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La Corte Suprema le puso un límite al Gobierno y ordenó cumplir con el financiamiento universitario
El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles mientras continúa la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
NACIONALES- La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de enorme peso institucional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que representa un fuerte revés para la administración nacional y marca un precedente sobre el alcance de las decisiones judiciales frente al incumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.
Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó que el Estado deberá actualizar los salarios docentes y no docentes, además de incrementar los montos de distintas becas estudiantiles, mientras continúa el proceso judicial que definirá la constitucionalidad y aplicación completa de la ley.
El fallo llega después de varios meses de reclamos por parte del sistema universitario, que denunció un deterioro progresivo de su presupuesto y del poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.
Financiamiento universitario: qué deberá cumplir ahora el Gobierno
La resolución judicial obliga al Ejecutivo a respetar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
En términos prácticos, esto implica actualizar los salarios universitarios de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y adecuar el valor de programas de asistencia estudiantil como las Becas Belgrano y las Becas Progresar, cuyos montos permanecían prácticamente congelados frente al aumento sostenido del costo de vida.
La decisión no resuelve todavía el conflicto de fondo sobre la totalidad de la ley, pero sí establece que esas medidas deben cumplirse de manera inmediata mientras continúa el expediente principal.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) remarcaron que la cautelar ya había sido ratificada en dos instancias anteriores y que ahora quedó definitivamente respaldada por la Corte Suprema.
Un conflicto que enfrentó al Congreso, la Justicia y el Poder Ejecutivo
El conflicto comenzó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario con amplio respaldo legislativo.
Posteriormente, el presidente Javier Milei vetó la norma al considerar que comprometía el equilibrio fiscal. Sin embargo, el Congreso rechazó ese veto y mantuvo vigente la ley.
A pesar de ello, el Gobierno decidió no aplicar parte de sus disposiciones argumentando que no existían recursos presupuestarios suficientes para financiarlas.
Ante esa situación, las universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron sucesivos fallos favorables hasta llegar a la Corte Suprema, que ahora dejó firme la cautelar.
La resolución representa uno de los pronunciamientos judiciales más importantes del año en materia presupuestaria y educativa.
Salarios, becas y funcionamiento de las universidades
El Financiamiento universitario se convirtió durante los últimos meses en uno de los principales reclamos del sistema educativo argentino.
Según las autoridades universitarias, los salarios docentes y no docentes acumulan una pérdida cercana al 35% en términos reales desde fines de 2023.
Al mismo tiempo, las Becas Belgrano y las Becas Progresar quedaron muy por debajo de la inflación, reduciendo considerablemente el apoyo económico para miles de estudiantes.
Aunque el fallo obliga a actualizar estos conceptos, todavía resta que la Justicia resuelva aspectos centrales de la ley, como los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales y de los hospitales universitarios.
Qué puede pasar después del fallo de la Corte Suprema
Desde el sector universitario estiman que el Gobierno podría convocar nuevamente a negociaciones paritarias para definir la modalidad de cumplimiento de la resolución judicial.
Entre las alternativas aparece la posibilidad de aplicar aumentos escalonados o pagar parte de las actualizaciones en cuotas, aunque las universidades sostienen que la cautelar debe cumplirse sin nuevas demoras.
Mientras tanto, las autoridades académicas adelantaron que continuarán reclamando el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.
La decisión de la Corte Suprema vuelve a colocar al Financiamiento universitario en el centro del debate político y económico. Más allá de la discusión presupuestaria, el fallo también reabre el debate sobre la obligación del Estado de ejecutar una ley vigente y respetar las decisiones del Congreso y de la Justicia.
Con esta resolución, el máximo tribunal envió una señal clara: mientras la causa continúa, el Gobierno deberá comenzar a cumplir con las actualizaciones previstas para salarios y becas, una medida que impactará directamente en docentes, trabajadores no docentes y miles de estudiantes de universidades públicas de todo el país.