El Gobierno nacional habilitó la exportación de fauna silvestre criada en criaderos, al derogar este martes una resolución vigente desde 1986 que prohibía esa actividad. La medida,  la firmo el subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, y se oficializo mediante la Disposición 381/2025 y se publicó en el Boletín Oficial. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que no se trata de una liberación indiscriminada del comercio de especies, organizaciones ambientalistas advierten que la nueva normativa deja puertas abiertas en un contexto regional donde el tráfico ilegal de animales silvestres es una de las principales amenazas para la biodiversidad.

En concreto, la disposición deroga la Resolución 62/1986, que prohibía la exportación, comercialización y el tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de fauna autóctona, salvo las declaradas dañinas o provenientes de criaderos habilitados. Según el argumento del gobierno, aquella resolución tenía un “carácter general” que debió haber sido más específico, y que además se mantuvo vigente por 38 años sin una revisión que atendiera “pautas temporales razonables”.

A su vez, se anularon otras dos normas: la Resolución 513/2007, que prohibía la caza, captura, tránsito y exportación de especies silvestres listadas en anexos extensos; y la Resolución 389/2022, del exministro Juan Cabandié, que intentó flexibilizar el tránsito interjurisdiccional pero fue acusada por el actual gobierno de generar “exceso de burocracia” e “ineficiencia”.

Qué permite ahora la nueva disposición

La normativa mantiene formalmente la prohibición general sobre el comercio y la exportación de fauna silvestre, pero incorpora tres excepciones clave:

1. Exportación y tránsito interprovincial de ejemplares vivos, productos o subproductos provenientes de criaderos inscriptos.

2. Tránsito interprovincial de animales vivos por emergencias sanitarias, rehabilitación o decomisos.

3. Exportación y tránsito de ejemplares de especies específicas (detalladas en anexos) con fines científicos o de repoblación, previa autorización.

Aunque las excepciones tienen condicionamientos, distintas voces del ámbito ambiental advierten que el contexto regional —de tráfico activo y escaso control efectivo— podría convertir estas aperturas en puertas traseras para el comercio ilegal.

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Riesgos ambientales y legales sobre la fauna

Argentina forma parte del Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que implica obligaciones internacionales de control y protección de especies vulnerables. Sin embargo, la falta de recursos y fiscalización efectiva en las provincias, sumado a las recientes políticas de desregulación, pone en duda la capacidad real del Estado para evitar abusos.

Organismos oficiales ya habían advertido años atrás que el tráfico de fauna silvestre es el cuarto comercio ilegal más rentable del mundo, detrás de las drogas, la falsificación y la trata de personas. Genera entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales, y en Argentina afecta a más de 150 especies, incluidas aves como el cardenal y el loro hablador; reptiles como tortugas y lagartos; y mamíferos como monos, ciervos y felinos.

Una medida alineada con la «desburocratización»

La desregulación ambiental responde a la lógica general del gobierno de Javier Milei, que ha promovido la reducción del Estado y la flexibilización normativa en múltiples áreas. En este caso, se argumenta que la maraña regulatoria en torno a la fauna dificultaba la intervención rápida ante emergencias o actividades científicas legítimas. No obstante, expertos remarcan que, sin una estructura sólida de control, las “excepciones” podrían terminar siendo la norma.

El exgobernador y exsenador nacional José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado. Finalmente este miércoles lo trasladaron desde el penal de Ezeiza al departamento de Puerto Madero donde cumplirá su prisión domiciliaria.

La medida, dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, se concretó luego de que el exmandatario cumpliera 70 años y presentara deterioro en su estado de salud, incluyendo dolores crónicos de cadera y dificultades para caminar.

El lujoso departamento está ubicado en el complejo Zencity, en la Torre Zafiro, Dique 1 de Puerto Madero. Se trata del mismo inmueble que aparece mencionado en la causa judicial como uno de los lugares donde ocurrieron los abusos sexuales cometidos contra su sobrina segunda, quien además se desempeñaba como su asistente personal durante la campaña electoral de 2018-2019.

Las condiciones de la prisión domiciliaria

Alperovich deberá cumplir la pena con una tobillera electrónica, sin posibilidad de abandonar el domicilio sin autorización judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó el arresto domiciliario luego de que la defensa presentara informes médicos y tras el pago de una caución real de 400 millones de pesos.

Además:

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• Se le retuvo el pasaporte.

• No puede tener ningún tipo de contacto, directo o indirecto, con la víctima ni con su familia.

• Deberá presentar informes mensuales sobre su estado de salud y condiciones de detención.

• No podrá hacer uso de los amenities del edificio como piscina, gimnasio o spa.

• Solo podrá permanecer en los departamentos C1 y C2 del cuarto piso, bajo vigilancia constante.

Sus cuatro hijos —Gabriel, Mariana, Sara y Daniel— se ofrecieron como garantes personales, incluso pusieron sus pasaportes a disposición de la Justicia y se comprometieron a acompañarlo en forma permanente para evitar cualquier riesgo de fuga.

Los fundamentos del juez

En la resolución, el juez Juan Ramos Padilla sostuvo que la prisión domiciliaria “no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones específicas”.

“Espero que José Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad”, declaró el magistrado, quien fue el mismo que lo condenó en junio de 2024.

La condena

José Alperovich sentenciado el 19 de junio de 2024 a 16 años de prisión por seis hechos de abuso sexual con acceso carnal y tres casos de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa. Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y el departamento de Puerto Madero en el que ahora cumple arresto.

Durante el juicio, la querella había solicitado 22 años de prisión, la fiscalía 16, y la defensa pidió la absolución. El exgobernador negó los cargos, asegurando que se trataba de una causa con “motivaciones políticas y económicas”, pero la Justicia consideró que “los indicios son graves, precisos y concordantes, y el testimonio de la denunciante se corroboró por pericias físicas y psicológicas, y otros testimonios clave”.

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Alperovich además se lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.

Repercusiones

La decisión judicial fue recibida con preocupación por organismos de derechos humanos y colectivos feministas, que exigen un estricto cumplimiento de las condiciones impuestas y recuerdan que el departamento autorizado es uno de los lugares donde se cometieron los abusos.

La Justicia advirtió que cualquier violación a las restricciones impuestas implicará el inmediato regreso al penal de Ezeiza. Mientras tanto, el proceso judicial sigue en marcha con apelaciones pendientes y posibilidad de revisión por la Corte Suprema de Justicia.

El miércoles 2 de julio se convirtió en un día histórico para el consumo de gas en Argentina  a raíz de la ola polar. La demanda residencial alcanzó los 100,3 millones de metros cúbicos diarios, superando ampliamente los registros de años anteriores, cuando no se había llegado a los 96 millones. La Ciudad de Buenos Aires vivió la jornada más fría desde 1991, en el marco de una ola polar que afectó a todo el país y elevó un 25% el consumo de gas con respecto al invierno pasado.

Medidas extraordinarias para evitar una crisis mayor

Ante la tensión del sistema de distribución, el Gobierno nacional, en conjunto con las distribuidoras, aplicó medidas de emergencia para garantizar el suministro a usuarios prioritarios como hogares, hospitales y escuelas. Estas decisiones incluyeron la interrupción del servicio a usuarios industriales y estaciones de GNC con contratos en firme, incluso aquellos que pagan tarifas más altas para evitar este tipo de cortes.

Las regiones más afectadas por los cortes fueron Buenos Aires Norte, Centro Norte, Litoral, Norte, Noroeste, Cuyo y Sur. En el resto del país, se aplicaron restricciones a contratos interrumpibles y reducciones a mínimos técnicos en algunos contratos firmes.

Santa Fe sin GNC por 24 horas

En la provincia de Santa Fe, así como en Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias, las estaciones de GNC suspendieron el expendio desde las 14 horas del miércoles 2 de julio. Según confirmaron desde las estaciones locales, la suspensión se extenderá hasta las 17 horas del jueves 3, por una orden emitida por la empresa proveedora de gas comprimido, motivada por el descenso del stock en el sistema de transporte.

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Un encargado de una estación de servicio de la ciudad de Santa Fe explicó: “Recibimos un correo que nos indicó cerrar el despacho de ventas por 24 horas. Esto responde al consumo elevado y la caída en la disponibilidad del sistema”.

Vaca Muerta, en jaque: problemas técnicos y gasoducto operando al 70%

El gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires, opera al 70% de su capacidad debido a problemas técnicos en la producción de algunos yacimientos. Se estima una pérdida de entre 6 y 7 millones de metros cúbicos diarios de gas neuquino, en momentos en que la capacidad del gasoducto es de 22 millones.

Industrias afectadas y exportaciones suspendidas

Diversos sectores industriales también sufrieron cortes, incluso aquellos con contratos “firmes con ventana”, que permiten una reducción temporal del suministro. Entre los rubros afectados se encuentran el textil, cerámico, maderero y de bebidas. Además, se suspendieron parcialmente las exportaciones de gas a Chile.

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Cortes de luz en el AMBA y Mar del Plata

El sistema eléctrico también se vio desbordado. Más de 100.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron sin luz el martes por la madrugada, según comunicó la empresa Edesur, que realizó cortes preventivos por “problemas ajenos a la compañía en la generación de energía”.

En Mar del Plata, además del corte de GNC, se registraron apagones, lo que llevó al intendente Guillermo Montenegro a suspender clases y actividades no esenciales, priorizando el funcionamiento de hospitales y geriátricos, por la ola polar que atraviezan.

Una infraestructura en crisis y el desafío de atraer inversión

El colapso del sistema vuelve a exponer las deficiencias estructurales del sector energético argentino, marcado por dos décadas de desinversión, tarifas congeladas y falta de planificación. Según estimaciones, se necesitarían más de 25.000 millones de dólares para alcanzar los niveles de calidad de servicio de hace 20 años.

El exsecretario de Energía, Emilio Apud, señaló: “No se le puede pedir a este Gobierno que resuelva en un año los desastres de dos décadas. Pero hay que apurarse: esto no se soluciona de un día para otro”.

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