Según fuentes oficiales, más de 6.800 de estos empleados pertenecen a la planta permanente. La normativa también recomienda a las empresas y sociedades del Estado implementar medidas similares con sus trabajadores.
El objetivo declarado es «garantizar la eficiencia en la gestión de recursos humanos«, mejorar el funcionamiento del Estado, reducir la estructura pública y equilibrar las cuentas. Además, se estableció que las entidades públicas podrán solicitar prórrogas de hasta seis meses para aquellos empleados cuya permanencia sea estratégica para el normal desarrollo de sus funciones. Dicha solicitud se tramitará electrónicamente y tendrá que contar con la aprobación del Ministerio.
Nueva etapa de recortes y reorganización
Esta política se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, que buscan achicar el tamaño del Estado. La jubilación masiva se suma a decisiones recientes, como la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el despido de más de 3.000 empleados.
En paralelo, el Gobierno introducirá exámenes de idoneidad para todos los trabajadores públicos, tanto transitorios como permanentes, en diciembre de 2024. Quienes no aprueben estos exámenes no podrán renovar sus contratos. Sturzenegger indicó que la evaluación será automatizada para garantizar imparcialidad.
También se exigirá a los empleados públicos presentar declaraciones juradas patrimoniales y certificados de aptitud psicofísica para asegurar la transparencia y la idoneidad en el desempeño de sus funciones.
Estas medidas forman parte del capítulo I de la «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reorganizar la estructura estatal con el fin de reducir el déficit fiscal y transparentar el gasto público.