La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas vinculadas a trabajos en su complejo deportivo.

El fútbol argentino vuelve a quedar atrapado en una tormenta judicial. Esta vez, no se trata de pases, derechos televisivos ni internas dirigenciales. Se trata de millones de pesos facturados por obras que, según el organismo recaudador, habrían sido realizadas por empresas sin capacidad real para ejecutarlas.

El escenario es sensible: el histórico predio donde se entrena la Selección, en Ezeiza, queda ahora en el centro de una investigación que apunta directamente a la trazabilidad del dinero.

“Empresas sin empleados, sin bienes y sin actividad compatible facturaron millones por obras en el predio de la AFA”.

El dato clave que enciende la alarma es uno solo: las firmas proveedoras no tendrían estructura económica ni operativa para hacer lo que facturaron.

Y eso, para el fisco, no es una irregularidad administrativa. Es una hipótesis penal.

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Qué investiga ARCA y por qué el predio de Ezeiza quedó bajo la lupa

El eje de la presentación judicial que ARCA se dispone a formalizar gira sobre comprobantes millonarios emitidos por empresas que, al ser analizadas, muestran un patrón repetido:

• no registran empleados,

• no tienen bienes,

• no exhiben actividad económica acorde,

• y en varios casos ni siquiera fueron encontradas en sus domicilios fiscales.

La denuncia se potencia por un dato que el organismo considera central:
la AFA se negó a entregar el listado del personal que ingresó al predio para realizar las obras.

Desde la entidad argumentaron que parte de esos registros corresponde a ingresos privados y confidenciales, lo que —según su versión— vuelve complejo detallar qué personas realizaron cada tarea.

Sin embargo, para ARCA ese listado es una pieza básica para reconstruir si efectivamente existieron los trabajos y quiénes los ejecutaron.

“La negativa a informar quién ingresó al predio es uno de los puntos más sensibles del expediente”.

Este conflicto no surge de la nada. En enero, el organismo ya había presentado información preliminar ante la Justicia, donde aportó el nombre de empresas que, según su análisis, podrían haber sido utilizadas como usinas de facturación.

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Tres empresas, un mismo patrón: los casos testigo que cita la denuncia

1. Meroka SRL

Meroka SRL aparece como uno de los ejemplos más claros. Según la investigación fiscal, facturó alrededor de 7 millones de pesos por obras en el predio.

El problema no es solo el monto. Es su perfil:

• actividades declaradas: fast food, bebidas, reparación de edificios, venta de cereales,

• sin bienes registrados,

• sin localización efectiva en el domicilio informado,

• sin movimientos económicos acordes a los trabajos declarados.

Para los investigadores, no existe correlación entre su objeto social y los servicios facturados.

2. Maxstore SA

Otro caso relevante es Maxstore SA, que habría emitido comprobantes por 23 millones de pesos por obras y trabajos de pintura.

La empresa declara actividades vinculadas a:

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• venta de electrodomésticos,

• telefonía,

• equipos de audio.

No fue localizada en su domicilio fiscal y, según la información oficial, no posee capacidad económica ni financiera compatible con los montos facturados.

3. Central Hotel SRL

Central Hotel SRL completa el trío de casos testigo. Facturó 9,6 millones de pesos por supuestas obras.

Su actividad declarada es:

• alojamiento hotelero,

• hosterías,

• servicios gastronómicos.

No registra empleados y tampoco presenta respaldo económico suficiente para ejecutar trabajos de infraestructura.

Stat destacado
Más de $39 millones en comprobantes bajo sospecha solo en estos tres proveedores.

Un expediente que se suma a una causa mucho más grande

Este nuevo frente no es aislado. La denuncia por facturas truchas se acumula sobre una causa ya abierta contra la AFA por presunta retención indebida de tributos y aportes de la seguridad social.

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En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

Además, ambos tienen prohibido salir del país.

Las audiencias están previstas para los primeros días de marzo.

Según ARCA, la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.

El monto bajo investigación es impactante:

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Más de $19.300 millones entre la ampliación de la denuncia y los montos originalmente informados.

La defensa de la AFA y la lectura penal del organismo recaudador

En un comunicado oficial difundido días atrás, la AFA negó de manera categórica mantener deudas fiscales exigibles. Sostuvo que:

• los pagos fueron realizados de forma voluntaria,

• se efectuaron antes del vencimiento,

• y que el organismo intenta forzar una imputación penal sobre obligaciones que —según su postura— no estaban vencidas.

También remarcó un punto político-institucional:

“Somos la única entidad sin fines de lucro denunciada penalmente en una situación impositiva similar”.

ARCA, en cambio, mantiene una interpretación estricta del régimen legal. Para el organismo, el delito no depende de si luego se pagó, sino del incumplimiento del deber jurídico que surge del rol de agente de retención.

La lógica fiscal es clara: el dinero retenido no es propio. Debe ser ingresado en tiempo y forma.

Un contexto de presión institucional sobre la AFA

Este nuevo conflicto se inscribe en un escenario de creciente presión institucional sobre la conducción del fútbol argentino.

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Análisis: por qué esta denuncia puede cambiar el tablero

A diferencia de otros expedientes que se diluyen en discusiones técnicas, esta presentación tiene un rasgo especialmente delicado:
pone bajo sospecha la existencia real de las obras y de los proveedores.

Si la Justicia confirma que se utilizaron empresas sin capacidad operativa para justificar pagos, el foco dejará de estar solo en el incumplimiento fiscal y pasará a un terreno mucho más complejo:

• simulación de servicios,

• posible direccionamiento de fondos,

• y eventuales responsabilidades penales de los firmantes.

El próximo paso clave que puede definir el futuro de la causa

El siguiente movimiento será determinante: la presentación formal de la denuncia penal por facturación apócrifa y la incorporación de esta investigación al circuito judicial ya abierto.

A partir de ahí, el expediente ingresará en una etapa de peritajes contables, cruces bancarios y reconstrucción de obras que, en muchos casos, solo existen en los papeles.

Para la AFA, el desafío inmediato es uno solo: demostrar con documentación y registros reales quiénes trabajaron, cuándo y cómo en el predio de Ezeiza.

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Para ARCA, el objetivo es probar que detrás de esas facturas hubo algo más que simples errores administrativos.

El fútbol argentino, una vez más, espera una definición fuera de la canch

448 días de oscuridad: El regreso de Nahuel Gallo y el ajedrez político detrás de su libertad. Imagínate cruzar una frontera para darle un beso a tu hijo de dos años y terminar sepultado en «El Rodeo I», una de las cárceles más temibles del continente, sin que nadie sepa si estás vivo o muerto. Durante 448 días, esa fue la realidad del Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo. Mientras el mundo seguía girando, para Gallo el tiempo se detuvo entre torturas psicológicas e incomunicación absoluta.

Hoy, esa pesadilla terminó. En la madrugada de este lunes 2 de marzo de 2026, el suelo argentino volvió a sentir los pasos de un hombre que se convirtió en el símbolo involuntario de la tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas. Pero detrás de los abrazos en Ezeiza, hay una trama de «diplomacia paralela» y fútbol que merece ser analizada.

El reencuentro en Ezeiza: Más que una foto familiar

A las 4:40 de la mañana, el silencio de la pista de aterrizaje de Ezeiza se rompió con el rugido de los motores del avión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No bajaba una selección campeona, sino un hombre visiblemente marcado por el encierro. La imagen de Nahuel Gallo cargando a su hijo Víctor, de ahora tres años, es el cierre visceral de un capítulo de «desaparición forzada» que mantuvo en vilo a las fuerzas de seguridad.

En la plataforma de recepción, el despliegue político fue total. El canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich —quien inició los reclamos durante su gestión ministerial— marcaron presencia. La narrativa oficial es clara: el Estado no abandona a sus uniformados. Sin embargo, la presencia de funcionarios de alto rango subraya que este no fue un trámite consular ordinario, sino un rescate político en un contexto de hostilidad máxima con el régimen de Nicolás Maduro.

«Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo… quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada ha regresado a la Argentina». — Pablo Quirno, Canciller.

La «Diplomacia del Fútbol»: El rol clave de Chiqui Tapia

Uno de los puntos más disruptivos de esta noticia es el vehículo de la liberación. Gallo no regresó en un avión de la Fuerza Aérea, sino en una unidad gestionada por Claudio “Chiqui” Tapia. La colaboración entre la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) fue el puente que la diplomacia tradicional no logró construir.

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Este uso del «soft power» deportivo permitió destrabar un conflicto donde las cancillerías estaban estancadas en retórica de confrontación. Mientras las relaciones oficiales están rotas o reducidas al mínimo, el fútbol operó como un corredor humanitario. Esto plantea un caso de estudio sobre cómo las organizaciones civiles pueden tener más llegada en regímenes cerrados que los propios estados.

El Rodeo I: El precio de ser argentino en Venezuela

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024. Su pecado fue intentar ingresar por el paso de San Antonio del Táchira con documentos en regla para visitar a su familia. Lo que siguió fue un descenso a los infiernos. Durante meses, su paradero fue desconocido, una táctica común de presión política.

• Días de detención: 448.

• Condiciones: Incomunicación total, huelgas de hambre y falta de defensa privada.

• Estatus: El gobierno argentino calificó formalmente el hecho como «desaparición forzada» durante gran parte del proceso.

La liberación de Gallo no marca el fin de la agenda de reclamos. El gobierno ya ha puesto el foco en Germán Giuliani, otro ciudadano argentino que permanece privado de su libertad por razones políticas en suelo venezolano. La libertad de Gallo es un triunfo, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad de los ciudadanos en zonas de conflicto ideológico.

Un precedente de resistencia y gestión

El regreso de Nahuel Gallo es, ante todo, una victoria de la resiliencia de su esposa, María Alexandra Gómez, quien nunca dejó de visibilizar el caso en redes sociales y medios de comunicación. Políticamente, consolida la postura de la administración actual de mantener una línea dura frente a Venezuela, pero aceptando canales alternativos (como la AFA) para obtener resultados humanitarios.

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Nahuel, bienvenido a casa.

448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista.

Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible.

Estamos felices. pic.twitter.com/iIJcBZUsQE

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2026

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