Policiales
Zangi, la app de origen armenio que investigan por el triple crimen de Florencio Varela
Fuentes judiciales y expertos en ciberseguridad señalan a Zangi —una aplicación con cifrado “militar” y arquitectura que evita el almacenamiento en la nube— como el canal por el que se habría transmitido parte del horror.
Policiales- El horror del hallazgo de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela sumó en las últimas horas una pieza inquietante: según la investigación judicial y especialistas consultados por medios, los acusados habrían utilizado la aplicación Zangi —de origen armenio— para transmitir en vivo parte del crimen y evitar dejar rastros en servidores tradicionales.
¿Qué es Zangi y por qué preocupa a los investigadores?
Zangi es un mensajero que se promociona como una herramienta de comunicación privada: permite llamadas de voz y video, mensajes y transferencia de archivos, y destaca por no almacenar el historial en “la nube” y por usar cifrados de alta robustez. La compañía responsable presenta la app como diseñada para minimizar la recolección de datos y funcionar con conexiones lentas. Varias notas periodísticas y especialistas en seguridad señalan que, por esas características —registro anónimo posible, cifrado de extremo a extremo y transferencia directa equipo a equipo— la aplicación resulta difícil de rastrear para la justicia cuando se usa con fines delictivos.
El origen de Zangi se remonta a desarrollos vinculados a Armenia; la app existe desde la década pasada y se difundió en mercados internacionales. Sus fichas en tiendas y sitios oficiales describen su política: “no data collection” y “military grade encryption”, términos que explican por qué, ante la sospecha de una transmisión delictiva, las autoridades enfrentan complicaciones técnicas para acceder a contenidos que no están en servidores centrales.
Cómo funciona (a grandes rasgos) y las limitaciones para investigar
Expertos en ciberseguridad consultados por la prensa explican que hay varias arquitecturas técnicas que hacen difícil la trazabilidad: algunas apps almacenan mensajes en servidores intermedios (lo que facilita pedidos judiciales); otras, como describen fuentes, operan de forma más descentralizada o peer‑to‑peer, con cifrado que impide la lectura incluso si se intercepta la comunicación. Además, si el registro de la cuenta se realiza con datos anónimos o sin asociación a un número telefónico verificable, la pesquisa criminal pierde pistas elementales sobre quién abrió la sesión.
No obstante, las fuentes judiciales admiten que el rastro digital nunca es totalmente inexistente: metadatos del dispositivo, análisis forense del hardware (teléfonos, chips, cuentas vinculadas), y la investigación tradicional (vehículos, testigos, cámaras) siguen siendo herramientas clave para reconstruir qué ocurrió y quiénes participaron. En el caso de Varela, la hipótesis de transmisión en vivo —si se confirmara plenamente— sería una agravante de la barbarie y, además, abriría una investigación sobre la circulación del video entre espectadores.
Uso criminal de aplicaciones “seguras”: un fenómeno global
No es novedosa la utilización de plataformas con cifrado por parte de organizaciones delictivas: desde redes de narcotráfico hasta bandas carcelarias han recurrido a herramientas que ofrecen anonimato y cifrado para coordinar y documentar delitos. La tensión entre la protección de la privacidad y la prevención del delito es hoy un debate vigente: legisladores, tecnólogos y defensores de derechos civiles discuten hasta qué punto es posible garantizar privacidad sin crear “espacios intocables” para el crimen.
Qué buscan ahora los investigadores
Según las fuentes públicas de la causa y la prensa, la pesquisa se concentra en: 1) peritajes forenses a los teléfonos secuestrados; 2) rastrear la cadena de contactos y los posibles espectadores o replicadores del material; 3) cruzar pruebas técnicas con la investigación convencional (domicilios, vehículos y testigos) para reconstruir la mecánica del hecho. Las autoridades deberán además evaluar si existió difusión del material y la responsabilidad de quienes compartieron o no denunciaron lo ocurrido.