, como Julio Argentino Roca.

Solidaridad y resistencia

Diversas organizaciones indígenas, sociales y políticas han expresado su rechazo al desalojo y convocaron a movilizaciones para este 9 de enero. También se ha señalado la urgencia de restituir la Ley 26.160 y respetar el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, así como el Convenio 169 de la OIT, que garantizan los derechos de los pueblos originarios.

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Desde Lof Paillaco, la comunidad reafirma su compromiso de permanecer en su territorio ancestral, donde han reconstruido sus tradiciones, educado a sus hijos y resistido múltiples embates estatales. «Seguiremos luchando por nuestros derechos, no solo por nosotros, sino por todos los pueblos originarios que enfrentan estas mismas injusticias», expresó un vocero de la comunidad.

El juez Guido Otranto, encargado del caso, ha sido señalado como el ejecutor de esta orden que, según críticos, violenta derechos fundamentales y podría sentar un peligroso precedente para otras comunidades indígenas en Argentina.

 

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Quiénes son los Paillaco

Los Paillaco son una comunidad mapuche ubicada en la provincia de Chubut, específicamente en la región del Parque Nacional Los Alerces, cerca de Esquel. Esta comunidad forma parte del pueblo mapuche-tehuelche, un grupo indígena que habita el sur de Argentina y Chile.

La Lof Paillaco (o comunidad Paillaco) lleva adelante un proceso de reivindicación y recuperación de tierras ancestrales, que consideran parte de su territorio tradicional. En estos espacios, buscan preservar su cultura, lengua, cosmovisión y modo de vida.

A lo largo de los años, la comunidad ha enfrentado conflictos legales, amenazas y desalojos relacionados con disputas territoriales, en su mayoría provocados por intereses estatales y privados en la región. El término «lof» en mapudungun significa «comunidad» o «territorio,» y refleja su organización social y política basada en valores ancestrales.

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El Gobierno argentino definió los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a través de la Resolución 17/2024, publicada en el Boletín Oficial. Ante la falta de acuerdo entre las centrales sindicales y las cámaras empresarias, se establecieron incrementos escalonados hasta marzo de 2025.

Desde el 1 de diciembre de 2024, el Salario mínimo vital y movil es de $279.718 mensuales para trabajadores con jornada completa y $1.399 por hora.

Los valores continuarán subiendo de manera gradual:

• $286.711 en enero,
• $292.446 en febrero y
• $296.832 en marzo.

Esto representa un aumento acumulado del 9,3% respecto de los $271.571 vigentes hasta noviembre.

La decisión también afecta la Prestación por Desempleo, que se mantiene en un rango entre el 50% y el 100% del SMVM vigente, asegurando un ingreso básico para los trabajadores desocupados.

Pespectivas y críticas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el salario en dólares alcanzó su mayor nivel en cinco años, situándose en USD 231. Sin embargo, especialistas advierten que, ajustado por inflación, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó a su punto más bajo en dos décadas. Luis Campos, de la CTA, señaló que la caída es del 17,8% respecto a diciembre de 2023 y del 39% en comparación con 2019.

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Por otro lado, el índice de salarios acumuló una suba interanual del 172,1% en octubre de 2024, según el INDEC, reflejando incrementos desiguales entre sectores. Mientras el sector privado registrado aumentó un 133,1%, el sector público lo hizo en un 109,9%, y el sector privado no registrado, en un 156,8%.

El debate sobre el rol del SMVM

El Gobierno de Javier Milei ha minimizado la relevancia del SMVM como indicador para beneficios sociales, priorizando otras políticas de movilidad. Adorni cuestionó la utilidad del salario mínimo como concepto, argumentando que limita la contratación laboral al fijar un piso obligatorio.

Por su parte, los sindicatos reclamaron una suba mayor, proponiendo un monto de $572.000 para diciembre, más del doble del fijado por el Gobierno. Este desacuerdo refuerza las tensiones entre trabajadores, empleadores y el Ejecutivo.

Un contexto económico desafiante

A pesar de las mejoras nominales, el salario pretendido promedio en Argentina para 2024 alcanzó los USD 1.234, liderando la región, pero reflejando también una inflación persistente. En términos reales, los trabajadores enfrentan un poder adquisitivo debilitado.

La resolución del SMVM busca equilibrar el ingreso básico de los trabajadores con el plan antinflacionario del Gobierno, dejando un debate abierto sobre su efectividad en un contexto económico adverso.

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