Gabriel Chumpitaz impulsa el proyecto para que funcionarios públicos se sometan a narcotest

El diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley que propone la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. El objetivo es garantizar la «idoneidad y transparencia» en la función pública. La medida alcanzaría también a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales, pero no incluiría a empleados públicos sin rango jerárquico.

El texto de la iniciativa

Establece que los funcionarios deberán someterse a un narcotest al asumir el cargo, al menos una vez al año y de manera aleatoria cada tres meses. El análisis detectará sustancias como cocaína y derivados, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y otras drogas sintéticas, salvo prescripción médica. Los costos de los exámenes serán afrontados por cada funcionario y negarse a realizarlos será considerado equivalente a un resultado positivo.

Si un funcionario da positivo, podrá solicitar una contraprueba dentro de las 48 horas. En caso de que el segundo test confirme el resultado, se prevé una suspensión preventiva sin goce de sueldo hasta la resolución definitiva de su situación. En el caso del Poder Ejecutivo, la decisión final recaerá en el Presidente de la Nación tras recibir un informe de la Oficina Anticorrupción y una junta médica. Para el Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara evaluará la situación y podrá recomendar la destitución del funcionario a través de un proceso de juicio político o remoción. En el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura será el encargado de iniciar los procedimientos de sanción o remoción.

El proyecto también contempla la remoción automática en caso de reincidencia

«…Si un funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado…», señala el texto.

Según Gabriel Chumpitaz, la medida busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y evitar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad estén bajo la influencia de sustancias que puedan comprometer su desempeño. «La violencia ligada al narcotráfico en ciudades como Rosario hace imprescindible la implementación de mecanismos de control como este. No se trata solo de prevención, sino de un compromiso con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía», afirmó el diputado santafesino.

El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores del PRO y de La Libertad Avanza. Como antecedente, Chumpitaz mencionó la Ley de Ejemplaridad y Coherencia implementada en San Luis, donde los funcionarios deben someterse a controles toxicológicos obligatorios.

El debate sobre la implementación de este tipo de controles no es nuevo. En 1997, el diputado Miguel Ángel Toma propuso que los funcionarios públicos se sometieran a una rinoscopía obligatoria, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, Chumpitaz considera que la urgencia de la lucha contra el narcotráfico justifica la adopción de medidas más estrictas.

El proyecto será debatido en el Congreso y se espera que genere posiciones encontradas. Mientras algunos sectores lo consideran una herramienta clave para reforzar la transparencia, otros advierten sobre posibles controversias en torno a la privacidad y los derechos individuales de los funcionarios.