Policiales
Muerte de Mauro González: el abogado querellante explicó por qué imputaron a una médica policial
El abogado querellante Rodolfo Mingarini explicó los motivos de la imputación por homicidio culposo contra la médica que revisó a Mauro González antes de su ingreso a la Comisaría Octava y cuestionó que no haya dispuesto su derivación a un centro de salud.
POLICIALES- La investigación por la muerte de Mauro Daniel González sumó una nueva imputación. Una médica que presta funciones en la Policía de Santa Fe quedó acusada de homicidio culposo por su actuación durante la revisión del hombre, horas antes de que muriera en la Comisaría Octava de Santa Fe.
La profesional, identificada como María M., tenía 26 años cuando ocurrió el hecho. Su intervención se produjo después de la detención de González y antes de su traslado a la dependencia policial de avenida General Paz al 7300.
Para la querella, su actuación resulta relevante dentro de la cadena de hechos que terminó con la muerte del hombre. El abogado querellante Rodolfo Mingarini explicó que la acusación contra la médica no se relaciona con la agresión que, según la investigación, sufrió González durante el traslado.
El planteo apunta a una posible omisión en la atención médica.
AUDIO del abogado querellante Rodolfo Mingarini
Qué cuestiona la querella sobre la revisión médica
Mingarini sostuvo que la médica debía aplicar el protocolo vigente para personas detenidas que presentan signos compatibles con consumo de sustancias o un estado de vulnerabilidad.
Según explicó el abogado, la profesional tenía que evaluar de manera integral el estado de González y, si advertía determinadas condiciones, disponer su traslado a un centro sanitario.
La querella considera que eso no ocurrió.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que González presentaba signos evidentes de haber sufrido lesiones. De acuerdo con lo expuesto por Mingarini, el examen médico consignó siete lesiones, mientras que posteriormente se identificaron 22 lesiones visibles.
Para el abogado, esa diferencia resulta significativa al momento de analizar si la revisión fue completa y si permitió determinar el verdadero estado de salud del detenido.
Mingarini también remarcó que González no podía caminar ni hablar con normalidad y que presentaba un cuadro que debía generar una respuesta médica diferente.
“Lo que le imputó el fiscal fue homicidio culposo”, explicó el abogado querellante al referirse a la acusación contra la médica.
El protocolo que, según la querella, debía aplicarse
Uno de los puntos centrales del planteo de la querella es la existencia de un protocolo obligatorio de actuación para las personas detenidas.
Mingarini señaló que ese procedimiento fue establecido mediante una resolución de 2019 y que debía ser tenido en cuenta por la profesional.
Según explicó, si la médica advirtió o recibió información sobre un posible consumo de estupefacientes por parte de González, debía adoptar medidas específicas frente a esa situación.
La querella entiende que una persona que atraviesa un cuadro de intoxicación, desorientación o vulnerabilidad requiere una evaluación distinta y puede necesitar atención hospitalaria.
Por eso, el abogado considera que la decisión de no derivar a González a un centro de salud constituye uno de los aspectos centrales de la imputación.
La médica quedó vinculada por una posible omisión
La situación de la profesional tiene una diferencia importante respecto de la acusación que pesa sobre los policías que participaron de la detención y el traslado.
Mingarini explicó que la médica no forma parte de la cadena inicial de hechos que, según la investigación, comenzó con el procedimiento del Comando Radioeléctrico.
La querella sostiene que su responsabilidad se analiza desde otro lugar: el de una posible omisión posterior, cuando González ya estaba bajo custodia estatal y pasó por una revisión médica.
El abogado puso el foco justamente en esa diferencia.
Los policías investigados habrían tenido una conducta activa durante la detención y el traslado. En cambio, en el caso de la médica, la Fiscalía analiza si no cumplió con una obligación profesional que podía modificar el desenlace.
González murió dentro de la Comisaría Octava
Mauro Daniel González fue detenido el 17 de enero en el barrio Yapeyú. Según la acusación fiscal, atravesaba una crisis subjetiva vinculada con el consumo de estupefacientes.
Tras la intervención del Comando Radioeléctrico, fue trasladado hacia la Comisaría Octava.
Durante ese recorrido, los investigadores sostienen que sufrió una serie de agresiones. En el trayecto, los agentes también pasaron por Medicina Legal, donde González fue revisado por la médica ahora imputada.
Luego ingresó a la Comisaría Octava y quedó alojado en una celda.
Horas más tarde, cuando el fiscal de turno dispuso su libertad, los agentes fueron a notificarlo. Fue entonces cuando descubrieron que González estaba muerto.
La autopsia determinó que la muerte se produjo por broncoaspiración de sus propios fluidos.
Ocho policías fueron imputados
La causa ya había avanzado contra ocho agentes policiales. Cuatro permanecen detenidos con prisión preventiva.
Se trata de Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinalli.
La situación de los cuatro será revisada en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones prevista para el 3 de septiembre.
Otros cuatro policías permanecen en libertad: Sabrina Petitón, integrante del Comando Radioeléctrico, y Juan Cruz Barros, Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, pertenecientes al Cuerpo Guardia Infantería.
Según la acusación, Amarillo, Aranda, Díaz, Bardinalli y Petitón fueron imputados por tortura seguida de muerte.
Barros enfrenta cargos por presuntas vejaciones, mientras que a Ibarra y Altamirano se les atribuye encubrimiento.
La incorporación de la médica policial abre ahora una nueva línea de análisis dentro del expediente.
El planteo de la querella y el momento de la revisión
Para Mingarini, la intervención médica debe analizarse dentro de todo el contexto de la detención.
El abogado sostuvo que el estado de González al momento de la revisión era determinante. Si una persona llega con lesiones visibles, dificultades para comunicarse y signos compatibles con consumo de sustancias, la atención médica no puede limitarse a una constatación superficial.
La querella entiende que la obligación profesional exigía evaluar si podía permanecer bajo custodia policial o si necesitaba ser trasladado a un hospital.
En ese sentido, el abogado destacó que la médica expresó sus condolencias a los hermanos de González durante la audiencia imputativa.
Sin embargo, aclaró que la profesional sostuvo que había realizado correctamente su trabajo y no declaró durante la audiencia imputativa.
La discusión judicial deberá determinar ahora si existió una omisión relevante y si esa conducta tuvo relación causal con el desenlace fatal.
Una causa que vuelve a poner el foco en la custodia estatal
La muerte de Mauro González generó una investigación compleja que involucra distintos momentos: la detención, el traslado, la revisión médica, el ingreso a la comisaría y las horas posteriores.
La nueva imputación coloca nuevamente bajo análisis el papel del Estado cuando una persona permanece detenida.
Para la querella, no alcanza con determinar quiénes realizaron las agresiones denunciadas. También debe establecerse si quienes tenían obligaciones específicas de cuidado actuaron de acuerdo con los protocolos.
En el caso de la médica policial, la Fiscalía sostiene que esa eventual omisión puede configurar el delito de homicidio culposo.
La investigación deberá establecer ahora qué información recibió la profesional, qué observó durante la revisión, qué lesiones consignó, qué medidas tomó y si correspondía disponer una derivación hospitalaria.
El punto será clave para determinar si su intervención fue simplemente una revisión médica dentro del procedimiento o si, por el contrario, existió una omisión que tuvo incidencia en la muerte de Mauro González.