Este miércoles, miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias saldrán a las calles de todo el país en una Marcha Federal Universitaria convocada en «defensa de la universidad pública y el sistema científico nacional». La principal consigna de la movilización es rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que ha generado una ola de indignación y malestar en el sector educativo.

La marcha principal se llevará a cabo a las 17 en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires, y contará con réplicas en las principales ciudades de todas las provincias. En Santa Fe la concentración será en Rectorado UNL. La comunidad educativa se unió bajo el lema: “La universidad no es el problema, es parte de la solución”, una frase que sintetiza el sentimiento de frustración ante lo que consideran un ataque directo al acceso a la educación pública.

ES HOY – MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA 🇦🇷

La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el presente y el futuro del país.

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— F.U.A. (@laFUA) October 2, 2024

La UNL adhiere a la marcha en defensa de la universidad pública

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) respaldó por unanimidad la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa del financiamiento universitario. En una sesión realizada este jueves, se decidió sumarse a la marcha federal del 2 de octubre, que en Santa Fe se concentrará en el Rectorado de la UNL a las 17:30. La declaración expresa la preocupación por la situación crítica del sistema universitario y científico, debido al desfinanciamiento y a la situación salarial del personal docente y no docente.

Además, la UNL destacó que la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario había generado esperanzas, pero estas se ven amenazadas por la posible decisión del gobierno nacional de vetar dicha ley. La movilización busca reclamar un presupuesto adecuado para las universidades públicas, motor clave de la movilidad social y el desarrollo del país.

El veto presidencial: ¿decisión técnica o política?

El conflicto se desató luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento de Universidades, sancionada recientemente por el Congreso. Según el Ejecutivo, las universidades nacionales presentan irregularidades en sus presupuestos y «exageran» la cantidad de alumnos matriculados para aumentar sus ingresos. Carlos Torrendell, secretario de Educación, acusó a varias casas de estudio de «inventar alumnos» para justificar fondos que, según el gobierno, no son necesarios. Esta afirmación ha provocado una fuerte respuesta de los sectores educativos, quienes la consideran una estrategia para desprestigiar a las universidades y justificar los recortes.

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Sin embargo, la polémica no se detiene en las declaraciones. El ajuste que viene sufriendo el sector educativo es evidente: los gremios docentes han denunciado que más del 60% de los trabajadores universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. La propuesta del gobierno de un incremento salarial del 5,8% en octubre fue rechazada por los gremios, calificándola de “insuficiente” y «lejos de las necesidades reales». El paro de 48 horas llevado a cabo por docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires la semana pasada fue solo una muestra del creciente descontento.

Una movilización que va más allá de la educación

El clima de descontento resono en otros sectores sociales, con la Confederación General del Trabajo (CGT) respaldando la movilización en defensa de la educación pública. «No estamos marchando solo por los salarios o los presupuestos. Estamos marchando por el futuro de nuestras universidades y por el derecho de los trabajadores y sus hijos a acceder a una educación de calidad», expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a la juventud a participar activamente en la marcha, advirtiendo que se está jugando no solo el presente de la educación pública, sino el futuro del país. «Es un ataque directo a uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad», aseguró en sus redes sociales, provocando una ola de apoyo y reacciones en el espectro político.

La respuesta del gobierno: acusaciones y desinformación

Lejos de calmar las aguas, el gobierno ha endurecido su postura en los últimos días. El presidente Milei y varios de sus ministros, como José Luis Espert, han criticado abiertamente a las universidades y han acusado a los manifestantes de distorsionar los hechos. Espert llegó a decir que los “docentes millonarios” estaban manipulando la realidad para obtener mayores fondos, lo que fue inmediatamente desmentido por los gremios, que señalaron que la gran mayoría de los trabajadores universitarios lucha por salarios dignos.

El gobierno, por su parte, ha acusado a sectores opositores de “politizar” la marcha y de utilizar la defensa de la educación como una herramienta para desacreditar la gestión de Milei. “No es una movilización genuina. Están utilizando a los estudiantes como excusa para atacar a nuestro gobierno”, declaró el ministro de Educación, tratando de desinflar la masiva convocatoria que se espera para hoy.

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Un enfrentamiento de largo aliento

Lo cierto es que la disputa entre el gobierno y las universidades se ha vuelto un conflicto de gran magnitud. Las declaraciones cruzadas, el descontento creciente y las movilizaciones que se han sucedido en todo el país han marcado un antes y un después en el debate sobre la educación pública en Argentina. La marcha de hoy es solo el último episodio en una serie de enfrentamientos que, según los protagonistas, no tiene visos de resolverse a corto plazo.

Hoy, miles de personas saldrán a las calles en defensa de lo que consideran uno de los derechos fundamentales de la sociedad: el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno atenderá estos reclamos o si el conflicto seguirá escalando en un contexto de profunda crisis social y económica.

En Córdoba, los incendios forestales son una amenaza recurrente, pero este año, la situación es aún más crítica. Las llamas arrasaron unas 40.000 hectáreas, afectando áreas protegidas y poniendo en riesgo vidas humanas y ecosistemas enteros. Si bien factores climáticos como la sequía y los vientos calurosos empeoran el panorama, el verdadero catalizador de este desastre son las decisiones políticas que han desmantelado las estructuras de protección ambiental, combinadas con la negligencia en la ejecución de fondos públicos.

 

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El gobernador Martín Llaryora, quien intento mostrar preocupación al pedir ser querellante en la causa de dos detenidos por los incendios en Punilla, enfrenta críticas por apoyar medidas que han debilitado la protección de los recursos naturales. En paralelo, prácticas negligentes durante entrenamientos militares en La Calera también encendieron nuevas alarmas, sumando otra dimensión a la crisis que vive la provincia.

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Córdoba bajo fuego: palos en la rueda

A nivel nacional, el problema es aún más grave. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, promulgado por el presidente Javier Milei, ha profundizado la crisis al desregular el manejo de tierras y facilitar su venta a capitales extranjeros, mientras que se desmantelan leyes clave para la protección del medio ambiente. La derogación de la Ley de Tierras, que limitaba la posesión de terrenos rurales por parte de extranjeros, y el desfinanciamiento de fondos como el FODIS (Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables) ponen en peligro el futuro de los bosques nativos y los ecosistemas.

 

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Ley de Manejo del Fuego

Entre las principales víctimas de estos recortes está la Ley de Manejo del Fuego (LMF – N°26.815), que fue desfinanciada. Aunque Milei no la derogó directamente, la falta de recursos ha dejado a la ley casi sin efecto práctico. Solo se ha ejecutado el 26,7% del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego durante la primera mitad del año, una cifra alarmante si la comparamos con años anteriores, cuando se ejecutaban porcentajes mucho mayores (45% en 2021, 70% en 2022, 78% en 2023).

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Una publicación compartida de Guillermo Folguera (@guillefolguera)

Este desinterés estatal por el manejo del fuego no es nuevo. En 2017, el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, eliminó el fondo especial que financiaba el Plan Provincial de Manejo del Fuego, cortando una fuente vital de recursos. Estos fondos, que provenían de un aporte especial cobrado a través de la factura de EPEC, estaban destinados a comprar aviones hidrantes y a financiar programas de prevención y educación ambiental. La falta de estos recursos deja desprotegida a la provincia frente a los incendios.

Los números hablan por sí solos: en 2010, cuando el plan provincial estaba activo, hubo 210 incendios que afectaron 10.200 hectáreas. Este año, en un solo incendio, se perdieron 12.000 hectáreas. Mientras tanto, el actual gobierno provincial y nacional parecen más interesados en facilitar negocios inmobiliarios que en proteger el medio ambiente.

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Ley Nacional de Bosques Nativos

La Ley Nacional de Bosques Nativos también ha sido víctima de recortes. Esta norma, sancionada en 2007, debería garantizar fondos suficientes para la protección y restauración de los bosques. Sin embargo, el presupuesto propuesto para 2025 es apenas una fracción de lo que exige la ley: en lugar de los $352.664 millones que deberían asignarse, solo se destinarán $9.090 millones.

Mientras tanto, el gobierno nacional se resiste a declarar la «emergencia nacional» solicitada por Córdoba, y la ayuda ha llegado principalmente desde otras provincias, como Buenos Aires, Chubut y Santa Fe. A pesar de la gravedad de la situación, las soluciones parecen venir más de la solidaridad entre provincias y la entrega incansable de los bomberos y brigadistas, que del accionar de las autoridades.

Córdoba está en llamas, pero lo que realmente arde es la negligencia y el desinterés político que han dejado a la provincia sin herramientas para enfrentar el fuego.