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La justicia Uruguaya investiga los viajes de Martín Insaurralde
La justicia uruguaya, a través de la Fiscalía de Lavado de Activos en Uruguay está llevando a cabo una investigación sobre los viajes de Martín Insaurralde. El ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de gabinete de Buenos Aires, realizó varios vuelos privados hacia Uruguay entre 2014 y 2020. La diputada Graciela Ocaña presentó una denuncia en Uruguay que detalla seis de estos viajes y que desencadenó la investigación.
Los viajes en cuestión ocurrieron desde Argentina a Uruguay y se extienden desde 2013 hasta 2020.
La denuncia incluye:
Registros de los vuelos y también la participación de Insaurralde en dos empresas: Trianon (dedicada al rubro hotelero) y Sasaxa Libero (dedicada al rubro gastronómico), de todas maneras Insaurralde declaró no recibir ingresos por estas compañías.
La investigación no se limita solo a los vuelos, ya que se centra en otros viajes en aviones privados a Uruguay y Paraguay. La Justicia está particularmente interesada en el traslado desde Paraguay a República Dominicana en un avión de gran porte. La fiscalía busca determinar si estos vuelos podrían plantear interrogantes sobre su financiamiento, dado el salario de funcionario público.
La investigación también se enfoca en un viaje de Insaurralde a Marbella, donde pasó tiempo con la modelo Sofía Clerici. Se cuestiona la falta de información sobre cómo se desplazó desde Madrid a Marbella, lo que podría implicar un gasto difícil de justificar dadas sus declaraciones juradas sobre sus ahorros.
En este contexto, la Justicia está preparando exhortos para obtener información sobre la titularidad del yate «Bandido», en el que Insaurralde y Clerici disfrutaron de su tiempo en el Mediterráneo en septiembre pasado. La fiscalía busca documentos y facturas que confirmen o refuten la declaración de Clerici sobre el alquiler del yate.
La investigación se centra en posibles maniobras de lavado de dinero, la compra de objetos o el pago de servicios con fondos de origen ilícito. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se unió a la investigación para abordar casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Hasta ahora, la investigación se centró en verificar el patrimonio de las personas involucradas. Al mismo tiempo la justicia uruguaya solicitó informes a diversas entidades bancarias y organismos oficiales para obtener información sobre el historial patrimonial de los investigados. La causa se mantiene en secreto de sumario.