El proceso de evaluación de idoneidad para agentes nacionales transitorios o contratados hasta el 31 de diciembre es una iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que busca fortalecer el empleo público mediante pruebas de conocimientos y competencias. Este sistema afecta a unos 40.000 trabajadores en todo el país, con un estimado de 1.000 en Santa Fe, muchos de ellos vinculados al Senasa.

Detalles del proceso de evaluación de idoneidad:

• Inicio: Las evaluaciones comenzarán la semana próxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y continuarán en el interior en 2025.
• Santa Fe: Se estima que las pruebas locales se realicen en marzo de 2025.
• Exámenes: Los tests serán presenciales, anónimos y ofrecerán hasta tres intentos para aprobar. Están divididos en tres categorías: Servicios Generales, Administrativos y Profesionales, y cubrirán tres áreas principales:
  1. Comprensión Lectora.
  2. Razonamiento Lógico-Matemático.
  3. Administración Pública Nacional (solo para Profesionales).

Apoyo y críticas:

El sector gremial ha manifestado inquietudes respecto a la implementación, proponiendo relevamientos y modalidades de ayuda como:

• Clases de apoyo.
• Tutoriales y simuladores.
• Materiales adaptados para quienes necesiten refuerzo.

Excepciones y accesibilidad:

Quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) están exceptuados del examen hasta que se garanticen condiciones de accesibilidad.

Recursos disponibles:

En el sitio oficial (argentina.gob.ar/sistema-de-evaluacion-publica) se puede acceder a guías de estudio con preguntas modelo y materiales para cada eje temático.

Este sistema plantea un desafío significativo para los agentes nacionales, pero también representa un paso hacia la profesionalización y la mejora del empleo público. ¿Te interesa más información sobre algún eje temático o la respuesta de los gremios?

Examen para empleados públicos:.
Apruébase el “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias” pic.twitter.com/prUexjSppQ

— Javier Milei (@JMileiElecto) December 5, 2024

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A casi seis meses de iniciada la investigación por el caso de sustracción de un menor identificado como Loan, la justicia resolvió procesar con prisión preventiva a los principales acusados. La medida alcanza a Antonio Benítez, Laudelina Peña, Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y al comisario Walter Adrián Maciel.

La resolución judicial detalla que los imputados son considerados prima facie coautores materiales del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de diez años, agravado por amenazas. A esta acusación se suma, en el caso del comisario Maciel, el encubrimiento agravado por su rol de funcionario público.

Prisión preventiva y embargos

El fallo ratificó la necesidad de mantener a los acusados detenidos, ya que se identificaron riesgos procesales concretos que impiden otras medidas sustitutivas. La prisión preventiva tiene un plazo máximo legal de dos años, con posibilidad de revisión en función del avance de las investigaciones.

Además, se ordenó un embargo sobre los bienes de los imputados. En particular, Caillava y Pérez deberán responder con bienes hasta cubrir $20 millones cada uno, mientras que a Millapi, Ramírez, Benítez y Peña se les impuso un embargo individual de $1 millón. En el caso de Maciel, la suma embargada asciende a $8 millones.

Contexto del caso

Loan, un menor de diez años, fue reportado como sustraído por su madre, desatando una compleja trama judicial que involucra a miembros de su entorno familiar y a autoridades. Según la acusación, los hechos incluyen amenazas y una planificación meticulosa que buscaba mantener al niño fuera del alcance de su madre.

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La funcionaria Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, habrían jugado un rol central en el ocultamiento, mientras que el comisario Maciel utilizó presuntamente su posición para garantizar el encubrimiento.

Próximos pasos

La investigación continuará su curso mientras los acusados permanecen bajo prisión preventiva. La fiscalía busca determinar si existen más responsables y afinar detalles sobre las circunstancias que rodearon el caso.

Este fallo marca un avance significativo en un proceso que ha generado amplia repercusión mediática y social, en espera de justicia para el menor afectado.

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El Gobierno nacional, confirmó que en las próximas semanas se habilitará el autodespacho de combustibles en todo el país. Lo comunicó a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este sistema permitirá que los conductores puedan cargar nafta y gasoil en sus vehículos de manera autoservicio, como sucede en Estados Unidos y Europa.

El anuncio se realizó durante un encuentro del Club del Petróleo en el Hotel Libertador. Sturzenegger destacó que el decreto correspondiente ya está escrito y en proceso de aprobación. Actualmente, esta modalidad opera de manera limitada en algunas estaciones de YPF en Rosario, habilitada por cuestiones de seguridad nocturna, pero ahora se ampliará como una medida de desregulación económica.

El funcionario señaló que esta iniciativa se enmarca en los pilares de la gestión del presidente Javier Milei: equilibrio fiscal y desregulación. Según explicó, la medida responde a una visión de libertad comercial que permitirá a las estaciones de servicio organizar sus operaciones de manera más flexible, reduciendo restricciones que limitan su tamaño y operación en zonas de menor volumen de ventas.

No obstante, el ministro anticipó posibles resistencias sindicales, dado que el autodespacho de combustibles ya había sido evaluado en el pasado y enfrentó objeciones del gremio de trabajadores de estaciones de servicio. Sin embargo, destacó que esta modalidad no busca eliminar mano de obra, sino ofrecer viabilidad en localidades con menor acceso al servicio.

Además, el decreto incluirá disposiciones sobre el autoabastecimiento eléctrico, pensando en la creciente electrificación del parque automotor. Sturzenegger subrayó que los conductores podrán cargar sus vehículos eléctricos en diversos espacios, como restaurantes o centros comerciales, sin restricciones regulatorias.

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Esta iniciativa, junto con otros proyectos de desregulación económica, representa un paso hacia una mayor flexibilización del sector energético en el país. El decreto oficial se publicará en las próximas semanas, abriendo un nuevo capítulo en el acceso al combustible y la energía para los argentinos.