Política
Tensión entre el Gobierno y la UBA por auditoría: no descartan ir a la Corte Suprema
La tensión entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) se intensifica tras la decisión del rector Ricardo Gelpi de recurrir a la Justicia para bloquear una auditoría impulsada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En la Casa Rosada anticipan que no solo responderán ante cualquier fallo adverso sino que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema para sostener la medida.
Disputa por la interpretación legal
El enfrentamiento se centra en la interpretación de la Ley de Administración Financiera 24.156 y la normativa 24.521. Desde la UBA sostienen que la SIGEN carece de competencias para auditar sus cuentas, ya que las universidades nacionales gozan de autonomía financiera y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En contraste, el oficialismo argumenta que los fondos que recibe la UBA del Tesoro Nacional justifican la intervención del organismo de control.
Miguel Blanco, titular de la SIGEN, asegura que la auditoría busca «transparencia en el uso de los recursos públicos» y que no se trata de una interferencia en la educación gratuita. Según fuentes del organismo, se han identificado $8.000 millones en gastos no rendidos vinculados a programas como FUNDAR, lo que motivó la auditoría.
Plan de acción: ¿Camino a la Corte?
El Gobierno planea apelar cualquier fallo judicial que favorezca a la UBA y sostiene que la SIGEN continuará con la auditoría mientras avanza el proceso legal. La estrategia incluye posibles medidas cautelares para evitar la interrupción del control. «Donde hay fondos públicos, debe haber auditorías», aseguran desde la Procuración del Tesoro.
Objetivos y alcance de la auditoría
La SIGEN ya notificó a la UBA sobre el inicio de la auditoría y espera que la universidad entregue documentación sobre transferencias, convenios y rendición de gastos. El análisis abarcará desde el origen de los fondos hasta su ejecución, con especial atención a compras de materiales y contrataciones de servicios.
Si bien la UBA es auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), el Gobierno considera que esos controles son insuficientes y busca realizar una revisión más exhaustiva. Desde la universidad, sin embargo, denuncian que la medida constituye una virtual intervención que vulnera su autonomía.
El conflicto podría terminar definiéndose en la Corte Suprema, mientras la SIGEN acelera la designación del equipo de auditores para comenzar con el control de las cuentas universitarias.