Nacionales
Ley de Propiedad Privada: qué cambia y qué artículos quedaron afuera
Después de más de diez horas de debate, negociaciones de último momento y una jornada marcada por fuertes tensiones tanto dentro como fuera del Congreso, el Senado otorgó media sanción al proyecto de Ley de Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo para modificar el régimen de desalojos, expropiaciones y protección del derecho de propiedad.
La aprobación llegó con un costo político para el Gobierno: antes de la votación debió retirar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto, entre ellos las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, ante la falta de respaldo de bloques provinciales y aliados.
El texto en general se aprobó por 37 votos a favor y 34 en contra, tras una sesión que comenzó por la tarde y concluyó durante la madrugada, en medio de un fuerte operativo de seguridad y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.
«El oficialismo logró la media sanción, pero tuvo que eliminar los artículos más resistidos para reunir los votos necesarios.»
Una negociación que cambió el proyecto original
La versión que llegó al recinto era distinta a la presentada inicialmente por el Poder Ejecutivo. Durante las últimas 48 horas de negociaciones, el oficialismo resignó dos capítulos clave para garantizar el respaldo de sectores dialoguistas.
El primero en quedar afuera fue el referido a la extranjerización de tierras, luego de las críticas de gobernadores, legisladores provinciales y organizaciones sociales.
Horas más tarde también fue eliminado el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, cuestionado especialmente por representantes de provincias patagónicas y del norte del país.
La decisión fue anunciada por el senador Agustín Coto, miembro informante del oficialismo, quien propuso retirar ese apartado antes de la votación en general, medida que fue celebrada por gran parte de la oposición.
De esta manera, la iniciativa quedó concentrada en tres ejes principales:
- Nuevas reglas para los desalojos.
- Cambios en el régimen de expropiaciones.
- Regularización dominial de inmuebles rurales.
Desalojos más rápidos: uno de los puntos centrales de la ley
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto establece modificaciones al procedimiento judicial para recuperar inmuebles ocupados.
La propuesta incorpora el juicio sumarísimo como mecanismo para tramitar desalojos tanto urbanos como rurales, con el objetivo de reducir los tiempos de resolución judicial.
Entre las novedades más importantes figura la posibilidad de que el propietario solicite la restitución inmediata del inmueble ocupado por intrusos o tenedores precarios, incluso durante el desarrollo del proceso judicial.
En los casos de alquileres con deuda, el texto fija una intimación previa de 10 días hábiles para regularizar la situación antes de avanzar con el desalojo.
La notificación podrá realizarse mediante el domicilio electrónico constituido en el contrato.
Uno de los cambios centrales establece un plazo de 10 días para intimar el pago antes del inicio del proceso de desalojo por deuda.
No obstante, durante el debate se incorporó una modificación impulsada por bloques dialoguistas para reforzar la protección de personas vulnerables.
Cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos que requieran asistencia especial, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos competentes y garantizar, durante un plazo máximo de diez días, una alternativa habitacional antes de concretar el desalojo.
Cambios en las expropiaciones
Otro de los capítulos aprobados modifica la normativa vigente sobre expropiaciones realizadas por el Estado.
La propuesta establece que toda declaración de utilidad pública deberá justificarse mediante criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad, restringiendo los supuestos en los que el Estado podrá avanzar sobre bienes privados.
Además, redefine la forma de calcular las indemnizaciones.
Según el texto, se reconocerá el valor objetivo del inmueble y los daños directos ocasionados, mientras que el lucro cesante solo podrá reclamarse cuando exista prueba suficiente y tendrá un límite equivalente al 30 % del daño emergente, salvo demostración de un perjuicio superior.
También se fijan nuevos criterios para actualizar los montos indemnizatorios utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés correspondiente a depósitos a plazo fijo del Banco Nación.
En cuanto a las ocupaciones temporales de inmuebles, la iniciativa limita su duración a 90 días, con posibilidad de una única prórroga en circunstancias excepcionales.
Con 37 votos afirmativos y 33 votos negativos queda aprobado en general el proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 7, 2026
Cruces políticos dentro y fuera del Congreso
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos entre oficialismo y oposición.
Desde Unión por la Patria cuestionaron especialmente las modificaciones vinculadas a los desalojos y las expropiaciones, al considerar que reducen las herramientas del Estado para intervenir en situaciones de interés público y afectan a sectores vulnerables.
El senador Mariano Recalde sostuvo que el proyecto podría acelerar desalojos de inquilinos con dificultades económicas, mientras que Martín Soria criticó las restricciones incorporadas al régimen de expropiaciones.
En respuesta, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa argumentando que busca fortalecer la seguridad jurídica, brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario y proteger el derecho de propiedad.
La tensión también se trasladó al exterior del Congreso, donde una manifestación contra el proyecto terminó con incidentes entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad luego de finalizada la movilización.
Qué falta para que la ley entre en vigencia
Con la aprobación en el Senado, el proyecto obtuvo media sanción, pero todavía debe completar el trámite legislativo para convertirse en ley.
La iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde podrían producirse nuevas modificaciones debido a las diferencias políticas que aún persisten sobre algunos de sus artículos.
El debate que viene será decisivo para definir el alcance definitivo de una norma que promete modificar aspectos centrales del régimen de propiedad privada, los procesos de desalojo y las facultades del Estado para expropiar bienes.