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Mendoza habilita el saqueo del agua: aprueban la megaminería y crece la indignación social
Tensión en la Legislatura y avance de la megaminería en medio de advertencias científicas
Nacionales- Mendoza vivió una noche decisiva con respecto a la megaminería. Con la Legislatura completamente vallada y miles de manifestantes rodeando el edificio, el Senado provincial aprobó hoy martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita el avance de la minería en Uspallata y en Malargüe, incluido el polémico proyecto PSJ Cobre Mendocino —ex San Jorge—.
La votación fue acompañada por el Gobierno provincial, los principales bloques políticos y el respaldo explícito del presidente Javier Milei. Pero la decisión llegó en medio de un clima de máxima tensión social, advertencias científicas por los riesgos ambientales y un malestar creciente por el uso del agua, un recurso crítico en una provincia que atraviesa más de una década y media de sequía.
Advertencias del CONICET y la Universidad de Cuyo: más riesgos que certezas para el agua
Aunque el oficialismo insiste en que los estudios son “sólidos y rigurosos”, tanto el CONICET como la Universidad Nacional de Cuyo habían advertido sobre impactos potenciales en la salud humana, riesgos ambientales de largo plazo y afectación directa sobre el agua, especialmente en zonas donde el recurso es escaso y altamente demandado.
Investigadores señalaron que Mendoza tiene apenas el 4% de su superficie irrigada y que los proyectos mineros consumirían millones de litros diarios en regiones estratégicas. En un contexto hídrico crítico, alertaron que cualquier presión adicional puede comprometer la estabilidad del sistema productivo y la vida cotidiana de miles de familias.
A pesar de estas observaciones, los documentos no fueron incorporados como condicionantes en la resolución final.
El Gobierno y la mayoría política apoyaron la aprobación
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la votación y afirmó que se trata de “un paso hacia la modernización productiva de Mendoza”. También ratificó que el uso del agua será “controlado y monitoreado en cada etapa”.
El presidente Milei, por su parte, había pedido públicamente a los senadores que aprobaran el proyecto y destacó que la minería es una “palanca clave para el crecimiento del país”.
En la Legislatura, radicales, libertarios y parte del peronismo sumaron los votos necesarios para avanzar.
Miles de personas en las calles: el agua como bandera histórica
Mientras los senadores debatían, afuera la movilización fue masiva. Organizaciones socioambientales, vecinos autoconvocados, ciclistas y familias completas se acercaron a la Legislatura para rechazar la aprobación.
Los manifestantes denunciaron represión policial, controles estrictos y un vallado que impidió el acercamiento al edificio. La consigna unificada fue la misma que marcó la historia reciente de la provincia: “El agua de Mendoza no se negocia”.
El sonido de bombos, pancartas, fogones y cánticos acompañó toda la sesión. Para muchos, la jornada evocó el recuerdo de diciembre de 2019, cuando la sociedad mendocina logró frenar la modificación de la Ley 7722.
Megaminería: poca mano de obra y beneficios económicos cuestionados
Uno de los puntos más discutidos es el impacto económico real. Expertos y organizaciones sostienen que la megaminería genera muy poca mano de obra en comparación con los riesgos que implica.
Además, señalan que el porcentaje de dinero que queda para la provincia es mínimo frente al volumen de recursos extraídos. En paralelo, los costos ambientales —especialmente sobre el agua— podrían ser irreversibles.
Por eso, una pregunta resonó fuerte en las calles y también en redes sociales:
¿Para quién son los negocios?
La desconfianza no es nueva: Mendoza ya ha visto proyectos extractivos que prometieron desarrollo local y terminaron dejando empleo escaso y beneficios concentrados.
Una aprobación que deja heridas abiertas
La votación del Senado no cerró el debate: lo profundizó. Para el Gobierno, es un avance estratégico. Para una parte importante de la sociedad mendocina, es una amenaza directa a su identidad productiva y a su relación histórica con el agua.
Con protestas anunciadas para los próximos días y un clima político en ebullición, el conflicto promete seguir en el centro de la agenda provincial.