Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el radical Gerardo Morales.
Este año, participaron los principales precandidatos presidenciales de la oposición: Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el radical Gerardo Morales.
Los mismos expusieron ante los empresarios más importantes del país qué política económica tendrán sobre temas centrales como el dólar, la inflación, el déficit fiscal y reforma del Estado, en zaso de llegar a la Presidencia.
Planteó «demoler» el régimen económico de los últimos 20 años. Como primera medida aseguró que va a eliminar el cepo cambiario «desde el minuto cero». Además remarcó la necesidad de contar con un «colchón de dólares», a partir del crédito internacional. “El FMI está sosteniendo un plan que se cumple bastante poco. Esperamos que a nosotros, que vamos a tener un plan serio y va a generar confianza, nos sostenga más porque las reservas están en cero. Necesitamos un colchón”.
Patricia Bullrich La precandidata de JxC también contó que entre sus proyectos tiene la idea de lanzar un plan de estabilización. Se trata de “una reforma monetaria y cambiaria. No necesariamente incluye un tipo de cambio fijo porque para eso hay que tener reservas que no tenemos”.
«Para ello vamos a impulsar reformas que cambien los incentivos económicos, restablezcan la solvencia fiscal y reconstruyan gradualmente la credibilidad». Señaló ante los empresarios, que analizaron la propuesta de la referente del PRO.
Propuso una «descontaminación tributaria», en la que planteó: «Si no dinamitamos el régimen de intereses en cuatro años estaremos repitiendo lo mismo», sostuvo en Bariloche.
El plan de Javier Milei no dista tanto: ajuste, dolarización y cierre de empresas públicas. El mismo definió como el «Plan motosierra»: «Voy a eliminar la obra pública y pasar al sistema de iniciativa privada a la chilena», adelantó.
Por otra parte, «proponemos eliminar las transferencias discrecionales de la provincias con el robo que implica ese costo para la gente», señaló. Al mismo tiempo que «vamos a ir hacia la eliminación de los subsidios económicos”, explicó. Entre esas tres iniciativas, estimó que se recortaría un 13% del gasto.
Según Milei, la eliminación del peso “no traerá un costo social” porque la medida terminará con la inflación que pega entre “entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables”. Javier Milei El precandidato de Libertad Avanza dejó en claro que va a avanzar sobre el gasto de las empresas del Estado. «Yo considero que hay que cerrarlas porque básicamente son un mecanismo por el cual la política se hace de caja destrozando empresas», reforzó.
Reconoció que en caso de ser electo la unificación del tipo de cambio no será en el primer día. Por ese motivo descartó una política de «shock» con medidas inmediatas para cambiar la economía.
En primer término, reconoció que no eliminará el cepo de inmediato e impulsará un nuevo modelo monetario y cambiario. “Vamos a reconstruir la independencia del Banco Central para ordenar la política monetaria y volver a tener una moneda confiable”, dijo.
Sobre el tema manifestó que: «habrá un sólo dólar, claridad para todos, transparencia y previsibilidad. Pero difícilmente sea el primer día”, explicó.
Estabilización, que es el gran desafío para volver a ganarnos la confianza de los argentinos y del mundo
Consolidación de reformas estructurales para mejorar la productividad
Plan de desarrollo concreto para los sectores estratégicos
Horacio Larreta Tampoco faltó alusión al frente fiscal, al que consideró la principal ancla del programa. “Vamos a terminar con el déficit que es la madre de todas las batallas. Eso implica bajar el gasto público”, dijo.
Allí marcó distancia de Bullrich y Milei, y dijo que revisará “línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales”.
Apuntó a los cambios en el Estado, donde anticipó que buscará una reforma laboral y habló de la “desregulación más importante de los últimos treinta años”.
Insistió con la idea de que “no hay 100 días, hay 100 horas” para tomar las primeras medidas.
En ese mismo marco, confirmó que buscará encarar una reforma laboral: “Vamos por la modernización en el siglo XXI. Impulsaremos marcos jurídicos para las nuevas formas de trabajo y terminar con la industria del juicio”. A su vez, se sumó a la lista de candidatos que buscan transformar los programas sociales en empleo: “Los planes tienen que dejar su política asistencialista, tienen que ser una ruta directa al trabajo y al progreso”.
El gobernador de Jujuy y precandidato de la UCR, Gerardo Morales, va a exponer su propuesta en el Foro Llao Llao este miércoles. Será el último en la lista, a la espera de la confirmación de la presencia del presidente Alberto Fernández en Bariloche.
Morales adelantó que «va a llevar un año posiblemente unificar el tipo de cambio». Asimismo detalló que después de los primeros tres meses de gestión, «hay que tomar medidas de inmediato respecto al orden fiscal. Achicar la brecha cambiaria e ir saliendo del cepo lo más pronto posible», explicó.
«Me parece que no es ni todo shock ni todo gradualismo. Hay medidas que hay que hacerlas por shock, rápido, y en otras trabajar durante el primer año de gobierno».
Gerardo Morales «El año que viene va a ser un año complejo desde el lado de las medidas que hay que tomar para alcanzar el orden fiscal. Pero por otro lado va a ser un buen año con la cosecha», analizó el precandidato de la UCR.
En ese sentido, señaló que el déficit fiscal será compensado por los ingresos de divisas generados por los recursos naturales. «Vamos a vender más crudo, vamos a vender más gas, vamos a exportar fuerte litio que en 2025 vamos a estar en u$s12.000 millones, eso es lo que viene para Argentina», aseguró.
Por otra parte, Morales dejó en claro que además de medidas para la macro, «vamos a impulsar un plan productivista». Tendrá como eje «bajar el costo laboral y la presión fiscal a la micro y pequeña empresa» porque a partir de allí «ellas van a ser el ancla para blanquear la economía formal», argumentó.
Es la entidad a través de la cual los empresarios más influyentes del país organizan su tradicional encuentro en la ciudad de Bariloche, con el objetivo de analizar y debatir el futuro de la Argentina.
«Como en cada ocasión, el Foro Llao Llao se nutre del conocimiento y la experiencia de invitados especiales, representantes del sector social, político y científico, que se suman a la conversación para aportar multiplicidad de visiones sobre las temáticas que atañen a la Argentina de hoy y mañana», explicaron fuentes de la entidad sobre el evento que se realiza esta semana en el hotel Llao Llao.
«En el marco de la coyuntura nacional electoral, se buscó construir una agenda que incluya a referentes de las diferentes fuerzas políticas, con el objetivo de discutir con los ponentes perspectivas sobre las oportunidades futuras de la Argentina y los desafíos que estas conllevan», agregaron. Es por eso que esperan contar con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, participación no confirmada que, por ahora, es un asterisco en el programa.
«Es costumbre desde la organización convocar a las reuniones de todos los participantes bajo la Regla de Chatham House, para permitir conversaciones que enaltezcan la dinámica del Foro», se explica. La alusión es a la regla según la cual, en una charla o debate, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben pero no se puede develar la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante. «No es secreto, sino discreto«, diferencia uno de los participantes, acerca del hermetismo en torno a cada una de las actividades. «Eso es lo que hace que las personas hablen. Cuando se hacen charlas más abiertas, se pierde el diálogo: pasa a ser un orador con una audiencia que escucha. En ese caso, perdemos el tesoro del diálogo abierto y genuino», subraya.
Los integrantes más reconocidos del Foro Llao Llao incluyen a fundadores y propietarios de las más variadas empresas argentinas, como Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Carlos Miguens (Central Puerto, San Miguel y Patagonia Gold), Carolina Castro (Industrias Guidi), Federico Braun (La Anónima), Guibert Englebienne (Globant), Karina Román (Roman), Luciano Nicora (emprendedor), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) y Verónica Andreani (Andreani), entre otros.
El Foro Llao Llao surgió de la voluntad de los miembros de Endeavor Argentina y el Grupo GAM, luego de que un conjunto de emprendedores celebró en 2012 la reapertura de la ciudad de Bariloche, olvidadas las cenizas del Volcán Puyehue. En 2015, se institucionalizaron estos espacios, al plantearse la necesidad de conversar fuera del ámbito rutinario y, así, hallar puntos en común entre el empresariado, los sectores sociales y la política.
«Hemos comprobado que el modelo de encuentro y diálogo es el más efectivo para generar impacto social. A partir de la experiencia del Foro han surgido iniciativas como potencia(a)rgentina, Argentina Debate, el Observatorio Argentinos por la Educación y muchos otros proyectos de transformación propositiva para nuestro país», declaró Eduardo Elsztain, titular de IRSA e impulsor del Foro. «Sólo un encuentro de opuestos nos permite aprender y avanzar en la dirección correcta», agregó.
«Hay una generación nueva: emprendedores, empresarios e hijos de las empresas tradicionales argentinas entraron en diálogo que permite pensar en el futuro», ponderó uno de los participantes. «Siempre está pensado en largo plazo, no en temas coyunturales», añadió, aunque reconoció que la fuerte presencia de candidatos presidenciales es consecuencia de la demanda que existe entre los empresarios debido a un año electoral, de fuerte contenido político.
Plan de estabilización
Javier Milei: el «Plan Motosierra»
Dolarización de la economía
Déficit y recorte del Estado
Horacio Rodríguez Larreta: gradualismo y nuevo modelo monetario
Dólar y cepo cambiario
Plan de estabilización de la economía
Larreta sostuvo que su plan económico tiene tres pilares:
Reforma del Estado
Gerardo Morales y pedido de tiempo para «unificar el tipo de cambio”
Dólar
Orden fiscal
Inflación y empleo
Fundación Foro Llao Llao:
El proyecto fue presentado por la diputada Silvana Giudici y cuenta con el respaldo del bloque de la Libertad Avanza. La iniciativa invoca el artículo 66 de la Constitución y plantea sancionar al legislador de Unión por la Patria por “desorden de conducta”.
La tensión que se vivió esta semana en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo. La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara baja, luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó con legisladores oficialistas durante un plenario de comisiones en el que se debatía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa lleva la firma de la diputada Silvana Giudici y, según informó el oficialismo, cuenta con el respaldo de toda la bancada. El pedido sostiene que Grabois incurrió en un “desorden de conducta” durante la reunión, que terminó abruptamente después de una serie de insultos, gritos y forcejeos.
El proyecto se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara puede corregir o excluir a sus integrantes por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. Para una exclusión se requiere el voto de dos tercios de los miembros de la Cámara.
El conflicto ocurrió el miércoles durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, mientras se analizaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La discusión comenzó a elevarse cuando la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman exponía y fue interrumpida por el libertario Jairo Guzmán. Según los registros difundidos sobre la reunión, Grabois se levantó de su lugar y se acercó a Guzmán. El intercambio derivó en insultos y forcejeos, por lo que otros legisladores tuvieron que intervenir para separarlos.
Más tarde, el diputado de Unión por la Patria también protagonizó un fuerte cruce con Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza. La situación volvió a escalar y los legisladores presentes intentaron evitar que el enfrentamiento pasara a una agresión física.
El proyecto presentado por Giudici sostiene que Grabois tuvo una conducta intimidatoria y que sus intervenciones terminaron afectando el normal desarrollo del plenario. Esa interpretación forma parte de los fundamentos de la iniciativa oficialista.
El episodio continuó durante la intervención de Grabois. De acuerdo con el proyecto, el diputado se dirigió a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, con la expresión “tontita”.
El presidente del plenario, Carlos Zapata, le pidió que se disculpara. Luego de que le cortaran el micrófono, Grabois lo insultó y Zapata decidió dar por terminada la reunión. El intento posterior de continuar con el debate quedó frustrado cuando se apagaron los micrófonos y la transmisión oficial.
Para Giudici, los hechos excedieron una discusión política y constituyeron un comportamiento que afectó el funcionamiento de las comisiones.
La iniciativa plantea aplicar el mecanismo previsto por la Constitución y sostiene que la Cámara debe analizar la conducta de Grabois a partir de los hechos ocurridos durante el plenario.
El oficialismo también incorporó antecedentes recientes de otros episodios protagonizados por diputados y recordó que hubo pedidos anteriores de exclusión por situaciones vinculadas con interrupciones y enfrentamientos dentro del recinto.
Sin embargo, el pedido de expulsión no implica una remoción automática. Para concretarse, debería obtener el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados, según establece el artículo 66 de la Constitución.
Después del escándalo, Grabois defendió públicamente su reacción y vinculó el enfrentamiento con sus cuestionamientos al proyecto sobre soberanía y con su postura frente a la discusión por la Ley de Tierras.
En una entrevista televisiva, sostuvo que no se arrepentía de haber intervenido y afirmó: “Me invalidaría quedarme callado mientras saquean el país”. También cuestionó duramente a los legisladores oficialistas con los que tuvo el enfrentamiento.
De esta manera, el conflicto que comenzó en una reunión de comisiones ahora tendrá una instancia institucional dentro de la Cámara. El proyecto presentado por La Libertad Avanza deberá avanzar por el procedimiento legislativo correspondiente y reunir una mayoría especial si pretende concretar la exclusión del diputado de Unión por la Patria.
La Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. Qué cambia para los compradores extranjeros y qué no resolvió el máximo tribunal.
NACIONALES- La venta de tierras rurales a extranjeros vuelve a quedar sin los límites establecidos por la Ley 26.737, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
La decisión del máximo tribunal deja nuevamente operativo el artículo del decreto firmado durante el inicio del gobierno de Javier Milei, que había derogado la denominada Ley de Tierras Rurales.
Sin embargo, el fallo tiene un punto central: la Corte no declaró constitucional el DNU ni analizó de fondo si el Poder Ejecutivo podía derogar la ley mediante ese decreto. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara ese análisis.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en manos de extranjeros.
Entre sus principales restricciones se encontraba un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales. También establecía límites por nacionalidad y fijaba un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, además de restricciones específicas para determinados inmuebles ubicados en zonas de frontera o vinculados con cuerpos de agua.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de esa normativa.
La aplicación de esa medida había quedado judicialmente frenada luego de que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucional el artículo del decreto y ordenara mantener vigente la Ley de Tierras.
Ahora, la Corte Suprema dejó sin efecto aquella sentencia.
En términos prácticos, vuelve a regir la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/2023, por lo que dejan de aplicarse las restricciones previstas específicamente por esa ley.
El conflicto comenzó después de la publicación del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional. La organización sostuvo que la derogación afectaba cuestiones vinculadas con la soberanía territorial y pidió que el artículo 154 fuera declarado inconstitucional.
En enero de 2024, durante la feria judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak había dictado una medida cautelar que restablecía temporalmente la vigencia de la ley.
Luego, al retomar su puesto, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto esa medida y rechazó la presentación al considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar el reclamo.
El CECIM apeló.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata adoptó posteriormente una posición diferente: admitió la demanda, consideró que existía legitimación para llevar adelante el planteo colectivo y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
El Estado Nacional llevó entonces el expediente ante la Corte Suprema.
El máximo tribunal concentró su decisión en una cuestión procesal.
Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que el CECIM no estaba legitimado para promover la demanda en los términos planteados.
La Corte sostuvo que la soberanía territorial no podía ser considerada un «bien colectivo» en el sentido utilizado por la Cámara Federal de La Plata para habilitar la acción colectiva.
Según el fallo, la soberanía constituye uno de los elementos del Estado y se relaciona con la facultad estatal de manifestar y hacer ejecutar su voluntad dentro de un determinado territorio.
Por ese motivo, el tribunal entendió que no estaba configurado un derecho de incidencia colectiva que permitiera a la asociación promover el reclamo.
La Corte también remarcó los límites que tiene el Poder Judicial para intervenir cuando no existe un caso concreto o una controversia judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional.
Este es uno de los aspectos más importantes del fallo.
Aunque la decisión deja nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, la Corte Suprema no afirmó que el artículo 154 del DNU 70/2023 sea constitucional.
El propio tribunal aclaró que su decisión se limita al rechazo de la demanda por la falta de legitimación de la parte actora y por la ausencia de un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
Por lo tanto, el máximo tribunal no realizó un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737.
La diferencia es relevante: la Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154, pero no reemplazó ese fallo por una declaración de constitucionalidad del decreto.
La Ley de Tierras establecía un conjunto de restricciones para evitar una concentración ilimitada de tierras rurales en manos extranjeras.
El principal límite establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o departamental.
A su vez, dentro de ese porcentaje existían restricciones vinculadas con la concentración por nacionalidad y límites individuales de superficie.
En la zona núcleo, por ejemplo, un mismo titular extranjero no podía superar las 1.000 hectáreas, o la superficie equivalente que correspondiera según la normativa.
La ley también contemplaba restricciones particulares para determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera o relacionados con cuerpos de agua de relevancia.
Con la derogación de esa legislación, esos límites específicos dejan de funcionar como marco general de la Ley 26.737.
El fallo de la Corte se conoce después de otro capítulo político relacionado con la venta de tierras.
El Gobierno había intentado avanzar durante agosto con una modificación de las restricciones sobre tierras rurales dentro de un proyecto que debía ser tratado por el Senado.
Sin embargo, el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue retirado del proyecto antes de su tratamiento.
La iniciativa había generado resistencia de distintos sectores políticos y sociales y también cuestionamientos de gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, según informó LA NACION.
Con ese retiro, el debate legislativo sobre la normativa quedó abierto.
Ahora, la decisión judicial modifica nuevamente el escenario porque deja operativo el artículo 154 del DNU 70/2023.
La resolución de la Corte Suprema deja sin efecto el fallo que había repuesto judicialmente la Ley de Tierras y permite que vuelva a operar la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.
Por eso, las restricciones específicas que establecía la Ley 26.737 dejan de ser el marco vigente para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Pero el alcance del fallo debe leerse con precisión.
La Corte no resolvió definitivamente la discusión constitucional sobre el artículo 154. Lo que determinó fue que la demanda presentada por el CECIM no podía prosperar porque la organización no tenía legitimación suficiente y porque no existía, según el tribunal, un caso o controversia que habilitara el tratamiento judicial de fondo.
De esta manera, la decisión del máximo tribunal vuelve a colocar en el centro del debate el régimen de venta de tierras a extranjeros, mientras permanece abierta la discusión sobre el alcance constitucional de la derogación de la Ley 26.737 y sobre el rol que pueda tener el Congreso en una eventual regulación futura.
La defensa de Cristina Kirchner prepara un nuevo paso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para cuestionar la condena en la causa Vialidad y buscar que se suspenda la inhabilitación que le impide competir electoralmente
NACIONALES- La defensa de Cristina Kirchner volverá a poner este martes el foco sobre su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindarán una conferencia de prensa para informar novedades sobre el trámite iniciado el 29 de julio, cuando la expresidenta recurrió al organismo internacional después de agotar las instancias de la Justicia argentina.
El objetivo central de la estrategia internacional es mantener abierta la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda volver a competir electoralmente. Para eso, su defensa pidió como medida cautelar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que forma parte de la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.
La presentación fue realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano que analiza denuncias individuales vinculadas con posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Argentina reconoce la competencia del Comité para recibir este tipo de comunicaciones desde 1986. El procedimiento internacional exige, entre otras condiciones, que se hayan agotado los recursos disponibles dentro del país.
Ese requisito es precisamente uno de los argumentos que utiliza la defensa para justificar el nuevo planteo. La Corte Suprema confirmó en junio de 2025 la condena de Cristina Kirchner, dejando firme la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A partir de ese escenario, el equipo jurídico encabezado por Beraldi e integrado por los especialistas extranjeros Rafael Valim y Javier Borrego decidió trasladar el reclamo al ámbito internacional.
Uno de los puntos más importantes de la presentación es la inhabilitación perpetua.
La defensa considera que esa sanción no solo tiene consecuencias jurídicas sino también políticas, porque impide que la expresidenta pueda presentarse como candidata a un cargo electivo.
Por eso, uno de los pedidos realizados ante el Comité consiste en suspender cautelarmente esa inhabilitación mientras se analiza el fondo de la denuncia. Según los abogados, una eventual medida favorable podría mantener abierta la posibilidad de una candidatura en las elecciones de 2027.
Rafael Valim explicó en la presentación de julio que el objetivo era conseguir la suspensión de la sanción hasta que el organismo internacional pudiera analizar el reclamo de fondo. Javier Borrego, por su parte, estimó que la cuestión cautelar podría comenzar a definirse durante octubre.
El planteo internacional no se limita a discutir la condena en términos políticos. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se produjeron violaciones a garantías reconocidas por tratados internacionales.
Entre los cuestionamientos aparecen el supuesto incumplimiento del debido proceso, la imparcialidad de los tribunales, la valoración de la prueba y las condiciones en las que se desarrolló el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Los abogados también cuestionaron aspectos de las pericias realizadas durante el expediente y plantearon objeciones sobre la forma en que fueron analizadas las obras investigadas.
La defensa sostiene además que determinadas decisiones vinculadas con la obra pública correspondían a competencias institucionales y que no podían ser utilizadas, por sí mismas, para atribuir responsabilidad penal a la entonces presidenta.
Desde esa perspectiva, el equipo jurídico busca que el Comité analice si el Estado argentino respetó las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La propia Cristina Kirchner presentó la inhabilitación como una forma de proscripción política.
La expresidenta sostiene que su condena tiene como consecuencia concreta apartarla de la competencia electoral y que el proceso judicial estuvo atravesado por una supuesta persecución política.
En una columna publicada en medios europeos, Kirchner afirmó que el objetivo de su presentación internacional es someter el proceso al análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y cuestionó lo que considera una utilización política de la Justicia.
La defensa también incorporó el argumento de que se trata de una dirigente que fue elegida dos veces presidenta y que su exclusión de futuras elecciones tendría consecuencias sobre el funcionamiento democrático.
La incorporación de Rafael Valim a la defensa internacional tampoco es casual.
El abogado brasileño participó de la estrategia jurídica vinculada con Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso derivado del caso Lava Jato. La defensa de Cristina Kirchner considera que aquel antecedente puede resultar relevante para sostener sus argumentos ante Naciones Unidas.
En el caso brasileño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a considerar que se habían vulnerado derechos de Lula durante el proceso judicial, aunque posteriormente las condenas fueron anuladas por la Justicia brasileña.
Para el equipo de Cristina Kirchner, ese antecedente demuestra que una condena firme dentro de un país puede ser analizada posteriormente desde la perspectiva de los compromisos internacionales asumidos por ese Estado.
Sin embargo, existe un límite fundamental para entender qué puede ocurrir con el reclamo de Cristina Kirchner.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU no funciona como una cuarta instancia judicial argentina ni reemplaza a la Corte Suprema. Su función es analizar posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El propio procedimiento de Naciones Unidas establece que las comunicaciones individuales pueden presentarse cuando una persona considera que sus derechos fueron vulnerados y después de haber agotado los recursos internos disponibles.
Por eso, una eventual decisión favorable al planteo de la expresidenta no significa automáticamente que la Corte Suprema deba anular la condena ni que quede habilitada de manera inmediata para competir en una elección.
La defensa, de todos modos, considera que una eventual resolución favorable podría ser utilizada posteriormente en la Justicia argentina para intentar abrir una instancia de revisión.
La presentación ante Naciones Unidas abre un proceso que puede extenderse durante meses e incluso años.
La defensa espera, en lo inmediato, una definición sobre las medidas cautelares solicitadas. Entre ellas se encuentra la que apunta directamente a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En julio, los abogados habían señalado que octubre podía ser un momento importante para el tratamiento de esas medidas.
Mientras tanto, el caso mantiene una fuerte dimensión política. La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir en 2027 es uno de los elementos que atraviesan la discusión dentro del peronismo y que explica buena parte de la relevancia que adquirió la estrategia internacional.
La conferencia de sus abogados prevista para este martes buscará precisamente actualizar el estado del trámite y explicar cuáles serán los próximos pasos.
El nuevo movimiento de Cristina Kirchner combina dos escenarios.
Por un lado, existe una estrategia estrictamente jurídica destinada a cuestionar el proceso de la causa Vialidad y reclamar que se revisen las garantías que, según su defensa, fueron vulneradas.
Por otro, hay una consecuencia política directa: intentar recuperar la posibilidad de ser candidata.
La Corte Suprema ya dejó firme la condena en la Argentina. Ahora, la defensa apuesta a que el sistema internacional de derechos humanos abra una nueva vía para discutir las consecuencias de esa sentencia.
El resultado está lejos de estar definido. Pero el planteo ante la ONU mantiene vigente una pregunta que atraviesa la política argentina: ¿podrá Cristina Kirchner volver a competir electoralmente en 2027?
Por ahora, la respuesta depende de un trámite internacional que recién comienza a mostrar sus próximos movimientos.
El decomiso a Cristina Kirchner, es un golpe que no es solo simbólico. No es solo político. Es económico, concreto y medible: propiedades, hoteles, terrenos y complejos enteros que ahora pasan a manos del Estado. La decisión judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad abre una etapa distinta: la de recuperar activos para cubrir un daño estimado en casi $685.000 millones.
“La pena no es completa si no se recupera el dinero”, sostienen los jueces.
Este decomiso no apunta solo a castigar, sino a reconstruir —al menos parcialmente— el perjuicio económico al Estado. Y en ese camino, también quedan alcanzados sus hijos y el empresario Lázaro Báez, pieza clave del entramado investigado.
A diferencia de lo que muchos creen, los bienes directamente a nombre de Cristina son pocos, pero altamente significativos:
Aunque el volumen es menor, su valor simbólico y patrimonial es alto: son activos ligados a su historia personal y política.
Gran parte del patrimonio fue transferido en vida a sus hijos, lo que explica por qué el decomiso impacta más fuerte sobre ellos.
Los hijos de la expresidenta concentran una porción importante de los bienes alcanzados:
Este último es uno de los activos más relevantes del entramado.
“No se castiga a los herederos, se recupera patrimonio afectado por el delito.”
El hotel, que durante años generó ingresos millonarios, quedó en el centro de varias investigaciones por presunto alquiler a empresas vinculadas a la obra pública.
Si hay un gran perdedor patrimonial en esta etapa, es Báez.
La Chacra 39 no es solo una propiedad:
Fue, durante años, un símbolo del poder económico construido al calor de la obra pública.
El fallo también alcanza activos vinculados a empresas clave:
Estas firmas fueron centrales en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Dato fuerte:
No se exige “trazabilidad perfecta” del dinero ilícito.
Basta con demostrar una relación económica razonable entre los bienes y el delito.
La decisión de la Cámara de Casación marca un precedente importante en causas de corrupción compleja.
Antes:
✔ Se exigía seguir el rastro exacto del dinero
Ahora:
✔ Se acepta reconstrucción económica indirecta
Esto amplía enormemente la capacidad del Estado para recuperar activos.
El decomiso es solo el primer paso.
Si los bienes no cubren el total:
Esto convierte al proceso en una recuperación patrimonial en cadena.
Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema.
Posibles destinos:
“El objetivo no es castigar, sino reparar.”
La causa Vialidad entra en una fase decisiva. Ya no se trata solo de condenas, sino de consecuencias reales y tangibles.
El decomiso redefine el alcance de la justicia en Argentina:
Siguiente paso clave: la ejecución efectiva de los bienes y su monetización. Ahí se jugará si el fallo logra algo más que un efecto simbólico.
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