Política
Procesaron a Alberto Fernández en la causa por contratos de seguros: lo acusan de beneficiar a un empresario amigo desde la Casa Rosada
Ordenó un embargo sobre sus bienes por más de $14.600 millones
El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por los contratos de seguros. El delito es de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades por los contratos de seguros estatales durante su gestión. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes por más de $14.600 millones.
Según el fallo, Fernández intervino directamente para favorecer al empresario Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo personal, quien fue el principal beneficiario de las contrataciones realizadas por al menos 19 organismos públicos bajo el paraguas del decreto 823/2021. Este decreto obligó a todas las dependencias del Estado nacional a realizar contratos de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Facilitaba un esquema de concentración que, según la Justicia, estuvo aprovechado por el entorno presidencial.
Entre 2019 y 2023, la empresa de Martínez Sosa recibió comisiones por más de $2.242 millones, cifra que representa casi el 60 % del total abonado por Nación Seguros en ese período. La Justicia sostiene que este crecimiento se debió al «plan de expansión de los negocios» impulsado desde la Presidencia.
Una «comunidad de negocios» desde el poder con estos contratos
El juez consideró que Fernández, junto a su secretaria privada María Cantero (pareja de Martínez Sosa), conformó una verdadera «comunidad de intereses económicos», que se mantuvo incluso después de asumir la primera magistratura. “El ex presidente no cortó sus vínculos con el mundo de los negocios privados; por el contrario, los potenció desde el poder”, sostiene el fallo.
Las pruebas clave del expediente incluyen conversaciones por WhatsApp, registros de visitas, llamadas, obsequios y transferencias de dinero. En esos mensajes, Cantero expresaba tranquilidad por contar con “un amigo presidente” y se comprometía con Martínez Sosa a actuar como su respaldo dentro de la Casa Rosada.
Casanello también destacó que la secretaria “estaba de los dos lados del mostrador”, ya que ejercía un cargo público altamente sensible al tiempo que, según los registros, recibía pagos de la empresa de su pareja y realizaba gestiones directas ante funcionarios para asegurar contratos.
Intervenciones directas del Presidente
El fallo menciona al menos dos episodios en los que Fernández intervino personalmente para garantizar los negocios de su entorno. En uno de ellos, en 2022, impidió que la Cancillería cambiara al broker a cargo de su póliza. En otro caso, se ocupó de preservar en el directorio de Nación Seguros a Gustavo García Argibay, funcionario vinculado a Martínez Sosa, tras un intento de desplazamiento.
Para Casanello, el entonces presidente no solo facilitó las condiciones para que su círculo íntimo se beneficiara con contrataciones públicas, sino que también actuó activamente para remover obstáculos cuando fue necesario. «La influencia era real. No era una venta de humo», concluyó el juez.
Más de 30 procesados y una red de empresas bajo la lupa
Además del ex mandatario, el juez procesó a otras 33 personas, entre ellas al propio Martínez Sosa y a Cantero, además del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y miembros del directorio de la compañía estatal.
El expediente incluye acusaciones por lavado de dinero, cohecho y administración fraudulenta, y se detectaron vínculos con cooperativas que habrían sido utilizadas para canalizar retornos y sobornos, particularmente a través del ex funcionario Mauro Tanos, que incluso recibió vehículos y viajes aéreos pagados por esas entidades.
También fueron citadas a indagatoria ocho empresas de seguros y se realizaron allanamientos en oficinas vinculadas a brokers y firmas aseguradoras, en una investigación que busca determinar no solo las responsabilidades individuales, sino también la eventual responsabilidad penal de personas jurídicas, habilitada en la legislación argentina desde 2017.
La defensa de Fernández y el futuro del caso
Voceros cercanos a Alberto Fernández confirmaron que apelará el procesamiento y aseguraron que el ex presidente “no obtuvo ningún beneficio personal” y que las gestiones atribuidas a él se limitaron a evitar “negocios turbios de último momento”. Sin embargo, el juez Casanello contundente al señalar que Fernández promovió un entorno permisivo y funcional al lucro privado, aún desde el cargo más alto del país.
Este es el segundo procesamiento judicial que enfrenta el ex mandatario: el primero fue dictado en abril por lesiones y amenazas en la causa por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez.
La causa de los contrados de seguros promete seguir escalando. La Justicia avanza ahora sobre el rol de las empresas y los circuitos financieros utilizados para canalizar los fondos, mientras se profundiza la investigación sobre uno de los esquemas de corrupción más complejos revelados tras el fin del gobierno del Frente de Todos.