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Régimen Penal Juvenil: El Congreso discute la baja de edad de imputabilidad a 14 años
Amplio consenso político pese a la resistencia del kirchnerismo y la Iglesia
Nacionales- Un plenario en Diputados definirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija la imputabilidad desde los 14 años y contempla medidas integrales para menores en conflicto con la ley.
Conformado por cuatro comisiones de la Cámara de Diputados debatirá este martes el dictamen de un proyecto de Régimen Penal Juvenil que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el PRO y otros aliados parlamentarios, cuenta con amplio consenso entre los bloques, aunque enfrenta una fuerte oposición del kirchnerismo, sectores de la izquierda, organismos de derechos humanos y de la Iglesia Católica.
El proyecto surge en medio de un fuerte clima social generado por casos de inseguridad protagonizados por menores de edad, como el trágico asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años arrastrada por dos delincuentes adolescentes tras el robo de un auto.
Pese a que hay más de 15 iniciativas presentadas, un texto elaborado a lo largo de ocho sesiones informativas —y con el aporte de especialistas de distintas disciplinas— logró reunir los mayores niveles de acuerdo. Participan en el plenario las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Presupuesto y Justicia, presididas por legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza.
Un nuevo régimen para reemplazar una ley obsoleta
El texto en discusión propone derogar la ley 22.278 —vigente desde la dictadura militar— por un nuevo marco legal de al menos 53 artículos distribuidos en once capítulos. No se trata únicamente de bajar la edad de imputabilidad, sino de instaurar un sistema penal juvenil integral, adaptado a estándares internacionales que Argentina ha suscripto, y que prioriza la educación, el acompañamiento interdisciplinario y la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley.
La edad mínima para ser penalmente imputable se fijaría en 14 años, en línea con la mayoría de los países de América Latina. El nuevo régimen se aplicará a jóvenes entre 14 y 18 años y considerará la edad al momento de cometido el hecho.
Desde el oficialismo aclaran que no todos los adolescentes serán encarcelados por cometer delitos: la privación de libertad será el último recurso, reservado para los casos más graves y con fundamentos concretos. Se prevén alternativas como la amonestación, el monitoreo electrónico, servicios comunitarios, la reparación del daño, y programas de inclusión educativa, laboral o psicológica.
Un cambio estructural con medidas integrales
Entre las medidas complementarias que acompañarán a las sanciones se incluyen: tratamiento psicológico, programas de capacitación, prohibiciones de consumo de sustancias, y la obligatoriedad de continuar con la escolaridad. También se prohíbe expresamente el uso de la prisión perpetua y se fija un límite máximo al cumplimiento de penas.
En caso de detención, el proyecto establece que los adolescentes no se alojarán en cárceles comunes ni junto a adultos. Además, contempla modalidades como prisión domiciliaria o internación en institutos especializados, con seguimiento judicial y evaluaciones interdisciplinarias.
El respaldo del massismo y los cuestionamientos del kirchnerismo
Aunque Unión por la Patria expresó su rechazo al eje central del proyecto, el massismo —a través del diputado Ramiro Gutiérrez— presentó una iniciativa propia que también contempla la imputabilidad desde los 14 años.
Desde el sector más duro del kirchnerismo, en cambio, se insiste en que la baja de edad no resolverá el problema estructural de la inseguridad. En esa línea, monseñor Dante Braida, presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, se pronunció en contra: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
Un debate clave con fuerte impacto político y social
Los impulsores del proyecto afirman que la reforma es necesaria para llenar un vacío legal que actualmente deja a menores involucrados en delitos graves en una zona gris, sin juicio formal ni garantías procesales, y en condiciones de internación ambiguas.
El nuevo régimen contempla principios como el debido proceso, la presunción a favor del menor (in dubio pro minoris), la proporcionalidad de las penas y el derecho del adolescente a ser oído. También se garantiza la intervención de defensores públicos y el acompañamiento de los padres.
La sesión de mañana podría definir el destino del dictamen. Si bien aún no hay anuncio oficial de votación en el recinto, el amplio respaldo político sugiere que el nuevo Régimen Penal Juvenil podría convertirse en una de las primeras reformas estructurales de la gestión Milei en el Congreso.