POLÉMICA: Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema

Política– El presidente Javier Milei designó por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin el aval del Senado. La decisión generó una fuerte controversia, ya que recuerda el intento fallido de Mauricio Macri en 2015 de nombrar jueces por el mismo mecanismo. La oposición y diversos sectores judiciales cuestionan la medida por considerarla inconstitucional y un avance sobre la independencia del Poder Judicial.

Antecedentes del proceso

El 20 de marzo de 2024, el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Lijo y García Mansilla. Luego fueron publicados en el Boletín Oficial el 15 de abril para activar los mecanismos de consulta y participación ciudadana. Tras las audiencias realizadas en agosto, ambos candidatos quedaron habilitados para ser votados en la Cámara Alta, pero sus nominaciones no fueron tratadas durante el período ordinario de sesiones.

Ante la falta de avances, Javier Milei incluyó la cuestión en la agenda de las sesiones extraordinarias, pero nuevamente no hubo definiciones. Frente a esta situación, el mandatario decidió avanzar con la designación en comisión, un mecanismo que en 2015 también utilizó el expresidente Mauricio Macri para nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema.

Comunicado oficial:

Desde la Casa Rosada, justificaron la decisión argumentando que «el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino». Sin embargo, críticos de la gestión de Milei sostienen que este nombramiento se da en un contexto político complejo, donde el mandatario enfrenta denuncias y cuestionamientos a nivel nacional e internacional, incluyendo la investigación por la estafa multimillonaria de la empresa $Libra.

«…El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la Corte…»

«…el Gobierno continuará con el trámite legislativo para que el Senado ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos…»

La decisión de Javier Milei se ampara en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. El mismo habilita al Presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. Según el Gobierno, el estancamiento en el tratamiento de los pliegos en la Cámara Alta motivó la resolución.

Postura del Gobierno

Desde Casa Rosada remarcaron que «el Senado no tiene la potestad de rechazar los acuerdos en base a preferencias personales o políticas» y que «la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no cuenten con un sistema judicial eficiente».

Con estas designaciones, el Gobierno busca completar las vacantes en el máximo tribunal hasta que el Congreso tome una decisión definitiva sobre los candidatos propuestos.

El anuncio se produce en un momento de fuerte desgaste para el Gobierno, con una economía en crisis y una seguidilla de decretos que han cambiado drásticamente el marco legal del país. Javier Milei muy criticado por gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, superando el millar de modificaciones normativas en apenas dos semanas. Además, sus declaraciones polémicas, como sus comentarios contra sectores de la oposición, la comunidad LGBT+ y su reivindicación de la época de la dictadura, han exacerbado la polarización política.

El Senado, que debe tratar la designación de los jueces, ahora se encuentra en el centro de la discusión. Si bien el oficialismo apuesta a que las negociaciones en el Congreso le permitan consolidar la maniobra, sectores críticos advierten que esta medida podría terminar judicializada.

Organismos de derechos humanos y referentes del ámbito judicial se manifestaron en contra de la decisión. «Nombrar jueces por decreto atenta contra la división de poderes y sienta un peligroso precedente», advirtió un exintegrante de la Corte Suprema.

Manuel García Mansilla

Nacido el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro, García Mansilla es un abogado constitucionalista de 53 años. Obtuvo su título de abogado en 1995 en la Universidad del Salvador y, posteriormente, en 2002, completó un Master of Laws (LL.M) en la Georgetown University Law Center, en Washington D.C., Estados Unidos.

Desde enero de 2019, se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde está a cargo del Consejo de Dirección de la Facultad.

Además, desde 2014, es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

En el ámbito profesional, García Mansilla trabajó entre 1997 y 2005 en el departamento de derecho público del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, y también pasó por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados.

Ariel Lijo

Nacido el 19 de octubre de 1968, Ariel Lijo es un juez federal con una trayectoria de 19 años en el Poder Judicial. Obtuvo su título de abogado en 1993 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en 2001, completó una especialización en Administración de Justicia en la misma casa de estudios.

Lijo ha estado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, ubicado en Comodoro Py, donde ha llevado adelante causas de alto perfil, como la detención de Amado Boudou en el caso Ciccone y la investigación del encubrimiento del atentado a la AMIA.

A lo largo de su carrera, enfrento diversas denuncias. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ha recibido un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez, acumulando un total de 32 denuncias. Además, de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción, algunas de ellas desde hace más de una década.

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Mientras Javier Milei avanza con su estrategia política y económica, la sociedad y la oposición observan con atención el desenlace de esta movida. En un país con una historia marcada por la lucha entre el autoritarismo y la institucionalidad, el nombramiento de jueces por decreto vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de la democracia argentina.