Política
Medidas contundentes en la Administración Pública: 7.000 contratos no renovados
Despidos masivos y restricciones en el empleo estatal. CGT en protesta contra despidos se movilizan este miércoles
El Gobierno encabezado por Javier Milei toma medidas contundentes en la administración pública al oficializar la no renovación de contratos de 7.000 trabajadores contratados en 2023. A través de dos decretos, se delineó la política de contratación y se establecieron excepciones a estas medidas.
Decretos clave y números exactos
Los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados recientemente en el Boletín Oficial, marcan el tono del cambio en la administración pública. Aunque el decreto no especifica el número de despidos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que afectará a 77000 empleados.
Excepciones y consideraciones
A pesar de la decisión generalizada, existen excepciones. El decreto permite la continuidad de contratos derivados de cupos regulados por ley, personal contratado antes del 1° de enero de 2023 que haya cambiado su modalidad contractual, y aquellos evaluados como esenciales por los titulares de cada jurisdicción.
Se solicitó a las autoridades pertinentes un análisis detallado del personal contratado anterior al 2023. Si se decide renovar algún contrato, debe estar justificado con razones claras y demostrables. Esta acción está en línea con la revisión de contrataciones previas, buscando optimizar el funcionamiento de la administración pública.
Restricciones ampliadas
El Decreto 77 extiende las restricciones hasta el 31 de marzo de 2024, estableciendo límites a las designaciones de personal en diversas entidades y jurisdicciones del sector público nacional. La medida abarca desde la Administración Nacional hasta empresas y sociedades donde el Estado tiene una participación significativa.
Estas medidas generan debates sobre la dirección que tomará el país en materia de empleo y administración pública bajo la gestión de Milei. Con el objetivo de reestructurar y optimizar, estas acciones marcan un punto de inflexión en la política laboral del país.