Locales
Prisión preventiva para la dueña del asilo ilegal de Santa Fe: evalúan un posible juicio abreviado
La defensa negocia un posible juicio abreviado.
La investigación por las condiciones en las que vivían adultos mayores en una residencia ilegal de barrio Nuevo Horizonte sumó este martes una definición judicial clave: la dueña del asilo ilegal de Santa Fe quedó en prisión preventiva, luego de una audiencia en la que se analizaron los riesgos procesales y la evidencia reunida hasta el momento.
La audiencia comenzó poco después de las 8.20 en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y estuvo encabezada por el juez José Luis García Troyano. Participaron el fiscal Manuel Cecchini y el abogado defensor Claudio Torres Del Sel.
La mujer está imputada por el delito de abandono de persona, una acusación que debe ser definida durante el avance del proceso judicial.
La decisión de mantenerla detenida se fundamentó, entre otros aspectos, en la escala penal prevista para el delito y en el riesgo de fuga que, según planteó la Fiscalía, quedó evidenciado después de que la imputada permaneciera prófuga durante los días posteriores a los hechos investigados.
La Justicia dictó la prisión preventiva y la causa podría resolverse mediante un juicio abreviado si avanzan las negociaciones entre las partes.
Qué pruebas presentó la Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal Cecchini expuso parte de los elementos incorporados al expediente.
Entre las pruebas mencionadas aparecen testimonios vinculados con denuncias anteriores, además de informes elaborados por organismos públicos como PAMI, ANSES y la Municipalidad de Santa Fe.
También se incorporó la declaración de la subsecretaria de Salud de la Municipalidad, Lorena Massari, y distintos peritajes médicos realizados a los residentes.
Los estudios estuvieron a cargo de los cuerpos médicos policial y municipal y forman parte de los elementos utilizados por la Fiscalía para reconstruir las condiciones en las que se encontraban las personas alojadas en el establecimiento.
El fiscal también hizo referencia a las entrevistas realizadas recientemente a los residentes afectados.
De acuerdo con la acusación presentada en esta instancia, los hechos investigados están encuadrados provisoriamente como abandono de persona.
La Fiscalía, además, incorporó información sobre presentaciones y denuncias previas relacionadas con el funcionamiento del establecimiento.
Por qué el juez decidió mantenerla con prisión preventiva
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue determinar si la imputada podía continuar el proceso en libertad.
Finalmente, el juez García Troyano resolvió dictar la prisión preventiva, al considerar que existen riesgos procesales que justifican la medida.
Entre los argumentos mencionados se encuentra la escala penal en expectativa, que contempla penas de entre uno y seis años de prisión, y especialmente el comportamiento de la imputada luego de los hechos investigados.
Según se expuso durante la audiencia, la mujer permaneció prófuga durante varios días.
Ese antecedente fue considerado por la Justicia como un indicador del riesgo de fuga y uno de los fundamentos para disponer que permanezca detenida mientras avanza la causa.
La prisión preventiva no implica una condena: se trata de una medida cautelar adoptada durante el proceso y vinculada a los riesgos que podrían afectar su desarrollo.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una sentencia condenatoria.
La defensa confirmó negociaciones por un juicio abreviado
Mientras la Fiscalía sostiene la acusación y la querella reclama que las denunciantes sean escuchadas. La defensa confirmó que existe una alternativa para intentar cerrar el proceso sin llegar a un juicio oral.
El abogado Claudio Torres Del Sel informó que las partes mantienen conversaciones avanzadas para tramitar un procedimiento abreviado.
La estrategia permitiría evitar la prolongación del proceso y alcanzar una resolución definitiva mediante un acuerdo que deberá cumplir con los requisitos legales y contar con la correspondiente intervención judicial.
Antes de avanzar, sin embargo, resta analizar de manera completa el legajo probatorio.
Consultada por el juez sobre la posibilidad de avanzar en esa dirección, la imputada manifestó que comprendía los alcances de su situación procesal y prestó su consentimiento.
Por el momento, las negociaciones continúan abiertas y su eventual concreción dependerá del análisis de las pruebas y de las condiciones que se acuerden dentro del marco legal.
La querella pidió que se escuche a las denunciantes
En la previa de la audiencia, uno de los abogados querellantes puso el foco en la situación de las personas que denunciaron lo ocurrido en la residencia.
Martín Risso Patrón, representante de una de las denunciantes, sostuvo que existe preocupación ante la posibilidad de que la imputada pueda recuperar la libertad.
El abogado destacó que su representada ya había declarado en distintas oportunidades y que la semana anterior había prestado una declaración ante la Fiscalía durante aproximadamente dos horas.
Según explicó, en esa presentación aportó información y documentación relacionada con el funcionamiento de la residencia y con el modo en que, según su denuncia, se realizaban determinados cobros mediante tarjetas de débito.
Risso Patrón también sostuvo que los hechos investigados no se habrían limitado al inmueble de barrio Nuevo Horizonte.
Según su relato, las situaciones denunciadas habrían comenzado cuando la residencia funcionaba en un inmueble ubicado sobre Salvador del Carril y posteriormente continuaron en la sede de Nuevo Horizonte.
Las denuncias sobre presiones y el temor de las afectadas
Otro de los aspectos planteados por la querella está relacionado con el temor expresado por algunas de las denunciantes.
Risso Patrón afirmó que su representada manifestó haber sufrido situaciones que describió como violentas y episodios de presión vinculados con la intervención de organismos públicos.
El abogado sostuvo que, según el relato de su representada, en determinadas oportunidades se habría utilizado la referencia a la Policía para presionarla a realizar trámites.
Estas afirmaciones forman parte de los elementos que deben ser analizados dentro de la investigación y contrastados con el resto de la evidencia incorporada al expediente.
La incorporación de testimonios, documentación y peritajes permitirá a la Fiscalía y a la Justicia determinar el alcance de las responsabilidades que eventualmente correspondan.
También incorporaron el contrato de alquiler del inmueble
Después de la audiencia, el fiscal Cecchini confirmó otro elemento incorporado recientemente al expediente: el contrato de alquiler del inmueble donde funcionaba la residencia de barrio Nuevo Horizonte.
Según explicó, el documento ya forma parte de la causa.
El inmueble, en tanto, se restituyó a su propietaria en carácter de depositario judicial, una medida que se suma a las actuaciones realizadas desde que se conoció la situación de los adultos mayores alojados en el establecimiento.
La documentación sobre la titularidad y el alquiler del inmueble puede resultar relevante para establecer quiénes están vinculados con la administración y explotación del lugar y bajo qué condiciones funcionaba la residencia.
Qué puede pasar ahora con la causa
Con la prisión preventiva ya resuelta, el proceso entra en una nueva etapa.
La Fiscalía continuará con el análisis de las pruebas y de los testimonios incorporados, mientras la defensa sigue evaluando la posibilidad de alcanzar un acuerdo mediante un juicio abreviado.
La eventual salida abreviada no significa que la causa quede automáticamente cerrada. Para que pueda concretarse, deberán cumplirse las condiciones previstas por la legislación y el acuerdo deberá ser sometido al control judicial correspondiente.
Mientras tanto, la situación de los adultos mayores que residían en el establecimiento continúa siendo uno de los ejes centrales de la investigación.
El caso expone, además, la importancia de determinar cómo funcionaba la residencia, qué controles había recibido y qué ocurrió con las denuncias o advertencias que, según surge de la investigación, ya habían sido realizadas con anterioridad.
El próximo capítulo de la causa estará marcado por dos caminos: el avance de la investigación y la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado.
Una causa que todavía tiene preguntas por responder
La prisión preventiva marca un punto de inflexión en la investigación sobre la dueña del asilo ilegal de Santa Fe, pero no representa el final del caso.
La Justicia deberá establecer qué ocurrió dentro de la residencia, cuál fue el alcance de las responsabilidades y qué valor tienen las distintas pruebas incorporadas al expediente.
También deberá determinarse si las denuncias previas pudieron haber advertido sobre la situación del establecimiento y qué controles realizaron los organismos correspondientes.
Por ahora, la imputación es por abandono de persona. Mientras tanto la mujer permanece detenida por decisión judicial.
El eventual juicio abreviado puede llegar a acelerar una definición. Las partes asimismmo, deben completar el análisis de la evidencia y alcanzar un acuerdo.
El próximo paso será seguir de cerca las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa y conocer si finalmente se concreta el procedimiento abreviado o si la causa continúa hacia una instancia de juicio.
En conferencia de prensa Sebastián Outeyral: Manuel Cecchini – Fiscal de la causa