Santa Fe: Controversia por la Ley que clasifica a los presos según la peligrosidad

Una reciente ley de ejecución penal en la provincia de Santa Fe ha generado controversia al incluir la obligación de que los presos utilicen uniformes con colores que reflejen su nivel de peligrosidad. La medida, aprobada en diciembre pasado, la confirmó el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. El ministro argumenta que esta decisión forma parte de una «transformación severa» en las condiciones de detención para mejorar el control en las cárceles.

Que dice el artículo 24 de la legislación:

Establece un código de vestimenta que permite asignar uniformes diferenciados según la situación legal, nivel de seguridad, zona de circulación asignada o las tareas que el recluso desempeñe. Aunque la ley aún no ha sido reglamentada, el ministro adelantó que se implementará próximamente para los 9,000 detenidos en cárceles santafesinas.

La medida ha recibido fuertes críticas de organismos de Derechos Humanos y expertos en derecho penal. La diputada peronista Matilde Bruera la calificó como «ridícula» e inofensiva, además de estigmatizante para los presos. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideran que es un «retroceso absoluto» y otorga poder discrecional al Servicio Penitenciario.

Además de la obligación de uniformes, la nueva ley propone la categorización de presos de «alto perfil», con condiciones de detención más estrictas. Este grupo incluiría a aquellos con vínculos a organizaciones criminales complejas, narcotráfico, participación en actos violentos hacia autoridades o particulares, entre otros criterios. El CELS critica esta designación como discrecional y potencialmente discriminatoria.

A pesar de la argumentación del ministro Cococcioni sobre la mejora en el control carcelario, críticos como Fernández Hofmann del CELS señalan que esta medida viola derechos, como el contacto con la familia, y podría llevar a un régimen extremo. La controversia persiste, ya que la implementación de esta ley podría tener impactos significativos en los derechos y la dignidad de los reclusos en Santa Fe.