Política

La justicia freno la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anomina

La medida judicial frena la iniciativa del gobierno de convertir al Banco Nación en sociedad anónima, un paso clave hacia su privatización, mientras se define el futuro del caso en la Cámara Federal

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El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que suspende el decreto 116/2025, firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, que disponía la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima. Esta medida representa un freno a uno de los pasos previos para la privatización de la entidad, un proceso que ha generado controversia en el ámbito político y económico.

La decisión de Ramos Padilla se enmarca en una causa iniciada el año pasado, en la que un grupo de trabajadores del Banco Nación presentó una demanda solicitando la nulidad de una resolución del Directorio que habilitaba una reestructuración de la entidad. En este contexto, el magistrado consideró que el pedido de nulidad era «abstracto», ya que la Ley Bases excluye al Banco Nación de las empresas que pueden privatizarse. Además, el juez enfatizó que este tipo de decisiones solo pueden tomarse mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional.

El decreto de Milei: modificar la naturaleza jurídica del Banco Nación

La controversia radica en que el decreto de Milei, al modificar la naturaleza jurídica del Banco Nación y convertirlo en una sociedad anónima, abriría la puerta a una posible privatización sin necesidad de pasar por el Congreso. Este giro en la estructura del banco, al que el gobierno argentino ha calificado como un gesto al Fondo Monetario Internacional (FMI), ha generado rechazos de diversas partes del espectro político.

En su fallo, Ramos Padilla señaló que el Banco Nación es una entidad autárquica creada por el Congreso Nacional, lo que implica que cualquier cambio en su estatus solo puede ser realizado por el Poder Legislativo. El juez destacó que, al firmar el decreto 116, el gobierno podría estar excediendo los límites establecidos por el Congreso y la ley que excluye al Banco Nación de la lista de privatizables. A juicio de Ramos Padilla, este tipo de modificaciones «deben emanar exclusivamente del Poder Legislativo».

Aunque la cautelar se dictó, el juez aclaró que la decisión final sobre el fondo del asunto recae sobre la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que se encuentra en pleno debate sobre el caso. Los demandantes han recurrido nuevamente a Ramos Padilla ante el dictado del decreto, argumentando que esta medida va en contra de la voluntad expresada por el Congreso al excluir al Banco Nación de la Ley Bases.

Esta suspensión no es definitiva

La suspensión del decreto no es definitiva, pero marca un nuevo capítulo en el debate sobre la privatización de entidades estatales y la autonomía del Congreso frente a las decisiones del Ejecutivo. Mientras tanto, el destino del Banco Nación sigue en vilo, y la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver sobre la validez del decreto y su impacto en la estructura del banco.

Este fallo se suma a la creciente tensión en torno a las políticas de privatización impulsadas por el gobierno de Milei y resalta la importancia de las decisiones judiciales en la protección de los

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