Las Cataratas del Iguazú quedaron temporalmente cerradas al público este lunes 12 de octubre, luego de que el caudal del río superara los 12.000 metros cúbicos por segundo. La magnitud de la crecida encendió las alarmas en Misiones y obligó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad para resguardar a los turistas y trabajadores.

La medida alcanzó el ingreso a los sectores de uso público del Parque Nacional Iguazú, uno de los principales atractivos naturales de la Argentina. La decisión fue adoptada de manera preventiva ante el avance del agua y el riesgo que representa para los circuitos turísticos, las pasarelas y las instalaciones próximas a los saltos.

Según informó Radio Nacional, el aumento del caudal fue muy rápido durante la mañana. Las lluvias persistentes en las altas cuencas continuaban alimentando el río, aunque durante las últimas horas se observó una disminución que abrió la posibilidad de recuperar las visitas al día siguiente.

Por qué cerraron las Cataratas del Iguazú

El principal motivo del cierre fue la crecida extraordinaria del río Iguazú, alimentada por las precipitaciones registradas en la cuenca, especialmente en territorio brasileño.

El volumen de agua superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, una cifra excepcional que obliga a extremar las precauciones en las zonas de circulación de visitantes.

Cuando el nivel del río aumenta de manera repentina, las pasarelas y los senderos próximos a los saltos pueden quedar expuestos a condiciones peligrosas. La fuerza de la corriente, la presencia de agua en sectores de tránsito y los cambios en el nivel del río hacen necesario restringir el acceso hasta que los equipos técnicos comprueben que existen condiciones seguras.

El cierre no respondió a una decisión turística ni a una cuestión operativa menor. Se trató de una medida preventiva destinada a evitar accidentes ante un fenómeno natural cuya evolución puede cambiar en pocas horas.

La crecida sorprendió durante el fin de semana largo

La suspensión de las visitas llegó en plena jornada del feriado del lunes 12 de octubre, cuando Puerto Iguazú recibía turistas que habían elegido el destino para disfrutar del fin de semana largo.

De acuerdo con Radio Nacional, el destino había cerrado los cuatro días con una ocupación hotelera superior al 70%, según el balance mencionado por el presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú, Leopoldo Lucas.

El cierre de las Cataratas representó así un contratiempo para quienes tenían previsto recorrer los circuitos durante la última jornada del descanso. También obligó a las agencias de viajes y a los prestadores turísticos a seguir de cerca las novedades sobre el funcionamiento del parque.

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La prioridad de las autoridades fue evitar que los visitantes quedaran expuestos a situaciones de riesgo en un escenario marcado por las lluvias y el aumento del caudal.

🇦🇷🇧🇷 | Las Cataratas del Iguazú cerraron al público por la crecida extraordinaria de los ríos Paraná e Iguazú, cuyo caudal superó los 12.000 m³ por segundo, casi diez veces su nivel habitual.
https://t.co/2L16cZd0RB

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 12, 2026

¿Cuándo volverán a abrir las Cataratas?

Durante la tarde del lunes, las autoridades comenzaron a observar una reducción del caudal, un dato que permitió evaluar una posible reapertura para el martes 13 de octubre.

Leopoldo Lucas explicó a Radio Nacional que se esperaba un nuevo informe durante la noche para determinar si las condiciones permitían retomar las visitas. Sin embargo, la reapertura dependía de la evolución del río y de las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Por eso, quienes tenían entradas o planeaban visitar el parque debían consultar los canales oficiales antes de trasladarse hasta el lugar. Hasta contar con una confirmación oficial, no correspondía dar por restablecida la actividad turística.

Un fenómeno que exige vigilancia permanente

Las crecidas extraordinarias forman parte de los desafíos ambientales y operativos que enfrenta el Parque Nacional Iguazú. En septiembre, la Administración de Parques Nacionales había informado sobre medidas preventivas vinculadas al aumento del caudal y al escenario meteorológico asociado al fenómeno El Niño.

Entre esas acciones se encontraba el retiro preventivo de las pasarelas del circuito Garganta del Diablo, con el objetivo de proteger la infraestructura y garantizar la seguridad de los visitantes.

Ese antecedente muestra que las autoridades vienen siguiendo la evolución de los ríos y aplicando medidas para reducir los riesgos. La situación también recuerda que la visita a las Cataratas depende de las condiciones naturales y que, ante una crecida importante, la seguridad debe estar por encima de cualquier actividad turística.

Las Cataratas del Iguazú son una de las grandes maravillas naturales del mundo y un motor fundamental para el turismo de Misiones. Sin embargo, la fuerza del río puede transformar en pocas horas el paisaje y las condiciones de acceso.

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La evolución del caudal será determinante para establecer cuándo podrán regresar los visitantes a los circuitos. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo y recomiendan seguir la información oficial para evitar traslados innecesarios.

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13 Jul 2023 a las 06:53
Cierre temporal de la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú debido a la crecida del río

Las autoridades a cargo de las Cataratas del Iguazú anunciaron el cierre preventivo del circuito de la Garganta del Diablo, debido a la crecida del río Iguazú causada por las persistentes lluvias en las cuencas brasileñas. Aunque aún no se determinó la fecha de reapertura, dependerá de la recuperación de los flujos normales del río.

El intendente del Parque Nacional Iguazú, Claudio Sacramento, durante una conferencia de prensa, explicó que la decisión se basó en el análisis de las métricas y previsiones sobre la crecida del río, que indicaban que el nivel del agua continuaría aumentando. Con el objetivo de minimizar los daños materiales, se iniciará el proceso de desmontaje de las pasarelas a partir de las 14 horas.

El cierre se considera como una medida preventiva. Se espera que el caudal del río alcance entre 10.000 y 12.000 metros cúbicos por segundo (m³/s), mientras que los valores normales oscilan entre 1.200 y 1.500 metros cúbicos por segundo. Se pronostica un aumento del caudal de agua en el río de alrededor de 6.500 metros cúbicos por segundo.

A pesar del cierre de la Garganta del Diablo, el resto del Parque Nacional Iguazú permanecerá abierto al público

Los turistas tendrán la opción de visitar los circuitos inferior y superior de las cataratas en su lugar. Aquellos visitantes que reservaron sus entradas con anticipación podrán reprogramar su excursión sin costo adicional durante los próximos días.

Según los registros del Parque Nacional, la última vez que el circuito de la Garganta del Diablo se cerró al público fue en el verano de este año debido a trabajos de reparación y reconstrucción de las pasarelas ubicadas en el corazón de las cascadas.

Dado que no hay certezas sobre la fecha de reapertura del circuito más popular del parque, las autoridades informarán diariamente sobre el estado de la crecida a través de redes sociales y canales oficiales para que los visitantes puedan planificar sus actividades.

Si bien tomar medidas para proteger la estructura y garantizar la seguridad de los turistas es común, las actuales circunstancias fueron imprevistas. Por lo general, los meses de junio, septiembre y diciembre son los más lluviosos, y diciembre el mes con mayores crecidas.

Crecida del río Iguazú

En cuanto a los pronósticos de la crecida del río Iguazú, los registros históricos alcanzaron un máximo en junio de 2014, cuando el caudal llegó a los 45.700 metros cúbicos por segundo. Previamente, el récord se había establecido durante las inundaciones de 1992, con un caudal de 36.000 metros cúbicos por segundo.

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El proyecto fue presentado por la diputada Silvana Giudici y cuenta con el respaldo del bloque de la Libertad Avanza. La iniciativa invoca el artículo 66 de la Constitución y plantea sancionar al legislador de Unión por la Patria por “desorden de conducta”.

La tensión que se vivió esta semana en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo. La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara baja, luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó con legisladores oficialistas durante un plenario de comisiones en el que se debatía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa lleva la firma de la diputada Silvana Giudici y, según informó el oficialismo, cuenta con el respaldo de toda la bancada. El pedido sostiene que Grabois incurrió en un “desorden de conducta” durante la reunión, que terminó abruptamente después de una serie de insultos, gritos y forcejeos.

El proyecto se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara puede corregir o excluir a sus integrantes por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. Para una exclusión se requiere el voto de dos tercios de los miembros de la Cámara.

El episodio que desencadenó el pedido

El conflicto ocurrió el miércoles durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, mientras se analizaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La discusión comenzó a elevarse cuando la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman exponía y fue interrumpida por el libertario Jairo Guzmán. Según los registros difundidos sobre la reunión, Grabois se levantó de su lugar y se acercó a Guzmán. El intercambio derivó en insultos y forcejeos, por lo que otros legisladores tuvieron que intervenir para separarlos.

Más tarde, el diputado de Unión por la Patria también protagonizó un fuerte cruce con Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza. La situación volvió a escalar y los legisladores presentes intentaron evitar que el enfrentamiento pasara a una agresión física.

El proyecto presentado por Giudici sostiene que Grabois tuvo una conducta intimidatoria y que sus intervenciones terminaron afectando el normal desarrollo del plenario. Esa interpretación forma parte de los fundamentos de la iniciativa oficialista.

Insultos y final abrupto de la reunión

El episodio continuó durante la intervención de Grabois. De acuerdo con el proyecto, el diputado se dirigió a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, con la expresión “tontita”.

El presidente del plenario, Carlos Zapata, le pidió que se disculpara. Luego de que le cortaran el micrófono, Grabois lo insultó y Zapata decidió dar por terminada la reunión. El intento posterior de continuar con el debate quedó frustrado cuando se apagaron los micrófonos y la transmisión oficial.

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Para Giudici, los hechos excedieron una discusión política y constituyeron un comportamiento que afectó el funcionamiento de las comisiones.

Qué establece el pedido de expulsión

La iniciativa plantea aplicar el mecanismo previsto por la Constitución y sostiene que la Cámara debe analizar la conducta de Grabois a partir de los hechos ocurridos durante el plenario.

El oficialismo también incorporó antecedentes recientes de otros episodios protagonizados por diputados y recordó que hubo pedidos anteriores de exclusión por situaciones vinculadas con interrupciones y enfrentamientos dentro del recinto.

Sin embargo, el pedido de expulsión no implica una remoción automática. Para concretarse, debería obtener el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados, según establece el artículo 66 de la Constitución.

La respuesta de Grabois

Después del escándalo, Grabois defendió públicamente su reacción y vinculó el enfrentamiento con sus cuestionamientos al proyecto sobre soberanía y con su postura frente a la discusión por la Ley de Tierras.

En una entrevista televisiva, sostuvo que no se arrepentía de haber intervenido y afirmó: “Me invalidaría quedarme callado mientras saquean el país”. También cuestionó duramente a los legisladores oficialistas con los que tuvo el enfrentamiento.

De esta manera, el conflicto que comenzó en una reunión de comisiones ahora tendrá una instancia institucional dentro de la Cámara. El proyecto presentado por La Libertad Avanza deberá avanzar por el procedimiento legislativo correspondiente y reunir una mayoría especial si pretende concretar la exclusión del diputado de Unión por la Patria.

NACIONALES- La venta de tierras rurales a extranjeros vuelve a quedar sin los límites establecidos por la Ley 26.737, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.

La decisión del máximo tribunal deja nuevamente operativo el artículo del decreto firmado durante el inicio del gobierno de Javier Milei, que había derogado la denominada Ley de Tierras Rurales.

Sin embargo, el fallo tiene un punto central: la Corte no declaró constitucional el DNU ni analizó de fondo si el Poder Ejecutivo podía derogar la ley mediante ese decreto. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara ese análisis.

Venta de tierras: qué cambió con el fallo de la Corte

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en manos de extranjeros.

Entre sus principales restricciones se encontraba un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales. También establecía límites por nacionalidad y fijaba un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, además de restricciones específicas para determinados inmuebles ubicados en zonas de frontera o vinculados con cuerpos de agua.

El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de esa normativa.

La aplicación de esa medida había quedado judicialmente frenada luego de que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucional el artículo del decreto y ordenara mantener vigente la Ley de Tierras.

Ahora, la Corte Suprema dejó sin efecto aquella sentencia.

En términos prácticos, vuelve a regir la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/2023, por lo que dejan de aplicarse las restricciones previstas específicamente por esa ley.

Cómo comenzó el conflicto judicial

El conflicto comenzó después de la publicación del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737.

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El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional. La organización sostuvo que la derogación afectaba cuestiones vinculadas con la soberanía territorial y pidió que el artículo 154 fuera declarado inconstitucional.

En enero de 2024, durante la feria judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak había dictado una medida cautelar que restablecía temporalmente la vigencia de la ley.

Luego, al retomar su puesto, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto esa medida y rechazó la presentación al considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar el reclamo.

El CECIM apeló.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata adoptó posteriormente una posición diferente: admitió la demanda, consideró que existía legitimación para llevar adelante el planteo colectivo y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.

El Estado Nacional llevó entonces el expediente ante la Corte Suprema.

Qué dijo la Corte Suprema

El máximo tribunal concentró su decisión en una cuestión procesal.

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que el CECIM no estaba legitimado para promover la demanda en los términos planteados.

La Corte sostuvo que la soberanía territorial no podía ser considerada un «bien colectivo» en el sentido utilizado por la Cámara Federal de La Plata para habilitar la acción colectiva.

Según el fallo, la soberanía constituye uno de los elementos del Estado y se relaciona con la facultad estatal de manifestar y hacer ejecutar su voluntad dentro de un determinado territorio.

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Por ese motivo, el tribunal entendió que no estaba configurado un derecho de incidencia colectiva que permitiera a la asociación promover el reclamo.

La Corte también remarcó los límites que tiene el Poder Judicial para intervenir cuando no existe un caso concreto o una controversia judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional.

La Corte no declaró constitucional al DNU de Milei

Este es uno de los aspectos más importantes del fallo.

Aunque la decisión deja nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, la Corte Suprema no afirmó que el artículo 154 del DNU 70/2023 sea constitucional.

El propio tribunal aclaró que su decisión se limita al rechazo de la demanda por la falta de legitimación de la parte actora y por la ausencia de un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.

Por lo tanto, el máximo tribunal no realizó un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737.

La diferencia es relevante: la Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154, pero no reemplazó ese fallo por una declaración de constitucionalidad del decreto.

Qué límites había antes para los extranjeros

La Ley de Tierras establecía un conjunto de restricciones para evitar una concentración ilimitada de tierras rurales en manos extranjeras.

El principal límite establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o departamental.

A su vez, dentro de ese porcentaje existían restricciones vinculadas con la concentración por nacionalidad y límites individuales de superficie.

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En la zona núcleo, por ejemplo, un mismo titular extranjero no podía superar las 1.000 hectáreas, o la superficie equivalente que correspondiera según la normativa.

La ley también contemplaba restricciones particulares para determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera o relacionados con cuerpos de agua de relevancia.

Con la derogación de esa legislación, esos límites específicos dejan de funcionar como marco general de la Ley 26.737.

El Gobierno había intentado modificar la normativa en el Congreso

El fallo de la Corte se conoce después de otro capítulo político relacionado con la venta de tierras.

El Gobierno había intentado avanzar durante agosto con una modificación de las restricciones sobre tierras rurales dentro de un proyecto que debía ser tratado por el Senado.

Sin embargo, el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue retirado del proyecto antes de su tratamiento.

La iniciativa había generado resistencia de distintos sectores políticos y sociales y también cuestionamientos de gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, según informó LA NACION.

Con ese retiro, el debate legislativo sobre la normativa quedó abierto.

Ahora, la decisión judicial modifica nuevamente el escenario porque deja operativo el artículo 154 del DNU 70/2023.

Qué significa desde ahora

La resolución de la Corte Suprema deja sin efecto el fallo que había repuesto judicialmente la Ley de Tierras y permite que vuelva a operar la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.

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Por eso, las restricciones específicas que establecía la Ley 26.737 dejan de ser el marco vigente para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Pero el alcance del fallo debe leerse con precisión.

La Corte no resolvió definitivamente la discusión constitucional sobre el artículo 154. Lo que determinó fue que la demanda presentada por el CECIM no podía prosperar porque la organización no tenía legitimación suficiente y porque no existía, según el tribunal, un caso o controversia que habilitara el tratamiento judicial de fondo.

De esta manera, la decisión del máximo tribunal vuelve a colocar en el centro del debate el régimen de venta de tierras a extranjeros, mientras permanece abierta la discusión sobre el alcance constitucional de la derogación de la Ley 26.737 y sobre el rol que pueda tener el Congreso en una eventual regulación futura.