Rebelión contra el bono de $60 mil: 12 provincias no pagarán

En respuesta al anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre un bono de $60 mil para empleados públicos y privados como parte de su paquete de medidas post-devaluación, 12 provincias argentinas declararon que no aplicarán este pago debido a sus propias negociaciones en curso. Las provincias que tomaron esta decisión son CABA, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y Salta.

Las provincias argumentan que acordaron aumentos salariales en el marco de sus propias paritarias y cláusulas gatillo para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación. Por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, destacó que la provincia acordó una cláusula gatillo con los gremios hace solo diez días y que esto protegerá el poder adquisitivo de los empleados.

Empresas y gobiernos locales se oponen

La iniciativa de pagar este bono de $60 mil también la rechazaron diversas entidades empresariales, incluyendo la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), que argumentan que las medidas unilaterales pueden interferir con los acuerdos salariales ya firmados en la industria.

Además, varios gobiernos provinciales y municipales consideran que el bono tendría un impacto significativo en sus presupuestos, ya que la partida de personal a menudo representa una gran parte del gasto total. Algunos gobernadores argumentan que implementaron aumentos salariales acordes con la inflación y no tienen los recursos para otorgar el bono adicional.

Respuestas y polémica por parte del Ministerio de Trabajo

En respuesta a las objeciones, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, advirtió que habrá multas para las empresas que no cumplan con el pago del bono. Por otro lado, José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, mencionó que las empresas no se quejaron cuando el gobierno las rescató durante la pandemia.

El debate sobre este bono refleja tensiones entre el gobierno central, las provincias y el sector empresarial sobre cómo abordar la recuperación económica y el alivio para los trabajadores en medio de una inflación creciente y un panorama económico desafiante.

Hasta ahora, solo tres gobernadores se han sumado a la medida, mientras que las demás provincias y municipios están en proceso de evaluar la situación y sus propias capacidades financieras antes de decidir si implementarán o no el bono.